A más de dos años del “acto de justiciaˮ, el “cambio verdadero y nada de simulaciónˮ que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció, el 11 de enero de 2019, a las personas con discapacidad; hoy el 90 por ciento de esta población se encuentra desvalida y olvidada.

En México hay 20 millones 838 mil personas con alguna limitación en sus actividades cotidianas, discapacidad física o mental, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020, cifra equivalente al 16.5 por ciento de la población total y que casi triplicó la contabilizada en el censo de 2017 (7.1 millones).

Para algunos investigadores, este incremento exponencial se debió a la mala aplicación de las encuestas, debida a la falta de capacitación durante su ejecución o un mejor análisis de los datos recabados. Sin embargo, al margen de las inconsistencias en las cifras, el común denominador que afecta a estas “minorías” es el tratamiento discriminatorio que se les da en cuanto a “apoyos”, siempre insuficientes.

“Desde el 16 de marzo de 2019 pasaron a mi casa a entregar la tarjeta, le tomaron foto a Chuchito, tomaron un video de agradecimiento al Presidente y me dijeron que en 15 días se iba a activar la tarjeta; hice todos los pasos que me dijeron y hasta la fecha no me llega el recurso”, platica a buzos la señora Blanca, abuela de Jesús, un adolescente de 17 años con parálisis cerebral y daño psicomotor severo.

La pandemia vino a agravar la situación económica, de por sí difícil, de muchas familias como la de Chuchín, pues la mayoría de las jefas de hogar perdieron su empleo de medio tiempo con el que cubrían las necesidades de sus familiares. “Le he tenido que poner playeras en lugar de pañales, porque ya no tenemos para comprar más”, comenta la señora Blanca.

“La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un acto de justicia que beneficiará a un millón de niñas y niños”, anunció el Presidente durante su Primer Informe de labores, en el que indicó que este único programa destinado a este sector de la población contemplaba la entrega bimestral de dos mil 700 pesos, (45 diarios) cantidad 50 por ciento menor a la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, que se entrega cada mes.

La pensión para personas con discapacidad solo se deposita a individuos de 0 a 29 años de cualquier región de México y a adultos de 30 a 67 años que viven en zonas rurales. La Secretaría del Bienestar (SB) ha reconocido que en dos años únicamente se han entregado 850 mil apoyos; esta dependencia tiene el objetivo de beneficiar a un millón de personas, es decir, solo ha atendido al 10 por ciento de la población con discapacidad.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destaca en su informe de Evaluación de Diseño con Trabajo 2020 que “es la única intervención federal que brinda un apoyo económico directo a este grupo poblacional, sin embargo, no logra reflejar, en sus diferentes instrumentos normativos, de forma clara y consistente el problema que se busca atender, los objetivos que espera conseguir y los criterios de priorización de su población objetivo”.

Para las defensoras de los derechos humanos de esta población, como es el caso de Katia D´artigues, lo hecho por AMLO representa un retroceso grave, pues “el mayor presupuesto para las pensiones de Bienestar” resulta ser una cantidad mínima para muy pocos y no llega a todos los supuestos beneficiados.

La política de “austeridad” del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) afectó a las dependencias federales y a los programas destinados a las personas con problemas de ingreso, entre ellos el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) que, desde diciembre de 2018, a la fecha no cuenta con un titular que proponga y defienda la política de inclusión.

Pero esta carencia no es su único padecimiento, ya que en dos años se le redujo su presupuesto; en 2021 dispone de solo 32 millones de pesos (mdp) y tuvo que reducir su plantilla laboral. También suspendió relaciones con las organizaciones o asociaciones civiles especializadas en la atención de personas con discapacidad debido a que no requiere “intermediarios”.

Otra dependencia en situación similar es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que tampoco tiene titular desde que Mónica Maccise presentó su renuncia luego de que AMLO, en junio de 2020, sugirió desaparecer el organismo pues “no lo conocía”. Su presupuesto se redujo de 161.9 millones de pesos a 138.2 mdp en 2021.

La inclusión del transporte público adecuado a las necesidades de esta población que, para desplazarse, debe pagar transporte privado en el mejor de los casos, es fundamental. Sin embargo, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público (Fotradis), que disponía de 500 mdp y era subsidiado por el Gobierno Federal y los 32 gobiernos estatales, se eliminó sin ninguna explicación ni justificación.

“Si las ciudades estuvieran adaptadas; si no nos tuviéramos que preocupar por el transporte, esa beca sería un apoyo tal vez para una terapia”, asegura Marialú Castro, activista e integrante de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C.

“Es indignante que cuando hay alguna iniciativa que tenga un impacto presupuestal significativo para las personas con discapacidad, los diputados de Morena, que son mayoría, no lo autoricen porque el presupuesto viene del Ejecutivo con las prioridades del Ejecutivo” comenta la diputada Laura Barrera Fortoul, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en San Lázaro.

La discapacidad es cara

Jesús Rojas tiene ocho años y nació con parálisis cerebral, epilepsia e hidrocefalia. Depende absolutamente de su mamá y de un medicamento que debe adquirir cada 15 días y que cuesta mil 600 pesos. Ninguno de los integrantes de su familia cuenta con seguro social y la compra de éste les resulta muy complicada.

El niño ha recibido terapias en fundaciones privadas, pero éstas operan con ciertos límites y, desde 2019, no ha recibido la pensión del Bienestar porque su madre fue asaltada y le robaron la tarjeta, y no la han repuesto, pese a que los “Servidores de la Nación” han comprobado que Jesús vive y la necesita.

En su II Informe de Gobierno, el Ejecutivo Federal presumió la cobertura del servicio de salud gratuito para toda la población mexicana, pero la realidad lo desmintió inmediatamente. De los más de 20 millones de personas con discapacidad, solo 15 millones cuentan con afiliación en algunos servicios de salud. El resto está fuera. La institución con más afiliados es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con más de cinco millones.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 se destinaron 51 millones 711 mil 239 pesos para el programa de Atención a Personas con Discapacidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual solo atiende a casi un millón y medio de personas de este sector.

“Mi niño es muy espásmico, requiere mucho masaje y en este último año se ha privado de varias terapias, cada una cuesta 500 pesos por 40 minutos. La chica que atiende a mi Chuchín es buena persona y nos la da con descuento, pagamos 300 pesos. Él recibe dos terapias a la semana, son 600 pesos. La discapacidad sí es cara”, asegura Blanca, quien está dispuesta a acudir a Palacio Nacional, junto a otras madres de niños con discapacidad a las que tampoco ha llegado el apoyo.

La carencia de un buen diagnóstico de la atención que brindan las pocas instituciones especializadas, la insuficiencia de recursos públicos y ahora los recortes presupuestales a los servicios de salud han agravado la vulnerabilidad de este sector y ha disminuido la capacidad de atención de las organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a las personas con discapacidad.

Éstas, como Chuchín, necesitan terapias de rehabilitación constantes, pero para el actual gobierno esto no es prioritario, como quedó demostrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF), en el que asignaron al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) solo 164 mdp, presupuesto casi 10 veces menor a los mil 320 millones 757 mil pesos que tuvo en 2019.

En el país hay 120 centros de rehabilitación integral y mil 600 unidades básicas de rehabilitación en estados y municipios donde se ofrece atención complementaria con un costo de recuperación. A estos centros se les recortó también el presupuesto, y la mayoría sobrevive con los recursos locales.

“Las personas con discapacidad sobreviven en un país que los ha dejado en lo último de sus prioridades. Este recurso está lejos de ser suficiente”, advierte Barrera Fortoul, exdirectora general del sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF-nacional) en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Cuando el Presidente da este mensaje de ‘primero los pobres’ queda en deuda. Él está dejando a las personas con discapacidad fuera, porque no está viendo esta interseccionalidad, no está garantizando ni el acceso a la salud, a la educación, acceso a transporte público y está haciendo que estas desigualdades y brechas se profundicen más”, reclama Margarita, fundadora de Familias y retos extraordinarios A.C., quien presentó una solicitud a la Secretaría de Salud (SS) el pasado 12 de marzo para que las personas con discapacidad y sus cuidadoras fueran incluidas en la primera fase de vacunación. Les avisaron que en junio les darían una respuesta.

“Hemos logrado, a través del Consejo de la Judicatura Federal, que los servicios de salud se otorguen de manera gratuita, aplicando la ley, lo que las personas con discapacidad necesitan porque la salud es un derecho. Éste es el único espacio que hemos encontrado para garantizar los derechos de nuestros hijos. El Estado nos ha puesto aquí”, lamentó la luchadora social.

Hay que elegir entre educación y comida

Doña Guadalupe explicó a buzos que una persona con discapacidad enfrenta muchas dificultades para recibir educación especial, ya que en las escuelas públicas no hay condiciones adecuadas: “Tuve que elegir entre darle educación o dar de comer a mi hijo. La verdad no nos alcanza con lo que gana mi marido en el taxi. Yo vendo una que otra cosita, busco trabajitos que me permitan estar al pendiente de mi hijo y así poder ir sacando lo de la semana”.

Actualmente no existe una beca educativa para niños y jóvenes con discapacidad. La Secretaría de Educación (SEP) ni siquiera cuenta con un padrón que detalle la situación educativa de este sector. Antes de la pandemia, la SEP tenía recursos para que los centros escolares contaran con rampas, otros espacios de atención a infantes con problemas físicos y materiales didácticos especiales como el sistema braille o el lenguaje de señas. Hoy esos gastos no están contemplados en el presupuesto de la SEP.

“Por nuestra cuenta tuvimos que buscar una fundación para que le enseñaran lectura en braille porque ninguna autoridad nos ha ayudado. Hemos buscado al Ayuntamiento, con el gobierno del estado de Veracruz, pero siempre nos dicen que no hay dinero, que los municipios no avalan ese tipo de apoyos”, comentó la señora Francisca, madre de la pequeña Keiry, quien perdió la vista desde hace 12 años debido a una negligencia médica.

Los maestros de Keiry han sido sus padres, quienes también han tenido que aprender braille, pues aunque en la primaria le llegan los libros adecuados a su discapacidad visual, los maestros no se detienen en explicarle y, en las aulas, la niña se limita a escuchar. Sus padres son quienes la tienen que educar.

Uno de los programas más importantes creados en el sexenio de Felipe Calderón es el Centro de Atención de Estudiantes con Discapacidad (CAED). Tiene 291 instalaciones en la República con un presupuesto importante que este año fue reducido a menos de la mitad, lo que provocó que más de 27 mil alumnos quedaran fuera de los cursos en línea de Aprende en Casa.

La falta de recursos para los CAED los afectará también cuando se concrete el regreso a clases presenciales a mediados de 2021, que no incluye medidas especiales para los alumnos con discapacidad; por lo que se estima que quedarán en el abandono más de 600 mil estudiantes en esta situación.

En el PEF 2021 desaparecieron los programas enfocados al acceso a la educación, entre ellos, el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), aparentemente sustituido por los Programas de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) y Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE). El presupuesto de ambos, sin embargo, es 40 por ciento menor al que contaba el PIEE.

El fideicomiso para el bachillerato general en sus modalidades no escolarizada y mixta contaba con 115 mdp en 2020 y beneficiaba a un millón de jóvenes, entre ellos, 621 mil 628 con alguna discapacidad. Ahora éstos últimos perderán la oportunidad de seguir estudiando gracias al decreto presidencial que desapareció los fideicomisos sin estructura en la administración federal. Este programa afectará a jóvenes de escasos recursos, quienes incluso tendrán problemas para obtener su documentación al final de su bachillerato.

El abandono a personas con discapacidad era preocupante aún antes de la pandemia de Covid-19, y ahora se ha agravado. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid-Inegi), el 6.3 por ciento de la población entre cinco y 19 años tiene una discapacidad (2.18 millones). Esta cifra, comparada con la de 602 mil niños y adolescentes con discapacidad que reporta la SEP, evidencia que solo un 28 por ciento de los niños discapacitados están cursando algún grado de escolaridad.

El olvido a las personas con discapacidad, lejos de resolverse, se ha endurecido con el paso de las administraciones federales. El Censo de Población 2020 reportó 6.06 millones mexicanos que viven con una discapacidad y 13.47 millones que sufren alguna limitación física o funcional.

En la opinión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su atención no debe limitarse a la entrega de apoyos económicos, sino incluir una serie de políticas para propiciar su desarrollo e integración a la vida diaria. “La integración de las personas con discapacidad es una cuestión de carácter transversal que debe estar presente en todas nuestras acciones”, recomendó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (última reforma el 12 de julio de 2018), reconoce “… a las personas con discapacidad, sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio”. Pero el Gobierno Federal vigente no ha actuado a la altura de las líneas propuestas para brindar la atención adecuada a este grupo social de por sí olvidado.