La tarde del 23 de julio, 15 de los 25 diputados locales en Baja California se reunieron en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito para ratificar, en sesión extraordinaria y casi secreta, la reforma constitucional que permite al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, extender su mandato de dos a cinco años.

Se trata del segundo intento por aprobar la llamada “ley Bonilla”; el primero tuvo lugar el pasado ocho de julio, cuando 21 diputados del Congreso local, con mayoría panista, aprobaron por unanimidad modificar la Constitución de Baja California para que el próximo gobernador, de filiación morenista, extendiera su mandato de gobierno de dos a cinco años.

Pero de inmediato, la reforma generó críticas y censura por tratarse, según analistas y políticos, de un acto inconstitucional y un atentado al Estado de derecho.

Posteriormente, tres de los cinco cabildos municipales de la entidad (Ensenada, Rosarito y Tecate) aprobaron la medida. Solamente los cabildos de Tijuana y Mexicali se opusieron a la reforma y la calificaron como “violatoria de la Constitución”; pero el Congreso local, con la mayoría de su lado, ratificó la modificación. Ahora se espera que el gobernador Francisco Vega la publique en el Diario Oficial de Baja California para que se inicien las controversias constitucionales con el objetivo de rechazarla o aprobarla.

Promulgar una ley a modo

La reforma electoral federal de 2014, impulsada por los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), decretó, uniformar y centralizar los procesos electorales estatales y federales para generar ahorros económicos y evitar el control político de los poderes locales. En ese contexto y en atención a la reforma federal, el Congreso de Baja California aprobó el Decreto 112 para modificar la Constitución estatal y empatar la fecha de sus comicios locales con las elecciones federales de 2021.

Esta especificación se amplía en el Artículo 8º, Transitorio del Decreto 112, que establece que la gestión del próximo gobernador del estado fronterizo será de solo dos años. Después de este periodo excepcional, una vez sincronizados los comicios locales con los federales, los periodos gubernamentales volverán a ser de seis años.

El caso de Baja California no es único, las mismas medidas fueron tomadas en otros estados como Veracruz y Puebla, donde los lapsos de gobierno abarcaron dos años dos años durante el periodo 2016-2018. En Baja California, la población fue informada en pleno proceso electoral de que el periodo gubernamental sería de solo dos años.

 Todo estaba claro, pero el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jaime Bonilla Valdez, intentó extender el periodo bianual de gobierno mucho antes de que se concretara su triunfo en las casillas; en abril de este año, dos meses antes de que se efectuara la votación, presentó un recurso de impugnación contra el Decreto 112 ante el Tribunal Electoral local. El argumento de Bonilla era que los ayuntamientos de Ensenada, Rosarito y Tecate (que cuatro meses después aprobaron la extensión de su mandato) no estaban informados sobre la modificación al periodo de gobierno estipulado en el Decreto 112.

El Tribunal Electoral local aprobó la impugnación de Bonilla y accedió a extender el mandato de gobierno del que resultara ganador en las elecciones del dos de junio. La controversia no paró ahí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), atrajo el caso y el 29 de mayo de 2019, –cuatro días antes de la jornada electoral– resolvió “por unanimidad, dejar sin efecto la decisión del Tribunal Electoral local de Baja California, con lo que el periodo que durará la próxima gubernatura será dos años”.

“En sesión pública, la magistrada y los magistrados determinaron la renovación de sentencia dictada por el Tribunal local de Baja California y mantener vigente el artículo transitorio octavo del Decreto 112, que señala los dos años de gestión. Entre los elementos que se tomaron en cuenta para emitir el fallo destaca que se debió solicitar la inaplicación de dicho artículo transitorio desde el momento de la emisión de la convocatoria del proceso electoral local”, informó el TEPJF en su página de Internet.

Pero una vez ganada la elección del dos de junio de 2019, la decisión del TEPJF no pudo detener al ahora gobernador electo Jaime Bonilla quien, refiriéndose a la reforma del Congreso local, declaró a Notimex que el actual jefe del Ejecutivo estatal, Francisco Vega de Lamadrid, debe publicar, en un plazo de 10 días, la reforma al Artículo 8º Transitorio, pues “es su propio Congreso el que está votando” la ampliación de su mandato.

La mancha del soborno

Tras la ratificación de la reforma efectuada por el Congreso local el pasado martes 23 de julio, se difundió en los medios locales y nacionales, y en algunas columnas políticas, la versión de que los diputados que aprobaron la “ley Bonilla” habían recibido un millón de dólares (mdd) cada uno a cambio de su voto, presumiblemente aportados por gente cercana a Jaime Bonilla.

Entre los denunciantes se halla el actual presidente interino del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, quien declaró para el diario La Razón, citando a Ricardo Peralta, presidente del Congreso del estado de Baja California, quien a su vez estuvo detrás de la supuesta entrega de un mdd a cada diputado a cambio del voto a favor de la extensión de mandato.

El 31 de mayo, el presidente del Congreso estatal, Benjamín Gómez Macías denunció en una rueda de prensa que funcionarios le habían ofrecido un mdd para apoyar el proceso legislativo y ampliar los años de gobierno de Bonilla. “La presión y extorsión que se ha dado para citar a sesión extraordinaria del Congreso del Estado con la intentona de meter la modificación del 8º transitorio que prolonga el término de la gubernatura, es una situación que se ha dado durante los últimos días”, expuso en ese momento a los medios locales.

 El Congreso de Baja California está conformado por 25 diputados: 12 del PAN; cinco del PRI; tres de Morena, uno del Partido Transformemos (PT), uno del Partido de Baja California (PBJ), uno del Partido del Trabajo (PT) y uno independiente; por lo tanto, el voto mayoritario para aprobar la extensión de mandato del gobernador morenista tenía que provenir necesariamente del PAN y el PRI.

Pero no hubo controversia. El ocho de julio, el propio presidente del Congreso y 21 diputados de los diferentes partidos votaron echar atrás el Decreto 112 y reformar la Constitución local. Para el 23 de julio, luego de la validación de los cabildos de Ensenada, Rosarito y Tecate, 15 diputados –otra vez de mayoría panista– aprobaron la extensión del mandato de Jaime Bonilla.

Ante las acusaciones de soborno y compra de conciencias, el gobernador electo solo ha declarado que “a nadie le ponen la pistola en la cabeza, ya está muy choteado el dicho de que los corrompieron, que lo comprueben. Es muy fácil hacer señalamientos de ese tipo; los he oído a la izquierda y a la derecha, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para que voten”, aseguró en un comunicado.

Pero la posibilidad de una turbia operación ha llevado a varios actores políticos a manifestar su desacuerdo y a emprender acciones legales contra la “ley Bonilla”. Entre ellos figura el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez.

“Ésta es una reforma sin sentido, una reforma constitucional fuera de todo orden. Manifestamos nuestra posición como cabildo; el cabildo votó en contra de ésta. Por eso presentamos ante la Corte esta controversia constitucional, para pedirle al Poder Judicial que venga y restablezca el Estado de Derecho aquí en Baja California”, señaló en entrevista con buzos el presidente municipal.

–Se habla de compra de conciencias por un millón de dólares a los diputados del PAN, partido del que es usted militante.

–Éste no es un tema de partidos, no es un tema del PAN, es un tema donde hubo circunstancias muy raras. No puedo asegurar eso (la compra de conciencias), no me consta. Lo que sí sé es que ese tipo de temas no son de enchílame otra y no son de oquis tampoco. Es un acto inconcebible que no puede ser tolerado, no puede ser permitido y por eso deberá insistirse mucho en la lucha de que se reestablezca el Estado de Derecho”.

El 22 de julio pasado, el edil mexicalense, junto con el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la ampliación del periodo del morenista Jaime Bonilla Valdés. Sin embargo, la controversia constitucional no procedió porque la reforma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de Baja California, por lo que no es todavía oficial. 

“Los jueces decretaron la improcedencia de la controversia. Pero la próxima semana estaré presentando el recurso de revisión a una decisión que no compartimos de ninguna manera. Por eso espero yo que el pleno de la Corte, que conoce de la reclamación, le pueda dar entrada a esa revisión. Pero suponiendo, sin conceder, que el pleno de la Corte insista en que no procede hasta en tanto no se publique, de una vez quiero ser muy claro: publicado el decreto, voy a volver a presentar la controversia y no vamos a bajar la guardia de luchar y buscar que se respete el Estado de Derecho en Baja California porque, a la vez, es buscar que se respete a México. Ése sería un terrible precedente para el país”, aseguró  Sánchez Vásquez a este semanario.

Con él coincidió el Secretario General de Gobierno del estado, Francisco Rueda Gómez, quien declaró en conferencia de prensa: “Manifestamos nuestro rechazo a esta reforma que consideramos atentatoria contra el Estado de Derecho y, más grave aún, contra la voluntad ciudadana; la voluntad popular que se expresó el día dos de junio votando por un gobernador de dos años y no de cinco (…). Nuestra postura es inamovible: no vamos a convalidar dicha aberración legislativa que ha tenido un rechazo nacional, de todo el país y de todas las fuerzas políticas”, afirmó.

Además, aseguró que una vez que el Congreso envíe la declaratoria de validez de la reforma al gobierno del estado, junto a la solicitud para publicarla en el periódico oficial, el gobierno se negará a tal difusión, por lo que el Congreso deberá esperar 15 días para obligar al gobernador a publicar la reforma en el Diario Oficial de Baja California.

“El Congreso tendrá entonces un lapso de 15 días para ordenar al gobierno del estado publicar la declaratoria de validez. Una vez que el Congreso nos obligue a publicar la reforma constitucional y una vez que surta efecto, el gobierno de Baja California utilizará todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para combatir esta reforma mediante una controversia constitucional”, aseguró el Secretario General de Gobierno.

Legisladores federales del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que emprenderán acciones de inconstitucionalidad contra la "ley Bonilla" una vez que la SCJN reinicie sus trabajos, al terminar el periodo vacacional.

Por lo pronto, la única consecuencia de la aprobación local a la “ley Bonilla” fue la renuncia de los seis legisladores panistas a este partido: Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez, con lo que su bancada se redujo de 12 a seis diputados.

Entretelones de la “ley Bonilla”

En una entrevista concedida a la revista Gatopardo, el integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim, aseguró que “lo que se dice que pasó en Baja California es que hubo un pacto entre el gobernador saliente (Francisco Vega) y el entrante (Jaime Bonilla). No solo se votó la ampliación de periodo, sino que se designó a Carlos Montejo como Auditor Superior del Estado y se discutió sobre el proceso de selección de tres comisionados del Instituto de Transparencia. Los acuerdos logrados en esa sesión apuntan a una negociación política en la que Bonilla consiguió la reforma a cambio de que el PAN eligiera al Auditor Superior del Estado”, afirmó Huchim.

Es decir, que la negociación entre Morena y el PAN se produjo para que el gobernador entrante extendiera su mandato y el saliente no tuviera problemas con unas investigaciones por presunta corrupción y robo del erario, como se ha denunciado a lo largo de su mandato.

 Pero no solo eso, “algunos están leyendo esta reforma (la “ley Bonilla”) como un experimento para los propósitos reeleccionistas del actual Presidente”, expresó  Huchim a la citada revista. Y aunque el pasado 24 de julio, el Presidente de México firmó ante periodistas y notario público un documento en el que se compromete a la no reelección, aún hay plumas y analistas que mantienen su duda.

Nadie le pregunta al pueblo

Mientras tanto, a las afueras del Palacio Legislativo de Baja California, cuando el termómetro marca 43°C, un grupo de ciudadanos mantiene tomadas las instalaciones. En las paredes y los vitrales del recinto legislativo se pueden ver letreros y carteles que denuncian a toda una lista de “diputados corruptos” y “diputados traidores”.

Son cerca de 50 personas pertenecientes a siete colectivos –entre ellos Resistencia civil de Baja California, Tecate en pie de lucha, OPT Mexicali, Baja California resiste y Colectivo plebiscito– que mantienen un plantón frente a la Cámara de Diputados e impiden el paso a los legisladores.

Uno de estos manifestantes es Pablo Bejarano, quien expresó a buzos: “Ellos (los diputados) llamaron a sesión extraordinaria porque ya estaban de vacaciones, vinieron el ocho de julio a las 11 o 12 de la noche, cuando ya el pueblo duerme, para aprobar la ley, como lo hacen los delincuentes. Por eso los miembros de Resistencia Tijuana vinimos a cerrarles el recinto para que no nos vuelvan a traicionar”.

Para Pablo Bejarano, la aprobación de la “ley Bonilla” es un acto para seguir prostituyendo a la Constitución. “Pero el Presidente lo permite; sí, es tema de él, aunque no quiera. Voté por él porque esperábamos el cambio. Él dice que no se mete; pero en las cosas constitucionales él es el mando y si el de arriba está mal, lo demás estará mal. Él mismo lo dijo. Él sabe lo que está ocurriendo en Baja California; él dijo que iba a meter a “Kiko” Vega a la cárcel; él lo dijo, no fui yo. Y creímos en él. Lo mismo va a pasar si se lo permiten a Bonilla; cualquier estado va a pasarse por el arco triunfo el Estado de Derecho y la Constitución ya no va a servir en los estados”, aseguró el manifestante.

Con base en lo dispuesto en el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que sea publicada la “ley Bonilla” en el Diario Oficial del Estado, podrán interponerse acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la SCJN dentro de un plazo de 30 días naturales. Mientras, los antagonistas de la citada reforma utilizan plazas públicas y medios de comunicación para argumentar su postura y fijar su oposición.