La investigación del Centro de Derechos Humanos de Berkeley analiza las agresiones bajo el marco del Derecho Penal Internacional y retoma datos de ARTICLE 19 y CIMAC.
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Foto: Internet
Reporteros, fotógrafos y trabajadores de medios se manifestaron en el palacio municipal de Iguala, Guerrero, para exigir al alcalde Erik Catalán la cancelación de una reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno que permitiría sancionar y arrestar a ciudadanos y periodistas por criticar a funcionarios en redes sociales.
Los comunicadores de la Zona Norte de Guerrero advirtieron que la iniciativa faculta a la autoridad municipal para castigar publicaciones que, a criterio del Ayuntamiento, “dañen la honorabilidad” de integrantes del gobierno local, lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Los manifestantes destacaron que la iniciativa contempla sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta arrestos administrativos, lo que abriría la puerta a castigar cualquier crítica, denuncia o señalamiento incómodo para la autoridad, sin necesidad de un proceso ante tribunales civiles.
Durante la protesta, Alejandro Aparicio, representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), afirmó que la iniciativa es ilegal y vulnera derechos constitucionales.
Por último, el gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles, por lo que no pueden ser regulados mediante un bando administrativo municipal, ya que ello implicaría una violación a la jerarquía normativa y a los derechos humanos.
La investigación del Centro de Derechos Humanos de Berkeley analiza las agresiones bajo el marco del Derecho Penal Internacional y retoma datos de ARTICLE 19 y CIMAC.
La ambigüedad en algunos artículos de los Lineamientos de Derechos de las Audiencias abre suspicacias para la censura.
*Los familiares insistieron en que el objetivo principal sigue siendo conocer dónde están los 43 jóvenes, cuya desaparición ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Organizaciones alertan por violencia, impunidad y falta de protección al gremio periodístico.
Para demostrar que existen bots no hace falta proyectar nombres y cuentas personales en Palacio Nacional.
El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.
Si en México la libertad de expresión está garantizada, ¿por qué hay tantos periodistas asesinados o por qué se persigue a quien no comulga con el gobierno?
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
La agresión, los ataques violentos y la muerte persiguen a los comunicadores por los cuatro puntos cardinales del país.
Los comunicadores en México no sólo enfrentan hoy amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales y estigmatizantes discursos oficiales, sino también desapariciones forzadas y ataques mortales.
En la lucha por cambiar sus circunstancias, por transformar su entorno social, los seres humanos se transforman también a sí mismos.
Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.
Organizaciones nacionales e internacionales alertaron sobre detenciones y órdenes de aprehensión contra comunicadores y advirtieron riesgos para la libertad de expresión tras reformas relacionadas con inteligencia artificial e identidad digital.
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Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.