Los gobiernos municipales concentran el 62 por ciento de los casos.
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Diversos paquetes de información personal obtenidos mediante el protocolo obligatorio "Conozca a su Cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) para el registro de líneas móviles se comercializan actualmente en espacios digitales vinculados a la delincuencia informática. Estos archivos contienen fotografías tipo selfie, identificaciones oficiales y grabaciones en video de los titulares, herramientas que forman parte de los requisitos impuestos por el Gobierno Federal para el padrón de telefonía iniciado este año, reportó el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.
Señaló que las filtraciones corresponden principalmente a trámites efectuados durante 2024; sin embargo, las credenciales de elector integradas en estos lotes mantienen su vigencia, lo cual facilita su explotación para actividades ilícitas.
Esta vulnerabilidad fue señalada inicialmente en enero de 2026 por la cuenta especializada Telefonías Unlimited, cuya investigación demostró que el sistema permitía extraer nombres completos, RFC, CURP y correos electrónicos con sólo ingresar el número de un usuario.
El periodista agregó que la exposición de este material biométrico y documental incrementa la vulnerabilidad para millones de ciudadanos, al permitir la creación de perfiles de identidad completos.
En paralelo, expertos advierten que la combinación de estos activos facilita la apertura de cuentas bancarias apócrifas, la solicitud de créditos a nombre de terceros y la suplantación de usuarios en gestiones tanto gubernamentales como privadas, sumándose así a incidentes previos de seguridad reportados en empresas del sector como Telcel, por mencionar alguna.
Hasta el 19 de abril de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabilizó 30.2 millones de líneas registradas, cifra que representa apenas el 20.9 por ciento de los 144 millones 585 mil 131 contratos activos en el territorio nacional.
A pesar de que el proceso comenzó el pasado 9 de enero y el plazo concluye el 30 de junio, especialistas consideran que la plataforma de registro masivo carece de los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar la privacidad de la población.
Pese a la evidencia de que los datos sensibles se encuentran vulnerados, las dependencias encargadas no han comunicado hasta el momento medidas para mitigar el impacto ni la ejecución de una auditoría independiente al sistema informático.
Por lo que los usuarios se encuentran obligados a proporcionar su identidad mediante procedimientos de alta sensibilidad sin que exista, a la fecha, una garantía de resguardo frente al hackeo y la comercialización de su información en el mercado negro. De lo contrario el sector de la población que no realice el trámite sufrirá la suspensión de su línea.
Los gobiernos municipales concentran el 62 por ciento de los casos.
Banorte, Openbank y HSBC ya notificaron a sus clientes sobre la importancia de completar el trámite.
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El control de precios podría desincentivar la competencia y generar tensiones para las empresas participantes.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.