“La lucha seguirá”, anunció el 15 de octubre el grupo opositor del Concejo Municipal de Altamirano debido a que éste no aceptó la disolución, a pesar de que el conflicto parecía resuelto por la liberación de 60 ejidatarios secuestrados y el levantamiento del bloqueo carretero que mantenía aislado al municipio.

Han transcurrido más de dos meses de iniciado el conflicto por el control político del municipio; desde el ocho de agosto, los actores en confrontación siguen en pie de lucha, quizás con el mismo ánimo de violencia que antes provocó la muerte de un joven, la quema de 30 casas y el secuestro de más de medio centenar de campesinos.

Situado a unas cuatro horas de distancia de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, Altamirano es un municipio donde predominan las etnias tzeltal y tojolabal y debe su nombre al poeta y novelista guerrerense Ignacio Manuel Altamirano.

El municipio fue gobernado durante nueve años seguidos por tres hermanos con los apellidos Pinto Kanter, uno de los cuales (Roberto) logró que, en 2021, su esposa Gabriela Roque Tipacamú ganara la elección para el cuarto mandato trianual, asumiendo el cargo para abandonarlo poco tiempo después.

Lo dejó porque la población se cansó de no ver avances ni cambios y mucho menos bienestar en sus comunidades; como en la administración había rezagos en varios rubros, decidieron unirse para detener al gobierno caciquil de los Pinto Kanter.

Una vez movilizado, secuestraron al exalcalde Roberto, esposo de Gaby, durante más de 20 días, hecho que la obligó a renunciar; esto cambió la vida política de Altamirano y se integró un gobierno de Concejo Municipal.

Esta transformación, sin embargo, terminó incurriendo en las mismas prácticas ineptas y corruptas de los gobiernos de los Pinto Kanter y a que, en sólo dos meses, de agosto a octubre de 2021, surgiera otro grupo que exige su destitución.

El 28 de octubre de ese año, la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado nombró un Concejo Municipal para Altamirano, que asumió las funciones administrativas y políticas del municipio con el plazo del 30 de septiembre de 2024.

Pero este Concejo se comportó igual que sus antecesores; y el pasado ocho de agosto, un grupo autodenominado “14 de Agosto”, vinculado al síndico Gabriel Montoya, se enfrentó a los pobladores insatisfechos por la falta de obras, apoyos y el desvío de recursos, entre otras irregularidades.

“Desde entonces se han registrado hostigamientos, incendios de viviendas, cortes de servicios básicos como energía eléctrica y agua; bloqueos y manifestaciones en la cabecera municipal por parte de los ejidatarios, quienes exigen la destitución del Concejo Municipal”, reseña una nota informativa de El Heraldo de Chiapas.

Disputa por el control municipal

La lucha entre los nuevos grupos políticos surgió por el control del gobierno municipal, y en la coyuntura actual por la instalación de un nuevo Concejo Municipal; aunque las personas que protagonizan las manifestaciones y bloqueos, aducen problemas sociales.

En una conferencia de prensa ante medios de comunicación de la entidad, los pobladores que bloquearon los accesos del municipio hacia toda la región exigen que “el Concejo Municipal se disuelva, porque traicionó la confianza del pueblo”.

También los denunciaron por el “desvío de recursos y el incumplimiento de apoyos que manda el gobierno” pero, sobre todo, porque ya nos hartó la amenaza constante de los grupos armados que amedrentan a la población”.

Explicaron que, desde hace dos años que comenzó la gestión de un Concejo Municipal, los integrantes de éste, en lugar de ocuparse por atender todas las tareas de gobierno, se dedicaron a trabajar sólo en los asuntos políticos relacionados con uno de los grupos que ahora se disputan el control de Altamirano.

El pasado ocho de agosto, se calentaron los ánimos y la población volvió a dividirse en dos bandos; en algunas personas quedó la impresión de que los ahora inconformes con el Concejo Municipal son dirigidos por Roberto Pinto Kanter, el exalcalde y cacique, y que el otro bando –integrado por el Concejo Municipal y presidido por María García– es liderado por el síndico Gabriel Montoya Oceguera, a quien se atribuye tanto la función de “titiritero de Mary” como desestabilizador en el municipio.

Cuando los grupos antagónicos intensificaron sus conflictos, se suscitó el fallecimiento del joven Óscar Hernández, lo que enardeció más a la población; la llevó a tomar la ciudad y a bloquear sus entradas y salidas apenas poco después de que los gobiernos estatal y Federal ignoraran su demanda.

Los integrantes del Concejo Municipal huyeron y con ello evitaron un mayor derramamiento de sangre; pero la situación se mantuvo tensa en las semanas posteriores y en la noche del 29 de septiembre hubo saqueos e incendios.

Treinta casas de los integrantes del Concejo Municipal y sus allegados fueron el objetivo de actos vandálicos, la mayoría con pérdida total; y media docena de vehículos fueron incendiados.

No hubo muertos ni heridos y el único detenido fue un comisariado ejidal, quien resolvió unirse a la causa del grupo contrario al Concejo Municipal. Los afectados culparon de estos disturbios al grupo Movimiento 14 de Agosto.

Denunciaron también que este grupo armado ejecutó saqueos e incendios de casas y vehículos para atribuírselos a ellos; y que “algunos de sus integrantes están escondidos para continuar con la provocación y el pueblo siga con miedo”.

El Concejo Municipal, que se halla exiliado en San Cristóbal de las Casas, acusó a los manifestantes de haber incendiado sus propias casas. En Altamirano, mientras tanto, durante una rueda de prensa, los inconformes revelaron que, aunque mantienen el bloqueo, permitirán el paso a las ambulancias médicas y a los vehículos que transporten alimentos y productos básicos.

Humberto Santiz, campesino del ejido Morelia, lamentó el secuestro de cuatro de sus compañeros y el retén interpuesto en la comunidad de Belisario Domínguez, además de que culpó a Gabriel Montoya por “manejar los hilos” del Concejo Municipal.

Subrayó que él es quien controla, como a un “títere”, a la presidenta María García; y que desde que ésta atiende los asuntos de Altamirano en San Cristóbal de las Casas, la gente alude al Concejo Municipal como el “gobierno de Altamirano de Las Casas”.

 El secuestro de ejidatarios 

Los quejosos explicaron que después de que el Congreso de Chiapas instaló una mesa de negociación, no aceptaron viajar a Tuxtla Gutiérrez por temor a ser detenidos y porque suponían que estarían más seguros en Comitán, Ocosingo o Las Margaritas.

El encuentro con las autoridades finalmente se produjo; pero el martes 10 de octubre, cuando el grupo se trasladaba a bordo de varias unidades tipo Urvan, por el tramo carretero Chanal-Altamirano, alrededor de las 18:00 y a la altura de la comunidad de Mendoza, fueron emboscados y secuestrados por una veintena de hombres fuertemente armados.

Entre los 60 plagiados se hallaba el comisariado ejidal, Rogelio Hernández. En un audio difundido por la periodista Azucena Uresti durante su noticiero en TV-Milenio, el grupo armado amenazó a los campesinos y, con palabras altisonantes, les exigió que levantaran los bloqueos y liberaran a los detenidos que hay en la cárcel ejidal de Altamirano; o de lo contrario, asesinarían a los ejidatarios retenidos:

“Mira, hijo de tu puta madre, obedezcan; si no, sus familiares van a llegar por pedacitos en bolsas de nylon negro, ¿me escuchaste?”, se oye en el audio difundido por Uresti. 

El subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, informó días después, en un comunicado oficial, que las fuerzas de seguridad mantenían resguardadas las entradas y salidas de la cabecera municipal de Altamirano, y que se brindaba atención a los dos grupos políticos que manifestaban sus inconformidades.

Explicó que había negociaciones para resolver el conflicto; que un grupo estaba a favor y otro en contra del síndico municipal; que había avances en las pláticas y que el grupo afín al funcionario, Movimiento 14 de Agosto, retenía a unas 60 personas.

Cruz Pineda informó que 15 personas ya habían sido liberadas y trasladadas a Altamirano; que el resto de las retenidas serían soltadas en las próximas horas, que las vías de comunicación estaban resguardadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El funcionario advirtió que las negociaciones continuaban y pidió a las personas que habían sido retenidas que interpusieran demandas judiciales ante las autoridades correspondientes.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena (FJI), informó que había iniciado las investigaciones contra quien o quienes resultaran responsables de la comisión del delito de retención de particulares, en agravio de un grupo de personas originarias del municipio de Altamirano, ocurrido el pasado 10 de octubre a la altura de la comunidad Yaalcuk, municipio de Huixtán, procedentes de Tuxtla Gutiérrez.

Veinte de los secuestrados acudieron a las oficinas de la FJI para denunciar los hechos y detallar que, después de ser amagados con armas de fuego y privadas de su libertad, fueron trasladados a la comunidad de El Bosque, municipio de Huixtán, en donde fueron retenidos durante varios días, al igual que 11 vehículos.

Quitan el bloqueo, pero la lucha sigue

Con la retención de los ejidatarios, unas ocho mil personas organizaron una marcha en las calles de Altamirano el 13 de octubre para exigir el rescate de sus demás compañeros al gobierno de Chiapas; y el domingo 15, aquél informó la liberación de 20 personas más a través de un comunicado oficial, y con ello se levantó el bloqueo en las entradas del municipio.

La delegación del gobierno estatal en aquella región reportó que fue aproximadamente a las 4:00 cuando llevaron a Altamirano a las 20 personas que permanecían desaparecidas y éstas se reunieron con sus familiares.

Los liberados fueron Anselmo Sánchez Pérez, Rogerio Hernández Gómez, Dionicio Hernández Santiz, Feliciano Santiz López, Pedro Lopez Paniagua, Jacinto Méndez Santiz, Domingo Méndez Santiz, Felipe Gómez Santiz, Oscar Aguilar Jiménez y Armando Aguilar Jiménez. Asimismo, Jesús Eduardo Rodríguez Trujillo, Amílcar Espinoza Luna, Amauri de Jesús Ortega Castellanos, Marín Díaz Narváez, Simón Sánchez Díaz, Carlos Alberto Sánchez López, Humberto Belisario Castellanos Gómez, Gilberto Santiz López, Arturo Aguilar Sánchez y Nicolás Espinoza Santiz.

Se informó también que los ejidatarios realizaron una asamblea y que se había liberado a cuatro personas retenidas en la cárcel del ejido de Altamirano.

Estos últimos incidentes, sin embargo, no resolverán el conflicto en Altamirano porque, en voz del maestro Lalo Rodríguez, los habitantes inconformes anunciaron que si bien es cierto que quieren “que se reestablezca la tranquilidad, el pueblo no permitirá que regrese el Concejo Municipal.

“El síndico municipal quiere continuar con el cacicazgo, algo que en su momento dijeron no querer más, pero ellos crearon uno”, externó. Otra de las inconformes, Dulce María, recordó que a Gabriel Montoya Oceguera “se le dio la total confianza; y cuando el pueblo pedía una solución, salió huyendo”. Por ello pidió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no evada el caso de Altamirano, a pesar de que las “aguas se calmaron y existe una tensa calma”.

Dulce María, quien habló en su condición de vocera del grupo inconforme, destacó que la solución ha sido “parcial”; que entre la gente existe el temor a las represalias que pueda tomar el grupo armado 14 de Agosto; que se mantiene la demanda de destitución del Concejo Municipal y que “el pueblo se mantiene unido en espera de la justicia”.

Con relación al conflicto en Altamirano, la diputada indígena Cecilia López Sánchez, quien representa a los ciudadanos del Distrito 20 con cabecera en Las Margaritas, lamentó que exista división y confrontación en las comunidades indígenas y que no prioricen el diálogo, la negociación y los intereses colectivos.

La legisladora los invitó a reivindicarse, a no actuar con base en sus intereses individuales y a adoptar una posición colectiva en la demanda de solución a las necesidades de sus comunidades y aclaró que no existían las condiciones políticas adecuadas para que el Congreso del Estado removiera al Concejo Municipal en funciones.

Argumentó también que como Altamirano está mayoritariamente poblado por tzeltales y tojolabales, ambos pueblos debieron anteponer la hermandad, el respeto mutuo, el diálogo y ponderar los usos y costumbres que regulan la vida de los pueblos indígenas.

“El colonialismo, esos contagios de actitudes coloniales de sometimiento, de aterrorizar, no corresponde a nosotros, los pueblos indígenas. Nos han contagiado este tipo de ideas de ciertos líderes políticos con intereses de poder y personales.

“Tenemos que reivindicarnos desde nuestra esencia a través del respeto mutuo, buscando el desarrollo y la tranquilidad para que haya paz”, advirtió.