No conozco a ningún gobernante federal, estatal o municipal, ni de antes ni de ahora, ni  del partido verde, rojo, amarillo, azul o de color guinda, que cuando hable de que quiere “acabar” o retirar al ambulantaje de las calles céntricas de sus ciudades tenga una propuesta o un plan para para atacar de fondo el problema; y atacarlo de fondo quiere decir generar fuentes de empleo, con salarios bien remunerados, para todas las personas que trabajan en esa actividad que ha sido caracterizada de informal o apoyar con programas de empleo temporal y apoyos económicos en estos difíciles tiempos de crisis sanitaria.

Eso sí, lo que abunda son ejemplos de gobernantes, que cuando pueden (por iniciativa propia o por encargo) amenazan, reprimen y hasta buscan encarcelar a comerciantes informales y a sus líderes. Esto sucede en los días que corren en la capital poblana con el secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, René Sánchez Galindo, quien amenazó con presentar una denuncia penal, por supuesta asociación delictuosa y hostigamiento, en contra de Francisco Machorro, líder de Antorcha Comercial (sic) en la capital poblana.

Anunciar medidas gubernamentales con tintes represivos, y más aún con delitos prefabricados e inventados, no sólo hace del funcionario que lo declare y ejecute un represor, soberbio e intolerante; también lo convierte en un político que muestra su completa incapacidad para gobernar y para atender los problemas y necesidades de sus gobernados porque no se detiene a pensar, ni por error, el daño que la crisis sanitaria y sus “medidas” afectarán a las familias pobres.

Por ejemplo. Que una entidad decrete semáforo anaranjado o rojo y decir que el confinamiento se extiende una, dos semanas o hasta un mes, no deja de ser una medida emergente e incompleta. Puebla es gobernada por el morenista Miguel Barbosa y el 8 de enero se anunció que el confinamiento se extiende hasta el 25 de enero para reducir la movilidad y frenar contagios y más decesos por la pandemia; incluso, el anuncio oficial fue acompañado de la prohibición de la apertura de negocios de actividades no esenciales y siguen vigentes las medidas de restricción.

Si esto sucede con el comercio formal, imagine usted que pasa con el informal (el ambulantaje) al que millones de mexicanos recurren por no tener otra opción ya que su situación económica ha empeorado y sus familias no tienen lo suficiente para comer. La pobreza y miseria se han apoderado de esos hogares mexicanos, en este caso poblanos, que sufren también a diario crisis alimentaria además de la pandémica, que mostró el pasado 8 de enero el segundo día más alto en contagios con 310 y al menos mil 7 hospitalizados.

Ante las imparables crisis sanitaria y económica, las amenazas de un funcionario de la alcaldía poblana contra comerciantes, su organización y sus líderes, uno se pregunta: ¿qué no estará haciendo bien René Sánchez Galindo?, o ¿a qué intereses representa que lo usan como loro mal amaestrado y títere político para atacar, amenazar y reprimir a líderes sociales y trabajadores del comercio informal?

A mediados de diciembre el Partido Acción Nacional, en voz de su presidenta estatal, Genoveva Huerta, pidió el cese de Sánchez Galindo como secretario de Gobernación; el argumento es que el funcionario ha mostrado incapacidad para resolver el problema informal y posibles actos de corrupción. La petición que fue hecha vía conferencia virtual y donde también se aseguró que en lo que va de la pandemia cerraron mil 500 establecimientos formales y que se favoreció a un grupo específico de ambulantes y dejando entrever uno de los posibles actos de corrupción con el cobro de derecho de piso, recursos que no llegan a la tesorería municipal.

Y aunque también una de las propuesta de Genoveva Huerta puede ser cuestionada por querer favorecer a los comerciantes formales y olvidando a los informales, miles de trabajadores de este sector aseguran que tiene razón en que el funcionario municipal debía ser retirado del cargo por incapacidad para atender los problemas y necesidades de los habitantes de la capital; y más, cuando, sin pruebas, los calumnia y amenaza como sucedió el viernes 7 de enero cuando René Sánchez volvió a la carga, asegurando que desde el mes de septiembre se anunciaron  20 demandas que ahora se convirtieron en  alrededor de 33 o más; el mismo funcionario aseguró que “la denuncia penal se sumará a todas las anteriores hechas ante la Fiscalía por asociación delictuosa directamente contra este administrador (se entiende Francisco Machorro) de Antorcha Campesina”.

La declaración de Sánchez Galindo asegura que el ayuntamiento de Puebla ha promovido 65 denuncias penales en contra de líderes de comerciantes por delitos como lesiones, robos y amenazas, de las cuales más del 50 por ciento corresponden a dirigentes antorchistas. ¿Hay consigna política para amenazar y atacar?, y si la hay, ¿de quién es? Sus dichos de: “Son por lesiones, robos, amenazas y la más importante es la asociación delictuosa. Antorcha Campesina no solo administra comerciantes sino también grupos de choque para resistir contra actos de autoridad”, en automático dejan ver sus filias y fobias contra el sector del comercio del antorchismo poblano. Pero Sánchez Galindo debe saber muy bien que Antorcha es bien conocida por mayoría de los poblanos y de los mexicanos, y que la concepción que tienen de ella es muy diferente de la que él comenta. Además, hay una preocupación más porque desde hace meses los comerciantes llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado para que los dejaran trabajar, el problema es con el secretario de gobernación del ayuntamiento.

Francisco Machorro y los comerciantes que lidera se han mostrado muy respetuosos ante las medidas del estado, incluso ya se retiraron del Centro Histórico como fue la indicación del gobierno para evitar más contagios por el Covid-19 y se han acatado todas las medidas de seguridad en los tianguis en los que trabajan con autorización; pero los mismos comerciantes denuncian que si funcionarios como René Sánchez no los dejan trabajar, piden que él intervenga para que el gobierno municipal les brinde despensas o un subsidio económico para sortear la crisis económica y la falta de alimento en sus hogares; algo muy lejano en la mente del funcionario capitalino porque su rabia política contra todo lo que huela a organización del pueblo es visible.

La propia voz de los trabajadores informales es clara: “como comerciantes venimos viviendo al día, vivimos sacando lo de la comida, lo de los niños”; trabajar se vuelve de vida o muerte si funcionarios, como el citado renglones arriba, calumnian y reprimen; el gobierno municipal no ayuda o lo hace muy poco y sólo dice: “cierra y se acabó..., ¿qué vamos a hacer?...”, “ellos no quieren ayudar y si no nos apoyan nosotros tenemos que salir a ver cómo buscar el pan para nuestros hijos”; triste y lamentable la situación, pero muy cierta y de alarma.

Los gobiernos de todos los niveles siguen olvidando al pueblo que votó por ellos para sus representantes y funcionarios menores, como René Sánchez, pierden más atacando a los comerciantes y a sus líderes,  que cada mexicano que habita en la alcaldía de Puebla. Los poblanos con trabajo informal tienen ya muy poco qué perder, pero René Sánchez puede irse olvidando de su carrera política si la denuncia social rebasa las fronteras municipales. Gobernantes como él son repudiados, olvidados y colocados muy rápido en el bote de la basura de la política poblana y nacional. La voz de los comerciantes suena y sonará más fuerte pese a las calumnias y las amenazas de cárcel que este aprendiz de gobernante a echado a andar. Por el momento, querido lector, es todo.