Desde que inició la administración estatal del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz se ha convertido en el brazo ejecutor de sus persecuciones contra opositores políticos, exfuncionarios públicos y judiciales.

En este último caso se halla ahora la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien hace unos días fue detenida por segunda ocasión y, ahora sí, encarcelada, pese a la presión de las barras de abogados de la entidad, que denunciaron que se trata de un arresto arbitrario porque carece de sustento judicial.

La detención previa de la juez de control del Distrito de Huatusco, ocurrida el lunes cinco de junio en una de las avenidas más transitadas de Xalapa, fue efectuada por elementos de la Policía estatal; se le acusa de haber liberado a Itiel N., alias Compa Playa, quien a su vez había sido imputado por homicidio doloso en agravio del exdiputado local priista Juan Carlos Molina Palacios.

En conferencia de prensa, Ingrid Gómez Sánchez, hija de Sánchez Hernández, denunció que hasta ese momento desconocía el paradero de la detenida; pero aseguró que fue arrestada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dependencia estatal a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

De acuerdo con su denuncia, la noche del domingo cuatro de junio, la jueza fue citada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para una aclaración sobre su criterio jurisdiccional y dictar la no vinculación a proceso contra El Compa Playa; y le recordó que hacía unos años, cuando su madre estaba adscrita a los juzgados de Cosamaloapan, atendió el proceso penal contra Itiel N.

El abogado Carmelo Reyes precisó que la jueza no vinculó a proceso al imputado porque había “deficiencias y escasos datos de prueba” aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que el personal de la SSP solo puede hacer detenciones en flagrancia.

Posteriormente, Gustavo Gómez Sánchez, hijo de la jueza, reveló que estuvo presente durante la detención y que fue testigo de los abusos policiales:

“Yo estaba con ella en su cuarto, vivo con ella. Mi mamá sale, se despide de mí, salgo al balcón, que tiene buena vista hacia Arco Sur, su coche estaba a un costado de la casa. Mi mamá se sube al carro y le digo: ‘mamá, hay una camioneta exactamente atrás de ti’. En esa curva, antes de llegar al OXXO, yo veo que a mi mamá la intercepta una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); eran estatales, se bajan, bajan a mi mamá (de su auto) a jalones, le ponen una capucha en la cabeza, la empujan a la patrulla y un oficial se sube a su coche y se lo lleva manejando”.

Gustavo negó que su madre portara armas de fuego y las hubiera accionado contra los policías, como informó conocer la Fiscalía después de la primera detención en Xalapa.

Después de una ola de críticas en el estado y el país por la detención, el siete de junio, la FGE informó que la jueza fue puesta a disposición ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) en Xalapa, institución que la dejó en libertad porque luego del término constitucional de 48 horas para justificar la prisión preventiva, no encontró los elementos constitutivos del delito que se le atribuía, de acuerdo con el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

La segunda detención

La detención ocurrió el 16 de junio, pero ahora en la Ciudad de México (CDMX), y fue cumplimentada por elementos de la Comisión Nacional de Seguridad Federal (Conase) y la FGE Veracruz, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público de Veracruz.

Un día después, a la jueza de control le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año. “La suspensión provisional que fuera otorgada a Angélica N. en un juicio de amparo no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada; ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente”, aclaró la FGE en un comunicado.

El miércoles 21 de junio, el juez de control y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, dictó el auto de vinculación a proceso. Además, ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal en su contra.

Los hechos, probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia –se explicó–, son derivados de diversas acciones vinculadas a proceso en un cuadernillo de amparo, donde se constata la existencia de un juicio de amparo y se da fe de la supuesta suspensión concedida a Itiel N.

“Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal el juicio de amparo constó que no correspondían al quejoso ni a la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública. La carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado ésta una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquél en el que se encontraba la citada juzgadora”, detalla el documento.

Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencias, el juez argumentó que aprovechándose del conocimiento del asunto, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al centro penitenciario de Coahuila para gestionar la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; además de que presuntamente presionó y amenazó a las autoridades judiciales.

Sin embargo, el juez de control, Roberto Santos Maldonado, no permitió que integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) representen a la jueza Angélica en la continuación de su audiencia inicial. Su abogado, Ricardo Aguilar Rodríguez, acusó violaciones a los derechos de la jueza y recordó que el martes 20 solicitó el cambio de medida cautelar, pues buscará que la juzgadora continúe el proceso en libertad.

Gasolina al fuego

El 19 de junio, el gobernador García Jiménez subió un tuit titulado “Curiosidades (Parte I)”, en el que afirma que la jueza liberó “a un narcotraficante” acusado de al menos dos homicidios en Veracruz.

“¿El narcotráfico y asesinato ya son empresas? ¿O cuáles son las empresas a las que se refieren que hasta ‘empresario’ le llaman? La jueza de Cosamaloapan presionó a las autoridades del penal federal de Coahuila falsificando datos y extralimitándose. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberara en una hora?”, cuestionó el morenista.

Un día después de la detención de la jueza, el asunto llegó a la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien declaró que muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad.

AMLO aseguró que presentaría denuncias sobre este caso; y cuando le preguntaron si respaldaba la postura del gobernador Cuitláhuac García, respondió: “Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo, y nosotros vamos a hacer lo mismo”.

Días después, García Jiménez emitió otro tuit: Curiosidades (Parte II) en el que afirmó que la jueza fue imputada por poner mentiras en un documento legal (firmado por ella), “como el hecho de ¡INVENTAR UN AMPARO QUE NO EXISTE!”, con la finalidad de presionar al director del penal para que liberara al delincuente.

Juicio político al Poder Judicial

Ante estos hechos, el diputado federal veracruzano José Francisco Yunes Zorrilla, no descartó la posibilidad de que se emprenda un juicio político contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

“Se reviven escenarios que tenían 40 años de no percibirse en la vida política del país, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y esos escenarios son la persecución política a través de la interpretación torcida de la Ley de las instituciones; y nosotros tendríamos el compromiso constitucional de hacer valer el marco de derecho”, advirtió.

El priista insistió en el uso faccioso y sesgado de las instituciones de justicia, lo cual es un terrible retroceso, pero también es una voz de alarma que advierte la pérdida de la normalidad democrática.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local, Anilú Ingram Vallines, confió en que el Poder Judicial no se convierta en brazo ejecutor del gobierno del Estado.

“Es importante que se respete la ley y que cada uno de los encargados de impartirla se apeguen a ésta. Sería lamentable que el Poder Judicial se vuelva un brazo ejecutor del gobierno. Por eso es fundamental que se respete la división de poderes; para eso está cada quien en cada uno de esos espacios”, consideró.

Por último, ante la supuesta reunión que tuvo el gobernador con los jueces en Coatepec, la legisladora priista señaló que ante el Congreso no hay ninguna denuncia de ellos.

“Hacemos un llamado contundente al Poder Judicial a que se apegue a la ley, a la normatividad; a que se garanticen los derechos humanos de todos y que hagamos un trabajo digno, a la altura de lo que necesita Veracruz y de la circunstancia que hoy estamos enfrentando”, agregó.

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la jueza detenida debe tener un juicio apegado al debido proceso, cuidando sobre todo la presunción de inocencia. “Eso sí, de resultar culpable, se le debe aplicar todo el peso de la ley; teniendo como principal razón la violación a las leyes en que haya incurrido, estando obligada a respetarlas”, abundó.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, criticó al gobernador de Veracruz por extralimitarse en sus funciones y cometer un delito de abuso de autoridad, al detener no solo a la jueza sino también a otros ciudadanos inocentes, a los que se les ha encarcelado injustamente.

Aseveró que el gobierno de García Jiménez ha sido objeto de varias observaciones de organizaciones civiles de derechos humanos, abogados y empresarios por actos de represión judicial y persecución política.

“En Acción Nacional defenderemos la independencia y autonomía del Poder Judicial, porque se ha convertido en el más importante contrapeso del poder. No permitiremos que se sigan destruyendo las instituciones. Hoy más que nunca, resulta indispensable que los ciudadanos nos sumemos para corregir el rumbo de México y que haya un verdadero cambio”, puntualizó.

La defensa de los abogados

Al Penal de Pacho Viejo, donde permanece detenida la jueza, llegó Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), con el propósito de asistir a la audiencia. La abogada denunció que el Gobierno Federal y el estatal atentan contra la autonomía del Poder Judicial.

Indicó que la FGE-Veracruz no ha proporcionado elementos suficientes para sustentar la acusación contra la jueza. Fidel Guillermo Ordoñez Solana, destacado abogado penalista veracruzano, coincidió en que se ha cometido una serie de irregularidades en el caso de la jueza.

“Hoy hay una animadversión que le ha volcado el Ejecutivo del Estado; una Fiscalía obediente que ha cumplido con estarla molestando en su persona; un tribunal que no la defiende, unos abogados que estamos perplejos y una ciudadanía que está observando este tipo de cosas, en la cual se repite que una persona es corrupta y se viola el debido proceso”, agregó.

El abogado explicó también que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los jueces de primera instancia, municipales y del tribunal no tienen fe pública, por lo que a Angélica N. no se le puede imputar de este delito; y que en el caso del tráfico de influencias, este delito no puede ser cometido por una sola persona y que, por tal motivo, debieron consignar a otra persona.

“Se está violando la ley en perjuicio de ella, y eso nos debe llamar la atención”, reiteró.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, aseguró que en Veracruz y en el país hay un completo atropello contra la administración de justicia; y como ejemplo citó las más de mil personas detenidas por ultrajes a la autoridad.

“Creen que lo que está pasando en Veracruz no amerita un extrañamiento fuerte para el gobernador de Veracruz; mil 90 personas detenidas por un delito que ya la Corte dijo que no debía existir (ultrajes a la autoridad) y ahí los tienen en la cárcel, y siguen mintiendo”, denunció.

El legislador veracruzano aclaró que el uso faccioso y autoritario de la justicia que está ejerciendo el mandatario veracruzano tiene, como muestra más reciente, la detención de la jueza Angélica Sánchez; pero reconoció que hay muchos otros casos. En mayo, la Fiscalía Regional de Córdoba obtuvo vinculación a proceso contra de Viridiana N., exalcaldesa de Ixhuatlán del Café; y la de Crisanto N., Minervo N., Abraham N. y Cirio N. como presuntos responsables del delito de “estragos”, en agravio de una empresa.

En este último caso, el juez de control y procedimiento penal oral del distrito judicial de Huatusco ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año, dentro del proceso penal 119/2023.

Con respecto a este asunto, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) denunció una serie de anomalías cometidas en la detención de cafetaleros por el presunto delito de estragos, entre las que destacó el hecho de que el juez de Huatusco que llevaba el caso fue cambiado.

La CNOC agregó que si realmente hubiera voluntad de servicio, tanto en funcionarios federales y estatales como en los juzgados del Tribunal del Poder Judicial del Estado, ya se habría retirado el cargo y liberado a los detenidos.

Detrás del caso de la expresidenta municipal se oculta una clara persecución política. ”Desde el Gobierno Federal deberían verlo más con el gobierno del estado, que se ve más interesado en las confrontaciones con grupos políticos”, añadió la CNOC.

Otros políticos en prisión

A más de dos años de la detención del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, sus hijas Luisa y Viviana aún exigen justicia e hicieron una denuncia amplia y detallada:

“En estos años hemos sido testigos de que los jueces de control actúan de manera injusta, sin importarles el respeto a los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia quedó rebasado en el estado de Veracruz. Es lamentable el papel perverso que juegan el Poder Judicial y la Fiscalía, ambos corrompidos; mientras que la segunda es utilizada para armar carpetas a modo, por consigna, sin datos de prueba que respalden los delitos de los que acusan y que solo sirven para que de forma reiterada abusen de la prisión preventiva justificada, la cual es fijada por los jueces de control aun cuando no se justifique la necesidad de la misma. Por ello, en Veracruz tenemos presos políticos como Gregorio Gómez, Nicolás Ruiz, Tito Delfín y Rogelio Franco Castán”.

Revelaron que su papá, al igual que muchas personas en el país, está recluido sin pruebas, únicamente con testimonios realizados por lacayos del Gobierno Federal o de los estatales, a cuyos titulares no les interesa la justicia, ni la seguridad pública o los derechos humanos.

“Éste es un caso más de la cacería e incompetencia de quienes deberían brindar seguridad a todos los veracruzanos. Mi padre fue detenido cuando contaba con un amparo que impedía su detención. Sin embargo, la Fiscalía fabricó otros delitos, que por cierto hoy ya no se encuentran vigentes debido a su inconstitucionalidad”, denunciaron.

A 17 meses de que concluya la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, la lista de detenidos por razones políticas podría ser más larga.