Sindicatos, docentes, estudiantes y comunidades indígenas exigen respeto al derecho a la protesta, mejores condiciones económicas y protección de los derechos sociales.
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Hoy martes, 8 de septiembre, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, levantó la suspensión general que impedía ejercer el porte de armas de fuego a quienes contaban con permisos vigentes, medida que dejó sin efecto el decreto 1482 de 2025, el cual se había extendido durante todo el 2026.
A través de la firma del Decreto 1368, De la Espriella restableció la validez de los permisos para portar armas individuales que no estén vencidos, cancelados, revocados o sujetos a alguna prohibición.
Cabe destacar que, según el decreto, la medida no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma, sólo establece que únicamente podrán hacerlo quienes tengan un permiso vigente expedido por la autoridad militar y respecto del arma específicamente amparada. Tampoco será necesario tramitar una autorización especial adicional que se exigía durante el periodo de suspensión general.
Además, las autoridades conservarán sus facultades para suspender, cancelar o revocar permisos, además de realizar incautaciones y decomisos cuando corresponda.
"En consecuencia, deberá restablecerse la eficacia de los permisos individuales para el porte de armas de fuego que se encuentren vigentes y respecto de los cuales no exista suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial, o cualquier otra circunstancia jurídica que impida su ejercicio... Lo anterior no crea nuevos derechos, no autoriza el libre porte de armas de fuego, ni modifica los requisitos legales, condiciones, restricciones y controles previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y demás normas aplicables", establece el decreto.
Según el presidente colombiano, las restricciones al porte de armas habrían favorecido la circulación de armamento ilegal y, con ello, el aumento de la violencia. “Entre el primero de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15 mil 700 armas de fuego. De ellas, 14 mil 179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, afirmó.
Por último, sostuvo que la decisión busca dar mayores posibilidades de defensa a los ciudadanos que cumplen la ley frente a organizaciones criminales que operan con armas ilegales.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.