La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
Nacional
Pese a incumplimientos, revelan protección gubernamental al Tren Maya
El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró denuncias y permitió obras sin autorización, según archivos internos de Profepa.
Foto: Internet
Problemas ambientales, prohibición de las autoridades para fiscalizar la obra, deforestación no autorizada, permisos provisionales vencidos, denuncias ciudadanas ignoradas y afectaciones en ecosistemas como selvas, cuevas, cenotes y áreas naturales protegidas son sólo algunos de los señalamientos e incumplimientos durante la obra del Tren Maya
De acuerdo con documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), obtenidos por El País y publicados el 30 de noviembre de 2025, el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador impidió durante dos años que se realizaran inspecciones y sanciones, a pesar de que existían pruebas de presuntos delitos ambientales.
Según la investigación, se habrían talado al menos 7.2 millones de árboles, lo cual equivale a más de 60 kilómetros cuadrados de selva, estiman estudios independientes; además, afirman que las irregularidades se repitieron en prácticamente todos los tramos del megaproyecto entre 2020 y 2024.
Además, identificó que los “relevantes pendientes” en los tramos 5, 6 y 7 eran especialmente graves e incluían falta de estudios técnicos, remoción ilegal de vegetación y vestigios arqueológicos, inexistencia de programas de reforestación y reubicación de fauna, obras modificadas sin autorización y afectación a drenajes naturales.
Asimismo, El País destacó que las obras avanzaron pese a “delitos ambientales como deforestación, cambios de uso de suelo ilegales, bancos de material sin permiso y obras secundarias sin registrar”.
Inspectores de Profepa consultados por dicho medio describieron que, aunque detectaban irregularidades en cada visita, recibieron instrucciones superiores para no emitir emplazamientos ni iniciar procedimientos que pudieran derivar en clausuras.
Por último, la investigación también señaló que más de 230 denuncias populares, incluidas algunas interpuestas por autoridades municipales, no fueron atendidas como el que ocurrió en Quintana Roo, donde se reportó la tala de un corredor selvático de dos kilómetros para el Tramo 5 sin contar con autorización; sin embargo, la Profepa acudió a verificar más de un año después.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.