La Megafarmacia del Bienestar, anunciada el dos de agosto e inaugurada el 29 de diciembre de 2023 por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue otra de las ocurrencias con pérdidas multimillonarias para el erario.

Una “farmaciotota” de saliva que, en sus cuatro primeros meses de “operación” –entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de abril de 2024– únicamente surtió 341 recetas pero, a cambio, propició la invención de otras entidades públicas de papel como el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis) y la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex).

Se supone que la pequeña y limitada Birmex se encarga de suministrar a los centros hospitalarios y clínicos públicos con apoyo del Ejército y Fuerza Aérea; pero, en realidad, tal cadena volvió a manos de empresas farmacéuticas y distribuidoras privadas a las que el gobierno de AMLO ha subrogado ese servicio, según evidenció el diario El Universal, el nueve de febrero pasado.

Después de que hace cinco años ordenó que la administración federal rompiera todo contrato de compra de insumos médicos con farmacéuticas y distribuidoras particulares, sin contar con un plan alternativo de suministro, se produjo el desabasto y el inicio de la cadena de los múltiples desatinos del gobierno morenista en el ramo sanitario.

Además, el gobierno de AMLO aún debe ocho mil de los 10 mil millones de pesos (mdp) a las farmacéuticas privadas por las compras concertadas desde 2022, declaró Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CNIF) el siete de abril de 2024.

Para instalar el Cefedis, con fachada publicitaria de Megafarmacia y que originalmente sería habilitada en la Ciudad de México (CDMX), en noviembre de 2023, el gobierno compró un terreno de 42 hectáreas en Huehuetoca, Estado de México (Edomex), cuyo costo AMLO había previsto en dos mdp, luego en dos mil 700 mdp, pero finalmente tuvo un costo de 3 mil 600 mdp.

Esta cantidad fue revelada en un reportaje del diario antes citado cuyo encabezado fue Megafarmacia, sin licencia, subrogada y con sobrecosto, y en el que se detalló que, con el acondicionamiento del inmueble para albergar los insumos sanitarios, su costó real fue de tres mil 614 millones 558 mil 125 pesos.

Con base en información del Proyecto de Inversión en Cartera de Hacienda al que tuvo acceso, la investigación periodística indica, además, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó riesgos de ejecución en “la disponibilidad de la totalidad de los recursos presupuestarios, un posible retraso en las obras y un aumento de costos por fenómenos inflacionarios”.

Es decir, la misma SHCP advirtió que el proyecto enfrenta un futuro financiero incierto y que, además, la Megafarmacia fue puesta en marcha “sin contar con las licencias de funcionamiento: uso de suelo, la autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y sin los procedimientos normalizados de operación”.

Este dictamen económico y legal permite concluir al texto informativo que la premura con que AMLO actuó para inaugurar un almacén con el nombre de Megafarmacia se debió a la proximidad del proceso electoral del dos de junio, en el que estarán en juego la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 126 senadurías y nueve gobiernos estatales, incluido el de la CDMX.

Liverpool, Bimbo, Heineken 

El inmueble que el Gobierno compró para su Megafarmacia se localiza en un sitio ubicado a la altura del kilómetro cinco de la carretera Jorobas-Tula, en Huehuetoca, Edomex, y se trata de un enorme almacén de mercancías perteneciente a la cadena comercial Liverpool que había utilizado durante 18 años y abandonado desde 2022.

Esa empresa dejó atrás el almacén porque construyó uno nuevo sobre un terreno de 195 hectáreas en la intersección de la autopista México-Querétaro y el Arco Norte, vía de cuota en torno a la Zona Metropolitana del Valle de México, que sirve como entronque estratégico para la transportación terrestre. México-Querétaro, México-Tulancingo, México-Pachuca y México-Puebla.

Liverpool opera 123 tiendas en el país, 172 de Suburbia y 111 boutiques: cuenta con otros tres centros de distribución, además de 38 bodegas regionales. Es propiedad de la familia Michel González, quien en 2023 poseía una fortuna calculada en mil 849 millones de dólares (mdd), según la revista Forbes.

Hasta el 1° de marzo de 2024, Max David Michel González fue presidente de su consejo de administración, cargo que transfirió a Graciano Guichard González, quien se desempeñaba como director general.

Los Michel González también son accionistas de Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (Femsa), operadora de marcas embotelladoras como Coca-Cola y Heineken y, a la que desde 2019, AMLO denunció públicamente como financiadora de campañas mediáticas de la derecha contra el supuesto gobierno de izquierda.

En una de esas denuncias, AMLO incluyó al corporativo Bimbo, propiedad de la familia Servitje, tradicionalmente asociada con la “ultraderecha” mexicana; pero que en 2022 conformó el grupo de empresas defensoras del “pacto” para bajar el alto índice inflacionario padecido en el país desde el inicio de su administración.

En 2020, el presidente del consejo de administración de Femsa, José Antonio Fernández Carvajal, se inconformó con el cobro de ocho mil 790 mdp en impuestos y amagó con destinar el doble de ese dinero para sacar a AMLO de la Presidencia en 2022, es decir, aprovechando la revocación de mandato recién aprobada por los morenistas en el Congreso de la Unión.

Después de cinco años de mantener retraídas las inversiones de Femsa, Fernández anunció un paquete de éstas por 237 mil mdp el 15 de febrero de 2024 para el próximo lustro y expandir los negocios del corporativo que encabeza en el país.

Desabasto: cinco años sin solución 

A cinco años de que AMLO ordenara desmontar el esquema de compra y distribución de insumos sanitarios con firmas privadas para limpiarlo de corrupción y tener que revertir esa decisión, en las instituciones de salud pública nacionales persiste el desabasto de medicamentos y enseres sanitarios.

“La corrupción sí es importante atenderla; pero no se tenía que dejar de lado lo que es aún más importante y es prioritario: la atención integral de los pacientes, que incluye el tratamiento”, lamentó, entrevistada por buzos,la trabajadora social Yareli Escudero Guadalupe, titular de Pacientes en Acción A.C.

“Si hablamos de solución, siendo honestos, sobre la realidad que vemos en este momento no existe. Se han instrumentado paliativos, pero solamente se han conseguido mitigaciones al problema”, señaló.

Yareli Escudero agregó que centros de atención médica que tenían un alto nivel han caído en los últimos años, como es el caso de los hospitales General de México y Juárez, ubicados en la CDMX.

“El personal sanitario tiene que trabajar con lo que le indiquen, y si quien les está indicando no los provee de insumos, evidentemente no es que sean médicos malos, es que no tienen con qué trabajar.

“La Megafarmacia está haciendo lo mismo que las farmacias de los hospitales públicos: anotar a los pacientes los medicamentos faltantes porque no pueden surtirlos… consideramos que es sumar un proceso burocrático a algo que ya es bastante burocrático”.

Pero lo grave de esta situación de que el “urgido enfermo da vuelta tras vuelta, termina por buscar la manera de comprarlo en un expendio comercial o, en el peor de los casos, no tomarlo y afectar su tratamiento médico”, apuntó.

En 2019, el gobierno de AMLO emprendió cambios en los cuadros básicos de medicamentos del sistema de salud pública para crear un Compendio Nacional de Insumos para todas las instituciones sanitarias públicas.

Pero entre éstas se conservan importantes diferencias de abasto de fármacos e insumos médicos, como ocurre entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Yareli Escudero explicó que, si antes eran precarios los cuadros básicos, “ahora son peores y no surtidos… los médicos ya no tienen libertad de brindar una atención específica de tratamiento al paciente (como los especializados de alto costo), simple y sencillamente porque no está el medicamento”.

De acuerdo con datos del colectivo Cero Desabasto, en 2023 ya no se surtieron completas 7.5 millones de recetas en instituciones de salud; y en 2022, solamente en el IMSS ascendieron a 10 millones.

El pasado siete de mayo se conocieron datos oficiales entre los que destacan el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de abril de 2024, cuando la Megafarmacia surtió 341 recetas, poco menos de tres diarias en promedio; en tanto que el IMSS-Bienestar surtió 129, el ISSSTE 210 y el IMSS, dos recetas.

El doctor Andrés Castañeda, especialista en Salud Pública, explicó a buzos que, de 2021 a la fecha, se han registrado mejoras, aunque diferenciadas, en la distribución de insumos médicos entre instituciones de salud federales y estatales; pero que pueden revertirse si se insiste en aplicar el mismo esquema de suministro.

Castañeda, también coordinador del colectivo Cero Desabasto, alertó: “de acuerdo con el nuevo modelo, ahora Birmex, que no tiene experiencia, no había hecho esto antes, se está haciendo cargo de la compra y distribución, y corremos el riesgo de volver a los problemas que creíamos que teníamos superados”.

Propaganda con medicamentos 

Para que AMLO inaugurara su Megafarmacia, dos millones 465 mil piezas fueron trasladadas a Huehuetoca, las cuales pertenecían al IMSS, IMSS-Bienestar y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que habían sido compradas en 2023.

El 31 de marzo de 2024, el diario El Universal, apoyado en información oficial, publicó que el Gobierno Federal extrajo medicamentos de las principales instituciones de salud para almacenarlos en Huehuetoca; y que Birmex no había comprado ninguno para su nueva bodega.

En respuesta a una consulta oficial del diario, Ramón Gómez Gaytán, director de Administración y Finanzas de Birmex afirmó: “Las claves existentes en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis) son propiedad de los institutos de salud federales producto de las compras consolidadas del ejercicio 2023”.

En la nota informativa titulada Megafarmacia quitó medicinas a IMSS e ISSSTE para anaqueles, se destaca que “La respuesta de Birmex contradice al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela quien, el 29 de diciembre de 2023, cuando se inauguró la bodega, declaró que para 2024 se compraron más de cuatro mil piezas exprofeso para la Megafarmacia”.

Para mostrar públicamente el funcionamiento de la Megafarmacia, AMLO-Birmex contrató una empresa de call center con 20 operadores encargados de recibir las llamadas de los pacientes que buscan medicamentos no surtidos en los mismos hospitales donde antes se encontraban y ahora están almacenados a decenas o centenares de kilómetros de distancia.

El 23 de febrero de 2024 se evidenció que, para atender esas llamadas, Birmex contrató los servicios de la empresa Asesoría Informática de TI en México, S.A. de C.V. por cinco millones 23 mil 449 pesos con una vigencia del 20 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024 (tres meses).

Ese contrato debió ser renovado o prorrogado porque, al cierre de esta edición de buzos, el servicio telefónico de la Megafarmacia operaba la presunta solución al grave desabasto de medicamentos e insumos médicos.

El 23 de febrero de 2024, el doctor Éctor Jaime, Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados escribió, en su cuenta de la red social X lo siguiente: “… todo es improvisación con la 4T. Les importa el circo, no los medicamentos de los pacientes”.

Entrevistado por MVS, el 29 de diciembre de 2023, día de la inauguración de la “farmaciotota” de AMLO, el doctor Xavier Tello, especialista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto (2022), la calificó como un absurdo.

“Hoy vemos esta inauguración patética de lo que llaman la Megafarmacia y que ni por error resuelve el problema de los pacientes… lo que el gobierno no está considerando es la conveniencia de los pacientes, y eso se prueba con absurdos como lo de la Megafarmacia, con la que quiere tapar los agujeros”.

Los experimentos

Después del desabasto originado por el propio gobierno en 2019, sobrevinieron reiterados y fallidos intentos por resolver la crisis. El primero consistió en retirar al IMSS la responsabilidad de comprar y distribuir insumos médicos y asignar a la Secretaría de Hacienda (SHCP) en su lugar.

El segundo ocurrió cuando la responsabilidad fue transferida a la Secretaria de Salud (SS) y después al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2020 y extinguido en abril de 2023. Y el tercero cuando se buscó el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que también falló en el plan de compras internacionales más rápidas y baratas.

En 2021, AMLO aseguró que Birmex resolvería el desabasto de medicamentos y enseres médicos, una empresa gubernamental que únicamente tenía cinco pequeñas y dispersas bodegas y estaba enfocada a desarrollar, importar y comercializar vacunas y algunos productos de diagnóstico clínico.

Según el Presidente, la distribución estaría a cargo de las fuerzas armadas, una más de las 200 nuevas encomiendas que éste le ha conferido y que exceden su función constitucional de preservar la soberanía nacional.

AMLO designó como director de Birmex al general de división en retiro Jens Pedro Lohmman Iturburu, quien durante 50 años estuvo integrado a las fuerzas armadas y asumió el cargo el 1° de marzo de 2021.

En su primera solución, Birmex también falló y el Gobierno comenzó a recontratar paulatinamente a las farmacéuticas y distribuidoras privadas que AMLO había desplazado por “corruptas” en 2019.

Ante la persistente insuficiencia de insumos médicos, el 22 de diciembre de 2023, poco antes de inaugurar el Cefedis en Huehuetoca, AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que asignaba a Birmex la encomienda de comprar, almacenar y distribuir las medicinas e insumos médicos del sistema público de salud.

Se supone que esa empresa de gobierno surtiría los poco más de cuatro millones de piezas diarias requeridas por los hospitales del IMSS, ISSSTE y del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, que sustituyó al fallido Insabi.

El seis de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la SS publicar los contratos para la compra de medicinas establecidos en lo que va del año, sobre todo de las especializadas en salud mental y vacunas, ante el persistente desabasto de las mismas.

La comisionada Julieta del Río Venegas aclaró ante el pleno que, si bien la petición surgió de un ciudadano, transparentar las compras del sector salud permitirá conocer y difundir las acciones del Gobierno sobre el asunto.

Venegas explicó que el desbasto de insumos para la salud representa un problema de interés público, como lo demuestran los dos mil 720 recursos de revisión interpuestos por ciudadanos entre 2018 y 2024, la mayoría relacionados con la SS, IMSS e ISSSTE.

“Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se ejercen los recursos destinados para asegurar que los centros de atención médica en todo el país cuenten con el abastecimiento adecuado para la atención oportuna”, afirmó.