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A casi 12 años del derrame tóxico de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la minera Grupo México en agosto de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por personas afectadas de al menos ocho municipios, expresaron su desacuerdo con el nuevo plan de rescate anunciado por el Gobierno Federal.

Este plan contempla un fondo de aproximadamente dos mil 223 millones de pesos para remediar el daño ambiental, acceso al agua potable y atención a la salud, con aportaciones principales de la empresa de un 70 por ciento, el Gobierno Federal con 22 por ciento y el estado de Sonora con 8 por ciento.

Por su parte, los afectados consideran esta cantidad insuficiente, ya que estiman que la reparación integral del daño requeriría alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con cálculos previos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante la administración anterior, lo que representa apenas el 11 por ciento de lo necesario para mejorar verdaderamente su calidad de vida.

Asimismo, los Comités denunciaron que no fueron consultados ni incluidos en la elaboración del plan de rescate, lo que perciben como un acuerdo directo entre el Gobierno y Grupo México, sin participación real de las comunidades.

Al respecto, José Manuel López, integrante de la organización, señaló que la minera ha evadido responsabilidades durante más de una década y que la aportación de mil 500 millones de pesos resulta inadecuada ante la magnitud de la catástrofe. Además, cuestionan la distribución de los recursos, ya que parte del fondo se destina a resolver el conflicto laboral de la huelga minera de Cananea, lo que genera incertidumbre sobre cuánto quedará efectivamente para la remediación del río.

En cuanto a las medidas específicas, el plan gubernamental incluye la construcción y adecuación de plantas potabilizadoras y sistemas de desinfección por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la edificación de un Hospital Regional en Ures, promesa pendiente desde hace años.

No obstante, los afectados exigen al menos 36 plantas potabilizadoras, frente a las 16 propuestas, ante la persistencia y movilidad de los metales pesados en el río. Critican la falta de una calendarización pública y plazos verificables, mientras urgen atención inmediata a la salud, pues en estos años han fallecido compañeros por enfermedades relacionadas con la contaminación, y muchos presentan metales pesados en su organismo con graves consecuencias.

Finalmente, en una reunión programada para el próximo fin de semana entre autoridades federales, estatales y los Comités busca discutir estos detalles, con el presupuesto como punto central de la agenda.