La reconstrucción de las miles de viviendas familiares y edificios afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México (CDMX), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, y Estado de México va demasiado lenta porque los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) nunca se aplicaron a falta de padrones de damnificados; las dependencias estatales los han desviado hacia otros objetivos públicos.

Según el Sexto Informe presidencial, los fondos federales asignados a la reconstrucción ascienden a 29 mil 694.7 millones de pesos, pero en la mayor parte de las entidades locales afectadas el avance es inferior al 50 por ciento: en Oaxaca, es del 34.3; en Morelos, del 38; en Chiapas, del 39.7; y en la CDMX, el porcentaje más alto, del 42.4 por ciento.

Los gobiernos del país no han estado a la altura de los ciudadanos, que ese día fueron los primeros en movilizarse solidariamente en apoyo de sus vecinos para remover escombros, rescatar heridos, recuperar cuerpos, donar y distribuir millones de toneladas de víveres a los damnificados.

En estas labores de emergencia participaron también organizaciones civiles no gubernamentales y la iniciativa privada que en un corto lapso lograron recaudar ocho mil 400 millones de pesos a fin de contribuir a la reconstrucción rápida y eficiente de los destrozos provocados por los terremotos del siete y 19 de septiembre.

A un año de esa tragedia humanitaria, la mayoría de los damnificados sigue esperando la ayuda del gobierno federal y sus homólogos estatales.

Falsas declaraciones oficiales

Pese a que México es un país altamente sísmico, el Estado carece de una coordinación institucional y políticas públicas de corto, mediano y largo alcance para afrontar integralmente problemas ocasionados por siniestros naturales con la debida atingencia preventiva, la pronta aplicación de acciones de emergencia y la elaboración de proyectos de reconstrucción ágiles y transparentes.

Los planes para atender emergencias, dijeron a buzos varios expertos, son elaborados tras la sucesión de los desastres y generalmente, como se ha visto en los hechos desde de 1985, cuando la misma población, con los recursos a su alcance, ha superado los momentos más críticos o difíciles de las contingencias.

Yessica Corral, de la organización Nosotrxs (ONG que da seguimiento a las labores de reconstrucción en la CDMX), dijo que los planes del gobierno se divulgan en los medios de comunicación de manera tendenciosa, enfocando la atención en determinados problemas para mostrar sus supuestas proezas, pero sin seguir en realidad una estrategia de fondo.

En la CDMX, explicó, “lo que queremos apuntar es acerca de los edificios en alto riesgo de colapso. Entendemos que hay escalas de riesgo, pero identificamos que el alto riesgo de colapso de edificios requiere urgente atención. Lo ideal es su demolición, porque representan un alto riesgo, no solamente para sus habitantes, sino para los vecinos. Nosotros hemos encontrado edificios en alto riesgo de colapso que siguen habitados a un año del sismo y que no han recibido atención.

“Hace poco se dijo que el dinero de las demoliciones ya se había terminado, cosa que no puede ser posible, siendo que en una de las reuniones de la Comisión de Reconstrucción, la entonces secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, declaró que se tenían que atender todos los edificios que necesitaran una demolición. Hay algunas unidades habitacionales que ya están en el programa de reconstrucción, cuando ni siquiera han concluido su demolición. Obviamente, esto es una falta de orden por parte del gobierno”, agregó Corral.

Antiguos y nuevos damnificados 

“La pregunta es: ¿Y cuántos años van a esperar ellos?”, cuestiona Alfredo Villegas Ortega, dirigente de los damnificados de los terremotos de 1985, agrupados en la organización Derechos del Colector 13 A.C., organismo que después de 33 años, sigue esperando las  viviendas ofrecidas en el plan gubernamental de reconstrucción de aquel siniestro. “Cuando no hay voluntad política, la situación se va alargando, dan esperanzas y más esperanzas, pero el tiempo va pasando y pasando… Y se va perdiendo la confianza en el gobierno”, dijo Villegas Ortega a buzos.

Derechos del Colector 13 A.C. agrupa a 300 familias que actualmente habitan en improvisadas casas de madera, cartón, plásticos y láminas habilitadas en un campamento de cerca de una hectárea, propiedad del Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), localizado en la colonia Lindavista de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), en el norte de la capital. Sus moradores siguen intentando sobrevivir –algunos han muerto ya– en tanto mantienen su demanda habitacional ante el gobierno de la CDMX.

En un caso similar se hallan los vecinos del Multifamiliar Tlalpan, afectados por el sismo de septiembre de 2017, y quienes formaron Damnificados Unidos de la Ciudad de México, al que se integraron vecinos de 19 edificios habitacionales dañados de las colonias Girasoles y Narvarte, y otros localizados en Paseos de Taxqueña y las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Tras las presiones públicas ejercidas el 15 de junio pasado, la Comisión para la Reconstrucción autorizó a esta agrupación recursos del Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda Multifamiliar. Fue así como los dueños de las construcciones con daños reparables ubicadas en nueve edificios del Multifamiliar Tlalpan –siete de la colonia Girasoles, uno en Insurgentes Norte 476 y otro  más en Rincón del Sur 15– recibieron 300 mil pesos por departamento para realizar trabajos de rehabilitación.

Abraham González Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha seguido de cerca la reconstrucción de los inmuebles afectados en septiembre de 2017, expresó: “el fideicomiso a fondo perdido que se acaba de aprobar –que beneficia a los habitantes de multifamiliares– es el único que se ha consolidado como tal; es decir, las personas no van a pagar un solo peso para la reconstrucción, por lo menos, los 33 conjuntos condominales que ya tienen un proceso de reconstrucción; pero eso se ganó por la presión social que grupos organizados ejercieron día con día a la Comisión de Reconstrucción; el Gobierno y la comisión en un primer momento no cedían”. 

El campamento de 300 familias instalado en el predio Colector 13, en el norte de la CDMX, es un ejemplo del desigual proceder de las autoridades capitalinas ante la tragedia. “El sismo de 2017 no solamente destapó la corrupción, malos manejos, la falta de previsión y preparación, incluso el clientelismo partidista: ha destapado también que a 33 años, todavía hay gente que no ha recibido apoyo, a quienes se ha sacrificado para beneficiar a otros que ni siquiera habían sido afectados por el sismo”, denunció Alfredo Villegas.

“Muchos perdimos el patrimonio que ya habíamos pagado y para la reconstrucción nos han puesto como condición: tienes que volver a pagar. No estaríamos en contra de eso, pero no creemos que ésas sean las políticas adecuadas. En el caso de los vecinos del multifamiliar de Tlalpan, ellos salieron a las calles a manifestarse y lograron ciertas cosas, como la promesa de reconstrucción de sus viviendas a fondo perdido; pero, ojo, todavía no les han construido y ni siquiera cuentan con el proyecto como tal. Hay un avance, esperamos que no les pase igual, porque en cada cambio de administración se echan la bolita unos a otros diciendo que no es su responsabilidad”, expuso Villegas.

CDMX, claro ejemplo de negligencia

La CDMX es un escenario-muestra de lo que ocurre en entidades como Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, también afectadas por los movimientos telúricos de 2017 y azotadas por la negligencia gubernamental. A un año de la tragedia, el gobierno capitalino todavía carece de un padrón confiable de damnificados, por lo que tampoco tiene un estimado real sobre la cantidad de recursos necesarios para la reconstrucción.

No ha existido transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos y de las donaciones privadas, nacionales e internacionales, mientras familias de escasos recursos, como las de Xochimilco, se quejan de los regateos que el gobierno de la CDMX les hacen cuando solicitan los cuatro mil pesos de ayuda para el pago de renta en un domicilio temporal.

En su análisis del proceso de reconstrucción, a la organización Nosotrox denuncia que a un año de los sismos todavía no existe un censo confiable de inmuebles dañados y de personas damnificadas; tampoco se ha realizado un diagnóstico integral de las necesidades de las personas afectadas, información básica para verificar si los recursos que se han destinado se están usando de manera coherente para cubrir los daños sociales.

Al respecto, Abraham González Montaño destacó: “No tenemos a ciencia cierta un censo que incluya al total de los damnificados ni que considere, en forma concreta y pormenorizada, cuánto va a costar la reconstrucción en la CDMX. No existen estas dos cuestiones”.

El dos de julio de 2018, a casi diez meses de los sismos, el gobierno capitalino divulgó en la Gaceta Oficial un acuerdo con el que se creó un sistema de datos encaminado a la integración de un censo de afectados por el terremoto de 2017. La información quedará a cargo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de la capital. Seis meses antes de esto, la misma Sedeso inició la formación de un censo de damnificados, pero no lo concluyó a pesar de haber sido ordenado por la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, promovida por el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y vigente desde el primero de diciembre de 2017.

Favoritismo y despojo

Hace 10 años, como otros vecinos de Colector 13, Verónica Morales, ahora sexagenaria, acudió, llaves en mano, a tomar posesión de su nuevo departamento, en el número 1190 de la avenida Insurgentes Norte; departamento que le otorgaron las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero (GAM). Pero cuando Verónica abrió la puerta, se encontró con que su casa ya estaba habitada por otra familia. Después se enteró que la persona que encabezaba a los ocupantes militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entonces gobernaba la GAM, con Francisco Chíguil al frente, el mismo que ahora será alcalde, esta vez cobijado por Morena; sus colaboradores eran Víctor Hugo Lobo (2009-2012 y 2015-2018) y la pareja de éste, Nora Arias Contreras (2012-2015).

La señora Morales tuvo que regresar a su casa de lámina, cartón y madera en el Colector 13. “Como no pertenecíamos al PRD, nos fueron dejando marginados; es decir, si tú no formas parte de… pues no te doy nada. Ha habido personas que ya con las llaves en las manos llegaron presuntamente a recibir sus departamentos, pero ya estaban ocupados. Los departamentos que ya estaban destinados a unas personas se los dieron a otras que sí eran del PRD”, denunció a este semanario Erika Hurtado, también líder de Derechos de Colector 13.

En los pueblos de San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas de Zacapan y San Luis Tlaxialtemalco, que forman parte de la precaria zona de Xochimilco, pueden observarse aún grandes grietas en calles y viviendas. Hay socavones viales y mucho lodo a consecuencia de las abundantes lluvias. Los vecinos se quejan de que se les están regateado los apoyos de cuatro mil pesos para la renta de una casa temporal, por lo que anticipan que quizá pronto se los retiren y que, por lo mismo, tendrán que volver a la calle.

En San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, todavía están instalados varios albergues temporales, entre ellos una bodega que sirve de refugio para familias damnificadas que ya no reciben apoyo gubernamental y que se han unido para pagar la renta de cinco mil pesos del sitio donde actualmente viven.

Los vecinos de estos pueblos denunciaron que a un año de la tragedia aún no termina ni siquiera la primera etapa de reconstrucción, en la que están contemplados 128 inmuebles de San Gregorio Atlapulco; 16 de Santa María Nativitas de Zacapan, 48 de San Luis Tlaxialtemalco y 36 de Santa Cruz Acalpixca.

Desvían recursos en la CDMX

En la Plataforma CDMX se reporta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 11 mil 356.15 millones de pesos (mdp) de los recursos fiscales de 2017 y 2018; dos mil 584.15 mdp para 2017 y ocho mil 772 mdp para 2018.

La organización Nosotrxs asegura que “estos datos representan la única información analizable en torno a la asignación y gasto de los recursos”. De manera adicional, el 21 de julio de 2018 se anunció la aplicación de dos mil 500 mdp por parte de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, provenientes del Fonaden, para dar un total de 13 mil 856.15 mdp. Nosotrxs asegura que, al igual que en los recursos aprobados por la ALDF, en éstos se observan las mismas generalidades: no hay reportes específicos.

Especialistas de esa organización dijeron que “la Plataforma CDMX no ha logrado cumplir con el objetivo de ser un instrumento para la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos”.

Destacaron la existencia de una multiplicidad de orígenes de los recursos, que incluyen donaciones privadas, nacionales e internacionales, y fuentes públicas que representan distintos órdenes de gobierno, como los locales Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el citado Fonaden y el Fonden (federal).

En la vigésima segunda sesión de la Comisión para la Reconstrucción realizada el cuatro de julio de 2018, funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la CDMX expusieron que de las 43 acciones aprobadas por la comisión, que suman cinco mil 17.05 mdp, solamente se había comprobado el uso del 4.7 por ciento; es decir, de 286.3 mdp. “Es posible que los recursos para la reconstrucción no estén siendo diligentemente ejercidos, a pesar de las grandes necesidades que tienen los damnificados; por ejemplo, en materia de reconstrucción de sus viviendas”, dice el análisis de Nosotroxs.

El 10 de mayo pasado, Nosotrxs reportó haber encontrado evidencias de desvío de los recursos destinados a labores de reconstrucción. Entre otros datos, descubrió que 530 mdp, presuntamente destinados a labores de reconstrucción, en realidad habían sido utilizados para cubrir gastos de “servicios personales” en las secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Finanzas y la Agencia de Gestión Urbana.

También encontró distorsiones en el gasto de una asignación adicional de cinco mil 306 millones 500 mil pesos, solicitada por varias delegaciones, con el argumento de que realizarían labores de reconstrucción, aunque el dinero fue utilizado con fines distintos. En la Delegación Coyoacán, se usaron 159 millones 270 mil 370 pesos para comprar 40 mil tabletas electrónicas para estudiantes de nivel básico y otros 100 mdp para la compra de útiles escolares. En la Cuauhtémoc, 45 mdp fueron aplicados para el “fortalecimiento operativo”. En Iztapalapa, 100 mdp se usaron en la compra de obsequios para el Día del Niño y el Día de las Madres.

En síntesis, parte de los fondos a disposición de las demarcaciones capitalinas, para hacer frente a necesidades de la reconstrucción, se han utilizado como bolsa adicional de sus presupuestos anuales. De esta manera, Iztapalapa pudo obtener 606 mdp más de su presupuesto anual; Gustavo A. Madero, 500 millones; Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Coyoacán y Álvaro Obregón alcanzaron 495 mdp adicionales; y la Benito Juárez, 410. Solo Tlalpan (109 mdp), Iztapalapa (140 mdp) y Magdalena Contreras emplearon el dinero realmente para apoyar a damnificados.

Ante esta turbia aplicación de los recursos, Eduardo Alcalá, coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), asegura: “Fundar ha planteado la necesidad de que haya una sola plataforma con datos consistentes, sobre todo porque si a nosotros nos cuesta trabajo, que nos dedicamos a hacer investigación de datos para poder entender la situación, para la ciudadanía en general va a ser doblemente complejo, porque lo que ellos buscan son respuestas concretas a problemas muy prácticos: cómo pueden encontrar un mecanismo para obtener recursos y cómo puede quedar visibilizado que mi casa efectivamente tuvo una afectación; cuándo me van a llegar los recursos; en dónde puedo interponer una queja que tenga una respuesta contundente y en el menor tiempo posible”.

Marco Antonio Torres Rivera, investigador de la organización Contraloría Ciudadana, denunció: “Todos sufrimos este proceso, no solamente las personas que perdieron una vivienda; los demás ciudadanos no sabemos cómo está trabajando la administración pública, cómo se están distribuyendo los recursos destinados a la reconstrucción (...). Lo que nosotros estamos demandando es que las instituciones sean transparentes, pero que no lo sean bajo demanda, que ellos nos muestren la forma en la cual están trabajando”.

En un informe reciente, el colectivo de organizaciones civiles Ciudadanía 19s lamentó que “se ha registrado una falta de claridad en el proceso de atención al que tienen derecho las personas damnificadas; no existe un camino institucional que señale a qué autoridad recurrir para comenzar un proceso de atención como persona damnificada, los pasos a seguir ni los requisitos para acceder a los programas y recursos financieros disponibles”.