Muy seguramente el amable lector estará enterado de que “Democracia y Justicia Social” son las dos importantes aspiraciones del pueblo mexicano que conforman el lema del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero deseo aclararle que en esta ocasión no me referiré ni al partido en cuestión ni a evaluar en qué medida se preocupa y lucha para hacer realidad estas demandas históricas. Me quiero ocupar más bien de la impresionante actualidad que durante los días que corren y, sobre todo, como consecuencia de los planes y programas del nuevo Gobierno Federal, han cobrado, tanto la democracia como la justicia social.

La democracia actual se encuentra amenazada por el hecho de que se pretende cambiar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos para tener a un Presidente en campaña para librar una revocación de mandato, dicho sin retorcimientos, se quiere cambiar la ley para transitar por la realización de campañas desde el poder, desde todo el poder de la República en las que el propio Presidente aparezca como candidato. No debe olvidarse que el partido ahora en el poder fue una de los principales abanderados de la equidad en las elecciones. ¿Estarían ellos mismos de acuerdo en enfrentar a un Presidente-candidato que junto con diputados y otros cargos de elección popular se presente en las urnas con todo el presupuesto, los programas y el poder de la nación, hasta para mover a los máximos órganos de impartición de justicia electoral?

Hay muchas y muy respetables voces en el panorama nacional que sostienen que un acuerdo para aprobar la revocación de mandato puede convertirse, en este sexenio o en futuros, en un intento de aprobar una siguiente revocación de mandato que, en los hechos, se convertiría en una reelección de un primer mandatario por lo que se oponen a aceptar iniciar el procedimiento. Concuerdo con ellos. La experiencia indica que un sexenio ha resultado más que suficiente para que una personalidad y su grupo cercano impriman su sello desde la Presidencia de la República. No debemos pasar por alto que se trata del poder de todo el país y de un régimen presidencialista.

En el centro de la democracia mexicana esta la no reelección. Fue precisamente la permanencia de Porfirio Díaz en el poder durante muchos años lo que desató el último gran conflicto armado que hubo en nuestro país y que cobró, si no me falla la memoria, cerca de dos millones de víctimas. Es famosa y muy conocida la entrevista que le concedió Porfirio Díaz a James P. Creelman, un reportero canadiense residente en Estados Unidos, quien vino a entrevistarlo a México, al que le dijo: “He tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, pero he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí… he esperado pacientemente por que llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado”. No obstante, esta penúltima vez que un Presidente de la República prometió que no se reelegiría, no cumplió. Y son ampliamente conocidas las consecuencias.

Ésas son las amenazas y, por tanto, la actualidad de la bandera en pro de la democracia en México. ¿Y la justicia social? También está amenazada y es, por tanto, de una gran actualidad enarbolarla y defenderla. Los antorchistas nos manifestamos ante la Cámara de Diputados en los últimos días del año que terminó, precisamente con motivo de la aprobación del nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que habría de regir durante 2019. El motivo de la manifestación era demandar la inclusión en el documento a aprobar de varios cientos de necesidades urgentes de igual número de pueblos, colonias y comunidades en los aspectos de agua potable, drenaje, electrificación, pavimentos, clínicas, escuelas y otras obras de igual o mayor importancia.

Cabe aclarar muy enfáticamente que el Movimiento Antorchista Nacional demandaba en ese entonces (y sigue reclamando) la ejecución de las obras por parte de los niveles de gobierno a los que corresponde legalmente ejecutarlas, no solicitamos, ni en ese entonces, ni nunca, ejercer el recurso al margen de las autoridades encargadas de hacerlo. Tal aclaración debería salir sobrando porque ¿en qué cabeza cabría pensar que unos vecinos que piden una tubería o un bacheo para su calle, lo que solicitan es el dinero para llevárselo a su casa? No obstante el absurdo de la mañosa interpretación, me veo obligado a precisar, ya que el propio Presidente de la República ha acusado injustificadamente y sin pruebas al Movimiento Antorchista de ser intermediario de ciertos programas sociales (los de transferencia monetaria) y quedarse con una parte del dinero que supuestamente han manejado (a tal acusación, siempre y en múltiples ocasiones, hemos respondido que es absolutamente falsa). Pues bien, la aclaración ahora es oportuna y necesaria precisamente porque las falsas acusaciones de intermediarismo y moches en programas de transferencia monetaria han servido a algunas autoridades para negar de plano el derecho a la gestoría y a la solución de obras y servicios para la gente más necesitada. Estamos ante la represión administrativa de los que menos tienen.

Como consecuencia de nuestra manifestación, absolutamente legal, ante la Cámara de Diputados en los últimos días del año, el diputado Mario Delgado a nombre propio y del gobierno de la Cuarta Transformación, ofreció una reunión el día ocho de enero con él mismo, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de las dependencias involucradas para dar respuesta puntual a las demandas de los de abajo representados por el Movimiento Antorchista. Luego de tres meses del ofrecimiento y después de varias reuniones muy poco serias y nada resolutivas con funcionarios menores de la Secretaría de Gobernación que no tienen ninguna capacidad de decisión, nada se ha resuelto.

Tengo a mi alcance las declaraciones del gobernador del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo quien para lo que se refiere al estado que gobierna, señala las omisiones, los recortes, en una palabra, las dificultades para resolver los problemas de los que menos tienen, declaraciones que contribuyen a apuntalar las razones de los antorchistas. Dijo el señor gobernador precisamente el día que se celebró el Foro Michoacán para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que “han sido impactados al menos 21 programas federales con una reducción de mil 270 millones de pesos… luego de deplorar que se redujera en 17 por ciento el apoyo a los programas para la mujer, el 22 por ciento el apoyo al deporte, el 35 por ciento el recurso para infraestructura educativa y el 64 por ciento el apoyo a productores del campo… calculo en un 71 por ciento el recorte federal para la obra pública y en 100 por ciento los apoyos con proyectos para migrantes”. Como puede verse, la lucha por la justicia social está más viva que nunca y, al paso de las soluciones que vamos, pronto habrá que reivindicar plenamente también la vigencia del Artículo 9^o de la Constitución.