El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por la presidenta municipal morenista Claudia Rivera ha emprendido una “cacería de brujas” en contra del comercio ambulante. Esta criminalización se refleja en las más de 75 denuncias contra los líderes de los diversos grupos de comerciantes.

El secretario de Gobernación municipal René Sánchez Galindo acusó hace unas semanas –sin presentar pruebas-, que los líderes de los comerciantes encabezan “grupos de choque” y los relacionó con “asociación delictiva”.

Por lo que defender los derechos de quienes viven de la venta de mercancías lícitas en la calle se convirtió en un delito en el estado de Puebla.

Uno de los grupos que ha encabezado la demanda para que se abran espacios para los comerciantes, forman parte del Movimiento Antorchista.

Al respecto, Aquiles Montaño Brito, vocero del antorchismo poblano afirmó que “la línea de ley del morenismo nacional para acabar con sus enemigos políticos, es inventándoles delitos y metiéndolos a la cárcel”.

Y es que explicó que el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, ha interpuesto al menos 75 denuncias en contra de comerciantes, sobre todo, de los afiliados al Movimiento Antorchista, incluido el líder del comercio de la organización en la capital, Francisco Machorro, a quien acusa por “presunta asociación delictiva”.

En lugar de implementar apoyos económicos para los ambulantes, el Gobierno municipal y estatal de Puebla, emprendieron una persecución y criminalización en contra de ellos y sus líderes.

“En su cólera contra los comerciantes, René Sánchez se fue de la lengua y sostuvo que la denuncia contra Francisco Machorro va también por los delitos de resistencia de particulares, lesiones, robo, amenazas, asociación delictuosa y manejar grupos de choques, pero, ¿cuáles son las pruebas con las que acusa de tantos delitos al líder antorchista? ¿En qué video aparecen semejantes crímenes?”, cuestionó Montaño Brito.  

“¿No será que inventa delitos? ¿No será que busca criminalizar a los ambulantes para quedar bien con los empresarios? El funcionario de Morena es incapaz de probar los supuestos delitos porque no existen”, agregó. 

Montaño Brito insistió en que desde el inicio de la pandemia por la Covid-19, la persecución en contra de los ambulantes ha ido en aumento, a pesar de que creció el número de poblanos que sostienen su economía a través de esta forma de trabajo.

Recientemente el ayuntamiento de Puebla dio a conocer que apoyará a dos mil 500 ambulantes con un cheque de dos mil pesos, tras los decretos oficiales que prohíben su regreso a las calles, como estrategia para mitigar la pandemia. El apoyo será insuficiente al considerar que incrementó el número de trabajadores en esa condición.

Los decretos del Gobierno local y las medidas de los ayuntamientos han obligado a los comerciantes a no salir a las calles o a salir con el doble riesgo de contagiarse y ser reprimidos por las fuerzas policíacas, incluso criminalizados.

Esto ocurre en un escenario en el que también incrementó la pobreza en el grado extremo; según el análisis Magnitud del Impacto social de Covid-19 en México y Alternativas para Amortiguarlo, que elaboró el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), en Puebla, tras la pandemia, hay 785 mil pobres más que se suman a los tres millones 700 mil pobres que ya había y que pasaron del estatus de pobreza a pobreza extrema.

Para resarcir los efectos de la emergencia sanitaria, los propios comerciantes han solicitado en varias ocasiones que, si no los van a dejar trabajar, es necesario que el Gobierno brinde apoyos, despensas o algún subsidio económico para sobrevivir durante los periodos de confinamiento.

Sin embargo, no ha respondido a esa petición, por el contrario, las autoridades responden con la fuerza pública y con una estrategia que vuelve criminales a los comerciantes.