Como consecuencia de lo establecido en la Constitución de Apatzingán de octubre del año de 1814, el siete de marzo de 1815 se estableció, en Ario de Rosales Michoacán, el primer tribunal mexicano independiente de la corona española, conocido como Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Fue inspirado, como la propia Constitución de Apatzingán, por José María Morelos y Pavón, bajo la idea de “que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.

Michoacán fue parte importante de la Guerra de Independencia. En ese estado se organizó ya, desde 1809, la Conspiración de Valladolid, ahí se formó Don Miguel Hidalgo y Costilla, ahí, en Charo, se comisionó a José María Morelos, quien había de continuar con la guerra libertaria hasta su ejecución en Ecatepec en diciembre de 1815. En Zitácuaro se estableció la Suprema Junta Gubernativa de América en agosto de 1811; en territorio de Michoacán se promulgó la ya mencionada Constitución de Apatzingán y se estableció el Supremo Tribunal, también ya referido, los que, junto con el incipiente poder Legislativo y el Ejecutivo, habrían de constituir en Ario de Rosales la primera capital del México independiente.

En mi calidad de diputado al Congreso del Estado y miembro de la Comisión de Gobernación, tuve la oportunidad de participar en las actividades prescritas por la ley para llegar finalmente a la elección del nuevo Fiscal General del Estado de Michoacán; pude escuchar las ponencias de 32 candidatos a ocupar el cargo y quiero dejar constancia escrita de que me impresionaron favorablemente los conocimientos y el manejo de la problemática de la impartición de justicia de todos ellos. Lamenté mucho que la ley obligara a seleccionar a solo uno de ellos, pero no quedaba otro remedio.

Durante los dos días que duraron las comparecencias de los expertos ante las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, escuché a todos los candidatos sin excepción con interés y registré lo que a mi parecer puede ser útil compartir con mis posibles lectores para que se hagan una idea de qué tanto se ha cumplido la idea de José María Morelos; cómo, pues, funciona nuestra justicia, descrita por los expertos.

Pude escuchar, según los datos proporcionados por el Centro de Estudios sobre impunidad y justicia, que México tiene el nada agradable honor de ser el primer lugar en impunidad en América Latina y el cuarto lugar mundial. Según la última encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad pública del Inegi, en Michoacán, el 77 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro y se calcula una llamada “cifra negra”, es decir, un porcentaje de delitos que no se denuncian de hasta 93.6 a nivel nacional y 93.8 para Michoacán para el año de 2016. Arguyen los michoacanos que no denuncian por: pérdida de tiempo 23.4 por ciento y desconfianza en la autoridad (que viene siendo una variante de lo anterior), un 16.1 por ciento.

En el año 2001 se cometieron 26 mil 648 delitos en el estado de Michoacán, en el año de 2018, 41 mil 840, aumentó un 57 por ciento, de los que mil 200 fueron homicidios dolosos y la impunidad por la comisión de este delito asciende a 89.67 por ciento. Los delitos del fuero común que más se cometen en Michoacán son: extorsión, robo total o parcial de vehículo, robo o asalto en calle o transporte público, fraude, y robo en casa habitación. 

El tiempo promedio para denunciar un delito en todo el país es altísimo, el denunciante pierde hasta 134 minutos; pero en Michoacán es insólito, el denunciante tiene que dedicar hasta 207 minutos en promedio, o sea, hay casos en los que se tarda mucho más. Cada agente del Ministerio Público tiene que atender 189 carpetas de investigación al año, una cada dos días sin contar días festivos y vacaciones. Solo el 4.46 por ciento de los delitos reportados tiene una sentencia condenatoria. El presupuesto para la PGJE en 2013 era de 587 millones 666 mil 668 pesos; en 2019 será de mil 174 millones 132 mil 104 pesos, un incremento de 99.8 por ciento; es la décima segunda fiscalía más cara del país.

Son, repito, aunque no cite a cada uno de ellos de manera personal, datos de los expertos sustentados en estadísticas oficiales. No omito agregar que una buena parte de los abogados que se presentaron eran abogados postulantes y una buena proporción de ellos manifestó que tenía que dar dinero a los empleados de la procuraduría para que sus asuntos caminaran. Alguien, incluso, aseguró que la hoy extinta Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán era considerada por la población como la más corrupta y temible de todas las dependencias del gobierno del estado, por sus injusticias y procedimientos. En pocas palabras, alguien dijo: a los delincuentes se les trata como víctimas y a las víctimas como delincuentes.

Es evidente, pues, que existen problemas muy graves y que el nuevo Fiscal General tiene ante sí el reto de mejorar sustancialmente el servicio. No obstante, a mí me interesa en esta ocasión opinar acerca de qué tantas posibilidades tienen el nuevo Fiscal de Michoacán, el Fiscal Federal y demás que se están nombrando en todas las entidades federativas, de convertir con su trabajo a México y a Michoacán en sociedades verdaderamente seguras y confiables para sus habitantes.

El hombre no nace delincuente, salvo algunos individuos con trastornos de salud en el cuerpo o en el cerebro o en ambos que, por lo demás, son casos excepcionales, verdaderamente minoritarios, que no harían necesaria ningún tipo de fiscalía, sino solamente uno que otro hospital especializado. “Dos linajes hay en el mundo –escribió Cervantes en su Quijote inmortal– que son el tener y el no tener”. Precisamente por eso, el aspecto central, la esencia de todo el complicadísimo ropaje de la ley en las sociedades como la nuestra tiene, como aspecto central y fundamental el problema de la propiedad, sin el cual perdería razón de ser y existir. En consecuencia, a medida en que se agudiza la diferencia entre unos y otros, mientras los que tienen son más pocos y tienen más y los que no tienen son más y tienen menos, los variadísimos conflictos, que en última instancia se remontan a la propiedad, se vuelven más graves y más numerosos.

Eso es lo que está pasando en nuestro país. Desde hace 35 años más o menos, la injusta distribución de la riqueza, la brecha entre los más ricos y los más pobres se abre y profundiza cada vez más. Estamos entre los países más desiguales del mundo. Datos proporcionados por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, indican que en Michoacán hay cuatro millones 636 mil 713 habitantes, de los que dos millones 565 mil 362 viven en la pobreza, una buena parte de la población económicamente activa (PEA) no tiene un empleo formal y tiene que ganarse la vida haciendo cualquier cosa y casi siempre en la calle, para México, el 55 por ciento de la PEA, para Michoacán, el 69. Éstas vendrían siendo las explicaciones de por qué las cárceles están llenas de pobres y muchas de ellas sobresaturadas.

¿Mejorarán las cosas con la nueva administración federal? Con el programa político y económico hasta ahora anunciado, no. Como todos sabemos, el aspecto fundamental de su plan de gobierno consiste en el combate a la corrupción y la austeridad en el gobierno; si suponemos (soñando un poco) que la corrupción en las nuevas fiscalías se acaba o se reduce a su mínima expresión, ello no cambiaría la composición de clase de los que cometen delitos y son sancionados por ellos; los delitos se originan y desarrollan en un ambiente de pobreza y descomposición social. Muy poco aventajaría un desocupado con que lo detuvieran agentes honestos y austeros y lo juzgaran jueces incorruptibles; de cualquier manera, sería víctima de una sociedad extremadamente injusta que le niega todo. ¿Y las ayudas personales directas a los beneficiarios que también anuncia el Gobierno Federal? Tampoco mejorarán la situación; se trata de la misma estirpe de Progresa, Oportunidades y Prospera, programas multicelebrados en su época que, mientras operaban, no pudieron impedir que la pobreza nacional creciera incontenible y, como se ve, la delincuencia en las calles y el pobrerío en las cárceles.