En solo una semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz reportó la detención y vinculación a proceso de media docena de elementos por el presunto delito de desaparición forzada, hecho que debería obligar a las autoridades estatales a revisar el funcionamiento de sus corporaciones policiales.

A este problema se suman el déficit de elementos y el cada vez mayor número de bajas en estas instituciones, ya que éstos y otros factores explican por qué Veracruz figura entre las entidades con mayores índices de inseguridad pública y actividades delictivas en la República mexicana.

Con una población superior a ocho millones de habitantes en 212 municipios, Veracruz cuenta con 0.8 elementos de la policía preventiva por cada mil pobladores; es decir, tiene un déficit de poco más de 19 mil elementos en relación con la tasa nacional media, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ocho de septiembre, 277 cadetes concluyeron el curso Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirante Estatal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), convirtiéndose en la generación XXXIII de dicha institución. Del total de egresados, 88 se integrarán a la Dirección General de la Fuerza Civil de Veracruz, 139 a la Subdirección de Operaciones de la SSP y 50 al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Durante la ceremonia de graduación, el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los nuevos elementos a desempeñarse con “honestidad, combatir la corrupción, apegarse a los protocolos y, sobre todo, cuidar los derechos humanos y la perspectiva de género”.

Unos días antes, media docena de policías y expolicías habían sido puestos tras las rejas por su presunta comisión del delito de desaparición forzada. El siete de septiembre, en Orizaba, fueron vinculados a proceso Iván “N” y José Julio “N” como presuntos responsables de desaparición forzada de personas cuando fungían como elementos activos de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán.

El cinco de septiembre, la Fiscalía Regional, de la zona centro Xalapa logró sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Alejo “N”, Jesús Osiel “N” y Rosendo “N”, por el delito de desaparición forzada cuando eran elementos activos de la SSP. Los hechos por los que fueron procesados habían ocurrido el seis de abril de 2013, cuando participaron en la privación de la libertad de dos personas sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura del lugar conocido como Los Arenales.

“El juez, además de imponer la sentencia, impuso la destitución definitiva del servicio público e inhabilitación, por 40 años, para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública”, detalló la FGE.

El 30 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso contra Dámaso “N” y Zeferino “N” por el presunto delito de desaparición forzada, perpetrado el 14 de octubre del 2021 en el municipio de Tierra Blanca, cuando presuntamente detuvieron a las víctimas y las llevaron con rumbo desconocido para entregarlas a una célula delictiva, según el parte oficial.

El 28 de agosto, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) obtuvo vinculación a proceso contra los policías estatales Benito “N”, Paulino “N” y Simón “N”, como presuntos responsables de secuestro agravado cometido solo tres días antes en agravio de las víctimas con iniciales F.L.A y O.L.A., en Camerino Z. Mendoza.

El 16 de marzo se cumplimentó una orden de aprehensión contra 11 elementos activos de la policía estatal por su presunta participación, en mayo de 2015, en la comisión de desaparición forzada en agravio de varias víctimas en Coatzacoalcos.

El 21 de enero de 2022, cuatro elementos de seguridad agredieron a dos jóvenes en el municipio de Córdoba, zona centro de Veracruz, durante el operativo Córdoba Seguro. Debido a que fueron exhibidos en redes sociales cuando golpeaban a dos transeúntes, fueron cesados de su cargo mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes. Dos eran de la policía municipal y dos oficiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

El presidente municipal de Córdoba, Juan Martínez Flores, anunció que se realizarían las investigaciones pertinentes y serían aplicadas las sanciones contra los oficiales por agredir a los jóvenes. “Este tipo de denuncias nos ayuda a estar día a día atentos a las solicitudes de la población; estar atentos sobre el apoyo que vamos a brindarles”, expresó el edil.

El director de Protección Ciudadana y Movilidad (PCM), Enrique Morales Tolentino, advirtió que no se permitirán abusos de los elementos de seguridad, y que por ello fueron separados del cargo. “No vamos a permitir que esto ocurra, los elementos ya están retirados y haciendo sus informes correspondientes, ya fueron retirados de sus cargos, no puedo decir un día de estos recorridos pues son sorpresa”, enfatizó.

De las 79 recomendaciones que el año pasado emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 13 fueron a la SSP, tres de las cuales fueron aceptadas parcialmente y una rechazada.

Rebasados por el crimen

Otro de los problemas que enfrentan las corporaciones policiales en Veracruz es la falta de capacidad para combatir a la delincuencia. El 1° de abril de este año, durante un operativo implementado por la UECS en Veracruz y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue detenido un presunto delincuente, quien al intentar huir sufrió lesiones que ameritaron la hospitalización, por lo que fue ingresado y custodiado por elementos de la Policía Ministerial.

Sin embargo al día siguiente por la mañana, un comando armado ingresó al hospital, sometió a los elementos policiacos y sustrajo al detenido. No se volvió a informar más de ese hecho. Otro incidente bochornoso se registró el 10 de febrero, cuando elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos detuvieron a Jorge Quijano Ríos, director interino de la corporación.

Según su versión, el funcionario golpeó al comandante Toril Reyes Bonilla durante la presentación del nuevo director Luis Enrique Barrios Ríos, quien explicaba en qué consistía su trabajo y cómo se organizarían para cumplir con su encomienda de seguridad.

Cuando los elementos se quejaron por el abuso de autoridad con que se conducía Quijano Ríos, inició la trifulca que derivó en la detención de quien fuera director interino de la corporación. Lo denunciaron por abusos de autoridad cuando aún se encontraba en funciones. Los policías municipales lo detuvieron por ultrajes a la autoridad y fue trasladado a la base de la Policía Estatal en dicho municipio al sur de Veracruz.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 informa que en Veracruz hay 19 mil 687 policías, lo que indica que a cada elemento le toca custodiar a 409.5 veracruzanos. De este universo, siete mil 399 elementos efectúa funciones de supuesta prevención y 114 son policías de proximidad.

Al respecto, la senadora veracruzana Indira Rosales San Román afirmó que Veracruz presenta un déficit de policías que supera el 60 por ciento, lo que evidentemente no garantiza la seguridad de los habitantes.

En conferencia de prensa, celebrada en la sede del Partido Acción Nacional (PAN), en Xalapa, reveló que parte del problema de inseguridad en la entidad se debe a la falta de policías. “Estamos pidiendo que se hagan retenes permanentes, haremos un exhorto para que las carreteras con mayores índices de inseguridad puedan tener más vigilancia, porque es un problema que afecta también a los transportistas”.

Blancos del crimen

La SSP informó que, de enero de 2016 a enero de 2022, 49 policías veracruzanos murieron en cumplimiento del deber y que cuatro eran mujeres. A través de Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa, la dependencia reveló que en todos los casos mencionados se cumplió con la Ley 290 para otorgar los beneficios correspondientes a los deudos de los desaparecidos.

Informó que la mayoría de los asesinatos de policías se registraron en los municipios de Amatlán de los Reyes y Orizaba, en la zona centro, así como en Cosoleacaque y Acayucan, en la zona sur de la entidad.

Hay varios hechos que ilustran cómo los guardianes del orden han sido víctimas. El 11 de enero pasado murió en Xalapa una oficial perteneciente al área jurídica de la Delegación XX de la Policía Estatal, víctima de lesiones con arma blanca. Policías municipales y paramédicos del Grupo Panteras la trasladaron a un hospital para su debida atención médica pero minutos más tarde perdió la vida.

El 19 de febrero, elementos de la Fuerza Civil fueron atacados a balazos con un saldo de un policía fallecido y otro herido en Tuxpan, al norte de Veracruz.

El gobernador veracruzano tiene, sin embargo, otras cifras; en conferencia de prensa reportó que, entre 2018 y 2021, las agresiones con armas de fuego contra policías se habían incrementado en más del 100 por ciento y que el 47 correspondía a policías asesinados.

Otra de las causas por las que la policía veracruzana no es eficiente radica en la falta de condiciones laborales. Policías de la región Xalapa denunciaron hace unos meses la falta de uniformes y equipo táctico, así como los bajos salarios y la ausencia de prestaciones sociales.

“Las necesidades que tenemos en las corporaciones, en todas, ya sea Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, Policía Municipal, IPAX, seguridad privada, es el sustento de uniformes, equipo táctico, un buen salario y prestaciones de ley”, denunciaron varios policías de manera anónima por temor a perder su empleo.

También lamentaron que algunos de ellos necesitan apoyos para continuar sus estudios y cursar una licenciatura en derecho o especializarse en materia de criminología y criminalística. “No te dan la oportunidad para estudiar, para seguir creciendo, porque una profesión como policía es ir aprendiendo, ir capacitándote día a día, cursos, estudiar la carrera de derecho, criminología. Ésas son las principales necesidades”.

Los mismos policías indicaron que otro grave problema es que no son respetados por la población debido a la mala actitud de algunos elementos, la gente generaliza y los insulta, agrede y hasta los amenaza de muerte.

El 27 de junio, otro grupo de expolicías protestó afuera de la Torre de la SSP, en Xalapa, para exigir la indemnización de más de 400 elementos que fueron despedidos injustificadamente durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Adder Óscar Juárez Téllez, representante legal y uno de los afectados, alegó que 25 de sus excompañeros en la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, fallecieron en espera de su liquidación; y que más del 70 por ciento de los que aún viven padece enfermedades crónico degenerativas.

Cabe mencionar que según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en presupuesto de seguridad pública, solo superado por la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León.

Promesas incumplidas

El gobernador Cuitláhuac García también ha dicho que los policías veracruzanos reciben uno de los mejores salarios en México; que en lo que va de su mandato han tenido un incremento salarial acumulado mayor al 26 por ciento y que el más reciente fue de 6.4 por ciento.

“Hoy se respira un aire de mayor tranquilidad gracias a que hemos disminuido los índices de inseguridad; éste es el camino que vamos a continuar. Tengan en cuenta que el profesionalismo que requiere la sociedad no es solamente una forma de ser mejores policías, sino también, mejores personas”, expresó.

Sin embargo, el 28 de febrero también se había comprometido a garantizar la protección de los cuerpos policiacos durante los operativos en los que pueden enfrentar agresiones con armas de fuego; y anunció que presentaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado con este objetivo. Realizó este compromiso tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.

La iniciativa fue presentada en mayo, pero no ha sido discutida siquiera en comisiones. Mientras tanto, las cifras delictivas de la entidad evidencian que las ejecuciones, secuestros y feminicidios siguen a la orden del día.