Más de setenta embarcaciones siguen varadas, hundidas y semihundidas desde hace siete meses en la Bahía de La Paz, Baja California Sur (BCS), derramando residuos sólidos y líquidos contaminantes que están dañando su ecosistema, denunciaron activistas sociales.

Esta situación fue provocada el 21 de octubre de 2023, cuando el huracán Norma azotó esa región costera del Golfo de California, donde el mayor desastre se produjo entre las unidades navales de menor dimensión: veleros, yates, lanchas, catamaranes y trimaranes.

Activistas ambientales responsabilizaron de las posibles consecuencias a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a las autoridades municipales y al gobierno del estado de Baja California Sur.

“Ahí están, con gasolina; las baterías tienen mercurio. Eso generará un grave problema para todas las especies. Los derrames de hidrocarburos, residuos sólidos y otros líquidos contaminantes que los barcos derraman en el área pueden dañar considerablemente el ecosistema marino”, alertó uno de los activistas.

La Secretaría de Marina (Semar), en respuesta a una solicitud de información realizadas por buzos registrada con el folio 330026624000486, explicó que las embarcaciones afectadas por el huracán Norma el año pasado fueron 73: cinco lanchas, 10 yates, 47 veleros, nueve catamaranes y dos trimaranes.

El documento detalla que todas las naves han sido revisadas; que 14 están varadas, una semihundida, dos hundidas completamente; que 56 han sido reparadas, 13 aún no han sido reclamadas, y que, hasta ahora, sólo 31 propietarios han sido identificados.

En octubre del año pasado, el titular de la Semarnat, Raúl Rodríguez Quintana, anunció que las embarcaciones serían retiradas en un plazo máximo de tres meses; pero que ha pasado más de un semestre y aún generan riesgos ambientales e implicaciones legales para los dueños. 

En enero de 2024, tres meses después del embate de Norma, el Secretario General del municipio, Jorge Pavel Castro Ríos, reconoció públicamente que no se había realizado un conteo ni el análisis técnico exhaustivo de las naves destruidas halladas en la bahía. 

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, responsabilizó de tal negligencia a la Profepa y la Semarnat: “Creo que las autoridades ambientales deben resolver este problema que corresponde a la Federación, desde luego”. 

Respecto a la magnitud de los daños y la ausencia de muchos dueños, el gobernador reiteró que las instituciones federales deben recurrir a las aseguradoras para ubicar a éstos, e insistió en que el rescate de las naves también es su responsabilidad, porque sería muy costoso para los gobiernos estatal y municipal. 

Ante la inactividad gubernamental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dirigido por Mario Sánchez-Castro, presentó una denuncia ante la Profepa, que se registró en el expediente PFPA/10.7/2C.28.2/0140-23, en la que exigen la activación del Plan Nacional de Contingencia de Hidrocarburos, al existir el riesgo de que los derrames de combustibles contaminen el ecosistema marino de la Bahía de La Paz.

Sin embargo, Andrea Marcela Geiger Villalpando, titular de la Profepa en BCS, descartó esta posibilidad y afirmó que la Semar y la Capitanía de Puerto trabajan en la localización de los dueños de las embarcaciones, tarea que se les dificulta, porque muchos son extranjeros. 

Las asociaciones civiles y el gobierno estatal coinciden en que los propietarios retiren las embarcaciones mediante las aseguradoras. “Algunas de ellas ya ni sirven; y no tenemos la capacidad para sacarlas con una grúa marina. Debe buscarse una solución con las autoridades ambientales federales”, agregó.

Según la funcionaria, las naves no plantean un problema de seguridad, ni un riesgo ambiental, pero sí uno de contaminación visual. “Ahí vemos las embarcaciones; nos estamos acostumbrando a lo feo, y no debería ser así. No están causando daños a la bahía, a ninguna; pero, de todas maneras, sería conveniente que fueran retiradas”.

Geiger Villalpando explicó que la Profepa no tiene grúas marinas disponibles para remover las naves; y que esta tarea recae en la Secretaría de Marina (Semar) pero que, a pesar de la estrecha colaboración para resolver el problema, ambas tienen limitaciones para efectuarlas.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno del Estado, Saúl González Núñez, advirtió que las maniobras para retirar las embarcaciones conllevan un alto costo económico que las autoridades locales no pueden asumir.

Entre éstas, citó la falta de un patio o marina seca adecuada para reubicar las embarcaciones; y reiteró que los propietarios de las embarcaciones, especialmente los inscritos a seguros, deben convalidar sus pólizas para cubrir los costos de remoción.

Ciudadanos le entran

Con la temporada de huracanes ya activa, las autoridades anunciaron el retiro de embarcaciones; pero hasta el cierre de esta edición, tales operaciones no se habían iniciado; y esto ha propiciado la movilización de organizaciones civiles de La Paz.

El grupo de activistas Metiches por Naturaleza y las asociaciones Súper Cívicos, Mar Libre y Callejúes lanzaron la iniciativa “Hay que mover el bote” para presionar a las autoridades a remover las naves varadas y hundidas.

Arturo Hernández, uno de los promotores, afirmó que las autoridades federales eluden su responsabilidad; y que deberían actuar pronto porque estas unidades representan “una bomba de tiempo en el mar”.

“Ahí están, con gasolina. Las baterías tienen mercurio; eso producirá un grave problema para todas las especies. Los derrames de hidrocarburos, residuos sólidos y otros líquidos contaminantes que los barcos derraman en el área, pueden dañar considerablemente el ecosistema marino”.

Hernández denunció que, hasta ahora, las autoridades competentes no han emitido un informe técnico claro sobre los posibles riesgos de contaminación generados por las naves encalladas y se han limitado a “embellecerlas” para que no sean un contaminante, sino un atractivo visual.

El secretario de gobierno del municipio de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, aseguró que, en los próximos días, serán retiradas y reubicadas 20 de las unidades, de las cuales dos están varadas en la IV Región Naval, una en Mogote, dos en 5 de Febrero, cuatro en el Malecón, tres en Estrella del Mar, una en Marina Cortez y siete en El Conchalito.

“Estamos logrando una colaboración para ya empezar a remover algunas embarcaciones de la Bahía de La Paz con Capitanía de Puerto, trasladándolas al relleno sanitario o a algunos lotes temporalmente para que los dueños los puedan recoger después. También estamos comenzando una política pública de limpieza en la Bahía de La Paz”, añadió Castro Ríos.

El director general de API-BCS, Narciso Agúndez Gómez, reportó que la aceleración de estos trabajos obedece a las acciones preventivas contra los posibles efectos negativos de los huracanes; y aclaró que únicamente tres unidades se encuentran en su polígono; y que solamente la Capitanía de Puertos tiene facultades jurídicas para remover las naves.

“Son embarcaciones que ya son basura. Son de procedencia extranjera, llegan y se fondean en el malecón sin pedir permiso, y es parte del descontrol que existe actualmente”, agregó, y destacó que el gobierno estatal buscará evitar que se abandonen naves en la bahía de La Paz en el futuro.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), alertó que se ha alargado la remoción de las embarcaciones inexplicablemente; que la falta de control de las embarcaciones sobre la bahía provoca que algunos barcos permanezcan bajo el agua durante varios años.

El mayor desafío se halla en la identificación de los propietarios de las embarcaciones, ya que no existe un registro claro; y para la Capitanía de Puerto, resulta difícil responsabilizar a las personas que las abandonan cuando encallan o se hunden.

“Es muy difícil que encuentren al responsable; y quien paga los trastes sucios es el gobierno mexicano”, en específico la Semar, ya que la responsabilidad de retirarlos pertenece a su personal, precisó Olvera.

Aseguró también que este problema no es exclusivo de La Paz; y citó los desastres a mayor escala provocados en 2005 por el huracán Wilma sobre Cancún, entre ellos la destrucción de numerosas embarcaciones abandonadas que generó un grave problema de contaminación; y que la Semar debió removerlos.

La Ley de Navegación y Comercio Marítimo es clara respecto a la responsabilidad que la Semar tiene en estos casos; pero la falta de control efectivo de las naves y la ausencia de registros detallados sobre sus propietarios, le complican la tarea de localizar a éstos.

El activista recordó el caso del barco Fortius, que el 12 de agosto de 2022 se incendió en la playa Balandra y el derrame de su combustible causó un desastre en el ecosistema de esa área; el barco sigue hundido a pesar de los esfuerzos que se han hecho para removerlo.

“Sacar una embarcación hundida no es nada fácil. Este barco se ha movido de un lado para otro; y ahora continúa hundido un poco más lejos. A pesar de que se tiene identificado al culpable, se desconoce si tuvo las implicaciones legales correspondientes”, precisó.

Para enfrentar este problema recurrente, Olvera ha propuesto la creación de un fondo especial financiado por los propietarios de embarcaciones para cubrir los costos de la remoción de naves, en los casos que no sean localizados. Esta medida mitigaría el gasto de las instituciones públicas.

Implicaciones legales 

Astrid Karam Enríquez, vicepresidenta de Marine Cargo & Logistics en Marsh, empresa consultora global en riesgos y seguros, demandó que si no se retiran las embarcaciones encalladas o hundidas habrá consecuencias legales relevantes.

Según lo dispuesto en el Artículo 167° del Capítulo IV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la autoridad marítima está facultada para intervenir cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, cargamento u otro objeto se convierten en un peligro para la navegación y el medio ambiente marino.

Esta legislación establece que las empresas navieras y los propietarios individuales deben dotar a sus embarcaciones con señalizaciones e instrumentos necesarios para repararlas y mantenerlas limpias y poder eliminar riesgos de accidentes y afectaciones al medio ambiente marino.

Cuando los dueños la infringen, se abre un plazo de tres meses para cumplir el requerimiento a partir de la notificación; durante el proceso de reparación deben informar sobre los avances o las dificultades; y si incumplen, se exponen a sanciones administrativas, a la inmovilización y al hundimiento.

El Artículo 168° establece que, si el objeto hundido o varado no representa un peligro inminente para la navegación, el propietario dispondrá de un plazo de seis meses para removerlo a partir de la fecha del siniestro.

Karam Enríquez explicó que cuando una embarcación obstruye vías navegables, puertos u otras áreas marítimas, el propietario puede ser considerado responsable de los daños causados a otras embarcaciones, infraestructuras o propiedades.

Además, si la embarcación transporta sustancias peligrosas y las derrama, el propietario es responsable de los costos de limpieza y remediación. En ambos casos, las autoridades y terceros pueden demandarlo.

“Ahí radica la importancia de que los propietarios de embarcaciones tomen las medidas necesarias para retirar las unidades hundidas de manera oportuna y adecuada, en cumplimiento de las regulaciones y leyes aplicables, y para minimizar los riesgos de contaminación y responsabilidad legal”.

En las gestiones para superar estos riesgos resulta fundamental la colaboración público-privada, ya que las autoridades tienen la responsabilidad de exigir a los propietarios y las aseguradoras que cumplan sus compromisos establecidos en los contratos concertados.

Finalmente, la experta recomendó a los propietarios de embarcaciones que consulten a expertos en navegación y consideren las situaciones específicas y tipo de embarcación.