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Foto: Cuartoscuro
Una rebelión interna dentro del oficialismo comenzó a tomar forma en México ante la reforma que busca prohibir el nepotismo electoral, es decir, la sucesión de cargos públicos entre familiares o parejas. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la medida para aplicarla desde las elecciones de 2027, figuras de Morena y aliados como el Partido Verde (PVEM) presionan para que la restricción se aplace hasta 2030.
La disputa se ha convertido en un nuevo frente de tensión dentro de la coalición gobernante, donde varios liderazgos regionales ven amenazadas sus estrategias de continuidad política y control territorial.
Uno de los casos más visibles es el de Zacatecas, donde la familia Monreal mantiene una fuerte presencia política. El senador Saúl Monreal busca competir por la gubernatura, pese a que su hermano David Monreal es el actual gobernador.
En paralelo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha mostrado reservas frente a la aspiración de su hermano, en un episodio que refleja el costo político que puede tener la reforma para grupos internos del partido.
Sin embargo, el mayor choque no proviene solo de Morena, sino del Partido Verde, señalado como uno de los principales opositores a que la reforma entre en vigor en 2027.
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, impulsó como posible candidata para 2027 a la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, lo que fue interpretado dentro de Morena como una señal directa de resistencia a la reforma.
La presidenta Sheinbaum ha sido pública en su rechazo al nepotismo. En declaraciones recientes, sostuvo: “No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que esperen seis años para poder competir”.
La propuesta busca frenar la normalización de prácticas que, en la práctica, convierten cargos públicos en herencias familiares y reproducen redes de poder que dificultan la rendición de cuentas.
La llamada “Ley del Nepotismo” plantea una reforma constitucional para impedir la sucesión familiar inmediata en cargos de elección popular.
Entre sus puntos principales:
• Prohíbe que familiares de funcionarios en funciones compitan por el mismo nivel de gobierno de manera inmediata.
• Establece un periodo de restricción para candidaturas con parentesco.
• Aplica para cargos como alcaldías, diputaciones, senadurías, gubernaturas y la Presidencia.
Aunque el objetivo de Sheinbaum es que aplique desde 2027, los sectores que buscan aplazarla a 2030 han abierto un debate que revela una fractura: mientras el discurso oficial promete combate a privilegios, una parte del oficialismo intenta conservarlos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera