En medio de las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia del Covid-19, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó a una cruzada para modificar las condiciones de operación del mercado eléctrico que prevalecen desde 2013 y que lo confrontan de manera explosiva con las empresas privadas que participan en el sector. 

De entrada, la legislación con la que AMLO intenta modificar la operatividad del sector eléctrico, se detuvo en marzo anterior, debido a que varias empresas productoras de energía renovable interpusieron amparos, situación que eleva en nivel de conflicto, cuando las compañías trasnacionales que generan energía renovable recurran a los paneles de controversia mercantil y reclamen indemnizaciones multimillonarias al gobierno mexicano.

La reforma eléctrica impulsada por el Presidente de la República busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere su posición dominante como generadora de energía en el mercado nacional; pero tal objetivo contraria lo dispuesto por la reforma constitucional de 2013, que permite la participación de empresas privadas generadoras de electricidad en un marco de libre competencia.

Las compañías trasnacionales tienen a la mano el Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá (TMEC) y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). También, de acuerdo a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamín), las empresas extranjeras pueden recurrir a las garantías establecidas en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appris).

La solución a las controversias dentro del TMEC está descrita en su Capítulo 31, donde se prevé la participación de abogados corporativos encargados de demandar a otras compañías o entidades oficiales que incumplen con las normas establecidas. La solución a la mayoría de estos conflictos favorece a las firmas comerciales que obtienen millonarias indemnizaciones contra gobiernos, ya que generalmente argumentan afectación a sus intereses financieros cuando se modifican las reglas suscritas en los contratos.

David Shields, analista especializado en el sector energético, explica a buzos: “Lo que yo veo es que este asunto se va a empantanar. Yo veo difícil que el gobierno pueda conseguir su objetivo. Todo se quedaría en una inconformidad, y trabada hasta finales de sexenio”.

“En el TMEC –explicó Shields– está descrito que se deberá impulsar la libre competencia en los mercados, evidentemente, también en el eléctrico. En el TMEC está el principio de libre concurrencia y competencia, derechos de propiedad, medio ambiente, y esos temas no se están atendiendo en la reforma que propone el gobierno a la ley eléctrica.

“Estamos viendo, por parte del gobierno, una política eléctrica que es retrógrada, y nos recuerda una época en que las empresas estatales, no solo de México, sino del mundo, llevaban las riendas de la recuperación económica, después de la Segunda Guerra Mundial (concluida en 1945); en las dos décadas siguientes, el Estado era el motor de la economía.

“Hoy en día, el Estado no es ni puede ser el motor de la economía en el mundo y mucho menos en México; pero el gobierno está proponiendo una reforma eléctrica retrógrada, improvisada, que podría generar enormes costos, y si no funciona bien el mercado, esto llevaría al país a un precipicio de un desabasto energético”.

Un costo muy alto

En el cálculo de la Concamin, el costo por el conflicto previsto podría equivaler al seis o el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, a unos 70 mil millones de dólares (mdd) para pagar indemnizaciones a empresas que se declaren afectadas por las acciones gubernamentales.

En una videoconferencia ofrecida el 10 de marzo, el presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Régulo Salinas, aseguró –tal como ocurrió luego– que varias empresas estaban listas para presentar demandas de amparo contra la aplicación de reforma eléctrica impulsada por el Presidente.

Salinas explicó que si el problema se complica, habría litigios en los paneles internacionales. “La experiencia con estos arbitrajes es que se le ordena al gobierno pagarle lo que dejará de recibir (en este caso a la firma correspondiente).

“Antes de crearse la reforma, la empresa iba a recibir utilidades en los siguientes años y por el cambio se va a afectar, por lo que se debe compensar”, esbozó Salinas, quien insistió en destacar que, en este tipo de conflictos legales, los gobiernos terminan por pagar en indemnizaciones 80 por ciento más de lo que invirtieron las empresas.

El abogado, exlegislador federal y analista Juan José Rodríguez Prats, indicó a buzos: “México no es un caso único, lo hicieron Chile, Brasil e Inglaterra, que fueron los primeros países que transitaron de los monopolios estatales al mercado eléctrico”. Agregó que en el gobierno actual se intenta “desbaratar” una estructura de mercado eléctrico que tardó décadas en construirse.

“Organizar un mercado eléctrico es tremendamente complejo. Primero, porque hay un monopolio, que es el Estado, en la transmisión eléctrica (los tendidos de redes por todo el país); entonces, organizar un mercado de un producto que se consume en el momento en que se genera es un tremendo problema. La electricidad no se puede almacenar, una vez que se mete al sistema, o se consume o se pierde”, agregó.

Rodríguez Prats, quien fuera funcionario en la CFE, explicó, además, que para conseguir una operación óptima de un mercado así se necesita fortalecer los órganos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de Competencia Económica (Crece).

El cinco de febrero de 2021, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (CCEU) advirtió que el plan del gobierno mexicano en materia de energía eléctrica se enfoca a restaurar el monopolio estatal sobre la operación del sector eléctrico, tal como funcionaba antes de la reforma energética de 2013, que lo abrió a la inversión privada.

“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del TMEC. Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México”, sostiene además el pronunciamiento de la CCEU.

Neil Herrington, vicepresidente de la citada organización empresarial para las Américas, afirmó que la nueva legislación sobre electricidad es solo la medida más reciente de un esquema de “decisiones preocupantes” asumidas por el actual Gobierno de México, las cuales han reducido la confianza de los inversionistas extranjeros, justo cuando el país más las necesita.

El empresario subrayó que para que México pueda salir de la depresión económica, la inversión privada extranjera resulta fundamental porque impulsa el crecimiento económico y la recuperación de empleos.

Además, un aumento en el conflicto, de acuerdo a los analistas, podría trastocar no solo los acuerdos comerciales sino también los compromisos ambientales asumidos por el Estado mexicano, ya que el uso de materias primas como el combustóleo y el carbón para generar electricidad –como la CFE lo está haciendo– resulta significativamente contaminante.

El diario inglés The Financial Times (FT) publicó, el 21 de enero de 2021, un artículo en el que cuestiona la política energética mexicana porque se desentiende del compromiso con la Cumbre de París sobre el control del cambio climático, el cual exige la sustitución del uso de combustibles fósiles, como el combustóleo y el carbón, por otros no contaminantes, como la energía solar y eólica.

El FT señaló también que, de manera significativa, el Gobierno mexicano no estuvo representado en la reunión de la Cumbre de París efectuada en diciembre de 2020, donde se valoraron las acciones realizadas por los países miembros contra el cambio climático. Según el artículo del diario británico, con esta actitud, el Gobierno mexicano reveló su intención de avanzar por un camino distinto al de la disminución de emisiones contaminantes.

Oleada de demandas de amparo

El nueve de marzo de 2021, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por AMLO y aprobada por la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Congreso federal.

El decreto establece que las plantas de la CFE son prioritarias en el país para la generación de electricidad y coloca en segundo o tercer plano a los generadores privados de energía renovable. La legislación aprobada, incluso, garantiza a las plantas de la CFE, que usan combustibles fósiles, el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CEE).

Además, permite la revisión retroactiva de los contratos que, a partir de la reforma de 2013, el gobierno firmó con empresas privadas para la producción de electricidad de consumo comercial e industrial, ya que el servicio público y doméstico está bajo el control del Estado y está asociado a la seguridad nacional.

Tras la publicación del decreto sobrevino una oleada de demandas de amparo promovidas por firmas, como la mexicana Bimbo y la trasnacional estadounidense Walmart, que usan electricidad producida por las plantas de generación privadas de energía renovable, la cual es de menor costo que la ofrecida por la CFE.

A mediados del mes de marzo, había una treintena de suspensiones contra el decreto, dictaminadas por los jueces federales especializados en asuntos administrativos y competencia económica, Rodrigo de la Peza López, y Juan Pablo Gómez Fierro.

El 19 de marzo, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió, de manera indefinida, la aplicación del citado decreto de reforma con base en el expediente 118/2021. Al justificar su decisión, el juzgador explicó que su objetivo fue la protección de los derechos de libre competencia en el mercado de la energía eléctrica.

El doctor Ramiro Bautista Rosas, especialista en derecho constitucional y analista político, explicó a buzos: “Lo que yo veo es esto que ha habido siempre, que es una visión formalista, muy al pie de la letra, en el sentido de aplicar la ley tal cual y los jueces que están concediendo la suspensión, lo están haciendo bajo este criterio, incluso, haciéndola extensiva a la protección de otros.

“Toman como base la cuestión de la competencia, porque se ampara uno y no solo le conceden la suspensión, sino lo hacen extensivo a otros que están en la misma circunstancia, aunque no se hayan amparado; y de esa manera se protege el principio de libre competencia.

“Creo que esto va a seguir caminando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque los jueces que están ahorita actuando son los de Distrito, de donde seguramente irá a los juzgados colegiados y, al final, hasta la Suprema Corte.

“Y ahí es donde jugará un papel importante lo que mencionaba de las dos corrientes de opinión, una en el sentido de que la ley se aplica tal cual, y otra en el sentido de que la Constitución, para ser interpretada, no basta con su interpretación estrictamente jurídica, sino que hay que ver el contexto, la historia, la situación económica, de clase, lo que signifique un avance para el país, y demás”, apuntó Bautista Rosas. 

López Obrador a la carga

El 15 de marzo de 2021 se difundió el contenido de una carta que el Presidente envió al presidente-magistrado de la SCJN, Arturo Zaldívar, en la que le solicitó una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro porque, según él, había dado una respuesta muy rápida a las demandas de amparo interpuestas por las empresas.

De acuerdo con el Presidente, las firmas amparadas “estaban alineadas con el antiguo régimen”, en el que influyeron. En su respuesta, el ministro Zaldívar sostuvo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el encargado de garantizar que los jueces federales actúen con la debida autonomía.

De gira en Coatzacoalcos, Veracruz, el 19 de marzo, AMLO se lanzó contra las empresas Walmart, Bimbo y Oxxo del grupo Femsa, porque promovieron amparos para suspender la aplicación de su reforma y aseguró que pagan menos dinero por el servicio eléctrico que los consumidores domésticos.

El mandatario las criticó además porque gozan de privilegios al producir su propia energía eléctrica mediante el uso de tecnología renovable (solar y eólica). En este caso se halla la panificadora Bimbo, que dispone de un parque eólico en Oaxaca denominado Piedra Larga.

Pudo conformar esto a raíz de la vigencia legal de la reforma energética de 2013, y en la misma situación se hallan las otras compañías industriales y comerciales citadas, que se benefician con el costo mucho menor en la producción de energía renovable, a diferencia del combustóleo y carbón que utiliza la CFE.

Sin embargo, como cualquier tipo de electricidad, no es posible almacenarla; una vez generada debe enviarse al consumidor correspondiente, lo que necesariamente se efectúa mediante la red eléctrica propiedad de la CFE, cuya utilización implica un pago por el uso del generador.

“Es un descaro, ofrezco disculpas a las dos empresas por estarlo exponiendo por darlo a conocer, pero cómo van a recurrir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería dar vergüenza. Cuántos amparos contra la ley eléctrica, pues muchos y los que se acumulen y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias siempre en el marco de la ley”, expresó el Presidente.

En este marco, AMLO advirtió que si finalmente es frenada su reforma eléctrica, promoverá otra reforma a la Constitución para revertir la que se hizo en 2013, e impedir que los empresarios privados dispongan de un mecanismo jurídico superior para producir energía.

El 26 de marzo, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, denunció, durante la conferencia de prensa matutina de ese día, que desde la reforma energética de 2013, intereses privados han buscado desaparecer a la empresa productiva del Estado que él dirige.

“Ha habido una campaña verdaderamente brutal en contra del trabajo del Presidente de la República en el área energética; desde el inicio del gobierno empezó el ataque, sabiendo que el Presidente estaba a favor de la defensa de las empresas energéticas del país por su importancia y trascendencia en la soberanía nacional, en la seguridad energética de México”, denunció Bartlett.