Subvertir el orden interno, socavar la confianza social mediante la creación del desánimo ciudadano por la falta de acceso a bienes, servicios o justas deportivas son objetivos clave de las medidas coercitivas extraterritoriales que Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados imponen a los adversarios. Las sanciones, que exponen la vida de miles de millones de personas, violan el derecho internacional y revelan la estrategia de presión para modificar la política de gobiernos non gratos y alinearlos al interés hegemónico. Con cínica simulación, esta política exterior injerencista oculta al mundo sus efectos genocidas y se muestra como “castigo” a supuestas faltas de los agredidos. No obstante, las sanciones han demostrado ser ineficientes e impopulares en los Estados con capacidad para resistirlas y superarlas.

Debilitar al adversario ha sido una máxima en la historia de la guerra. Asfixiar la economía, exhibir al país agredido como agresor y generar el descontento social contra los gobiernos enemigos son el objetivo de EE. UU. y sus aliadnm nos cuando aplican las medidas coercitivas extraterritoriales (MCE).

Hoy, más de mil 973.7 millones de mujeres y hombres de todas edades viven bajo sanciones: Cuba, China, Rusia, Irán, Siria, Norcorea, Irak, Bielorrusia, Birmania, Zimbabwe, Yemen, República Democrática del Congo, Somalia, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Estas políticas agresivas impactan cruelmente a varias generaciones de la población en estas naciones.

Estas estrategias de asfixia son avaladas por los organismos internacionales, creados específicamente para defender el libre comercio y el acceso a mercados de capitales. Impasibles, fomentan el bloqueo de reservas monetarias y el robo de bienes.

Otra característica de las medidas coercitivas extraterritoriales de Occidente consiste en que no siempre persiguen el objetivo declarado. Aunque invocan causas humanitarias, su intención es política: derrocar gobiernos o socavar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Las sanciones económicas unilaterales deben verse como parte del desorden en el sistema mundial. Solo contribuyen a obstaculizar la dinámica de liberalización y globalización, lo que hace pensar en la transición hacia un nuevo orden mundial, anticipa Josep Baqués.

Impedir que ciudadanos, contribuyentes y empresarios de EE. UU. o de los 28 estados de la Unión Europea (UE) practiquen turismo o investiguen en países “castigados” ha significado la imposición a su propia población de esta política represiva. Es así como estas sanciones, en no pocas ocasiones, afectan a los gobiernos que las propician, afirma el analista Julio C. Gambina.

Balazo en el pie

Y aunque arrogantes, la Casa Blanca, Downing Street, el Elíseo y otras sedes de gobierno de Occidente han multiplicado las sanciones contra Teherán, Moscú, Beijing y La Habana durante la pandemia de Covid-19, la lección que han recibido es que la economía tiene naturaleza propia y deben facilitarse los intercambios.

De ahí que trastocar las cadenas de distribución y la dinámica del sistema financiero representan riesgos que ninguna economía mundial puede enfrentar. Por ello, en el actual entorno geopolítico, las sanciones son un balazo en el pie que Occidente se asesta.

Así lo evidenció Joseph Robinette Biden, que pronto concertó un pacto energético con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su autodeclarado enemigo. Esa acción se suma al agobio de Europa por una inflación galopante y el inminente riesgo de aparecer como la primera víctima en la ola expansiva de las sanciones impuestas a Rusia.

Para las cúpulas políticas estadounidenses y europeas, frenar el reposicionamiento global de Moscú significa controlar el enorme territorio ruso, que es proveedor mundial de diamantes, oro, maderas y metales estratégicos de uso industrial.

Washington y Bruselas saben que el níquel ruso es básico para producir acero y baterías de autos eléctricos; también que Rusia y Ucrania producen el 13 por ciento mundial de titanio. Sin estos elementos, las corporaciones no pueden mantener su ritmo de producción.

En síntesis: si tras la imposición de medidas coercitivas a Rusia está la intención de beneficiar a otros productores mundiales, ¡no será tan fácil! Y es que obstaculizar la fabricación de naves espaciales, buques, aviones, helicópteros y blindaje de misiles, se revertirá contra Occidente.

Rusia y Ucrania también suministran el 30 por ciento del paladio mundial, que sirve para fabricar vehículos y dispositivos electrónicos. Justo hace un año, el precio de este elemento se incrementó a niveles del oro, por lo que la industria está muy inquieta ante el eventual desabasto, advierte Vanessa Miller, analista del comportamiento de cadenas de suministro en la firma Foley & Lardner LLP.

A su vez, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de EE. UU. manifestó que era prematuro juzgar cómo el conflicto impactaría a la economía mundial: esta situación agrega incertidumbre y habrá que seguirla de cerca en el aún incierto contexto de la pandemia, de creciente inflación mundial y desafíos constantes del cambio climático, señaló.

Conscientes de su vulnerabilidad, los Veintiocho ven con zozobra la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia traerán un impacto severo a la economía global. La Eurozona registrará al menos un seis por ciento de inflación, la más alta en dos décadas, anticipan los analistas.

La inquietud de los políticos confirma el análisis de los “centros de pensamiento” occidental: las sanciones solo son exitosas cuando los destinatarios cumplen la exigencia del emisor. Sin embargo, los Estados que hoy las soportan, se han preparado para resistir ese asedio, aprendiendo unos de otros y tendiendo lazos de solidaridad.

Además, la Casa Blanca sabe bien que si mantiene las sanciones contra Rusia, las cadenas de suministro podrían detenerse y ello causará un desastre a la economía global, sobre todo si persisten las medidas coercitivas contra Rusia, advierte el economista de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

Para la Unión Europea (UE), las sanciones a largo plazo han representado un dolor de cabeza. Hoy, que lidia con la inflación y el alza de los precios de energía, se agudiza el temor entre algunos políticos por respaldarlas.

Aún resienten el viraje que debieron dar en el pasado, cuando prosperaba su relación con Irán, al que liberaron de ciertas sanciones en el marco del Acuerdo Nuclear, cuando Donald J. Trump amplió sus sanciones político-militares contra Teherán, explica el politólogo Lee Jones.

Ahora, los efectos colaterales de las masivas sanciones contra Rusia pesarán particularmente contra la economía del bloque europeo. De ahí que hoy resulte obvio que no todos sus aliados están dispuestos a seguir a Washington, pues son muy vulnerables a los efectos negativos colaterales.

La petición para no desvincular a Rusia de la red de pagos de alta seguridad financiera SWIFT, que intercomunica a miles de instituciones del mundo y que exigió el presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, provino de Alemania, Italia, Hungría y Chipre, con fuertes vínculos económicos con el Kremlin.

La apoyaron, por el contrario, EE. UU. Reino Unido, Canadá, Suiza, Japón, Singapur y “muchos otros centros neurálgicos financieros y económicos”, según medios corporativos.

¡Desenmascarado!

En particular, EE. UU. busca, con esas medidas coercitivas contra el Kremlin, ocultar al mundo el amenazador avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el Este. Tal despliegue de armas y tropas representa un intento por frenar el reposicionamiento mundial de Rusia y su geopolítica energética.

No obstante, el nueve de marzo, la Federación de Rusia se convirtió en el país con más sanciones: cinco mil 581, con lo que superó a la República Islámica de Irán, que alcanzó tres mil 616. Solo el 22 de febrero se le impusieron dos mil 827, según la plataforma de monitoreo Castellum.AI. En ambos casos, Occidente alegó defender la democracia y los derechos humanos.

La prohibición de exportar o adquirir bienes básicos que garanticen la sobrevivencia de la sociedad rusa se impuso para socavar al gobierno nacionalista del presidente Vladimir Putin, quien defiende la soberanía y los recursos del coloso euroasiático. Una segunda intención significa incitar a la subversión de la sociedad rusa por la falta de acceso a los bienes y servicios, a los que se han acostumbrado en los pasados 20 años.

Desde el Siglo XX, sofocar la economía rusa y dirigir su destino ha sido una obsesión de los sucesivos huéspedes de la Casa Blanca. Un paso indispensable para alcanzar este objetivo era hacerse con el control de Ucrania, desde que se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1991.

Ese objetivo se mantuvo en la actual fase capitalista corporativa. Así, al servicio de las corporaciones trasnacionales, los gobiernos de EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y sus “socios” de las exrepúblicas soviéticas y países del bloque socialista impusieron sanciones a Rusia en 2014 por la “anexión” de Crimea.

En realidad, pretendían utilizar a este Estado como plataforma de ataque contra Moscú y dominar sus recursos, bienes agropecuarios y explotar a la población rusófona del Donbás como ejército de reserva de las trasnacionales. La operación militar especial del 24 de febrero echó por tierra esta intención de Occidente.

Es por ello que el Kremlin hizo pública la visión de Ucrania como un botín del capital corporativo trasnacional y provocó que los artífices de la desinformación difundieran una campaña mediática para ocultar su vergüenza. De ahí que se preparó al mundo con la “inminente invasión” rusa a su exrepública e intensificó la venta de sofisticados equipos bélicos.

Es así como, en menos de un mes, Occidente desplegó su ilegal poder coercitivo y su intención genocida contra Rusia. La consultoría diplomática de la UE, a través del portal Strategic Communications alardea que, por primera vez, “Suiza rompió su neutralidad” y sancionó al Kremlin. Lo hizo con mil 594 medidas, la mayoría contra individuos y 366 contra instituciones gubernamentales.

Resiliencia rusa

Hace ocho años, el exsecretario de Estado y estratega geopolítico estadounidense, Henry Kissinger, rechazó la aplicación de sanciones a Rusia. En su columna Comencemos por el final en The Washington Post, el analista consideró que sancionar a Rusia podría complicar más la vida de los civiles.

Eran los días posteriores a la independencia de Crimea. Kissinger explicó en su texto que si se sumaba la población de Rusia, Bielorrusia, China, India, Pakistán, Irán, Brasil y otros Estados que no avalan las críticas a Putin, “sale más del 50 por ciento de la población mundial” por lo que hay gente dispuesta a solidarizarse con Vladimir Putin, concluyó.

Pero Occidente no entendió. En su discurso del 21 de febrero pasado, Vladimir Putin afirmó que su país ha sido traicionado por sus “socios”. En un mensaje de 55 minutos, seis mil palabras y sin ayuda de papel o teleprompter, anunció el reconocimiento a la independencia de Lugansk y Donetsk. Fue un rotundo j’accuse, explica el analista Branko Milanovic.

Y así, para presionar a Rusia, Occidente cercó a su economía: finanzas, transporte público, telecomunicaciones y acceso a plataformas de entretenimiento. En la intención de los estrategas estadounidenses está la inconformidad de los rusos contra el Kremlin por no soportar tantas restricciones.

También buscan inconformar a los científicos al aislarlos del mundo. Por eso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la institución científico-tecnológica más destacada de Occidente, anunció su retiro del llamado Silicon Valley de Moscú.

El presidente de la célebre Sociedad Max Planck, Martin Stratmann, anunció, a su vez, la ruptura de la colaboración científica de Alemania con Rusia. De ahí que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmara: “las sanciones son una especie de impuesto a la independencia”.

Con una medida-espejo, el Kremlin activó la nueva ley que castiga con prisión la desinformación y bloqueó a medios extranjeros (BBC, Deutsche Welle, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty y Meduza) –cuatro de las cuales son financiadas por el Departamento de Estado de EE. UU.– y bloqueó las plataformas Facebook y Twitter, según el diario El País.

Ante el cierre temporal o retiro de trasnacionales como Starbucks, McDonald’s, Heineken y Nestlé es obvia la inquietud entre trabajadores rusos, aunque algunos dan la bienvenida a un cambio en el horizonte comercial del país eslavo, informa France 24.

Un moscovita refiere a medios occidentales: “Nadie quiere que esto pase, pero si cierra, que cierren. Habrá más empresarios rusos aquí”. Un estudiante ruso expresó: “No me preocupa que McDonald’s cierre, creo que salvar vidas es mucho más importante que comer comida sabrosa”. Una empresaria expresó, según Euronews: “es triste lo que sucede, pero lo superaremos. Creo que tendremos una alternativa”.

Hasta el día 19 de su operación militar en Ucrania, el Kremlin no había prohibido la exportación de energía y materias primas, sectores que lidera a nivel global. No obstante, anunció medidas para estabilizar el mercado con el veto a la exportación de equipos médicos, turbinas, vagones de tren. Solo evaluaría eximir de esa prohibición a miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE).

Efecto global

El abasto, la comercialización y los precios accesibles forman una ecuación que se altera en un conflicto bélico; y más cuando se involucran las economías más influyentes del planeta. Esta tensión geopolítica eleva los precios de alimentos básicos (cereales) y otros commodities cuyo consumo resulta inaccesible para personas de bajos ingresos.

Esto sucede hoy en Egipto, gran consumidor de trigo y cuyo precio al alza alcanzó niveles inéditos que amagan con desencadenar un gran descontento social. En Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, se dificulta ya la producción de pan por falta del cereal que importa de Rusia y Ucrania, revela el periodista Kenny Katombe.

Otros efectos de las sanciones a Rusia se sienten en América Latina, donde la energía y producción agrícola son sectores fundamentales del intercambio común. Aunque gran número de gobernantes y líderes políticos rechazan esas medidas, los medios insisten en que la economía regional se resentirá por las sanciones.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó el conflicto en Ucrania como argumento para “defender” la minería en zonas indígenas. Esto significa que aumentó el interés del mandatario por incrementar la actividad extractiva para exportar recursos minerales, hídricos y orgánicos a EE. UU. Y Uruguay se apresuró a suspender a la emisora RT.

Rusia provee el 13 por ciento mundial de fertilizantes y las restricciones a su exportación provocan el desabasto y alza de precios de estos productos en Argentina, Colombia, Paraguay y Brasil. Argentina ya siente los efectos de la restricción al transporte marítimo y aéreo de bienes.

Unos 400 exportadores de alimentos resultan afectados, pues cargamentos enviados antes de la crisis de Ucrania aún no llegan a su destino. Por el boicot de navieras y el bloqueo de Rusia al sistema SWIFT, los pagos se bloquearon y los contratos pactados deberán revisarse por la devaluación del rublo, informa Matías García Tuñón.

Entretanto, el Presidente de México afirmó que “no habrá sanciones unilaterales contra Rusia”. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard agregó que solo se evaluaría esa acción si la Organización de la Naciones Unidas las aprueba.