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Las demandas populares deben ser atendidas
Conlleva una grave injusticia y una flagrante violación a los derechos constitucionales básicos, confundir el intermediarismo oportunista con los derechos de organización, petición y manifestación pública de los ciudadanos
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Con la debida anticipación respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los diputados antorchistas y nuestro gestor nacional, ingeniero Homero Aguirre, entregaron el pliego de las demandas más urgentes formuladas por los antorchistas en todo el país, y por los municipios gobernados por ayuntamientos de mayoría antorchista, algunos de los cuales, como Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México, tienen una población equiparable a estados como Colima o Baja California Sur.

Hubo que realizar varias gestiones, pedir el auxilio de personas relacionadas con estos asuntos y hacer acopio de paciencia para tener, al fin, acceso directo al licenciado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y entregarle personalmente el pliego. El objetivo central era, sin embargo, explicarle con todo detalle que nuestra solicitud no es de dinero en efectivo para su manejo discrecional por los gestores; tampoco una “bolsa” etiquetada expresamente para tal o cual organización, como han afirmado muchas voces enemigas de la gestión popular. Desde siempre hemos sabido que eso es ilegal y, por tanto, nunca ha sido ésa nuestra demanda, sostuvimos. Simplemente, queremos asegurarnos de que el PEF incluya los recursos necesarios para la realización de las obras que solicitamos, mismas que serán ejecutadas, como siempre, por quien la autoridad competente designe.

Es decir, nuestro propósito era aclarar al licenciado Ramírez Cuéllar, lo que nosotros defendemos, en último término, no es el derecho a repartir directamente a la gente los beneficios conseguidos, sino el de gestionar dichos beneficios, junto con la gente y para ella, dado que se trata de un derecho constitucional. Afortunadamente, el licenciado Ramírez Cuéllar entendió rápidamente el planteamiento y se mostró de acuerdo con él; incluso recordó que, cuando desde la oposición dirigía el movimiento El Barzón, había estado varias veces en la Cámara de Diputados y ante la Comisión de Presupuesto, como nosotros hoy, exigiendo solución a las demandas de sus compañeros (de paso, diré que le hace falta saber esto a la diputada morenista Araceli Ocampo, de Guerrero, que acusa a Antorcha, a la CODUC y a la CNC, de cercar el Congreso de la Unión “violentando y amenazando nuestro criterio” sobre el PEF. ¿Piensa lo mismo de la lucha de El Barzón?). La promesa de Ramírez Cuéllar de buscar una respuesta justa a nuestro pliego, nos hizo concebir esperanzas y aguardar su respuesta.

No hubo tal. Esperando perdimos tiempo y, por eso, casi al cuarto para las doce, nos vimos obligados a manifestarnos ante la Cámara de Diputados, en número de 50 mil antorchistas, en demanda de respuesta satisfactoria a nuestro pliego. Con un frío que calaba los huesos; con cierta prensa encima; con los robots y los “pejezombies” de Morena lanzando contra nosotros toda clase de injurias, infamias y amenazas; con los granaderos cerrándonos el paso amenazadoramente, aguantamos casi 72 horas peleando por nuestro derecho a ser atendidos. Al fin pudimos dialogar con el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el cual, detalles aparte, se comprometió a convocar una reunión de los funcionarios relacionados con nuestro pliego y presidida por él, el ocho de enero de los corrientes. En esa reunión habría una respuesta justa y puntual a las peticiones. Testigo de honor fue don René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada priista.

No hubo tal reunión el ocho de enero y otra vez, detalles aparte, se nos convocó a la Secretaría de Gobernación para el día 10, con la participación del diputado Delgado y con la presencia del subsecretario Zoé Robledo. Nos recibió la encargada de Atención Ciudadana de la Secretaría; se presentó amablemente con nosotros y nos preguntó cuál era nuestro asunto y en qué podía servirnos. Nos limitamos a decirle que esperábamos al diputado Delgado y ella se ofreció cordialmente a acompañarnos en la espera, pero inútilmente. No llegó nadie más, y la amable funcionaria nos despidió con la promesa de una nueva reunión, en los mismos términos que las dos fallidas, pero sine die. Y aquí estamos esperando.

Me parece que la lectura de estos hechos no es difícil. Desde el primer ataque del Presidente de la República contra “la Antorcha mundial”, nosotros, previendo una situación como ésta, nos apresuramos a dejar clara la diferencia entre los programas de transferencia monetaria de los que hablaba el Presidente, y la labor de gestoría de obras y servicios para los más pobres y marginados del país a la que se ha dedicado desde su nacimiento el Movimiento Antorchista Nacional. En el primer caso, como es obvio, no hay lugar para la gestoría, puesto que se trata de un programa desde el Gobierno, un proyecto implantado desde arriba sin intervención de los beneficiarios. Por tanto, la única oportunidad de injerencia exterior la ofrece el reparto del dinero, y tiene sentido que el Presidente diga que no permitirá el “intermediarismo” de nadie. No sucede lo mismo con la gestión de las necesidades, carencias y reclamos de las masas populares que sufren rezagos ancestrales, jamás atendidos por los gobiernos de los tres niveles ni comprendidos ahora en los programas de transferencia monetaria. Aquí no solo cabe, sino que es absolutamente necesaria, legítima y legal la intervención gestora de la masa y de sus líderes, aunque la entrega del beneficio se la arrogue el gobierno. Importa la obra y nada más.

Dijimos entonces y repetimos hoy que es un error, que conlleva una grave injusticia y una flagrante violación a los derechos constitucionales básicos, confundir el intermediarismo oportunista con los derechos de organización, petición y manifestación pública de los ciudadanos; que es un abuso del poder público reprimir sin más liderazgos y representaciones legítimas de grupos organizados, en cuyo nombre sus líderes y representantes, libremente elegidos, gestionan obras y servicios elementales para paliar la pobreza y marginación en que viven. Una injusticia porque, so capa de combatir la corrupción del “intermediarismo”, se niega también, metiendo cosas distintas en el mismo saco como una sola, el derecho de los pobres a demandar las mejoras precisas que a su entender urge resolver para hacer más llevadera su vida. Violación intolerable a derechos básicos porque, al actuar así, se amenaza e intimida a los líderes, se descabeza a la organización de masas, se la atomiza y disuelve y se la entrega inerme e indefensa en manos de explotadores, manipuladores y traficantes de todo tipo y de toda laya.

 El error del que brotan estos fenómenos negativos es confundir la gestoría de un beneficio con la distribución o entrega del mismo. Los reaccionarios defensores del sistema de privilegios para unos pocos a costa del empobrecimiento de las mayorías, odian con toda su alma la organización popular y el papel de sus líderes. No lo dicen así porque se delatarían, y recurren al artilugio de tergiversar descaradamente la naturaleza de las demandas diciendo que lo que buscan siempre es dinero para los líderes. Esta vieja canallada de los “cangrejos” (así les llamó en su tiempo don Guillermo Prieto) se ha multiplicado mucho y rápidamente al amparo del ataque presidencial. Ejemplos: el lunes 14, un plumífero de un diario hidalguense se mofó de los antorchistas diciendo que “ya nadie los pela” aunque lleven millones a protestar, porque el negocio de su líder, la profesora Guadalupe Orona, “se acabó”. En Yucatán, el diario Por esto se burla de cuatro antorchistas que acudieron a sus oficinas diciendo que iban encabezados por “una tal Aleida Ramírez”, a quien solo conocen en su casa y eso a la hora de comer (¿cómo ve usted a los mundialmente famosos de Por esto?). Finalmente, el martes 15 de enero en La Voz del Sureste, en Chiapas, se dice que a los 600 líderes “de todo” que hay en el estado, no les debe gustar que, “en caso de beneficio a sus representados, el trato va a ser directo y no con ellos” (¡duro contra la organización de los pobres y sus líderes!), y asegura que esos líderes se han enriquecido “y los hay escandalosamente millonarios como el dirigente nacional de Antorcha Campesina”. (Hay algunos “cangrejos” que, además de canallas, son imbéciles).

El Gobierno actual, como lo atestiguan los hechos narrados al principio, se niega a atender las demandas populares creyendo que así castiga a los líderes corruptos y acaba con esa plaga. No ve que, si se va al fondo de los hechos, negar las demandas no es castigar a los malos líderes sino a las masas empobrecidas que son las verdaderas solicitantes. El diputado Mario Delgado debe corregir este error de miopía política cumpliendo cabalmente con el compromiso contraído con los antorchistas. Ellos sabrán reconocérselo.

De todos modos, compañeros antorchistas de todo el país, parece que ha llegado la hora de que saquemos de su error tanto a quienes nos calumnian como a quienes nos niegan, saliendo a la calle en miles, decenas de miles o cientos de miles si fuere necesario, para defender a nuestros gestores y nuestro derecho a participar del presupuesto nacional salido del bolsillo de todos nosotros. Alcibíades contestó a quienes lo sentenciaron a muerte en ausencia: “Pues yo les voy a demostrar que vivo”. Nosotros debemos decir a quienes nos niegan y niegan nuestros derechos: “Pues les vamos a demostrar que existimos”.


Escrito por Aquiles Córdova Morán

Ingeniero por la Universidad Autónoma Chapingo y Secretario general del Movimiento Antorchista Nacional.


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