China y Rusia son actores decisivos en la solución a la escalada crisis política entre Venezuela y Estados Unidos (EE. UU). El explícito y tácito realineamiento de estas dos potencias con el gobierno bolivariano parece tener como objetivo trastocar los planes imperiales en la región. Y aunque Moscú y Beijing abogan por el diálogo entre las partes, no escatiman críticas a la aspiración hegemónica de Washington. Mientras las corporaciones energéticas, tecnológicas y agroalimentarias financian provocaciones en el país sudamericano, en los foros multilaterales detonan las críticas contra el proceder de la superpotencia.

Cuando el capital corporativo de Estados Unidos tenía confianza en disfrutar de los recursos energéticos de Venezuela y en rediseñar la política a su favor, su peor pesadilla se volvió realidad: China y Rusia, sus adversarios geoestratégicos, le disputaban el poder en su otrora región hegemónica debido a la prepotencia de su propio gobierno y los errores ocasionados por la arrogancia. 

Los estrategas estadounidenses nunca pensaron que la crisis venezolana profundizaría su desencuentro con China. Sin embargo, cuando Washington tomó partido a favor de Juan Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela, Beijing declaró públicamente su respaldo a Nicolás Maduro.

Esa diferencia escaló hasta ocasionar, dos meses después, la cancelación de la Reunión Anual de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) y las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debió realizarse en la capital de China el 23 de marzo.

La crisis venezolana fue la causa de esa decisión. Todo detonó tras la negativa de Beijing a conceder el visado al representante Guaidó para asistir a esa cita. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China argumentó que Guaidó “no ha sido electo presidente por procedimientos legales y, por tanto, carece de legitimidad”. Su designación como gobernador ante el BID carece de representatividad, añade el texto. Además, China acusó a algunos gobiernos de intentar “imponer sus ideas sobre otros, manipular la cuestión venezolana y forzar la participación de los representantes de Juan Guaidó en la reunión, sin tener en cuenta que el objetivo del encuentro es la cooperación amistosa”.

En reacción, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence aumentó la presión sobre el BID. En un artículo publicado en el Miami Herald criticó a Beijing de “minar el avance de la democracia” al no otorgar la visa a Ricardo Hausmann.

Este hombre, designado el cuatro de marzo ante el organismo financiero, fue reconocido por los gobernadores del BID el día 15. Hausmann dirigió el Centro para el Desarrollo Internacional, fue profesor de economía del desarrollo en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de Harvard y es muy conocido por maniobrar en el BID.

Pero Beijing no respaldó su nombramiento impuesto por Washington y el BID. Y aunque EE. UU. es accionista mayoritario del BID, el gigante asiático hizo valer su derecho a negar el ingreso a su territorio. Por tanto, en 30 días se seleccionarán nueva sede y fecha para la cita anual.

Esta nueva escaramuza ensombrece la cumbre entre ambos gigantes económicos, prevista para el 28 y 29 de marzo, cuyo objetivo es solucionar su guerra comercial. Con Venezuela, China ha firmado múltiples pactos de cooperación en petróleo, minería, economía, seguridad, tecnología y salud. Es obvio que el gigante asiático no arriesgará el futuro de tales inversiones.

Rusia es otro gran actor foráneo que, junto con EE. UU. y China, dirime sus diferencias en la crisis venezolana. En su intento por distraer la atención del fracaso opositor, el diputado opositor Williams Dávila convulsionó más la escena política al declarar una supuesta amenaza militar de Rusia.

Ante medios extranjeros Williams describió, el 23 de marzo, el arribo de “casi 100 funcionarios” en dos aviones militares rusos al aeropuerto de Maiquetía, lo que en su opinión constituía un hecho “grave” que “violaba la soberanía” de Venezuela.

Un día después, la prensa local tituló: “Fuerzas extranjeras penetran en Venezuela”. Fieles a su tendencia de alarmar sin investigar la veracidad de la información, la prensa opositora destacó que Rusia provee de armamento, tecnología “y otros recursos” a Caracas.

Pero desde diciembre de 2018, medios y portales bolivarianos adelantaron que Moscú y Caracas habían pactado activar “mesas de trabajo combinadas” y elevar la capacidad de defensa del país sudamericano. De ahí que llegaron al país un avión Antonov An-124, con capacidad de carga de hasta 200 toneladas –aunque solo transportaba 35– y un Ilyushin IL-62 de pasajeros, del que descendieron 99 personas.

Según Sputnik y Reuters, a bordo iba el jefe del comando principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Petrovich Tonkoshkurov. The Guardian afirma que este militar es el de mayor rango en el ejército terrestre ruso. Lo que es claro es que ambas naciones fortalecieron sus relaciones durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y se reactivaron en los últimos años.

Con intención de nutrir la paranoia de supuestas amenazas desde países no aliados, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, no duda en afirmar que militares cubanos capacitan y reprimen en Venezuela. Pero en febrero, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aclaró que la acusación de que La Habana mantiene un ejército privado en Venezuela es falsa. “Es una imputación infame. ¡Que presente evidencias!”, desafió el Ejecutivo caribeño.

Cae el alfil

En este contexto, y para mostrar que su gobierno tiene amplia capacidad de maniobra, el presidente Nicolás Maduro, el 21 de marzo, aumentó la presión contra sus adversarios políticos. La madrugada de ese jueves, el Servicio de Inteligencia (Sebin) arrestó al principal colaborador de Juan Guaidó, Roberto Marrero y con él, a su escolta Luis Alberto Páez.

El alfil de Guaidó fue acusado de liderar una célula terrorista –con mercenarios colombianos y centroamericanos– que planeaba ocasionar el caos. Sus objetivos estratégicos de ataque eran cuarteles y unidades militares, así como hospitales y estaciones del metro de Caracas y otras ciudades de todo el país.

En su domicilio se incautaron un lote de armas de alto poder y divisas, informó el Ministerio del Interior. Marrero fue alojado en la sede del Sebin en Caracas (conocida como el Helicoide). Su partido, el Voluntad Popular, al que también pertenece Guaidó, rechazó todas las acusaciones.

Al referirse a esta detención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó: “Ante el fracaso del golpe de Estado, el fracaso de intentar ingresar por nuestras fronteras con su ‘ayuda humanitaria’ y ante la victoria del pueblo ante el golpe eléctrico, estos grupos continuan en su espiral de violencia para causar conmoción con sus planes terroristas”.

A ese señalamiento, Guaidó respondió que “el único terror aquí es que nos matan de hambre, el único terror aquí es que no hay insumos (en hospitales)”.

Entretanto, el gobierno de EE. UU. advirtió de las “consecuencias” que la “detención ilegal”  de Marrero tendrá y activó al Grupo de Lima para condenarla. Un día después, cuatro abogados opositores solicitaron en Washington medidas cautelares para Marrero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanta ira causó la caída de su alfil, que ese día el enviado especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, amenazó a funcionarios venezolanos por detener a Marrero. “Creo que deben saber que los conocemos, sabemos quiénes son los que se involucraron en estos actos criminales, conocemos sus nombres y actuaremos con efectos para esos individuos y el régimen”.

Se trata de la jueza Carol Padilla y los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante. También figuran los agentes del Sebin, Dani Contreras y Ángel Flores. En represalia por ese arresto, el Departamento del Tesoro avanzó en su objetivo de sofocar la economía venezolana y sancionó al Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) y sus filiales en Uruguay y Bolivia, así como al Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario.

Para el gobierno bolivariano, esas sanciones “atentan directamente contra el corazón de las finanzas del pueblo venezolano” y exhiben la “hipocresía imperial, que de modo engañoso ofrece una falsa ayuda humanitaria mientras ataca las fuentes que generan los recursos del país”. Además el gobierno de EE. UU. prohibió operar en ese país a Visa y Mastercard, acción con que limita más las pocas operaciones en divisas.

Batalla diplomática

En la última sesión de la segunda Conferencia de Alto Nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Cooperación Sur-Sur (PABA + 40), celebrada en Buenos Aires, la Unión Europea y 18 países rechazaron al régimen “ilegítimo” de Nicolás Maduro y reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

En ese foro, el 21 de marzo, Venezuela denunció que su economía ha perdido más de 24 mil millones de dólares (mdd) por el ataque despiadado de las medidas unilaterales de EE. UU., entre ellas las sanciones económicas a la petrolera estatal y a sus bancos. El ministro consejero de la embajada de Venezuela en Argentina, Juan José Valero Núñez, reiteró que alcanzar el desarrollo sostenible pasa por el respeto al derecho internacional.

Mientras tanto, en su lógica de usurpación, Guaidó ha contratado en España al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que defiende al opositor venezolano Leopoldo López. El 22 de marzo, el bufete anunció que por instrucciones de Guaidó denunciará ante la justicia ibérica al gobierno de Nicolás Maduro por blanqueo, cuyos activos en España pretende congelar.

Advirtió que antes denunciará por “usurpación de funciones” al actual embajador venezolano en España, Mario Isea. Su retiro dejaría libre el cargo al representante de Guaidó, Antonio Escarri.

Para evitar el escándalo que provocaría el desalojo de los diplomáticos leales al gobierno bolivariano de la embajada oficial de Venezuela en Georgetown, Washington, resolvió el dilema con la sorpresa. El 18 de marzo, el “enviado” de Juan Guaidó en EE. UU., Carlos Vecchio, ingresó en las tres sedes diplomáticas de Venezuela: el consulado en Nueva York y dos inmuebles del Ministerio de Defensa venezolano, donde se aloja la agregaduría militar.

A partir de este asalto, el edificio se transformó en el “centro político” desde donde se organiza el “fin de la usurpación” –según los seguidores de Guaidó– del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con el respaldo de EE. UU., Vecchio dejó de articular reuniones clandestinas en varias embajadas –las de Colombia y la Unión Europea– y en la oficina de la organización no gubernamental Visión Democrática, supuestamente dedicada al “exilio” venezolano. En círculos oficiales se recuerda a Vecchio por afirmar en broma: “Soy el único embajador que se mueve en Uber” por esa capital para articular reuniones en favor de su jefe en varias embajadas.

Sin embargo, agencias de noticias europeas citan que los diplomáticos fieles al presidente legítimo de Venezuela en EE. UU. trabajan ante la ONU (en Nueva York) y en la Organización de Estados Americanos (Washington).

En la lógica de alineamiento con EE. UU., el gobierno de Panamá retiró las credenciales al embajador del gobierno bolivariano, Jorge Durán y a una decena de diplomáticos venezolanos. El comunicado de la presidencia panameña, a cargo de Juan Carlos Varela, exceptuó a los diplomáticos de carrera. En cambio, recibía las “cartas credenciales” de la representante de Guaidó en Panamá, Fabiola Zavarce.