El pasado siete de septiembre, una mina del Consorcio Minero AG y CIA S.A. de C.V., ubicada en Escobedo, Coahuila, atrajo la atención nacional cuando un grupo de trabajadores quedó atrapado por el derrumbe de uno de sus túneles de carbón, y recordó los numerosos accidentes que costaron la vida a más de un centenar de personas en los últimos 15 años.

Entre las más recientes víctimas de las minas de carbón en Coahuila se hallan los 65 mineros de Pasta de Conchos en 2006, los siete de Múzquiz en junio pasado y los cerca de dos mil trabajadores que, de finales del siglo pasado a la fecha, han muerto a causa de derrumbes, explosiones e inundaciones subterráneas; el pan de cada día en este tipo de labores son los accidentes. Organizaciones como Familia Pasta de Conchos han denunciado la indiferencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno hacia los trabajadores en activo y las familias de los mineros fallecidos desde el accidente de 2006, ya que persisten las mismas condiciones de trabajo y la situación laboral en la que ocurrió aquella tragedia.

Solo habían pasado tres meses del derrumbe en Múzquiz, cuando el pasado siete de septiembre una mina de carbón, cuya actividad se hallaba restringida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por no cumplir con las normas de seguridad laboral, se derrumbó, dejando atrapados a cuatro trabajadores en su interior, quienes fueron rescatados con vida horas después. Los mineros atrapados son Andrés Noé Rocha Álvarez, de 29 años; Hugo Daniel Rocha Tovar, de 30 años; Carlos Ismael Martínez Segura, de 38; y Guadalupe Bernardo Morín Castro.

Después del accidente de Pasta de Conchos en el que perdieron la vida 65 de 73 mineros, al menos otros 122 han muerto en Coahuila; y fue a partir de entonces que sus familiares y diversas organizaciones civiles han exigido al Gobierno la aplicación estricta de medidas de protección laboral previstas por la ley.

Según la organización Familia Pasta de Conchos, la mina del ejido Obayos, de Escobedo, pertenece al Consorcio Minero AG, que vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El portal de esta paraestatal revela que su contrato con dicha empresa es por 35 millones de pesos (mdp). El derrumbe ocurrió a las ocho de la mañana y los cuatro mineros que quedaron en la cueva de arrastre estuvieron atrapados dentro del socavón durante 16 horas hasta que, a las diez de la noche, sus compañeros lograron rescatarlos con solo algunas contusiones leves. En ese lapso, sus vidas estuvieron en gran riesgo debido a la falta de oxígeno y a los gases que se acumulan en las áreas subterráneas.

La demora en el rescate se debió a que la empresa tardó en avisar del accidente a las autoridades para no hacerse acreedora a otra sanción gubernamental, ya que tenía una orden de restricción por no haber trazado las rutas de escape que está obligada a construir para proteger a los trabajadores. Un mes antes, el 19 de julio, se había registrado otro siniestro en la mina La Pasión, en el municipio de Ocampo, que provocó la muerte de dos mineros y dejó a uno gravemente lesionado. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas fueron golpeadas por piedras desprendidas del socavón.

Uno de los obreros fallecidos fue José Eduardo Mendoza Hernández, de 42 años, murió instantáneamente, mientras que sus dos compañeros, Jesús Pinales Rodríguez, de 20 años y José Jesús Ramírez García, de 56, fueron rescatados con vida y trasladados al Centro de Salud de la cabecera municipal, donde el primero llegó sin vida. En ese tiro se extrae plomo y zinc.

El siete de septiembre se suscitó el cuarto accidente en la región carbonífera en lo que va del año. En enero, un obrero pereció en una mina de carbón de Sabinas; en abril, un trabajador murió aplastado por un derrumbe en Cuatro Ciénegas y, en junio, en la mina carbonera Micarán, ubicada en el ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, perdieron la vida los siete trabajadores ya mencionados. En este socavón, las brigadas de rescate tardaron una semana en sacar los cadáveres. Días después, otro minero estuvo a punto de morir en un yacimiento de Escobedo al caer una piedra sobre su cabeza, que lo dejó inmóvil. En lo que va del año, en la región carbonífera de Coahuila ha habido 10 muertos.

Una larga historia de impunidad

La conducta de las empresas de carbón mineral es ilícita e impune desde el punto de vista del derecho laboral; y ésta se realiza ante la complacencia o la pasividad corrupta de los gobiernos Federal y estatal. La prensa local y nacional ha denunciado con detalle la explotación y los extremos riesgos de muerte que los mineros enfrentan para extraer el carbón, generador de la electricidad que ilumina a buena parte del país.

Entre los riesgos sanitarios que comporta el trabajo manual a más de 100 metros de profundidad, se encuentra el de permanecer en cuclillas entre ocho y 10 horas; intoxicarse con gas metano; no protegerse la cara, principalmente los ojos, contra el denso polvo del carbón y el no poder usar tapones en los oídos contra los fuertes ruidos que se generan en la mina, ya que les impediría escuchar la ruptura de muros o represas provocada por la presión del agua subterránea. ¡Y por un salario de dos mil pesos que no alcanza para la familia!

Los estados donde se encuentran los principales yacimientos de carbón mineral en el país son Coahuila, Sonora y Oaxaca; pero cerca del 95 por ciento se extrae del primero y se usa para generar electricidad en dos centros de la CFE situados al norte de la entidad. Uno se halla en el municipio de Nava y es conocido como Central Carbón I José López Portillo; el otro es denominado Central Carbón II, ubicado en el municipio de La Unión de Isidoro, donde también se quema carbón importado de Colombia, China y Australia.

Existen dos formas para extraer este mineral. La primera es superficial, porque solo se quita cierto grosor del suelo para llegar a la veta de carbón; la segunda forma es subterránea, porque los mineros deben abrir pozos verticales para acceder al mineral a través de varias decenas o centenas de metros, como ocurre con otros minerales.

Hay un tercer tipo de extracción, el “artesanal”, llamado así porque el carbón se rescata de cuevas hechas en las paredes de minas abandonadas o de terreros; es decir, de los restos de tierra de las grandes minas donde se explotó carbón. Se les llama, asimismo, “minitas de arrastre” y son más peligrosas que los pocitos, porque los depósitos de carbón están asociados a reservas de gas metano y las explosiones e incendios son mucho más comunes.

La relación de AMLO con el desastre minero

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró en su Tercer Informe de Gobierno que estaba “atendiendo” el caso Pasta de Conchos. Con ello hizo referencia a su compromiso de octubre de 2020, cuando firmó un acta de intención para reparar integralmente los daños sociales que provocó la tragedia en esa mina. Es decir, que se reiniciarían los trabajos para rescatar los cuerpos de los mineros sepultados e indemnizar a cada una de las 65 familias. Además, habría un fondo aportado por el Gobierno Federal para el mejoramiento urbano de la localidad Nueva Rosita y el municipio de San Juan de Sabinas. Estas obras estarían a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El rescate de los mineros, que siempre ha sido la prioridad de sus familias, debió comenzar el 1° de octubre del año pasado, pero éstas no han visto que el Gobierno Federal haya hecho nada. Incluso ha excluido de varias reuniones con el gobierno a algunas madres e hijos –particularmente a quienes recurrieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)– denunció la organización Familia Pasta de Conchos a través de su cuenta de Twitter.

A la fecha, las 52 viudas que han aceptado una indemnización sin rescate son las que no conforman el grupo que “se quejó” ante la CIDH, las que junto a sus hijos y otros deudos (madres y padres) protestaron cuando AMLO firmaba su carta-compromiso en 2020, mismas a las que no permitieron entrar al recinto donde se realizó el evento.

El problema con los familiares inconformes escaló porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se limita a resolver el problema de las indemnizaciones y se desentiende de las demandas para garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores mineros que siguen vivos y que en cualquier momento pueden ser víctimas de accidentes como el de hace 15 años.

La exigencia de reparación del daño y de que se pongan en ejecución las medidas necesarias para que no se repitan los accidentes mineros no es solo de las familias, sino también de las viudas, enfatiza la organización Familia Pasta de Conchos, cuyos integrantes pelean lo mismo desde 2006.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 30 muertes de mineros debido a accidentes; en la actual administración de AMLO van 10. Pero las muertes y las heridas graves no son los únicos riesgos sanitarios generados por las minas de carbón. Debido a su exposición diaria a este mineral, los trabajadores de las minas sufren una alta incidencia de cáncer de pulmón, asma y padecimientos relacionados con el riñón y el corazón, cuyas consecuencias se extienden a sus familias y a las comunidades vecinas.

Las partículas que emite esta actividad minera provocan enfermedades respiratorias, como la neumoconiosis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que derivan de la inhalación del polvo de carbón y afecta más a niños, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad. Coahuila lidera, en el rubro nacional, en la incidencia de enfermedades e incapacidades provocadas por la minería. En 2019 registró 22 mil 990 casos de empleados con problemas de salud generados en su trabajo; de éstos, seis mil 504 (el 28.3 por ciento) terminaron en incapacidad permanente.

Otra enfermedad provocada por el trabajo en las minas de carbón es la hipoacusia o sordera por ruido, problema contra el que tanto los empresarios del ramo como los gobiernos locales aseguran que es inevitable; pero se guardan muy bien de revelar que, en la mayoría de las minas de Coahuila, no se entrega a los mineros protectores auditivos adecuados.

Otro aspecto al que la minería carbonera afecta severamente es el medio ambiente; ya que su polvo fragmenta los ecosistemas, destruye el suelo, modifica los paisajes y daña el flujo natural del agua; además de que sus gases naturales o químicos –dióxido de carbono, monóxido, óxido de azufre, nitrógeno y metales pesados– contaminan el aire que ventea hacia áreas urbanas y rurales. En 2019, las centrales carboeléctricas de la CFE emitieron el 22 por ciento de los gases de efecto invernadero, pese a que, en ese mismo periodo, únicamente generaron el nueve por ciento de la electricidad en México y contribuyeron, por ende, a acelerar el cambio climático.

La región carbonífera de Coahuila abarca 16 mil kilómetros cuadrados del norte de la entidad. La conforman los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Melchor Múzquiz, Progreso y Piedras Negras. El 90 por ciento de las reservas de carbón en México yacen bajo esta región. En la medida que los gobiernos Federal y estatal no resuelvan este grave problema, las tragedias en las familias mineras seguirán suscitándose y no cesarán las cruces levantadas a flor de tierra o en el interior de tiros y socavones, humilde homenaje a los trabajadores que diariamente arriesgan sus vidas extrayendo carbón para generar energía.