El país caribeño vive en Estado de Excepción permanente. Es tal la desenfrenada crisis multidimensional, que el premier pidió intervenir a Estados Unidos (EE. UU.) y a Naciones Unidas (ONU). Ello exhibe a una clase política haitiana disfuncional, que olvida el fracaso de ambos actores para frenar la inestabilidad y cómo perpetuaron la ocupación y corrupción. México no debe alentar otra misión neocolonial en Haití, pues el futuro de América Latina pasa por la emancipación de ese estado.

Solo este año, en Haití han sido asesinadas dos mil 769 personas en Puerto Príncipe –80 por ciento murió por disparos de arma de fuego–. Eso sucede en esa nación, única en la región, que en 35 años ha tenido más de 20 gobiernos y los últimos 10 ha sufrido la ineficaz “ayuda” militar extranjera, un terremoto devastador, huracanes y la endémica epidemia de cólera.

Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en abolir la esclavitud e independizarse de Francia, su metrópoli europea, en 1804. Desde entonces ha vivido sucesivas invasiones (EE. UU lo ocupó de 1915 a 1934), dos dictaduras, dos golpes de Estado y la fallida misión de la ONU. No hay indicios de elecciones presidenciales que debían realizarse este año.

La consecuencia fue hacer del país, el más pobre del continente. Y a la par, la descomposición sociopolítica y económica, que evidenció el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las pesquisas apuntan como móvil a su intención de enviar a EE. UU. una lista de posibles criminales extraditables.

Pero la situación empeoró desde antes. En 2019 se suspendió la elección y el Parlamento se paralizó al expirar el periodo legislativo; ese vacío de poder agudizó la ingobernabilidad. Como efecto, 4.7 millones están en situación de hambre extrema y el Programa Mundial de Alimentos aumentó en 100 mil sus entregas de comida en la capital.

En octubre revivió la pandemia de cólera que, por oleadas, hace años ataca al país. El Ministerio de Salud reportó ocho mil 700 casos –la mitad, menores de edad– que apenas atiende por falta de médicos (muchos bajo acoso de pandillas), financiamiento, agua potable y gasolina para las ambulancias

La combinación hambre, cólera y desnutrición, es una bomba de relojería en esa sociedad, donde son mayoría los niños y jóvenes. En ese contexto, las élites político-económicas, cohesionadas con sectores oligopólicos foráneos, oxigenaron la ingobernabilidad a través de grupos delictivos.

El fiasco de la supuesta ayuda internacional es otra variable en la crisis multidimensional del país. Hace décadas que ahí operan más de dos mil organizaciones no gubernamentales (ONG’s); son tantas, que las autoridades locales ignoran su función y si son reales o solo espían. Muchos preguntan si algo tienen que ver en el desvanecimiento de miles de millones de dólares en donaciones internacionales que han llegado.

Así se llegó a una situación tan explosiva que el politólogo Evan Ellis califica así: “la de Haití es una crisis que ningún estado del mundo quiere tener y cuya solución impactará en el mundo”.

Rostro del terror

Consecuencia geopolítica de esa crisis es que Puerto Príncipe se haya convertido en el epicentro de la disputa por el poder, representado por el Estado y organizaciones cuya creciente influencia las convirtió en poder paralelo. Ellos son el rosto del terror.

Las mal llamadas “pandillas”, que oxigenan una guerra civil de facto, no son mediocres asaltantes, sino grupos cuya influencia deriva de las élites político-económicas. Su estructura es tan sofisticada que impide al Estado desplegar su capacidad de contención.

Poseen capacidad de inteligencia, movilidad y poder de fuego superior a la tecnología de las Fuerzas Armadas, señala Asier Agirre. La capacidad de esos actores se evidenció el primer semestre del año, cuando cometieron más de 550 secuestros y asesinaron a cientos de personas.

Hoy, la coalición “La Familia y Aliados G9” An Fanmi e Alye, tiene el control de esa ciudad –se dice que con apoyo indirecto del gobierno–. Su eje de acción está en el barrio de Nan Brooklyn en Cité Soleil y el 12 de septiembre tomó la estratégica terminal de combustible Verroux.

Lo hizo en protesta por el anuncio del primer ministro  Ariel Henry de que cortaría los subsidios a la gasolina. Las trincheras que el grupo cavó alrededor de esa central impiden el arribo de importaciones de bienes básicos, agua potable y el suministro de diésel y gasolina.

Detrás de esa operación está el expolicía Jimmy Barbecue Chérizier, quien afirmó que esa alza afectaría a los haitianos pobres. En octubre, un video mostró a ese personaje afuera de la terminal, exigiendo la dimisión del premier.

Y aunque el Departamento de Estado de EE. UU. lo sancionó por su rol en las masacres de 2018, él y sus huestes son el poder en la paupérrima población costera de Cité Soleil, que este año sufrió feroces olas de violencia y, en octubre, los brotes de cólera.

No menos hábil es la agrupación 5 Segundos. Tomó el Palacio de Justicia para sustraer y destruir expedientes y evidencias que ya son imposibles de recuperar, alerta la Asociación de Magistrados Haitianos. Eran relativos a las múltiples masacres cometidas desde 2018 por esos grupos, así como a casos de corrupción, delitos financieros y homicidios.

El grupo 400 Mawozo, que opera en Croix-des-Bouquets –el acceso norte de la capital– puso su mira en EE. UU. y Canadá. En octubre de 2021 secuestró a 16 misioneros estadounidenses y un canadiense que liberó en diciembre.

Washington ofreció un millón de dólares por información que lleve a apresar a tres sospechosos: Joseph Wilson, Jermaine Stephenson (Gaspiyay) y Vitel Homme. Este año, el grupo atacó a agentes de la Policía Nacional y en noviembre disparó contra vehículos de la Embajada de EE. UU.

A su vez, el ente Chen Mechan opera al centro de la capital. En las zonas costeras operan Gran Ravinn, G9, 5Segon y G-Pep (vinculada a la oposición política). Todos los centros urbanos padecen el flagelo del control pandilleril en un Estado incapaz de contenerlo.

En contraste, la Policía Nacional Haitiana (PNH) –“capacitada” por la ONU y EE. UU.– carece de apropiadas condiciones laborales y medios suficientes para realizar su trabajo con eficiencia. Han pasado a ser testigos de los choques entre grupos delictivos en lo que analistas califican de verdaderas batallas.

Esa acometida también se expresa en choques entre organizaciones rivales, incluye reclutamiento de menores, obstrucción a la entrega de ayuda humanitaria, tráfico de personas y violencia sexual como arma de guerra.

Esa situación es “una pesadilla” dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien el 15 de julio extendió el mandato de la misión del organismo hasta 2023. Sin embargo, favoreció el plan expansionista de EE. UU. que, con México, presentó una Resolución al Consejo de Seguridad el 10 de septiembre.

Ahí cita expresamente a Cherizier y sus abusos, por lo que contempla sanciones como un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los líderes de esas agrupaciones “por un periodo de un año”.

Ayuda u ocupación

Con el título Invadan Haití, exigió Wall Street y eso hizo EE. UU. el diario The New York Times recordó en junio pasado la persistente tentación de la cúpula político-empresarial estadounidense por ocupar Haití.

La mención no es casual, pues hoy insisten en controlar la nación francoparlante a través de una fuerza multinacional. Pretenden olvidar que, tras el golpe contra Jean-Bertrand Aristide de 2004 –que apoyó EE. UU. y perpetraron fuerzas armadas locales– la tensión escaló y la ONU desplegó su Misión de Estabilización (MINUSTAH).

Se previó que duraría seis meses, pero se prolongó 13 años, hasta 2017 y el balance es desastroso. La fallida acción de los Cascos Azules en favor de la paz y su pésima actitud moral, acabó con la poca institucionalidad que quedaba.

Además, socavaron los últimos vestigios de Lavalás (avalancha en créole), el más poderoso y radical movimiento social que desde 1946 –con la Revolución de los Cinco Días Gloriosos– escenificó Haití, explica Emmanuel Santos.

Por ello inquietó sobremanera el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores, Jean Victor Geneus, que el 24 de septiembre ante la ONU admitió que la crisis que enfrenta su país “solo puede resolverse con el apoyo efectivo de nuestros socios”.

Para muchos, la frase solicitaba una inminente intervención militar de las potencias occidentales. Esa percepción se afirmó con la editorial en The Washington Post, que pedía una acción “contundente” por parte de actores externos.

¿Por qué EE. UU. quiere ocupar militarmente ese país? pregunta a su vez Lautaro Rivara. Y es que, la Resolución del Consejo de Seguridad anunciaría un hito en el gobierno de Joseph Biden, renuente a enviar una fuerza de acción rápida cuyo rol es incierto.

En cambio, en octubre Biden envió a Haití al Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres (DART) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Su misión aparente era explorar la situación en el terreno y ofrecer alternativas “humanitarias”; sin embargo, la historia de subversión e intrigas de ese ente flota en la región.

A ese recelo se suma el envío –el 15 de octubre– de aviones militares de EE. UU. y Canadá, para entregar armas al gobierno haitiano. Ese día, la ONU aprobaba la Resolución contra las bandas y ambos países sancionaban al presidente del Senado, Joseph Lambert, y al exsenador Youri Latortue por “abuso de sus cargos” al traficar con drogas y colaborar con redes criminales.

Oficiales de EE. UU. dan pasos firmes en Haití. El comandante adjunto del Comando Sur, Teniente General Andrew Croft, con el diplomático Brian Nichols, visitaron Haití y se reunieron con el premier Henry y otras autoridades, luego de que Washington afirmó que brindará “apoyo sólido” al país caribeño.

Es obvio que, si invadiera Haití, EE. UU. enfrentaría el desafío del éxodo masivo de haitianos por lo que, en noviembre, Biden preparaba centros de refugio temporal en Guantánamo, Bahamas e Islas Turcas y Caicos, informó Axios. Solo este año fiscal, la Guardia Costera de EE. UU. interceptó a siete mil 175 haitianos, contra mil 427 en 2021 o 418 detenidos en 2020.

De modo que otra ocupación de EE. UU. y Canadá, o de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU, solo agravará la crisis de ese país, que lleva más de dos siglos sin plena soberanía para que su nación construya una vida digna. “Lo último que Haití necesita es otra intervención militar”, manifestó el Instituto Tricontinental de Investigación Social.

México, refugio

Tras el sismo de 2010, México permitió el ingreso de parientes de haitianos que ya residían en este país y que se asientan en Tapachula, Chiapas y Tijuana, Baja California. Hasta 2016 eran unos mil; pero luego llegó una segunda ola de casi 17 mil, afirma el experto en migración Luis A. Arriola.

Y aunque no hay registros confiables, solo en 2021 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró más de 51 mil solicitudes de refugio. La mayoría de haitianos pretende llegar a EE. UU., donde ya reside más de un millón de primera generación y sus descendientes, según el Censo 2019 de ese país.