En días pasados creció la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pierda la autonomía que logró construir durante más de tres décadas –de 1990 a la fecha– y que vuelva a servir a los intereses de un mismo partido político en el gobierno, en este caso el liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta posibilidad se abrió el pasado tres de abril de 2023, cuando Guadalupe Taddei Zavala tomó posesión como nueva Consejera-presidenta del INE después de haber sido propuesta por AMLO a pesar de los múltiples cuestionamientos de la oposición porque no garantizaría la imparcialidad requerida para el desempeño de ese cargo.

La propia Taddei Zavala pareció confirmar esta suspicacia cuando declaró que “hay un clamor de la sociedad sobre el costo de la democracia” e invocó uno de los argumentos centrales de la Reforma Electoral promovida por el Presidente: que el INE cuesta mucho.

Posteriormente, en una entrevista que presentó al portal Sin Embargo, anunció que se bajará el sueldo como lo hizo el Presidente en 2019, aunque destacó que no exigiría hacer lo mismo a los demás consejeros.

“Hay que hacer lo que la ley nos manda, nos dicta. Y si ésa es una regla dentro de las leyes que se generan a partir de la austeridad republicana, pues hay que acatarla. Nos toca estar en este tiempo; y en este tiempo eso es lo que hay que hacer”.

Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por buzos, ni ella ni cualquier otro integrante del Consejo General del INE podrán hacerlo al menos en este año, debido a que el gasto de este organismo está definido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2023) y éste tiene rango de ley.

La misma Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), promovida y aprobada por la mayoritaria parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión en noviembre de 2019 –con la que AMLO ha ejecutado recortes al presupuesto de otras dependencias– no fue aplicada a los 11 consejeros del INE porque ya estaban en funciones; y las nuevas leyes no pueden ser retroactivas, es decir, no pueden ser aplicadas sobre actos legales anteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La LFAR, publicada el 19 de noviembre de 2019, se creó con la intención de reducir todos los sueldos de servidores públicos del Gobierno Federal para que ganaran menos que el Presidente de la República.

El Consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien fuera electo por la Cámara de Diputados el tres de abril de 2014 para una gestión de nueve años –hasta el tres de abril de 2023– así como el resto de los integrantes del Consejo General, en 2022 tenía un sueldo de 177 mil 858 pesos mensuales, contrario a los “austeros” 121 mil 549 pesos mensuales que AMLO se asignó en el PEF 2019 para cumplir con uno de sus compromisos de campaña electoral.

A decir de especialistas, la nueva presidenta del INE no puede bajarse el sueldo por decisión propia; y al menos durante 2023 deberá percibir el mismo ingreso que tenía asignado Lorenzo Córdova, conforme a lo dispuesto en el PEF 2023; para que haya un cambio, éste tendría que ser aprobado previamente por el Congreso de la Unión a finales de este año, cuando se discuta y apruebe el PEF 2024.

La impugnación

Mientras Guadalupe Taddei rendía protesta como Consejera-presidenta del INE, el tres de abril de 2023, el Partido Acción Nacional (PAN) presentaba un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que impugna la designación de Taddei y del consejero Jorge Montaño Ventura, dos de los cuatro integrantes del Consejo del INE que tomaron posesión en esa misma fecha.

Raymundo Bolaños Azócar, director general Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, señaló que Taddei Zavala “no cumple con la idoneidad que requiere el cargo de consejera del INE por sus nexos políticos con Morena, los cuales suponen una condición permanente de impedimento de la imparcialidad que se amerita”.

En su demanda, el PAN señala que Taddei tiene “vínculos familiares” con diversos funcionarios públicos morenistas: “Pablo Daniel Taddei es director de la empresa creada por el gobierno federal LitioMX; Jorge Luis Taddei Bringas es subdelegado y representante del gobierno federal en Sonora; Ivana Celeste Taddei es diputada local de Sonora; Luis Rogelio Piñeda Taddei, director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora; y Jorge Francisco Piñeda Taddei, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, entre otros familiares”, indica el PAN. Desde que AMLO nombró a Pablo Taddei Arriola como director de la empresa estatal Litio Mx, el 1º de septiembre de 2022, se han ventilado en medios los nexos de la familia sonorense Taddei con el gobierno de la 4T y Morena, en los que se incluye ahora a la nueva presidenta del INE.

La impugnación blanquiazul también señala que Jorge Montaño Ventura, maestro en derecho constitucional, quien también tomó posesión como consejero del INE el tres de abril, desde el cuatro de enero de 2021 se desempeñaba como fiscal de delitos electorales del estado de Tabasco, donde también fue magistrado presidente del Tribunal Electoral y se le vincula políticamente con el exgobernador y actual Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El recurso legal interpuesto por los panistas reclama, además, que el Comité Técnico que evaluó a los aspirantes a consejeros en la Cámara de Diputados debió rechazar la postulación de Montaño para consejero del INE porque los requisitos prohíben esta aspiración a quienes en el pasado reciente hayan sido titulares de las fiscalías General de la República o estatales.

Al cierre de esta edición, las reformas a seis leyes electorales secundarias aprobadas por legisladores de Morena e integradas en el llamado “Plan B” del Presidente, se encontraban suspendidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sometidas a análisis jurídico debido a que suponen violaciones a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, según las múltiples impugnaciones presentadas en su contra.

Y mientras la SCJN hace esta revisión, la legislación electoral sigue vigente y la nueva presidenta del INE tendrá al frente un dique de contención legal en el desempeño de su trabajo independientemente de su afinidad política personal con AMLO y Morena.

Si el “Plan B” es declarado válido, la nueva titular del INE coordinará los trabajos de la institución conforme a esas nuevas leyes (modificadas a modo) cumpliendo con los intereses políticos de AMLO, Morena y sus candidatos comunes con sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

De cualquier modo, como han indicado los especialistas, AMLO tendrá la alternativa de retomar sus antiguas estrategias políticas para “reventar” elecciones futuras con su manido argumento de que “hubo fraude electoral”, como se prevé que lo haría si Morena perdiera la Presidencia de la República en 2024.

Como aseguró recientemente a este semanario la politóloga Érika Granados Aguilar: el Presidente sigue una ruta de “ganar o ganar”: por lo que es previsible que si el “Plan B” es avalado por la SCJN, el veredicto será que ésta actuó con justicia; pero si aquél es declarado inconstitucional, la Corte será descalificada como “conservadora y corrupta”.

“Que nadie se extrañe si para el proceso del año 2024 se vea todo un desorden y se acuse de un fraude electoral, que el Presidente diga que precisamente está pasando eso, porque él quería hacer una reforma electoral y no se le permitió; y ésas son las consecuencias”, expresó hace unas semanas a buzos la maestra Granados, funcionaria y académica en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La tómbola

Los cuatro nuevos consejeros del INE fueron seleccionados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, formada por los coordinadores de cada grupo parlamentario; aunque el último recurso legal previsto para elegirlos es una tómbola, a la que debió recurrirse la madrugada del 30 de marzo de 2023, luego de que el mayoritario Morena y los grupos parlamentarios de oposición no llegaron a un acuerdo con base en el diálogo.

Fue esa la forma en que Guadalupe Taddei Zavala, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza sustituyeron a los consejeros salientes: el Consejero-presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Margarita Favela y José Roberto Ruiz.

Taddei Zavala es licenciada en administración pública por la Universidad de Sonora; de 2003 a 2014 se desempeñó como funcionaria local del Registro Nacional de Electores (RNE) y en 2015 como Consejera-presidenta del Instituto Electoral en Sonora (IES) y del Instituto Sonorense de Transparencia (IST).

Además de los impugnados Taddei Zavala y Montaño Ventura, los otros dos consejeros que tomaron posesión fueron Rita Bell López Vences, maestra en dirección y gestión pública, exconsejera electoral en Oaxaca, extitular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y del Departamento de Protección de datos Personales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Estatal (CTAIE); y Arturo Castillo Loza, maestro en sociología, extécnico de actualización cartográfica y vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en el INE.

Una de las violaciones más recientes del Presidente a la Constitución en materia electoral se produjo cuando la SCJN suspendió las reformas a las seis leyes secundarias contenidas en su “Plan B”; y en su mañanera del 27 de marzo de 2023 anunció que para contrarrestar esta acción judicial tenía previsto un “Plan C” que consistiría en llamar a votar contra la oposición:

“Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación; ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, afirmó el Presidente violando abiertamente el Artículo 134° de la Constitución, como lo determinó el 30 de marzo de 2023 la Comisión de Quejas del INE poco antes del cambio de cuatro de los 11 integrantes de su Consejo General.

Y como los procesos electorales en Coahuila y el Estado México estaban abiertos, esa misma comisión del INE ordenó retirar esa parte de la conferencia mañanera de las redes sociales al considerarla violatoria del Artículo 134° Constitucional; ya que vulneraba las condiciones de equidad en esos comicios locales, cuyas campañas de proselitismo para elegir gobernadores y otros cargos de elección empezaron formalmente el dos y el tres de abril y concluirán el 31 de mayo; ya que las votaciones se realizarán el cuatro de junio de este año.

Un INE débil y a modo

En la mesa de análisis Perspectivas sobre la Reforma Electoral en México, organizada el 13 de junio de 2022 por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), académicos, investigadores y especialistas en política electoral advirtieron que el paquete de reformas en esta materia impulsadas por AMLO, era en realidad una acción política destinada a disminuir la autonomía y las capacidades operativas del INE para beneficiar a Morena y sus candidatos.

El operativo para frenar legalmente al INE inició en 2022 con la promoción de varias reformas a las leyes electorales de distinto nivel político que, en la medida que fueron rechazadas por los diputados de oposición, fueron denominadas por el Presidente como “Plan A”, “Plan B” y “Plan C”, paulatinamente.

En la primera, que era de nivel constitucional, los legisladores de Morena y sus aliados PT y PVEM únicamente lograron reunir los votos suficientes para una mayoría simple y no pudieron acceder a las dos terceras partes de la votación requerida para una Reforma Constitucional.

Luego de este fracaso recurrieron al llamado “Plan B”, que consistió en un paquete de iniciativas de reforma a seis leyes secundarias, dos expedidas en diciembre de 2022 y cuatro en febrero de 2023, y que tienen como objetivo debilitar al INE; pero cuyo contenido contraviene a la Carta Magna, según han denunciado partidos de oposición, académicos e investigadores especializados y analistas políticos.

Al cierre de esta edición, la SCJN se encontraba analizando las denuncias sobre su presunta inconstitucionalidad. El 12 de abril de 2023 había previsto emitir un decreto en torno a si se conservaba o no la suspensión del “Plan B” que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán sobre el primero de los dos paquetes de reformas a seis leyes secundarias, el cual integra modificaciones a dos de las cuatro leyes reformadas: la de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.

El pasado cuatro de abril, la SCJN admitió a trámite un recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que busca derribar las impugnaciones presentadas contra las reformas contenidas en el “Plan B”, y para que se apliquen a la mayor brevedad.

Según la Constitución, para que una reforma electoral se aplique en unas elecciones, debe estar debidamente aprobada y publicada, además de ser avalada por la SCJN 90 días antes del inicio de un proceso electoral que, en el caso de la sucesión de 2024 cae el 23 de junio de este año, ya que sus primeros trabajos comenzarán en septiembre próximo.

El paquete de reformas electorales de AMLO propone el recorrido del inicio del proceso electoral de septiembre a la tercera semana de noviembre.

En total se han presentado nueve acciones de inconstitucionalidad, de las cuales seis se habían aceptado a trámite; 162 controversias constitucionales, de las cuales 90 habían sido admitidas para su revisión; cuatro recursos de reclamación en acciones de inconstitucionalidad y 49 recursos de reclamación en controversias constitucionales.

La doctora María Eugenia Valdés Vega, investigadora del área de procesos políticos de la UAM-Iztapalapa, comentó a buzos que “el INE es una institución muy importante que se ha ganado la confianza de la ciudadanía; pero hay que cuidarla, incluso de quienes la dirigen, y también del Presidente, claro, porque se desboca a veces. No sé qué vaya a pasar con el ‘Plan B’… Algunas medidas son correctas, yo las apoyaría, otras no… Esperemos a ver lo que la SCJN dictamina”.