La “infinita guerra global” que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) declaró para intentar recuperar su debilitada hegemonía en el mundo multipolar, se expresa hoy en la ofensiva de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia mediante la entrega de bombas de racimo al comediante de Kiev, que están diseñadas para asesinar civiles en zonas de conflicto y fabricadas con créditos de la banca internacional.

Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana contra Rusia, la cumbre de la OTAN efectuada en Vilnius, a solo 30 kilómetros de Bielorrusia, acordó suministrar al ejército ucraniano una extraordinaria cantidad de armas bélicas ultramodernas con alta capacidad letal.

Miles de niños, ancianos, madres y hombres de todas las edades morirán a causa de las municiones que se desprenden de las llamadas “bombas de racimo”, artefactos que Washington proveerá al régimen neofascista de Volodimir Zelensky, ya que se impactarán en casas, escuelas, campos de cultivo, caminos, puentes y oficinas.

El Pentágono (Departamento de Defensa de EE. UU.) y la Unión Europea dotaron al gobierno de Kiev con miles de estas bombas de indiscriminada mortalidad para enviar el claro mensaje de que la OTAN no se detendrá en su propósito de revertir el fracaso de su contraofensiva de junio.

Este anuncio y la fallida orden de Zelensky de reforzar con reclutas civiles al ejército de Ucrania, anticipan lo que sucederá próximamente en los campos de batalla donde hoy se libra no una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de la OTAN-Pentágono-EE. UU. y aliados contra Rusia, explica Narciso Isa Conde.

La Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, en vigor desde 2010, logró la adhesión de 108 países. El amplio respaldo a esta norma se debe al daño indiscriminado que las bombas de racimo causan a civiles y combatientes.

No todos los aliados de Washington avalan el uso de esta artillería que EE. UU. y la OTAN usaron masivamente en el pasado contra Laos, Camboya, Irak, Afganistán, Líbano y Libia. Hoy, algunos de sus socios se desmarcan del suministro de bombas de racimo al régimen del comediante de Kiev.

La ministra del Exterior de Alemania, Annalena Baerbock, declaró que su país considera controvertido el uso de esos explosivos. Y el afligido Primer Ministro británico, Rishi Sunak, recordó que su país es uno de los firmantes de la Convención y que “solo” apoyará a Ucrania con tanques y misiles de largo alcance.

En contra de civiles

El uso de las bombas de dispersión en manos de Ucrania aumentará un mayor riesgo de muerte para civiles atrapados en las zonas de combate, y para “aquellos que desean regresar, algún día, a sus ciudades, poblados y granjas”, debido a que el 30 por ciento de estos explosivos detona mucho tiempo después, advierte el director de la Asociación de Control de Armas de EE. UU., Daryl Kimball.

El gobierno de Joseph Biden es criticado porque no consideró que para asesinar a más tropas rusas habrá más civiles ucranianos muertos y mutilados. “Decidió que las muertes de niños ucranianos por artillería no detonada es un sacrificio que la oligarquía estadounidense está deseosa de enfrentar”, denuncia André Damon.

A la pregunta de ¿Por qué a pesar de que la comunidad internacional ha vetado esas armas de alto poder expansivo en 110 países, EE. UU. y Ucrania acordaron emplearlas?, se responde: por su gran capacidad letal.

El empleo de estas armas contra fuerzas rusas, situadas en posiciones defensivas, fue acordado por los líderes europeos y estadounidenses reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich en marzo pasado.

EE. UU. utilizó su habitual estrategia desinformadora con la versión de que la contraofensiva ucraniana necesitaba esas armas. El diario The Washington Post preparó a la opinión pública internacional para que aceptara –y solicitara– el uso de ese tipo de bombas, alegando que Kiev se quedaba sin proyectiles convencionales. “Era la mejor opción”, difundió también Conrad Quilty-Harper, de Bloomberg.

Por tanto, el Pentágono se vio “obligado” a proporcionar a su protegido esas letales bombas de racimo para “mantenerse” hasta que la industria armamentista intensifique su producción de artillería convencional. Como han sido diseñadas para destruir objetivos en zonas extensas, donde otros sistemas no tienen éxito, son muy requeridas.

Sin embargo, Ucrania requiere esas bombas porque son más eficientes contra soldados rusos atrincherados, ya que destruyen tanques en formación y otros vehículos blindados sin gastar gran cantidad de municiones; por eso exigió a sus aliados bombas tipo Mk 20 Rockeye II (o CBU-100) usadas en artillería de munición mejorada convencional de 155 milímetros.

Es un proyectil que dispersa 88 submuniciones al ser disparado desde drones ucranianos adaptados para atacar objetivos en territorio ruso, no solo ucraniano. Después de ser lanzada al aire una bomba Mk20, que pesa menos de 240 kilos, se abre a determinada altura para arrojar unas 118 submuniciones antitanque de gran poder explosivo.

La Mk20 cubre la misma área de terreno donde se dispersan las minibombas, con la desventaja de que no siempre explotan al llegar a tierra, por ello son un riesgo latente para civiles de la zona donde son lanzadas, explican expertos del portal The War Zone.

EE. UU., cuyo gobierno es el que más ha usado bombas de racimo en otras naciones, viola flagrantemente la Convención de Oslo de 2008 e infringe la ley de marzo de 2009 del expresidente Barack Obama, que prohíbe su exportación.

En su actual “guerra proxy” de Ucrania, Biden defiende los intereses del Complejo Militar Industrial (CMI); y la más reciente partida de ayuda militar al gobierno neonazi de Zelensky fue de 800 millones de dólares (mdd) que, desde el inicio de la confrontación, ha recibido 41 mil mdd.

Biden alegó que el envío de estas bombas a Ucrania “fue una decisión muy difícil”. Pero, al adoptarla, soslayó que “serán los civiles quienes paguen la falacia de la falta de municiones; pues lo mismo se diría de las armas químicas”, razonó el diario británico The Guardian en su editorial del 10 de julio.

Banca y muerte

El genocidio, articulado por los gobiernos fascistas-de la OTAN, representa un negocio legal y lucrativo en el que participan no solamente los fabricantes de armas convencionales, químicas, biológicas o nucleares, sino también los bancos, aseguradoras y empresas de inversión que aportan los créditos.

La fabricación y venta de armas y sistemas bélicos muestra un negocio corporativo de los más exitosos en el planeta: ha normalizado las respuestas de guerra y seguridad en todas las crisis sociales, afirma el coordinador de la Campaña Global sobre Gasto Militar, Jordi Calvo.

El ciclo de producción y venta de armas resulta perfecto desde la óptica economicista. Los bienes suministrados provocan carreras armamentistas e incrementan la demanda; mientras que el miedo y la inseguridad legitiman su necesidad permanente.

¿Quiénes invierten en las firmas de armas? Al menos 306 instituciones financieras pusieron más de 756 mil mdd a disposición de 24 empresas involucradas en la producción de armas nucleares, únicamente entre enero de 2020 y julio de 2022; revela el informe Retorna el riesgo: Productores de armas nucleares y sus financieros.

Destacan 10 firmas armamentistas estadounidenses beneficiadas por las entidades financieras: Vanguard, BlackRock, Bank of America, JpMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Wellington Management y Morgan Stanley. La cifra es mayor, pues muchas empresas no publican los desgloses de sus contratos.

Estos bancos aportaron 280 mil mdd en créditos a las estadounidenses: Northrop Grumman (con 24 mil 300 mdd en contratos pendientes); Aerojet Rocketdyne, Boeing, Lockheed Martin, Rytheon Tecnnologies, y la inglesa Bae Systems.

Se han realizado intentos por frenar el financiamiento al armamentismo. En junio de 2022, en la reunión de estados miembros del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), la sociedad gestora de activos del Grupo Banca Ética llamó a prohibir asistencia financiera a las empresas con actividades ilegales.

Estos créditos auspician el auge de corporaciones armamentistas que, con la crisis en Ucrania, hoy captan suculentos dividendos. Solo en el último trimestre de 2022, los 10 gigantes armamentistas occidentales crecieron 7.5 por ciento.

En 2005, el Banco Bilbao Vizcaya América (BBVA) alentó la fabricación de bombas de racimo por Raytheon, Thales y EADS-CASA en 2005; solo en marzo de ese año participó con 25 mdd en un crédito de 28 entidades a Raytheon, de los mil 910 mdd fueron a cinco años.

Tal firma produce la Joint Stnadoff Weapon, bomba cuya forma promedio tiene 145 submuniciones, capacidad similar a la del misil crucero Tomahawk que, entre sus funciones, posee submuniciones clúster. En 2007 BBVA, con Banesto, concedió créditos por tres mil 336.7 mdd al Grupo Maxam, denunció Jorge Calvo.

En julio, BBVA y 36 bancos más dieron otros 336.7 mdd a la firma aeroespacial y de sistemas de defensa EADS. Ante esa derrama de préstamos, la organización Delás exigió al Consejo de Administración de BBVA un “compromiso explícito” para evitar el enriquecimiento proveniente de negocios que promueven la violencia, guerras y pobreza extrema, cancelando las participaciones y financiaciones de empresas de cualquier tipo de armamento”.

Tal propuesta no fue escuchada… entre junio de 2012 y abril de 2016, la holandesa PAX advertía que bancos y aseguradoras invirtieron más de 28 mil mdd en siete fabricantes de armas. Únicamente JP Morgan aportó mil 17 mil mdd.

En 2016, la Fundación Reuters denunció que más de 155 instituciones financieras invirtieron miles de mdd en empresas que fabrican bombas de racimo. Solo entre 2011 y 2012, los bancos españoles BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank y Sabadell otorgaron seis mil 630 mdd, explica el experto Carlos Castillo.

En 2017, bancos, fondos de pensiones y aseguradoras concedieron 28 mil mdd a 20 firmas armamentistas con sede en Canadá, Francia, Alemania, Japón, España, Suiza y Reino Unido, a pesar de que todos estos países son miembros de la Convención de Oslo, denunció Suzane Oosterwijk.

En resumen, las instituciones financieras desempeñan un rol clave para estimular las operaciones de los fabricantes internacionales de armas; pues dan recursos a las compañías que alientan la guerra, denuncia la organización ExitArms.