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Con más protestas, colombianos rechazan decreto De la Espriella contra movilizaciones
Sindicatos, docentes, estudiantes y comunidades indígenas exigen respeto al derecho a la protesta, mejores condiciones económicas y protección de los derechos sociales.
Este miércoles 14 de octubre, miles de personas salieron a las calles de al menos seis ciudades de Colombia para exigir al Gobierno de Abelardo de la Espriella que respete el derecho a la manifestación, frene el encarecimiento de la vida y garantice las conquistas sociales.
De acuerdo con teleSUR, las movilizaciones reunieron a sindicatos, estudiantes, docentes y organizaciones indígenas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Riohacha, en rechazo a las primeras medidas de la administración, que lleva dos meses en el poder.
El medio reportó que el principal motivo de inconformidad es el decreto 1525, que establece reglas para la actuación de la fuerza pública durante las concentraciones y contempla la disolución de manifestaciones ante alteraciones graves, ya que los manifestantes consideran que la disposición representa un riesgo para el ejercicio de la protesta y podría facilitar la represión de las expresiones de descontento ciudadano.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se sumó a la jornada para exigir garantías para la educación pública, atención a la salud del magisterio y rehabilitación de planteles escolares dañados por emergencias, entre ellas los sismos registrados en el Valle del Cauca.
Asimismo, el sindicato también denunció la estigmatización contra los trabajadores de la educación y sus organizaciones.
Por su parte, comunidades indígenas y campesinas manifestaron su rechazo a los megaproyectos y a las políticas económicas que, según sus representantes, amenazan sus territorios y derechos colectivos.
En este contexto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió sobre posibles afectaciones a la autonomía de sus organizaciones y reclamó que las autoridades atiendan sus demandas.
Además del rechazo al decreto, los participantes cuestionaron el aumento del costo de vida y las decisiones gubernamentales que consideran perjudiciales para los derechos laborales y sociales. Los organizadores defendieron el carácter pacífico de las movilizaciones ante los señalamientos oficiales que, a su juicio, buscan desacreditar sus reclamos.
Por último, los manifestantes demandaron al Gobierno a que escuche sus exigencias y garantice el derecho a expresarse sin criminalización ni restricciones injustificadas.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.