Los periodistas de Guerrero enfrentan la presión de los tres niveles de gobierno –el Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el estatal, por Evelyn Cecia Salgado Pineda; y el municipal de Acapulco y Chilpancingo, por Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez– para que tergiversen su información y la orienten a los intereses políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Estas presiones han generado una situación crítica en el gremio periodístico guerrerense, porque sus integrantes saben que su rechazo puede derivar en amenazas de mayor calado y en la violencia física extrema, como lo denuncian los muchos muertos y desplazados que frecuentemente huyen de la supuesta intimidación proveniente de los grupos del crimen organizado; pero que en realidad procede del mismo gobierno, según Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada en Guerrero y conductor del noticiero matutino de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), quien este año fue galardonado con la presea Sentimientos de la Nación que otorga la Organización Colectiva de Organizaciones Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero.

Trascendió en la prensa local que, en cualquier momento, el ejercicio de sus tareas informativas puede atraer agresiones como las que ha sufrido en el pasado reciente, entre ellas la ocurrida en mayo de 2017, cuando varios periodistas locales, nacionales e internacionales fueron atacados por un comando armado mientras circulaban en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del municipio de Acapetlahuaya.

Los periodistas viajaban en dos camionetas y fueron agredidos por un grupo de más de 100 hombres armados, quienes les sustrajeron materiales de trabajo y personales –celulares, cámaras fotográficas y de video, tarjetas bancarias, pasaportes– así como uno de los vehículos, además de que fueron amenazados de muerte.

A este adverso clima que enfrenta el periodismo de Guerrero se suma el cierre de fuentes de empleo, por lo que el gremio ha hecho un llamado a unirse y cerrar filas para que se reabran los medios y exhortó al Congreso del Estado a promover una ley a favor de sus integrantes y a obligar a los dueños de las empresas editoriales a pagar salarios dignos.

La violencia genera zonas de silencio

En Guerrero, la inacción del Estado para garantizar la seguridad que requieren los periodistas para ejercer su labor ha provocado que regiones como Tierra Caliente y municipios como Chilapa de Álvarez, Tixtla, Iguala, Taxco de Alarcón y Acapulco se hayan convertido en zonas de silencio.

Organizaciones defensoras de derechos de periodistas consideran que Guerrero se encuentra entre las 10 entidades del país más violentas contra la prensa; y donde el ejercicio del periodismo es un grave riesgo. El pasado 31 de octubre de 2021 falleció, por lesiones de arma de fuego, el fotorreportero Alfredo Cardoso Echeverría, tras haber sido secuestrado. Un día antes había trabajado, como diariamente lo hacía, para mantener informada a la población.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) inició, el pasado martes dos de noviembre, la campaña Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas; y los trabajadores de la información de Guerrero la replicaron mediante un mitin de protesta frente a las instalaciones del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo de Guerrero (ROPEG).

Tras el crimen cometido contra Cardoso, y en el marco de la campaña internacional, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), encabezada por Luis Salvador Blancas Rayo, con sede en Chilpancingo, también se reunió frente al ROPEG y llamó a las autoridades a encargarse de impartir justicia en el estado y el país, así como a que se responsabilicen y no queden impunes tales crímenes.

Desde su fundación, la delegación 17 del SNRP ha velado por el derecho a la libre expresión y, en compañía de periodistas independientes y de otras organizaciones de prensa, ha manifestado su rechazo absoluto a los asesinatos contra integrantes de este sector, aduciendo que “no se mata la verdad asesinando a un reportero”.

Los periodistas de Chilpancingo y otros municipios insistieron en la demanda de acabar con la impunidad, porque no castigar el asesinato de un periodista es una invitación expresa a la comisión de otro crimen más, como lo evidencia la acumulación de expedientes judiciales en la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se reseña la privación de la vida de muchos trabajadores de los medios de comunicación.

Durante la reciente visita del Presidente a Guerrero, un grupo de periodistas le entregó, en medio de empujones y golpes, un escrito en el que le solicitaron que hiciera un pronunciamiento con respecto a la difícil situación que vive actualmente su gremio, pero la demanda no fue atendida.

Por ello, la exigencia se mantiene para que se frenen los asesinatos y otros atentados violentos graves que han provocado el exilio forzado de varios compañeros reporteros. En Taxco de Alarcón han sido desterrados dos periodistas; en Iguala de la Independencia, siete; en Chilapa de Álvarez, siete; en Zihuatanejo de Azueta, uno y en Chilpancingo también uno.

En la región Costa Chica, las amenazas de muerte han generado una estela de desolación y silencio, por lo que la prensa local no circula. En Iguala solo trabajan dos periodistas; y en la región Tierra Caliente no existe actividad periodística en ninguno de los municipios.

En Guerrero, el crimen organizado parece estar por encima del Estado; la cifra de periodistas muertos es muy preocupante. En el sexenio del gobernador Héctor Astudillo Flores, que concluyó el pasado 14 de octubre, fueron asesinados ocho integrantes del gremio: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Brito, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro, Gabriel Soriano, Edgar Alberto Nava López, Eric Castillo Sánchez Kuri y Pablo Morrugares. A estas víctimas fatales se suman decenas de ataques contra otros comunicadores, agresiones que siguen impunes.

En el actual gobierno de Morena, que apenas inició y está encabezado por Evelyn Salgado Pineda, se produjo el asesinato de Cardoso Echeverría, pocos días después de que la presidenta municipal morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, incitara a ciudadanos a agredir a reporteros; sus palabras pronto se materializaron, cuando Karina Contreras, reportera del periódico El Sur, recibió un golpe en la espalda. Por ello, el gremio exige a la alcaldesa porteña que detenga la criminalización del trabajo de los medios de comunicación y respete su labor informativa.

Del año 2000 a la fecha se han documentado 145 asesinatos de periodistas en México, la mayoría por causas relacionadas con su labor; 11 eran mujeres y 134 eran hombres; 47 se registraron en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y 25 en los tres años de la administración de AMLO.

Trabajadores de varios medios de comunicación hicieron un enérgico llamado a la FGE para que informe el estado que guarda cada investigación en torno a periodistas asesinados en Guerrero y sobre las amenazas de muerte que el crimen organizado ha hecho contra muchos otros, algunos de ellos han tenido que exiliarse del estado para estar seguros.

Esta situación ha provocado el cierre de varios medios de comunicación, como es el caso de los periódicos Pueblo, Bajo Palabra, Expresión Popular y, recientemente, Novedades de Acapulco, empresa con 52 años de existencia que llegó a imprimir más de 70 mil ejemplares diarios y dejó en el desempleo a más de 80 trabajadores, entre reporteros y fotógrafos, editores y personal administrativo.

En un estado morenista al 100 por ciento, cuyo gobierno encabeza Evelyn Salgado Pineda y en los municipios de Acapulco y Chilpancingo gobiernan Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez, el panorama para los trabajadores de los medios de comunicación es muy oscuro y siniestro; al gremio no le queda otra opción que mantenerse unido y cerrar filas para no retroceder en defensa de la libertad de expresión.

Zacarías Cervantes, integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), exigió al gobierno estatal respeto al trabajo de la prensa porque, a unos días de que se iniciara la administración de Salgado Pineda, ocurrió el crimen de un fotorreportero y varios de los compañeros han sufrido agresiones físicas y amenazas. Lamentó, asimismo, el caso de los reporteros que han huido a causa de la violencia y las amenazas de la delincuencia organizada en Taxco, Iguala, Chilapa, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.

Alejandro Ortiz, ejemplo de valentía

Alejandro Ortiz ha padecido las múltiples formas de violencia con las que diversos grupos delictivos e instituciones gubernamentales atacan y amenazan a la prensa para evitar que ejerza su derecho a la información. Ortiz se inició en el periodismo en abril de 2015; desde 2016 es el único corresponsal de un medio extranjero –la agencia alemana Deutsche Presse Agentur (DPA)– que ha publicado reportajes de investigación y noticias de interés nacional e internacional.

En mayo de 2015 fue secuestrado y golpeado por presuntos policías comunitarios que, en realidad, estaban vinculados al grupo delictivo “Los Ardillos”, en la cabecera de Chilapa de Álvarez, mientras investigaba el plagio de más de 30 personas de ese municipio. En noviembre de 2016 fue “encañonado” por integrantes del mismo grupo en el poblado de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, acción cometida frente a un militar que no le brindó apoyo.

En mayo de 2017, con otros compañeros, entre ellos Sergio Ocampo, fue asaltado y amenazado con ser quemado vivo por un grupo armado en medio de dos retenes militares instalados en la carretera federal Iguala-Altamirano. En esa ocasión, el periodista intentaba documentar el cierre de carreteras y el control de las actividades económicas en la zona.

Las agresiones en su contra han sido consideradas por la organización civil Reporteros Sin Fronteras (RSF) como un caso prioritario del Programa de Acogida Temporal de Periodistas de América Latina; y este año le otorgó una presea en Madrid, España. Actualmente trabaja en Enfoque Informativo Radio y participa en el proyecto informativo Ahora Guerrero. También colabora con el semanario Zeta de Tijuana y continúa como corresponsal de la DPA.

Otra de las agresiones contra la prensa fue el mensaje que un grupo criminal de Tierra Caliente envió a los directivos del periódico El Sur para exigir que se abstengan de enviar reporteros a cubrir la violencia en esa región, que ha originado el desplazamiento de decenas de familias.

La amenaza iba dirigida también a otros periodistas locales, nacionales y extranjeros que han realizado coberturas informativas sobre las actividades ilícitas de esa organización delictiva que, “al parecer”, goza de la protección de los tres niveles de gobierno. El resultado de dicha amenaza ha sido contundente: en ningún municipio de la región hay actividad periodística y se ha convertido en una zona de silencio.

Pero los enemigos del ejercicio libre del derecho a la información no solo forman parte del crimen organizado, pues ahora los dirigentes de los tres niveles de gobierno en el país son quienes atacan a los trabajadores de los medios de comunicación con el propósito de callarlos o de obligarlos a tergiversar la información o a que la ajusten a su interés político.

Por ello, el trabajo periodístico es sumamente peligroso, sobre todo cuando, como en Guerrero, los reporteros o analistas carecen de recursos suficientes de protección, su situación laboral es muy precaria, enfrentan numerosos retos para el ejercicio de la libertad de expresión y enfrentan el riesgo de sufrir ataques físicos de parte de las autoridades civiles, los policías, las fuerzas armadas y los grupos criminales.

Ésta es la realidad que viven los periodistas de Guerrero quienes, como opinó Sergio Ocampo Arista, deben unirse para exigir a las autoridades (federales, estatales y municipales) y a los dueños de los medios de comunicación que refuercen su protección física, atiendan sus denuncias de agresiones y amenazas, persigan y sancionen estos actos delictivos para que no queden impunes.

Para sobrevivir a la actual contingencia criminal que los asuela, muchos periódicos ya no publican secciones de justicia; pero esta omisión en una entidad como Guerrero, donde las muertes violentas se suscitan todos los días, peca contra la realidad y la objetividad, uno de los principios rectores del oficio.

Las causas que agravaron el peligro que enfrenta el periodismo en Guerrero son la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 y la violencia que, desde hace más de una década, afecta a Acapulco y a los principales municipios de la entidad, que a su vez han provocado el cierre masivo de negocios y, por ende, la caída de la publicidad comercial que, con la oficial, contribuye al sustento diario de las empresas de edición impresa, televisiva y radiofónica.

Actualmente, la verdad tiene un costo muy alto en Guerrero, donde hay una estrategia claramente dirigida a silenciar a la población, a controlarla, a callar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas de muchas maneras, entre las que se cuentan las amenazas de muerte, la persecución, golpes, torturas, secuestros y el asesinato.

Los trabajadores de los medios de comunicación laboran en Guerrero entre el peligro y la autocensura; porque cuando traspasan esta línea, solo quedan la muerte o el destierro; ya que cuando se mata a un reportero, se mata una historia. El gremio ha denunciado reiteradamente los ataques en su contra, pero lo ha hecho en vano, porque las autoridades de los tres niveles de gobierno y los cuerpos policiacos operan de manera coordinada con los grupos delictivos.

En pocas palabras, el periodismo en Guerrero se encuentra en declive y en una crisis de supervivencia que lo sitúa a un paso de la extinción.