El tsunami migratorio en Ceuta evidenció el racismo sistémico y la división de la Unión Europea (UE), así como las maniobras de Marruecos y su cohesión con Estados Unidos (EE. UU.) e Israel. Esa necropolítica se nutre de la angustia de quienes huyen de guerras, pobreza y represión.

Está por definirse el impacto geopolítico del inesperado arribo de 80 mil personas a Ceuta, urgidas por cruzar hacia Europa. Cuando la UE vio llegar a sus costas a los otros ya despojados de todo, en horas pasó del pánico a clamar crisis humanitaria y luego a alertar sobre amenazas a su seguridad nacional.

El análisis post-Ceuta inicia con la premisa básica de que migrar es derecho y ejercicio político, y hacerlo a través de fronteras impuestas por el colonialismo desafía el orden neocolonial que dicta quiénes las traspasan o no.

¡Todo depende de la necesidad de mano de obra desregularizada del capital corporativo, y de los Estados que fungen como frontera exterior europea! Contener o abrir las puertas depende del interés de los actores en la región.

El Estado de donde partieron los migrantes es Marruecos, que reprobó la visita del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia el 20 de julio, quien buscó olvidar la crisis diplomática bilateral de 2022. Sólo nueve días después llegaban decenas de miles de migrantes a Ceuta, la mayoría marroquíes.

Detrás de esa oleada estuvieron también los traficantes de personas, quienes manipularon la sentencia del Tribunal Supremo Español (del 29 de julio) sobre no realizar “devoluciones en caliente” de migrantes que entran a nado a ese país. De modo que ya no habrá rechazo sumario a los interceptados por mar.

Las mafias decidieron incitar a los desesperados seres humanos que buscan cruzar el mar y diseñaron una sofisticada estrategia digital que, en coordinado ataque algorítmico mediante Tik Tok, Instagram y Meta, sugería veladamente a potenciales emigrantes que la frontera de Ceuta se abría y podrían salir.

El mensaje usó las palabras árabes Hraga y al-hajmá (harraga: quemar), es decir, que destruyeran sus documentos para no ser reconocidos al cruzar.

Conscientes del enorme riesgo que enfrentaban cuando iniciaron su peligrosa odisea, los jóvenes rezaron: ¡Alláh yrman Iwalidin. Allah yssabar Iwalidin! (¡Que Dios tenga misericordia de los padres! ¡Que Dios nos perdone por el dolor que causamos a nuestros padres!).

Así, a control remoto, se concretó el asalto a las fronteras de unas 72 mil personas, que dejó más de 141 muertos y de cuyos cuerpos ninguna plataforma digital, autoridad local ni gobiernos europeos asumieron la responsabilidad; tampoco por detonar un conflicto que aún persiste.

Tres semanas después sigue impune la necropolítica neocolonial cuya visión transfronteriza emplea a miles de desplazados en el juego geopolítico de presión y reacción entre potencias europeas y países norafricanos.

Desde su creación, la UE se deslindó de su responsabilidad de brindar asilo y refugio a esos necesitados, producto de la avaricia neocolonial que devasta naciones y delegó, a terceros Estados, el control migratorio que privilegia la barbarie racista y militariza la seguridad.

Ese dominio sobre Estados como Marruecos está en manos de firmas multinacionales, que instalan sofisticados sistemas de vigilancia y entrenan a la fuerza pública para reprimir a migrantes. Es una política de exclusión que tiene un fuerte pivote mediático donde corporativos designan a la migración como “amenaza”.

Esa construcción subraya la dualidad: superioridad/inferioridad que criminaliza a los migrantes con los vocablos: avalanchas –usado por Donald Trump– o tragedia humana, como hace Europa, denuncia la analista española Paula Guerra.

Con ello se ocultan las causas del éxodo: el saqueo de recursos, represión de la resistencia e imposición de políticas neoliberales ocasionan conflictos armados, pugnas inter-étnicas, inequidad, pobreza extrema, inseguridad y subdesarrollo perpetuo.

El capitalismo y sus corporaciones moldean naciones “expulsoras” de migrantes. Así lo consignó Tomasz Konicz cuando explicó que “Nadie se juega la vida si no entiende que en su país no tiene futuro”.

La dinámica de la emigración irregular confirma que, aunque los centros del capitalismo industrial se blinden en su relativa seguridad, mientras persista la visión imperialista, continuará la dinámica migratoria.

Por ello no es atinado reducir a “crisis migratoria” lo sucedido en Ceuta, pues simplifica el alcance real del régimen racista que Europa construyó contra la inmigración irregular al externalizar y militarizar sus fronteras.

Geopolítica al rojo vivo

A semanas de lo ocurrido, aún se investigan quiénes y cómo detonó este hito cuyo impacto desestabilizó y fracturó en la forma de consenso que la UE urdió por décadas. Entre otras, esas fisuras descubrieron sus contradicciones internas y la esencia neofascista de las leyes de extranjería de Los Veintisiete.

Se rompió esa frágil cohesión cuando, además del dictamen de la Corte Suprema, Pedro Sánchez anunció su decisión de regularizar a unos 500 mil extranjeros en su país. “Necesitamos esa mano de obra”, reconoció.

Aprovechando el momento, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, escaló la confrontación para posicionarse como líder europea antiinmigrante y a su Némesis ideológico (Sánchez) por omitir ante la ola migratoria y alentar una “amenaza híbrida pro-inmigración”.

Enseguida relanzó su propuesta de deportar a los inmigrantes a terceros países, que lanzó en 2023 como el Modelo Albania que los tribunales rechazaron por vulnerar derechos y su elevado costo.

El arrebato de la italiana agravó el choque diplomático con España, inútil y costoso para la unidad de la UE, por lo que sus detractores la criticaron por hacer propaganda previa a los comicios de 2027.

Alemania titubeó: mientras el canciller Friedrich Merz llamaba a fortalecer las barreras físicas para atrapar a los inmigrantes, el vicecanciller Lars Klingbeil denunciaba que los migrantes fueron “instrumentalizados” para dividir a Europa.

Paradójicamente fue la muy xenófoba presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quien, ante la amenaza de fractura interna, elogió la “rápida gestión” de Sánchez para devolver a Marruecos a los inmigrantes.

El español se alzó con la “fuerte solidaridad” de 22 ministros del Interior tras la videoconferencia del cuatro de agosto, donde ofrecieron reforzar los mecanismos de detección temprana y alerta para evitar sorpresas como ésta.

En el recuento de los daños, los peor calificados fueron los servicios de inteligencia de la UE, en general, y el fracaso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por no alertar sobre la posibilidad de una ola migratoria de estas características.

Marruecos: el frío cálculo

Una variable a considerar corresponde al reino alauita que, cuando la UE endureció sus políticas, dejó de ser un país de tránsito para alojar a miles procedentes de todo el mundo, en particular de África subsahariana. En busca de “hacerse la vida”, viven en Tetuán, Nador, Tánger, Al Hoceima y Ceuta, pues cada vez más se dificulta su cruce hacia Europa.

Pese a ser un país rico en recursos y biodiversidad, esta monarquía registra una profunda desigualdad y un alto índice en desempleo juvenil. En años recientes, los jóvenes se han asentado en la frontera, huyendo de la pobreza y represión estatal –con miles en prisión– en busca de sobrevivir fuera de su país.

Hoy Marruecos es la frontera exterior de la Europa, cuya visión neocolonial le impuso al reino contener a los migrantes. A cambio le asigna millones de euros para lo que llama “gestión de fronteras y protección de migrantes”; solamente en el periodo 2021-2025, Rabat recibió unos 580 millones de dólares (mdd) de Bruselas, cifra 50 por ciento superior a fondos otorgados el lustro previo.

Además, recibió cientos de millones adicionales del Banco Europeo de Inversiones como cooperación para el desarrollo e infraestructura que activan el turismo e introducción de inversiones. Ese aporte se suma a los sustanciosos ingresos que el erario marroquí percibe por ocupar el Sahara Occidental, como denunciamos en el número 1238 de buzos.

La ilegal explotación de esos recursos naturales (bancos de pesca saharauis, minas de fertilizantes en Bucraa y cultivos agrícolas en Dajla) representan el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) marroquí y 31 por ciento de empleos que generan firmas europeas en ese territorio ocupado, según informó en junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, la política neoliberal devastó la economía marroquí. Por ello, el grave desempleo juvenil y las masivas protestas en Rabat, Tánger y Marrakesh, donde se escucha el lema: “Dos océanos y fosfato, la gente con hambre y sin zapatos”. Ahí también se repudia la relación de subordinación con Israel y EE. UU.

La élite marroquí convirtió al país en la frontera exterior de la UE; y cuando se critica la política en el Sahara o su profunda adhesión al expansionismo estadounidense-israelí, Rabat despliega tácticas de presión como abrir las puertas a la emigración desde sus costas.

Así lo hizo en 1990, cuando lanzó a cientos de marroquíes hacia Europa; y en mayo de 2021, cuando retiró sus controles migratorios y ocho mil personas entraron a Ceuta en dos días, como reacción al hecho de que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, fue atendido en un hospital de Logroño, España.

En su cálculo político, la oligarquía alauita busca alejar a Europa de Argelia, cuyo gobierno anti-hegemónico y propalestino administra la mayor reserva de gas de África. En 2021, Argelia denunció que Marruecos se convirtió en plataforma de potencias extranjeras para actuar en su contra, como describimos en la edición 1195 de buzos.

La creciente desigualdad económica marroquí dio un “incentivo empoderador” a los jóvenes para intentar emigrar hacia España por Ceuta, explica la experta de la Universidad Westminster, Mriyam Aourag.

Neo-colonialismo racial

En el examen post-Ceuta resulta prioritario observar la desgracia de los migrantes. Siguen ahí y en la periferia más de 10 mil marroquíes y subsaharianos que pasaron a la retaguardia decepcionados por no salvar la distancia hasta Europa.

Curan sus heridas físicas y psicológicas tras la brutal y despiadada contención de la fuerza pública. Retornaron a esa zona oscura donde esperan otro cruce antes de que termine el verano y el mar los engulla, como a sus compañeros.

Son los sin nombre, pues quemaron sus documentos de identidad para evitar ser capturados y procesados. Ellos y los gobiernos –expulsores y receptores– únicamente poseen una certeza: su voluntad desafiará de nuevo los discriminatorios acuerdos europeos y a sus “infalibles” órganos de inteligencia.

La extensa red de acuerdos bilaterales tejida entre la UE y países africanos contra las “salidas irregulares” y el tránsito hacia Europa se nutre del discurso eurocéntrico, donde “el otro” y no occidental, es inferior ante el sujeto europeo situado en lo alto de la pirámide.

Por tanto, en esos pactos “fronterizos” se perpetúa la deshumanización neocolonial, la represión, el racismo y la exclusión, porque dejan a los migrantes en la indefensión legal. Con ellos, la UE institucionaliza el expolio, la explotación y la visión policiaca sobre cualquier “sospechoso” extranjero, siempre magrebíes y subsaharianos.

La hipocresía es total: tras las arengas de “integración y diversidad”, los gobiernos practican la discriminación cuando vetan el acceso de esas comunidades a lo que hasta hace poco significaba el Estado de Bienestar (educación, salud, vivienda y empleo decente).

Lo confirman las altas cifras de migrantes muertos, desaparecidos –en tierra y mar– y detenidos sin derechos. Ese saldo aciago responde al ciclo siniestro de migración-represión-explotación laboral que sostiene a la acumulación capitalista.

Según la oferta y demanda, traficantes y gobiernos organizan la distribución internacional del trabajo, que jerarquiza género, raza y clase de migrantes. Es el ciclo de la desposesión histórica y violencia sistémica contra naciones del Sur Global, denuncian Cedric Robinson y Gargi Bhattacharyya.

Cuando las metrópolis requieren migrantes, “permiten” a algunos asumir trabajos menos valorados, pero esenciales. Así vemos el vaivén de sudaneses, yemeníes y cada vez más marroquíes en ciudades como Belyounech y Fnideq.

Ellos satisfacen los requerimientos de mafias (hoy llamados “comerciantes de cuerpos”) que atraen a las víctimas con ofertas de empleo y residencia en el exterior mediante las redes sociales.

Pasado el sobresalto, y a la espera de la próxima ola migratoria de los desposeídos, conviene recordar al filósofo camerunés Achille Mbembe cuando declaró: “el poder del capital decidió quién vivía y quién moría”. Así ocurrirá mientras la necropolítica del Occidente Colectivo dicte su orden sobre los intersticios de África con Europa.

Aunque la arrogante Europa necesita migrantes para mantener su industria y al sector de servicios, regularizarlos y otorgarles derechos de ciudadanos choca con su propia concepción de la Europa-Fortaleza. 

Ceuta: laboratorio de exclusión

Ese territorio situado en la vertiente africana del Estrecho de Gibraltar, data de la era fenicia; hacia 1415 pasó a control portugués y luego de España, que aún hoy lo ocupa, aunque Marruecos afirma que lo recuperará con ayuda de EE. UU. e Israel.

La necropolítica imperialista convirtió ese enclave y punto geoestratégico más próximo entre África y Europa en laboratorio donde los miembros de la UE ensayan qué mano de obra eligen entre miles de aspirantes y a cuántos desechan, mientras se fortifican con vallas electrónicas y afinan leyes antimigratorias.

 

 

En los 18.5 kilómetros cuadrados de Ceuta se deshumaniza al migrante; sus derechos están en un limbo mientras la violencia y el racismo cotidiano se pavonean dejando muerte, desapariciones, agresión militar y devoluciones.

El territorio aloja unos 86 mil residentes; en las zonas acomodadas vecinos patrullan para evitar el ingreso de inmigrantes; los más radicales pretendían realizar una manifestación antiinmigrante que se canceló.

En julio, la Guardia Civil colocó una barrera marítima flotante de 500 metros para impedir que migrantes naden hacia la península; ahí, la policía fronteriza usa cañones de agua, gases lacrimógenos contra ellos y lanza disparos de advertencia.

La red privada trasnacional de fabricantes de armamento, firmas aeroespaciales, desarrolladores de software, consultoras tecnológicas y empresas de IA proveen equipos, armas y capacitación. Esa industria vive de convertir la movilidad humana en amenaza y mercantiliza la emigración; también de las opacas adjudicaciones de contratos públicos.

Eso está detrás de la advertencia del presidente de Ceuta; Juan Jesús Vivas advirtió: “¡Aquí no habrá papeles!”, para indicar que no habrá regularización para los migrantes.