El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó por 10 años y multó con 777.8 millones de pesos a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar por el desvío de recursos destinados a programas alimentarios para familias vulnerables durante 2019.

De acuerdo con la resolución, los sancionados utilizaron recursos del Programa Precios de Garantía para cubrir gastos de operación de la institución, en lugar de destinarlos a subsidios dirigidos a población de bajos ingresos. Además, reasignaron parte de esos recursos al Programa de Fertilizantes sin contar con autorización.

Los funcionarios sancionados son María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes se desempeñaban en áreas de Planeación, Precios de Garantía, Estímulos y en la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, organismo que heredó las funciones de Alimentación para el Bienestar.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acreditó las irregularidades y señaló que la inhabilitación les impedirá ocupar cargos públicos federales durante una década, aunque los implicados aún pueden impugnar la resolución.

En paralelo, el Tribunal resolvió otros 23 expedientes sin relación con Alimentación para el Bienestar, que involucran a servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los casos destaca el de Ramiro R., trabajador de la CFE en Torreón, quien fue inhabilitado un año y multado con 9 mil pesos por cobrar dinero a cambio de eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.

En el INM, Shiddarta V. recibió una sanción de un año de inhabilitación y una multa de mil 380 pesos por la sustracción de bienes ocurrida en 2021.

Por su parte, el médico Carlos M., adscrito al IMSS en Jalisco, fue inhabilitado por un año tras realizar radiografías de pelvis a una mujer sin su consentimiento en 2022.

En Pemex, Luis J., en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses por introducir bebidas alcohólicas a su centro de trabajo en 2025. En tanto, Margarita S. y Graciela P., en Veracruz, fueron suspendidas por 30 días por irregularidades en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República en 2024.

En la SSPC, Manuel S., adscrito al Cefereso 15 de Chiapas, fue inhabilitado cuatro meses por introducir estupefacientes en 2023.

Finalmente, en el IMSS de la Ciudad de México, Marco C. fue inhabilitado tres meses por falsificar la firma de su superior en 2024, mientras que Yazmín V. recibió una suspensión de 15 días por faltas de respeto cometidas en 2023.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que estas resoluciones forman parte de su estrategia de combate a la corrupción 2025-2030 y recordó que todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las determinaciones.