El 11 de junio, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que en 22 estados del país había al menos 106 incendios forestales activos y cinco entidades destacaban por el número de las emergencias: Chihuahua, con 16; Guerrero, 13; Oaxaca, 12; Quintana Roo, 11; y Veracruz, ocho. En el combate contra estas conflagraciones actúan bomberos de gobiernos municipales y estatales, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), voluntarios y se sabe de la participación de cuatro helicópteros, un número demasiado pequeño para sofocar la gran cantidad de siniestros e impedir una mayor destrucción de viviendas y bosques. Es evidente que el apoyo del Gobierno Federal es lento e insuficiente.

La situación se vuelve alarmante cuando planteamos el número de incendios forestales acumulados entre el 1° de enero y el seis de junio de este año en las 32 entidades de la República: cinco mil 482 (36 por día) que han afectado 532 mil 233.80 hectáreas; en el 94 por ciento de la superficie siniestrada había estratos herbáceos y arbustivos y sólo el seis por ciento era arbóreo. Y aunque no se sabe de afectación en las viviendas de algunas comunidades, son miles las familias campesinas que perdieron cultivos y otros bienes patrimoniales.

Los 10 estados con más incendios en los pasados cinco meses y que representan el 83 por ciento del territorio nacional son: el Estado de México (Edomex), Jalisco, Ciudad de México (CDMX), Michoacán, Puebla, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Las 10 entidades con mayor superficie afectada corresponden a Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Durango, Edomex, Sinaloa y Chihuahua, cuyos territorios suman 84 por ciento del total nacional. Entre estos estados hay tres con el mayor número de pobres en el país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

¿Las autoridades actuaron adecuadamente para prevenir los incendios y están actuando correctamente para sofocarlos? ¿Quién o quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Cuáles son los efectos inmediatos y las consecuencias de largo plazo de los incendios? Las cifras enumeradas no dejan ninguna duda de que tales flagelos exhiben la incapacidad del Gobierno Federal y los gobiernos estatales, que así han actuado en otras emergencias, como las provocadas por el Covid-19 y el huracán Otis.

El año con más incendios forestales en el último cuarto de siglo fue 2023; pero 2024 podría superarlo debido a que el año pasado hubo sólo 20 incendios en promedio por día; y ahora, en apenas cinco meses, el promedio diario es de 36 y las medidas o planes de emergencia –entre ellas aumentar los recursos presupuestales para combatirlos– no existen.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Gobierno Federal han sido rebasados por la crisis; los funcionarios han mostrado incapacidad para responder con prontitud a estos eventos y para realizar acciones preventivas que eviten destrucción y pérdidas humanas, destinando recursos económicos y materiales para sofocarlos, en lugar de abandonar a la sociedad civil a su suerte y arriesgarla a acciones desesperadas como combatir el fuego sin contar con la experiencia necesaria.

En Oaxaca, ante la inacción de las autoridades, los pobladores salieron a protestar a las calles, retuvieron a funcionarios para obligar al gobierno a enviar helicópteros para combatir los incendios. Existe la versión de que uno de estos siniestros alcanzó la zona arqueológica de Yagul y puso en riesgo las cuevas prehispánicas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

El gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, no atendió a los manifestantes; igual actitud adoptó en Veracruz Cuitláhuac García, quien el cuatro de junio ordenó golpear brutalmente a los pobladores de Coatepec, Cosautlán de Carvajal e Ixhuacán de los Reyes, quienes protestaban por la falta de acciones eficaces para combatir el fuerte incendio forestal activo en los límites de Ixhuacán de los Reyes y Quimixtlán.

En cinco años, la dependencia perdió más de 75 por ciento de su presupuesto y se ha quedado sin la posibilidad de atender los siniestros y de conformar un plan de emergencia para atacar la crisis. En 2018, la Conafor ejerció un monto de cuatro mil 391 millones 393 mil 228 pesos; en 2019 se le redujo a dos mil 765 millones de pesos (mdp) y este año solamente dispone de 903 mdp; debido a la “austeridad republicana”.

En gran parte del territorio, la sequía y las escasas lluvias propician que haya más incendios y que éstos se propaguen con facilidad, mientras el Presidente insiste en que que “todo está bien”. Urge la aplicación de un plan de emergencia para sofocar los incendios forestales que afectan a las familias mexicanas. Aún es tiempo de evitar la destrucción de los bosques y más pérdidas humanas. Por el momento, querido lector, es todo.