Blanca Estrada, de 73 años, es investigada por su posible vínculo con la pérdida de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
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Foto: Internet
Este martes 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el registro obligatorio de números de telefonía celular vinculado a la identidad de los usuarios y aseguró que cualquier vulneración de datos personales es responsabilidad de las empresas telefónicas, deslindando completamente de cualquier responsabilidad al Gobierno Federal.
A pesar de que esta medida forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, el registro que se realiza directamente con las compañías de telefonía móvil ha presentado problemas técnicos, complicaciones logísticas y presuntas fallas de seguridad, de acuerdo con las denuncias de algunos ciudadanos.
Como parte de esas fallas y filtración de datos, usuarios en redes sociales han compartido datos de figuras como del senador Gerardo Fernández Noroña y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, los cuales han sido usados para registrarlos en el padrón de usuarios de telefonía.
Para registrar las líneas telefónicas han hecho uso de videos con Inteligencia Artificial (IA), en lugar de hacer uso de la verificación facial, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). Demostrando de esta manera la vulnerabilidad de los sistemas de registro, pues cualquier ciudadano podría dar de alta a otro usuario con el uso de datos personales.
De igual manera, este 2026 comenzó la inscripción de la CURP con datos biométricos a nivel nacional; de acuerdo con las autoridades federales, el trámite implica un nivel más alto de identidad digital.
No obstante, los recientes ataques a bases de datos de instituciones federales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dados a conocer durante los primeros días de enero de 2026, han exhibido la vulnerabilidad de los sistemas informáticos gubernamentales.
Estos hechos implican la exposición de información sensible de millones de ciudadanos, las cuales incluyen nombres, domicilios, teléfonos, registros fiscales y números de seguridad social.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 40 mil millones de intentos de ciberataques en México, posicionándose como el segundo país más vulnerable de América Latina.
Aunado a ello, el 45 por ciento de las empresas en México reconoce que no sabe cómo priorizar sus inversiones para proteger sus datos, redes y sistemas, así como el 66 por ciento no cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo y únicamente revisa su postura de seguridad cuando ocurre un incidente o aparece una alerta externa, de acuerdo con datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.
Blanca Estrada, de 73 años, es investigada por su posible vínculo con la pérdida de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.