La falta de transparencia en operaciones de compras en el actual gobierno de la Cuarta Transformación (4T) es una problemática que violenta leyes sobre la materia y siembra cada vez más dudas sobre actos de corrupción, según se desprende del informe “Compras Públicas en México”, elaborado por especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En los resultados de la medición con base en el “Índice de Riesgos de Corrupción” (IRC), se precisa que entre 2018 y 2020 se incrementó el riesgo en las compras púbicas en el 59 por ciento de las instituciones federales, lo que representa entre 147 y 247 entidades gubernamentales.

Destaca el caso de las instituciones de salud que registraron un incremento en el IRC de 66 por ciento y 24 por ciento en el caso de las adquisiciones oficiales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual carece del recurso de verificación de operaciones digitales a  través de la plataforma Compranet. 

El IRC es un instrumento del IMCO con base en el cual se mide el riesgo de corrupción en las compras públicas, analizando información oficial. El objetivo es asegurar el uso eficiente de los recursos públicos trazando mapas de riesgo para evaluar el grado de cumplimiento en cada una de las instituciones gubernamentales, bajo los principios de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

En las especificaciones del reporte se describe que en las operaciones en 2020 se detectaron compras de la Secretaría de Marina (Semar) por 900 millones de pesos de su presupuesto, mediante adjudicaciones directas de contratos a proveedores, es decir, sin hacer licitaciones –concurso de propuestas de proveedores-, agotando el 96 por ciento de los recursos públicos autorizados por esa vía.

Destaca también el caso de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz que en 2020 gastó cuatro mil millones de pesos en compras adjudicadas a proveedores específicos de manera directa.

En otros rubros, el informe indica que “(…) Las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía. 85% de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato (…)”.

Además, expone que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), porque esas entidades públicas no se rigen por la legislación que ordena transparentar las operaciones de compra en las instituciones del sector público.

“(…) desde 2015 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Esta excepción incluye el registro y publicación de contrataciones en Compranet (…).

En contraste, el IMCO señala que organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas”.

“(…) Es necesario que las instituciones identifiquen las deficiencias y anomalías en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones. Con ello será posible enfocarse en cambios específicos para cada etapa del proceso (…), señala el análisis de IRC del IMCO.

Propone reformar la LAASSP para resolver las lagunas legales y mejorar la supervisión del gasto en instituciones públicas como CFE y Pemex. También impulsar el mejoramiento y uso de instrumentos digitales para verificar datos oficiales de compras públicas, para minimizar los riesgos de corrupción.