En Veracruz, las protestas se realizaban con mayor frecuencia ante la falta de medicinas en los 104 hospitales y los 700 centros de salud con que cuenta la entidad; por su parte, las autoridades minimizaron tanto las inconformidades del pueblo veracruzano como el déficit del 40 por ciento en estas unidades de salud, así como la mala herencia de las administraciones pasadas.

Los pacientes con cáncer y los afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son quienes más sufren por la indolencia gubernamental, pues el desabasto de medicamentos para la aplicación de quimioterapias y la dotación de antirretrovirales databan de hace tres meses en los nosocomios de la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 26 de febrero, un grupo de enfermos del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Dr. Rafael Dorantes Meza, se manifestó en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez el abastecimiento de medicinas para poder continuar su tratamiento, pues en ese nosocomio no las hay desde que asumió la gubernatura, el 1º de diciembre pasado.

Una de las pacientes, María García, participó en la protesta frente al Palacio de Gobierno pese a su delicado estado de salud, a fin de denunciar que le habían suspendido las quimioterapias, y que varios de los medicamentos necesarios para hacerlas no llegaban a la farmacia desde hacía dos meses; lamentablemente, por la carencia de dinero no puede combatir el cáncer fuera del Cecan.

Ella, otros enfermos y sus familiares exhibieron mensajes escritos en cartulinas. En el más recurrente se leía: “¡Queremos vivir!”.

 Pero fue hasta el cinco de marzo, tres meses después de haber iniciado la nueva administración, cuando las medicinas comenzaron a llegar. Roberto Ramos Alor, secretario de Salud estatal, explicó el desabasto aduciendo que el problema provenía de las administraciones estatales anteriores. “Estamos superándolo ya, vamos muy bien dando solución al problema de desabasto de medicamentos; estamos recorriendo el Estado. El desabasto que tenemos en este momento en realidad es de un 40 por ciento. Le pido al pueblo que nos espere un poquitito, va a haber para todos”, dijo.

El funcionario responsabilizó a la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares. “Es un tema escabroso, pero hay que hablarlo claro: no podemos tapar el sol con un dedo; efectivamente, el clamor en todo el Estado, tanto para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como para un servidor, ha sido el desabasto de medicamentos, la falta de plantillas en los hospitales y en las unidades médicas, así como falta de equipamientos”.

Un día después de estas declaraciones, la SS emitió un escueto comunicado en el que aseguró la llegada de medicamentos a pacientes de toda la entidad, aunque no especificaba la fecha. El retraso de medicamentos, explicó el comunicado, obedecía al combate a la corrupción.

“Como parte de las estrategias de combate a la corrupción y de la correcta administración de los recursos, así como del beneficio real para los pacientes adscritos a las diferentes unidades médicas, la SS informó que la adquisición de medicamentos es ahora parte de las compras consolidadas del Gobierno de la República. A diferencia de años atrás, en que asociaciones civiles recibían recursos gubernamentales para la compra de medicinas, en este gobierno ya no habrá estos intermediarios; con ello se garantiza que los suministros lleguen a todas las unidades y sus respectivos pacientes”.

Fue hasta el siete de marzo, después de la protesta, cuando se abasteció de fármacos oncológicos al Cecan, en Xalapa. La SS aseguró que la adquisición tuvo un costo de un millón 200 mil pesos para completar los faltantes en ese nosocomio, y que se prepara un nuevo cargamento, no especificó fecha, por cinco millones 800 mil pesos, que serán distribuidos en los hospitales de Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz y Martínez de la Torre.

El funcionario estatal, además, sostuvo que se habían invertido 375 millones de pesos en la compra de medicamentos, para que todas las farmacias del sector salud estén abastecidas al 90 por ciento; pues la Secretaría de Salud Federal cuenta con 79 hospitales en la entidad, destacó.

Sin embargo, ese mismo día, trabajadores del Hospital Civil de Xalapa, entre ellos médicos y enfermeras, denunciaron públicamente el desabasto de insumos básicos, como jeringas y medicinas. “A nosotros nos llegan pacientes graves y desgraciadamente tenemos que improvisar, porque muchas veces no tenemos los materiales; tenemos una sala de choque que no tiene ni lo básico para atender a pacientes graves”, acusó el médico cirujano Javier Domínguez Zepeda.

Lo mismo sucede en otros nosocomios de la entidad. La tarde del sábado nueve de marzo, familiares de una joven mujer de Minatitlán solicitaron apoyo luego de que ésta sufrió un intento de feminicidio en el que su esposo la hirió con dos impactos de bala en la espalda. Al trasladarla al Hospital Civil de Minatitlán, localizado al sur de la entidad, no pudieron atenderla porque no contaba con anestesiólogos. Ante la falta de atención, su familia tuvo que llevarla a una clínica privada.

Federación lacera a la salud pública

Con la eliminación de los fondos públicos que llegaban a las organizaciones civiles se afectó también a los pacientes con VIH en Veracruz. Si bien en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) que funcionan en el interior de hospitales estatales sí hay retrovirales; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también se ha presentado dicho desabasto.

La Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH, cuya coordinadora nacional es Patricia Ponce, recordó que desde el inicio de la epidemia del VIH en México se trabajó de manera apartidista, profesional, voluntaria, permanente y ética en el terreno de la prevención, la atención, la mitigación del daño y la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el virus.

“Desde la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, exigimos al Ejecutivo reconocer el trabajo y los aportes de la sociedad civil para el respeto de los Derechos Humanos, particularmente en respuesta al VIH, así como reconocernos como actores clave en el desarrollo del país y como un mecanismo eficiente y eficaz de participación ciudadana”, explicó.

Al respecto, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) externó su preocupación por el recorte a los recursos destinados a problemas de urgencia extrema como la prevención del VIH, padecimiento que afecta, entre otras cosas, a la distribución del condón como una medida efectiva para evitar la infección, cuyo repunte en la población femenina ha sido notable en los últimos años.

“Las medidas se anuncian como parte del combate a la corrupción, problema que efectivamente debe ser atacado y erradicado; sin embargo, las mismas no presentan alternativas y generan un panorama incierto en el que los derechos humanos se ven afectados, especialmente los de las mujeres, a quienes el Presidente de la República no ha querido aún reconocer como una parte importante de la población que merece, por justicia histórica, atención a los temas que nos afectan directamente como el feminicidio y la violencia en todas sus formas”, citaron.

El 25 de febrero en Poza Rica, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron a las afueras del hospital regional por el desabasto de medicamentos, específicamente los que combaten enfermedades crónico degenerativas. Los inconformes, encabezados por su líder, Miguel Limpicot Castillo, aseguraron que en los últimos meses se agudizó el problema no solo en el nosocomio, sino también en la clínica satélite con que cuenta Pemex en ese punto del norte veracruzano.

Previamente, el 25 de enero, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual Cosío, advirtió que debido a un rezago en los permisos de importación y prórrogas de registros sanitarios, por el periodo de ajuste en el cambio de Gobierno Federal, podría darse un desabasto de medicamentos en todo el país.

Algunas de las materias primas para la elaboración de medicamentos demoran 40 días en importarse al país y el proceso de elaboración y el periodo de pruebas requieren de cuatro meses, explicó.

Hasta el cuello, las deudas en salud

El 12 de marzo, el diario Reforma publicó una investigación en la que aseguró que desde 2007 las Secretarías de Salud de los estados arrastran deudas por 45 mil 692 millones de pesos a proveedores, empleados y a terceros institucionales, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SS, confió al periódico que los Estados deben a proveedores de “servicios de limpieza, alimentos, generales, de mantenimiento a equipo. Hay adeudos viejísimos”.

Entre las entidades con adeudos más altos se encuentran: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Campeche, Estado de México y Sinaloa, cuyos gobiernos acumulan el 86 por ciento de las deudas nacionales, motivo por el que será en dichos lugares donde iniciará la centralización de servicios, aunque hasta el momento no se ha especificado cómo se paliarán esas deudas, ni cuándo comenzarán a llegar los recursos a las entidades. Veracruz tiene una deuda de seis mil 945 millones de pesos.

El pago de nómina representa el 22 por ciento de los adeudos, mientras que el de proveedores llega al 44 por ciento. Para el pago de los trabajadores del sector salud, la Federación debe entregar los recursos a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

El adeudo de los Estados equivale a la mitad de los 93 mil millones de pesos que en 2018 se asignaron al FASSA. Pedro Flores explicó que, a pesar de la asignación de recursos, la deuda aumenta porque “lo que actualmente hacen es que utilizan lo del FASSA para muchas cosas diferentes menos a sueldos”. 

Radiografía de la salud veracruzana

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que la esperanza de vida del veracruzano es de 74.2 años, una de las más bajas del país. En Nuevo León, el estado mejor posicionado en la tabla nacional, es de 76.7 años. Datos de 2016 revelan que 11.2 menores de un año mueren por cada mil nacidos y que 29.3 madres veracruzanas mueren por cada 100 mil partos, lo que ubica a Veracruz en el octavo lugar nacional.

Las enfermedades con mayor incidencia en la población son diabetes, hipertensión y obesidad. La Asociación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en Veracruz, a través de su presidenta, Isabel González Sicilia, informó que cada año se reportan en la entidad hasta cinco mil nuevos casos de cáncer en niños, por lo que es la segunda causa de muerte en menores de edad en Veracruz.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, el gobierno veracruzano revela que existe una clasificación de tres tipos para los 104 nosocomios que hay en la entidad: los hospitales de máxima especialización, para pacientes de primera prioridad; los hospitales de nivel intermedio y los hospitales de segundo apoyo.

La clasificación parte de que un hospital cuente al menos con 20 camas; servicios en las cuatro especialidades troncales (cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna), así como un horario de atención de 24 horas al día durante los 365 días del año, y personal disponible (cirujanos, enfermeras, técnicos radiólogos y laboratoristas, entre otros); asimismo, deben contar con una sala de cirugía y servicios de radiodiagnóstico, laboratorio y farmacia.

De los 104 hospitales veracruzanos, 59 están a cargo de la SS, 34 pertenecen al IMSS, seis al ISSSTE, nueve a Pemex, dos a la Secretaría de la Defensa Nacional y tres a la Secretaría de Marina. También existen 40 clínicas privadas a lo largo y ancho de la entidad.

Uno de los primeros anuncios del mandatario veracruzano fue el rescate de los 700 centros de salud de la SS que se encuentran en pésimas condiciones. Al cierre de esta edición, no se había informado de la mejora de uno solo. Hoy, a punto de terminar el primer trimestre del año y el primer cuatrimestre del nuevo gobierno, los ciudadanos no ven mejora alguna en el sistema de salud veracruzano.