A mediados de julio pasado, 15 pasantes de medicina que cumplían con su servicio social en el Hospital Integral de El Salto, del municipio Pueblo Nuevo, Durango, tuvieron que dejar las tareas porque eran enviados a comunidades rurales muy alejadas que carecen de instalaciones, medicamentos, seguridad pública y servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.

Los médicos exigieron a los gobiernos estatal y Federal, la creación de mejores condiciones institucionales, más apoyos económicos y, sobre todo, garantizar la seguridad física de sus colegas que atienden los problemas de salud y violencia delictiva que afectan a los usuarios de poco más de 240 clínicas y hospitales del estado.

A partir de 2021 han sido asesinados 10 médicos que prestaban su servicio en unidades rurales, y desde 2019 los servicios de salud se han deteriorado progresivamente debido a que los recortes practicados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han impedido la renovación y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento médico de las clínicas y hospitales de atención general o básica.

En las zonas rurales de la entidad, las desigualdades estructurales persisten, lo que hace urgente que los gobiernos brinden atención especial a las precarias condiciones en que se hallan no solo los servicios sanitarios sino también los educativos, de protección civil y seguridad pública.

Luego de los hechos de sangre que se suscitaron el pasado 15 de julio en el Hospital Integral de El Salto, no hay condiciones necesarias en los centros de salud rurales, donde faltan servicios básicos, insumos, medicamentos y protección física al personal médico.

“Vamos a exigir con ustedes que la institución educativa y la institución de seguridad sean las responsables de brindar la atención y, sobre todo, la garantía de seguridad que cada uno de ustedes requiere”, dijo Claudia Díaz Pérez, delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), poco después del asesinato a balazos del doctor Erik David Andrade, médico pasante de servicio social, de sólo 24 años de edad, mientras atendía a un paciente en el Hospital Integral de El Salto.

En días pasados se informó que más de 61 pasantes laboran en unidades médicas rurales; y que alrededor de 45 brindan atención solo acompañados de personal de enfermería, por lo que están expuestos a ser víctimas de ataques físicos o abusos de cualquier otro tipo.

La Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS-Bienestar con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud de Durango sostienen un diálogo permanente con autoridades de gobierno para definir los protocolos de seguridad que las autoridades siguen para proteger a médicos que brindan su servicio social.

Las instituciones médicas y de seguridad están coordinadas con las universidades de las que son egresados los médicos residentes, para que los médicos sean enterados sobre la ubicación de las unidades médicas rurales donde brindarán su servicio social.

Hasta ahora, el Consejo General Médico ha decidido redistribuir a los 61 pasantes que cumplen con su servicio social en unidades médicas rurales y revisar si los 45 que brindan atención solo acompañados por personal de enfermería, requieren o no protección física en sus desplazamientos.  

Tras las manifestaciones de alumnos de escuelas y facultades médicas a lo largo del estado, en las que bloquearon calles y avenidas para exigir seguridad a los pacientes de servicios médicos, la madre de uno de los manifestantes acusó:

“Las autoridades creen que con los 900 pesos que les entregan como beca cada quincena, tendrán para comer, trasladarse y hospedarse en las comunidades donde prestan su servicio social, lo cual es imposible”.

El gremio médico exige una revisión minuciosa del sistema de salud nacional ya que, además de las condiciones de inseguridad que prevalecen en las áreas rurales más alejadas, este sector se enfrenta también a grandes rezagos de infraestructura básica, medicamentos, insumos y servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.

Los médicos han propuesto también que el problema sea incluido en la agenda legislativa a nivel federal para analizar minuciosamente la Ley General de Salud y crear las condiciones favorables con la finalidad de que todos los pasantes de medicina en servicio social obtengan su título profesional cabalmente.

Estamos olvidados

"Que ninguna práctica de servicio apague nuestras vidas, ya que estudié para salvar vidas, no para perder la mía. La vocación no le sirve de nada a un médico muerto y al gobierno no le interesa la seguridad de sus médicos", demandó Luis Raúl Lozano Ruelas, vocero del movimiento estudiantil de La Laguna.

"Queremos un cambio en la legislación de educación de salud para la formación de todos los profesionistas. Es muy importante que se actualice toda la legislación que nos obliga a prestar el servicio social en condiciones en las que lo hacemos", demandó durante una de las manifestaciones motivadas por el caso de Eric Andrade.

Entre los problemas que también afectan a médicos y pasantes en Durango, se encuentran dos casos de extorsión, Uno se registró en Santa María del Oro, cabecera municipal de El Oro, según denunció el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos.

"Desafortunadamente fue eso, la clásica llamada que los llevan con engaños a algún lugar. A uno lo llevaron a un hotel, se comunicaron con la familia y pidieron montos no muy elevados de 10, 15 mil pesos que se les dieron". El rector aseguró desconocer si hubo detenidos, porque los familiares se dieron por satisfechos cuando tuvieron la certeza de que los pasantes estaban a salvo.

También hay reportes de médicas jóvenes instaladas en clínicas de comunidades alejadas que fueron acosadas, incluso violadas, según una denuncia de la regidora Martha Palencia Núñez, quien es psiquiatra y se sumó a las exigencias de mejores condiciones de seguridad física para quienes prestan su servicio social en zonas de riesgo.

Denunció que deben pasar la noche en las mismas instalaciones de las clínicas, las cuales están alejadas de las áreas habitadas.

El director de la Facultad de Medicina de la UJED, Antonio Sifuentes Álvarez, consideró imposible la eliminación del servicio social de los estudiantes de medicina porque resulta una parte fundamental de su formación.

Además, el servicio social queda establecido en la Legislación vigente y, por tal motivo, ni las instituciones de salud ni las instituciones educativas pueden eliminarlo. Puede analizarse y ver qué se puede sugerir a cambio, pero el asunto debe ser discutido nacionalmente.

"Imposible, el servicio social no se puede eliminar, es el séptimo año en la facultad y nuestro plan de estudio plantea que deben tener siete años para poder ser médicos. Entonces, por parte de nuestro plan de estudios de la facultad es imposible, hasta que no se cambie a un nuevo plan de estudios, entonces pudiera ser", puntualizó Sifuentes Álvarez.

Hasta este momento, únicamente se contempla cambiar las sedes y mejorar las condiciones de seguridad para los pasantes. En esta posición coincidió el rector Solís Ríos, quien precisó que "de momento" no es posible eliminar el servicio social; ya que la Ley General de Salud establece claramente la obligatoriedad de los estudiantes en las áreas médicas para efectuar el servicio.

Reveló que la UJED no ha contemplado una iniciativa formal en ese sentido, aunque reconoció que para realizarlo existe una propuesta común con otras instituciones educativas y sanitarias nacionales.

Por ello, y mientras continúen hechos violentos como el que causó “el sacrificio” del doctor Erick David Andrade, es necesario que el Gobierno Federal implemente medidas que garanticen la vida de los médicos, y se creen las condiciones necesarias para los centros de salud, se requiere mejor infraestructura hospitalaria, medicamentos y óptimos servicios básicos.

La situación actual de nuestro país requiere más médicos, no de más médicos muertos; porque los residentes y pasantes salvan la vida y resulta desafortunado que les arrebaten la suya.