Los terrenos de la firma Sac-Tun en Playa del Carmen, Quintana Roo, permanecen abandonados tras la declaración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Área Natural Protegida. Esta medida se produjo poco más de dos años después de la clausura de las actividades de extracción de piedra caliza.

La decisión de establecer los terrenos como Área Natural Protegida provocó la indignación de legisladores estadounidenses quienes advirtieron sobre posibles consecuencias; actualmente, las instalaciones de Sac-Tun y la terminal portuaria lucen desiertas, toda vez que se detuvieron las operaciones mineras y de transporte.

Cabe recordar que fue en mayo de 2022 cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo las actividades de la empresa por posibles daños al medio ambiente. A pesar de ello, Sac-Tun emitió un comunicado afirmando el cumplimiento de las regulaciones de permisos y autorizaciones, mientras el Gobierno Federal acusó a la firma de generar daños severos al entorno natural.

Una semana antes de concluir su mandato, López Obrador firmó un decreto que estableció una nueva Área Natural Protegida en Quintana Roo, que incluye los terrenos de Sac-Tun. La respuesta de Vulcan fue negativa, al calificar la medida como una “expropiación ilegal” que podría tener repercusiones en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El 26 de septiembre, senadores republicanos, como Katie Britt y John Cornyn, denunciaron esta acción, advirtiendo sobre sus implicaciones para la administración mexicana entrante. Además, congresistas de ambos partidos manifestaron que la decisión podría influir en la revisión del T-MEC en 2026 y afectar las relaciones comerciales bilaterales.

Ante este panorama, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió que la medida gubernamental no se trata de una expropiación, si no del “cuidado al medio ambiente”.