En su libro Fobaproa: Expediente Abierto, publicado en 1999, López Obrador criticó ferozmente el rescate de los bancos quebrados por la crisis económica de 1994, en cuyas páginas resalta la afirmación reiterada de que las deudas privadas jamás deben convertirse en deuda pública. Hoy, como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acaba de destinar casi tres mil millones de pesos del erario para rescatar a una empresa quebrada y se muestra orgulloso de ello.

El Presidente siempre había criticado el rescate financiero de empresas privadas en quiebra con recursos públicos, pero el pasado 10 de junio de 2022 anunció con bombos y platillos la compra en 100 millones de dólares (mdd) –más de dos mil millones de pesos (mdp)– de la compañía Altán Redes, firma dedicada a brindar servicios de telecomunicación digital y que enfrenta deudas por mil 500 mdd, es decir 30 mil 600 millones de pesos.

En el mismo anuncio oficial, el Presidente de la República explicó que con los 100 mdd, aportados por los bancos estatales Nacional Financiera (Nafin) y Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras), “nacionalizó” y convirtió a Altán en empresa paraestatal al 100 por ciento, aunque minutos después precisó que el Estado es ahora “socio mayoritario”, lo que permite suponer que en ella sigue habiendo inversionistas privados.

“Estaba en quiebra (la empresa Altán-Promtel), les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la Nación, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa”, presumió López Obrador.

Luego agregó: “Así como compramos una refinería en Texas, ahora, con unos ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar Internet en todos los pueblos e Internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales y en todos los sitios de interés colectivo”.

De acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, Altán podía ser adquirida solo hasta que saneara sus finanzas mediante el pago de mil 500 mdd que debe a varios acreedores, lo que de acuerdo con analistas especializados en finanzas podría ocurrir a finales de 2022.

Tras la declaración de quiebra, el 13 de julio de 2021 se integró un concurso mercantil, recurso legal con el que las empresas en quiebra se hallan en posibilidad legal de conciliar sus deudas con los acreedores, cubrirlas y salvar parte de sus finanzas y propiedades mediante la intervención de un conciliador judicial.

La Ley de Concursos Mercantiles, que en el año 2000 sustituyó a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que databa de 1942, en su artículo segundo establece: “El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra”, y en el tercero dice: “… La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos…”.

Los pasivos por 30 mil 600 mdp de Altán Comptel los adeuda a 119 “acreedores reconocidos”, entre los cuales resaltan las compañías Huawei Technologies de México, Nokia Solutions and, Networks, AT&T, Hansam, Megacable Holdings; banca de desarrollo Bancomext, Banobras, Nafin y China Development Bank, propiedad del gobierno chino.

A decir de los expertos, las empresas quebradas se rematan al mejor postor y con cantidades muy bajas hasta el final del concurso mercantil, como al que debió someterse Altán en julio de 2021; por lo que para volver a rellenar su “cascarón” el Gobierno Federal requerirá de mucho dinero público a fin de que esta empresa retome el proyecto de ampliar la cobertura digital gratuita en zonas rurales del país, áreas en las que empresas comerciales como Telcel se han negado a brindar ese servicio.

Detalles no expuestos

Entre los posibles motivos por los que AMLO decidió rescatar de la quiebra a Altán se halla uno relevante: que entre sus inversionistas se hallan los fondos de pensiones de miles de trabajadores que hicieron a un lado las normas legales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), una de las cuales prohíbe que estos ahorros sean destinados a inversiones de alto riesgo.

Los fondos invertidos en Altán provienen de tres importantes afores: la XXI, propiedad de Banorte; Banamex, del consorcio extranjero Citibanamex y Sura, de la empresa latinoamericana de inversiones Sura y de CDPQ, con sede en Quebec, Canadá.

Además, proceden de Pensionissste, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que, aunque funciona como una privada, es la única afore estatal en operación porque se encarga de administrar los ahorros para el retiro de la burocracia federal, los trabajadores al servicio del Estado; y del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), adscrito a Banobras, y que sirve para hacer inversiones en obras públicas junto con particulares.

La Afore Sura pertenece a la firma Sura México, que a su vez es filial de Grupo empresarial Sura, con sede central en Medellín, Colombia, que se autoidentifica como grupo financiero latinoamericano experto en seguros, pensiones, ahorro e inversiones, y que tiene filiales en Argentina, Brasil, Chile, Panamá, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Guatemala.

Altán ubica a las empresas financieras privadas CKD IM y CDPQ como intermediarias para invertir dinero proveniente de afores, pese a que éstas no deben hacerlo, porque se trata de negocios de alto riesgo. La firma de telecomunicaciones se refiere así a la participación de estas instituciones:

“(…) CKD Infraestructura México (CKD IM) (…) agrupa a algunos de los inversionistas institucionales más relevantes del país: Afore Sura, Afore XXI Banorte, Afore Banamex, PENSIONISSSTE y FONADIN. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) es uno de los mayores administradores de fondos de pensiones del mundo con activos en administración por 298.5 mil millones de dólares canadienses (…)”.

El siete de marzo de 2022, antes del anuncio presidencial, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aceptó una solicitud de Altán Redes para ampliar el plazo establecido de su concesión, que había obtenido en 2016, con el objetivo de llevar servicios de Internet y telefonía celular al 92.2 por ciento del territorio nacional en 2024, aunque poco después extendió la fecha a 2028, según el documento informativo 016 / 2022 del IFT.

Desde 2016, Altán-Promtel estuvo a cargo de poner en marcha este proyecto, denominado Red Compartida, cuya cobertura en telecomunicaciones se haría con tecnología digital 4G-LTE, pero sin dar servicio directo a particulares a fin de concentrarse en ampliar la infraestructura pública en zonas rurales y marginales, plazas y edificios públicos, además de ofrecer servicios de conexión a Internet de alta velocidad con “banda ancha” a clientes mayoristas.

La red de Altán se sumaría a la mayoritaria cobertura de firmas comerciales como Telcel, Telefónica, AT&T o Megacable, que se concentran en clientes particulares de zonas urbanas, ya que las rurales no entran en sus proyectos de negocio. En mayo de 2022, Altán Redes informó que opera con 114 clientes encargados de ofrecer 257 servicios digitales destinados a seis millones de usuarios finales en el país.

En el reporte 258/22, del 16 de mayo de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dice que su Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) reveló que “al igual que en años anteriores, en 2020, el uso de Internet se concentró en áreas urbanas. La diferencia con las zonas rurales fue de 27.9 puntos porcentuales”.

En el medio urbano, el 78.3 por ciento (es decir 70.8 millones de habitantes) son usuarios de Internet, en tanto que los rurales representan el 21.7 por ciento (19.6 millones). En el campo, el 50.4 por ciento (13.3 millones) son usuarios de la red mundial y quienes no lo son equivalen al 49.6 por ciento (13.1 millones de personas).

Consultado por buzos, Kristóbal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), afirmó que Altán “no hizo la planeación financiera adecuada; no tenía la capacidad para realizar esas tareas; pensó que podría satisfacer ese mercado (las zonas rurales del país).

“El problema no está tanto en cumplir ese objetivo; el fracaso está en que la compañía no fue capaz de determinar los beneficios que se iban a tener. Entonces es una mala planeación; muchas veces, por tratar de ganar un concurso (de licitación pública, como el que ganó Altán en 2016) se ofrecen cosas que no son posibles; y después se tiene que terminar en un concurso mercantil”, explicó.

Es el segundo “rescate” de AMLO

Altán fue la segunda empresa privada con problemas financieros a la que el gobierno del presidente López Obrador decidió destinar dinero público, pues el 24 de mayor de 2021 hizo un anunció similar, cuando reveló que se había comprado la refinería de Deer Park Texas, en Estados Unidos, mediante la adquisición del 50 por ciento del capital que Petróleos Mexicanos (Pemex) poseía con la firma holandesa Shell.

Con esta transacción, el Gobierno Federal se comprometió a pagar a Shell 596 mdd, es decir, poco más de 12.2 mil millones de pesos, además de absorber una deuda de 980 mdd, equivalentes a casi 20 mil mdp.

El 29 de mayo de 2021, la analista internacional especializada Isabella Cota, del diario español El País, publicó en su artículo Cómo una refinería en el extranjero se volvió símbolo de soberanía en México, escribió que Shell no tenía prevista la venta de su participación en la planta Deer Park, debido a que en sus proyectos de futuro no figuraba la refinación de “crudo pesado”, como el que produce Pemex, el cual además de altamente contaminante, por su alto costo de producción disminuye las posibilidades de hacer un buen negocio.

La periodista resalta, asimismo, que el alto grado de contaminación de esa planta, ubicada en Houston, Texas, ya había sido denunciado continuamente por ambientalistas; y que ahora Shell se halla enfilada hacia la generación de energías no contaminantes, porque advierte que en breve se intensificará el uso de automotores eléctricos.

Los inversionistas de Altán eran (o son) mexicanos, internacionales y ahorradores en fondos de inversión; para fundar la empresa, aportaron 750 mdd. La mayor participación accionaria fue del 33.38 por ciento y provino de Marapendi Holding B.V., filial indirecta de North Haven Infrastructure Partners II, de Morgan Stanley Infrastructure, integrante a su vez de Morgan Stanley Investment Management.

Le siguió Miguel Stuart Escobedo, abogado mexicano, principal promotor de la Red Compartida, quien se sumó como inversionista a través de Hansam, S.A. de C.V., con una participación accionaria del 9.35 por ciento. También Eugenio Galdón, presidente de Grupo Multitel, quien aportó el 3.34 por ciento “a título personal” por medio de la firma de intermediación financiera española Isla Guadalupe Investments.

Miguel Stuart Escobedo Fulda integra la familia de abogados Escobedo, hijo de Manuel G. Escobedo, fundador en 1930 del despacho Noriega y Escobedo. Entre las actividades actuales de Stuart se hallan las inversiones internacionales y encabeza la empresa Comunicaciones Veta Grande, la cual promovió la Red Compartida a través de la firma Hansam.

Las instituciones de desarrollo “bilaterales y multilaterales” que se sumaron al proyecto son International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial (BM), orientado al desarrollo del sector privado, y que tiene una participación del 3.34 por ciento.

También el Fondo China México (CMF, “un fondo de capital privado fijo creado para respaldar las reformas estructurales en México a través de la movilización de capital de riesgo”, e IFC Asset Management Company LLC (AMC), ligada a CMF, con una participación total del 23.36 por ciento. Los socios industriales locales son las empresas de comunicación digital Axtel y Megacable.

Los “socios estratégicos”, esto es, colaboradores en la administración del proyecto en telecomunicaciones son: Grupo Multitel, encabezado por el español Eugenio Galdón, quien fuera integrante del gabinete del expresidente de España Felipe González (1981-1982), y que desarrolló coberturas de telecomunicación digital en su país.

Galdón fue presidente encargado del Consejo de Administración de Altana hasta finales de 2017, cuando asumió el puesto Bernardo Sepúlveda Amor, Secretario de Relaciones Exteriores del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y experto en arbitraje mercantil internacional. Y Joaquín Coronado, socio de Multitel, titular el equipo que preparó la propuesta en el concurso para entregar el contrato para la licitación internacional lanzada en 2016 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Al cierre de esta edición se consideraba un hecho la sustitución de Salvador Álvarez, director general de Altan, por Carlos Lerma Cotera, jefe de la Oficina de Coordinación de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.