El pasado siete de septiembre se cumplieron cuatro años del sismo de 8.2 grados en escala Richter que dañó alrededor de 20 mil viviendas, escuelas, centros de salud e iglesias en Oaxaca, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec y cuyo epicentro fue localizado en Chiapas.

El terremoto de septiembre de 2017, uno de los más fuertes en la historia reciente de México y superior en intensidad al del 19 de septiembre de 1985, provocó la muerte de 79 personas y afectó a otras 800 mil tan solo en Oaxaca. Pocos días después, el 19 del mismo mes, se registró otro con una magnitud de 7.1 grados con epicentro en los límites de Puebla y Morelos, que afectó a estos estados, la Ciudad de México (CDMX) y las regiones mixtecas de Guerrero y Oaxaca. Cinco meses más tarde, otro movimiento telúrico de magnitud 7.2 grados, con epicentro en la costa oaxaqueña, dañó alrededor de 50 viviendas.

Desde entonces, las familias damnificadas han buscado la forma de salir adelante con el escaso apoyo de los gobiernos estatal y Federal, y desde hace 20 meses han tenido que enfrentar los graves problemas sanitarios y económicos que la pandemia del Covid-19 generó, entre los cuales el más dramático es el desempleo.

En 2017, cuando era dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), AMLO declaró que esta institución política crearía un fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la CDMX. Dicho instrumento financiero fue conocido con el nombre “Por los demás” y dispuso de la cuenta del Banco Afirme que tuvo la CLABE 06218000-1331217652 estandarizada del Fideicomiso 73803.

Su manejo, sin embargo, resultó irregular, incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó una multa de 197 millones de pesos (mdp) a Morena. Entre las irregularidades destacó la no comprobación de gastos por cerca de 79 mdp y el retiro de otros 64 mdp durante un periodo aproximado de un año que no llegaron a los damnificados.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados encontró anomalías en el dinero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinó a las obras de reconstrucción en los estados afectados por los sismos de 2017. De los dos mil 500 mdp que el Gobierno Federal asignó para apoyar a los damnificados en 2018, el último año de EPN, mil 795 mdp (cerca del 72 por ciento) se “perdieron” y no les llegaron.

Los municipios de Oaxaca que no recibieron apoyo para la reconstrucción de viviendas fueron 233, según el dictamen de la ASF, que también detectó anomalías por 77 millones 793 mil pesos en los recursos que el gobierno estatal de Oaxaca tuvo para apoyar esos ayuntamientos.

Cuatro años en el olvido

Otro de los problemas que los afectados de los sismos de 2017 han tenido que enfrentar desde finales de 2018 consiste en que la administración de AMLO decidió “partir de cero” en la atención a sus problemas y lo primero que hizo fue enviar a los “servidores de la nación” a realizar un segundo censo para contar e identificar a las familias que aún no habían sido beneficiadas.

La nueva acción burocrática retrasó el proceso de reconstrucción de viviendas y otros inmuebles dañados; avanzaban muy lentamente debido a la escasez de materiales de construcción –grava, varilla, cemento–, cuyo precio aumentó en los municipios donde mayor destrucción había. Pero no solo estos insumos elevaron sus precios, sino también las tarifas de los servicios de albañilería, cuyos artesanos cobraron hasta mil pesos por día en Juchitán, uno de los municipios más afectados por los sismos en el Istmo de Tehuantepec.

Integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Presupuestales Asignados a Trabajos de Reconstrucción de los sismos de 2017 y 2018 han denunciado que son miles los damnificados que aún no reciben ayuda gubernamental, pese a que sus nombres figuran en los dos censos efectuados y que hasta el pasado siete de septiembre seguían esperando el apoyo ofrecido.

En 2020 se habían asignado más de ocho mmdp para reconstruir alrededor de 15 mil 600 viviendas, mil 450 escuelas, 33 centros de salud y 800 edificios históricos; y hasta el primer trimestre de 2021, dicho monto se había incrementado a más de 33 mmdp, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

En una entrevista con buzos, Hermina Gómez, habitante del municipio de Tehuantepec, denunció que ella y al menos una docena de personas más fueron víctimas de un fraude de la empresa constructora Fundación de Asistencia y Dignificación Humana (FADH) S. de R.L de C.V., que declaró tener la certificación “bajo estrictos procesos de evaluación” por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

“Nos dieron una tarjeta con 120 mil pesos y me dijeron que luego nos darían más dinero para reconstruir nuestra casa; pero nunca me dijeron quién o cuándo me darían el dinero… como nos quedamos sin casa, sin trabajo, pues empezamos a usar el dinero para comer, pero ¿qué voy a hacer con 120 mil pesos? Eso no alcanza para hacer una casa”, comentó Hermina, quien actualmente vive con uno de sus hermanos.

En la colonia 10 de Abril de Juchitán de Zaragoza, hay alrededor de 50 familias que también fueron defraudadas por una empresa constructora de Tuxtepec que les pidió tres mil y cinco mil pesos para que les reconstruyeran sus viviendas, y a la fecha no han hecho nada. La misma situación se repite en Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Asunción Ixcaltepec, entre otras poblaciones del Istmo de Tehuantepec.

Los damnificados de los sismos enfrentaron un problema adicional e imprevisto: a mediados de 2020, en plena pandemia, el Plan Nacional de Reconstrucción (PNR) suspendió sus actividades durante casi ocho meses en el Istmo de Tehuantepec y los pobladores de la región fueron visitados por personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para decirles que abrieran una cuenta bancaria, a través de la cual recibirían un apoyo de parte del PNR, pero desde que cumplieron con este requisito no han recibido el dinero ofrecido.

Algunas de las familias tuvieron que rentar cuartos pequeños donde viven hacinados esperando a que se “aclare” su situación, espera que ya lleva cuatro años. En la misma situación se hallan las autoridades municipales del distrito de Tehuantepec debido a que el apoyo federal y estatal es insuficiente e irregular y no pueden terminar con la rehabilitación de los servicios públicos de drenaje, agua potable y energía eléctrica, así como la reconstrucción de los inmuebles de escuelas, hospitales, bibliotecas, entre otros proyectos.

El sismo del 16 de febrero de 2018, si bien no tuvo la misma intensidad que los del siete y el 19 de septiembre de 2017, sí causó severos daños en el estado de Oaxaca, principalmente en la región de la Costa y la Mixteca. En ambas zonas, el apoyo a los afectados ha sido nulo, pese a que la Sedatu comprobó los daños con base en encuestas y testimonios fotográficos. Pero después de cumplir con esta tarea burocrática, los funcionarios jamás regresaron.

Lo mismo ha sucedido con la administración de AMLO, ya que después del segundo censo, los apoyos ofrecidos se han quedado en el papel, por lo que los damnificados comenzaron a reconstruir sus comunidades mediante el tequio, el sistema de trabajo cooperativo y comunitario muy usual en los municipios regidos por usos y costumbres.

Costa y Mixteca: el mismo olvido

En la región de la Costa, al igual que en la Mixteca, duramente golpeadas por el sismo del 19 de septiembre, los apoyos han sido irregulares y disparejos. Los pobladores de Pinotepa Nacional, por ejemplo, recibieron una primera ayuda para reconstruir sus viviendas y otros inmuebles, pero nunca llegó para la segunda etapa de la reconstrucción y el municipio se vio obligado a invertir recursos propios en la restauración del palacio municipal y la fachada de la iglesia local, en la que estaba comprometido también el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En la gestión del Gobierno Federal anterior se benefició a algunas familias con el Programa Emergente de Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda, que contó con aportaciones de la Sedatu y el extinto Fonden.

El gobierno de Oaxaca informó recientemente que la Comisión Especial de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Presupuestales Asignados a Trabajos de Reconstrucción no ha entregado los apoyos a los damnificados del Istmo de Tehuantepec para la reconstrucción de los daños que ocasionaron los sismos de 2017 y que los 200 mdp que aportó fueron usados para remover escombros.

Los gobiernos Federal y estatal habían acordado que el primero aportaría el 55 por ciento del presupuesto destinado a reconstruir la infraestructura dañada y el segundo, el 45 por ciento. Sin embargo, las instancias han incumplido el convenio y fallado a los damnificados. Por ello, las familias deben enfrentar la pérdida total o parcial de sus hogares, alza en precios de materiales de construcción, la inseguridad pública (robo), muchos casos de desempleo y, para reconstruir sus casas han recurrido al uso de materiales de bajo costo y más sencillos y perecederos, como es el caso de láminas, tubos PVC, lonas y madera.

A cuatro años del desastre natural, muchas familias aún no se han recuperado de los daños. Reyna Martínez, de San Juan Teitipac en los valles centrales de Oaxaca, reportó a buzos en referencia a empleados y funcionarios de los gobiernos Federal y estatal: “vinieron, nos dieron tarjetas y nunca más regresaron… nos dijeron que nos darían despensas, tabiques, un montón de cosas, pero ya ve, nunca regresaron”.

Reveló que después del sismo del pasado siete de septiembre, tuvo que pedir ayuda a sus vecinos para sacar algunas de sus pertenencias, pues el colapso de su vivienda es inminente y debe abandonarla ya porque “es mejor perder la casa que perder la vida” propia y de sus dos hijos, de 12 y siete años. La situación de las familias que se hallan en espera de los apoyos prometidos se agravó con la desaparición del Fonden; y aunque AMLO señaló que los programas y obras que se iniciaron previamente a su eliminación se concluirán conforme a lo planeado, esto no está ocurriendo en la realidad.

El Gobierno Federal reportó que, en marzo de 2021, los avances en la reconstrucción de viviendas, escuelas, bibliotecas y hospitales era del 91 por ciento; pero en las zonas afectadas continúan a la vista los destrozos; y de los escasos recursos "destinados" a reparar la infraestructura, existe la sospecha de una opaca o turbia aplicación o que simplemente no aplicaron.

El territorio de Oaxaca está situado sobre la placa tectónica norteamericana que interactúa constantemente con la placa Oceánica –también conocida como placa de Cocos–, lo que produce gran actividad sísmica. La entidad se encuentra, al igual que gran parte del país, en el entorno cercano al famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, región de intensa actividad volcánica.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México contabilizó 18 mil 189 sismos entre el primero de enero y el ocho de septiembre de este 2021 y, como es habitual, Oaxaca encabeza la lista de los estados con mayor ocurrencia sísmica con seis mil 895 movimientos telúricos registrados en este periodo.

Algo que tampoco es favorable para la población del sur de México, son las constantes lluvias tropicales, como es el caso de las que se generaron en las semanas anteriores, las cuales provocaron derrumbes e inundaciones, pues la mayoría de las familias habitan viviendas aún dañadas o cabañas improvisadas con materiales endebles.

Hasta el 19 de septiembre, decenas de miles de oaxaqueños seguían en espera de algún tipo de apoyo económico o material, el cual probablemente no llegará, porque la gestión del actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa está a solo unos meses de concluir y al Gobierno Federal solo le interesan sus programas sociales clientelares.