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Protesta de policía estatal en Campeche, legítima y necesaria
En el operativo resultaron heridos más de 30 efectivos policiales, incluidas 18 mujeres, algunas de ellas sufrieron traumatismo cráneo-encefálico y daño psicológico al ser agredidas sexualmente por los presidiarios.
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El operativo había sido ordenado por la SPSC para apoyar el traslado de ocho reos del Cereso de Kobén a otros centros penitenciarios del país y estaba a cargo la Guardia Nacional; en éste resultaron heridos más de 30 efectivos policiales, incluidas 18 mujeres, varias de las cuales sufrieron traumatismo cráneo-encefálico y daño psicológico al ser agredidas sexualmente por los presidiarios.

 

Una hora de motín

En la madrugada del viernes 15 de marzo, destacamentos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), incluido uno de la brigada Mujer Valiente, fueron enviados al penal de Kobén para apoyar un operativo en el que la Guardia Nacional trasladaría a ocho presidiarios a los Ceresos de otros estados, entre ellos uno de Michoacán.

Los policías de la PEP no sabían a qué iban, porque se difundió como “operativo sorpresa” y no portaban celulares para evitar que hubiera “filtraciones” relacionadas con esa tarea, según afirmó posteriormente Muñoz Martínez; pero los reclusos sí estaban enterados, como lo evidenció el hecho de que llevaran piedras, palos y armas blancas. 

 

 

Hay pruebas que demuestran que los reos estaban advertidos del operativo y se habían armado para evitarlo; existen declaraciones en el sentido de que la directora del penal pidió cuotas a los reclusos para evitar su traslado; lo peor es que la mayoría de los policías que apoyarían esta operación acudieron sin equipo de protección (cascos, escudos, toletes, etc.).

Los mandos de la PEP, después de echar por delante a las mujeres-policía, se quedaron afuera del Cereso dirigiendo el operativo con el apoyo visual de drones, sin importarles que el destacamento de la Mujer Valiente enfrentara con desventaja a los internos, quienes las recibieron a palos y pedradas para después someterlas, hacerles tocamientos e incluso intentar violarlas.

Por fortuna sus compañeros, que había recibido la orden de mantenerse afuera, reaccionaron de inmediato, se introdujeron al penal y lucharon por rescatarlas de la agresión física y sexual de los presidiarios; el enfrentamiento duró cerca de una hora.

Las mujeres-policía señalaron que las enviaron al “matadero” por orden de los mandos medios para que sirvieran como un “sebo” que distrajera a los reos, sin importar lo que pudiera ocurrirles; y que sólo gracias a la intervención de sus compañeros se pudieron evitar mayores daños físicos y vejaciones. 

Al día siguiente, sábado 16 de marzo, para apaciguar el escándalo que se desató en la prensa local por el “motín de Kobén”, las autoridades de seguridad pública del gobierno estatal negaron que hubiera habido tal motín, que el “operativo sorpresa” había resultado exitoso y negaron que se hubieran realizado disparos de arma de fuego. 

En los primeros días de abril, los familiares de los reclusos aún desconocían el paradero de los reos trasladados; las personas heridas siguen sin recibir atención médica y complementaria (psicológica); y el gobierno estatal insiste en desestimar las consecuencias nefastas del “fallido operativo” o “motín de Kobén”.

Desde el primer momento, los policías exigieron a la SPSC, y a la gobernadora Sansores San Román, fincar responsabilidades, castigar a los culpables, entre ellos al director de la PEP, Saradán Solís Santiago, de quien demandaron su destitución inmediata. 

Además, elaboraron un pliego petitorio, del que no han recibido ninguna respuesta del gobierno; por lo que decidieron tomar las instalaciones de la SPSC. En los primeros días, los policías inconformes fueron cerca de 500; pero al cierre de esta edición ya sumaban más de mil elementos; las protestas públicas han recibido el respaldo de sus familiares y de otros ciudadanos.

El día de los hechos, la operación de traslado de los reos, que presumiblemente sería “sorpresiva”, resultó fallida porque los reos ya sabían de su traslado a otros estados y promovieron el motín en cuanto advirtieron que el director de la PEP, Antonio Saradán Solís Santiago, ordenó el ingreso de un grupo de mujeres-policía para “distraer” a los demás presidiarios.

El motín fue posible, además, porque tanto las mujeres-policía como sus compañeros hombres acudieron sin equipo de protección física para enfrentar, al interior del centro penitenciario, el ataque de reos pertrechados con piedras, palos y armas blancas, entre ellas algunos machetes.

 

 

Ésta fue la razón por la que, en la tarde del 16 de marzo, iniciaron sus protestas contra la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, exigiendo su destitución, culpándola por el “fallido operativo” de apoyo a la Guardia Nacional; hasta ahora, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román ha evadido las demandas de los inconformes.

Las protestas de los policías auxiliares de Campeche han escalado a los niveles estatal y nacional; en respuesta la mandataria, quien cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegura que hay “mano negra” en este movimiento, porque detrás hay intereses políticos dedicados a desestabilizar su gobierno. Este argumento le sirve para mantener su cerrazón, ver a los policías como enemigos a vencer y para sostener a Muñoz Martínez en la SPSC, puesto en el que Layda Sansores la colocó en octubre de 2021, cuando asumió la gubernatura de Campeche. 

Marcela Muñoz fue Directora General de Seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón cuando Sansores San Román encabezó este cargo gubernamental en la Ciudad de México (CDMX). Antes había ocupado varias funciones en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en la Policía de Morelia, Michoacán.

Con ella llegaron a la SPSC de Campeche otros mandos policiacos que no son oriundos de la entidad, cuya imposición en su momento inconformó a muchos campechanos que los consideraban “fuereños”; entre los inconformes había varios policías, que acallaron su molestia, respetando la estructura vertical y disciplinaria de su trabajo.

Sin embargo, poco más de dos años y medio después, el “fallido operativo de Kobén” hizo estallar la inconformidad y orilló a varios mandos medios originarios a denunciar los malos tratos de sus superiores, corruptelas y otro tipo de problemas.

Desde sus primeras reacciones al movimiento de los policías, el gobierno de Layda Sansores se ha dedicado a desacreditarlo y a acusarlo de “haber sido politizado” por los partidos de oposición; incluso ha difundido que cada uno de los líderes del movimiento recibió un millón de pesos, versión que ha sido rechazada contundentemente por éstos.

Pero la gobernadora morenista ha iniciado también una guerra psicológica contra los policías con la amenaza de que podrían ser denunciados por la comisión de varios delitos, entre ellos el de sabotaje. En días pasados, el jefe de Control Interno de la PEP, Víctor Contreras, les exigió que se incorporaran a sus labores y les advirtió que “quienes usurpen funciones, están fuera de la ley, con las consecuencias pertinentes”.

Los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), y varios de Morena han dialogado con los policías inconformes sobre la procedencia legal de remover a los mandos superiores de la SPSC.

El 19 de marzo, la titular de esta dependencia, Marcela Muñoz Martínez, compareció ante el Congreso del Estado, frente a cuya asamblea intentó justificar la derrota de la PEP con el argumento de que “en un operativo policial siempre surgen problemas” y que “es muy raro que un operativo como tal salga limpio”.

En respuesta, los policías solicitaron la destitución de Muñoz Martínez, presentaron denuncias ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, respaldados por la firmas de 800 oficiales; en contrarrespuesta, la titular de la SPSC declaró que a ella únicamente “la puede destituir la gobernadora”.

 

 

Crecen inconformidad y apoyos

Ante la negativa de escuchar a los elementos de la SPSC en paro, los cuerpos policiales de cuatro municipios se pronunciaron públicamente en su apoyo, mediante su relevo en los rondines que deben realizar aquellos en esas demarcaciones. 

En un intento por calmar la protesta, Muñoz Martínez y el Secretario General de Gobierno de Campeche, Armando Constantino Toledo Jamit, se entrevistaron con los líderes de los policías inconformes, que reiteraron su exigencia de destituir a los mandos medios y, sobre todo, a Antonio Saradán y a la titular de la SPSC.

Los funcionarios se retiraron con el compromiso de investigar la actuación de éstos; y ofrecieron que, de comprobarse sus desaciertos, se les fincarían responsabilidades. Posteriormente, el Secretario de Gobierno entregó a los policías una respuesta por escrito del gobierno estatal en la que se decía que se habían aceptado 16 de los 21 puntos del pliego petitorio y que sus demandas habían sido calificadas como “legítimas y fundadas”.

Sin embargo, Toledo Jamit les advirtió que la destitución de Muñoz Martínez no sería aceptada; los policías insistieron en esta demanda y pidieron que la gobernadora decida al respecto; pero desde entonces, Layda Sansores se niega a presentarse en las oficinas tomadas.

Hasta ahora, las únicas respuestas de la mandataria han sido majaderas y vertidas a través de su programa semanal televisivo Martes del jaguar, que también se transmite en redes sociales. En una de esas emisiones ratificó a su secretaria de seguridad así: “no se confundan, Marcela es y seguirá siendo la Secretaria de Seguridad”.

Además, aprovechó el resto del programa para descalificar las protestas policiales y culpar a los líderes del movimiento; sin mencionarlos por sus nombres, los acusó de haber recibido un millón de pesos cada uno, supuestamente de actores políticos para que activen las protestas e intenten desestabilizar a su gobierno.

Y entre carcajadas y gestos burlones dirigidos a su conductor, hizo referencia a las madres de los policías con estas palabras: “me dicen ¿vas a ir?, mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir”.

 

 

La respuesta a estas actitudes groseras de Layda Sansores provocó una segunda manifestación popular conformada mayoritariamente por ciudadanos; según la prensa local, en la protesta participaron de cuatro y cinco mil personas, de las que surgió la demanda de renuncia de la gobernadora; y el grito unánime: “los policías sí tienen madre y están a su lado”.

El jueves 21 de marzo, la gobernadora se disculpó con las madres de los policías e instó a las partes involucradas en el conflicto a “que se acerquen a las instituciones con disposición al diálogo, subrayando la importancia de un enfoque constructivo y colaborativo en la resolución del conflicto”; y el viernes 22 informó sobre la destitución de Saradán Solís y de la subsecretaria de Reinserción y Readaptación Social, Natasha María Bidault Mniszek, a quienes atribuyó el “fallido operativo” de Kobén.

Pero los policías y sus familias han advertido que no cederán en su exigencia principal, la renuncia de Marcela Muñoz a la SPSC, demanda que recibe el apoyo de cada vez más campechanos, entre quienes todos los días envían víveres y otro tipo de respaldo a las instalaciones tomadas por los policías auxiliares.

A pesar de las disculpas y declaraciones, Layda Sansores insiste en descalificar la lucha de los policías, a quienes acusa de realizan un movimiento político y continúa amenazando con proceder judicialmente contra ellos. 

Sin embargo, los policías paristas convocaron el domingo 24 de marzo a una marcha, que contó con el apoyo de las policías municipales de 10 de los 13 municipios de Campeche y reforzó aún más su lucha de resistencia al gobierno de Sansores San Román. 

 

El apoyo de AMLO a Layda

Protegida por guardaespaldas y funcionarios de su gabinete, Layda Sansores acudió el 23 de marzo al cuartel tomado por policías con el supuesto propósito de “abrir un diálogo” con éstos, pero cometió el error de comenzarlo con la imputación de que “están cometiendo un delito que se llama motín, se llama sabotaje”.

Por ello, la reunión terminó con rechiflas y los gritos de “¡Fuera Marcela! ¡Fuera Layda, eres una corrupta!”, sin que hubiera ningún acuerdo que aproximara a las partes en conflicto. 

Sin embargo, ese mismo día, AMLO recorría la región del Sureste para “supervisar” los trabajos de construcción del Tren Maya, se reunió con ella en Calakmul y ésta le agradeció en redes sociales el apoyo político que le brindó, que reprodujo en su conferencia mañanera del día siguiente, donde también hizo esta recomendación a los policías:

 

 

“Lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos y que no se dejen manipular, porque hay mano negra”, una declaración mentirosa y manipuladora que carece de pruebas contra el movimiento de los policías inconformes de Campeche.

Es por ello que sus protestas cuentan cada vez más con el apoyo de la ciudadanía y las organizaciones de Campeche. El Sindicato Nacional de Policías (SNP) declaró su adhesión y en un mensaje reveló con claridad: “reprobamos firmemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador respalde la actitud prepotente y déspota que la gobernadora Layda Sansores ha mostrado ante las justas demandas de nuestros compañeros policías estatales de Campeche…”.

El SNP ofreció a sus colegas de Campeche apoyo jurídico, suministros básicos, incluso el envío de recursos humanos para asegurar las protestas contra el gobierno falaz y represivo de la gobernadora morenista.

 

¡Fuera Marcela! ¡Fuera Layda!

El domingo 23 de marzo se realizó una nueva marcha en la que, además de policías y sus familiares, participaron ciudadanos y militantes del PRI y MC que, en conjunto, reunieron una masa aproximada de 10 mil personas.

En la manifestación prevalecieron los gritos ¡Fuera Marcela! y ¡Fuera Layda!, además de que abundaron las denuncias ciudadanas de que ésta y los dirigentes de Morena en Campeche amenazaron con suspender las concesiones a taxistas y otras unidades de transporte colectivo.

La marcha contó con el apoyo de las comandancias de las 13 policías municipales de la entidad y con una declaratoria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), en la que se advierte que tanto Marcela Muñoz como la subdirectora del Sistema Penitenciario de Campeche, Natasha Bidault Mnisek, habían sido responsables del “fracaso” de un operativo que “atentó contra la vida de al menos 38 elementos policiacos, de los cuales 20 fueron mujeres, y 19 reclusos que fueron heridos”.

Desde esa fecha, no ha habido ningún intento de diálogo y la gobernadora se ha limitado a reunirse con algunos de los policías que no apoyan a los paristas a quienes, con el propósito de mermar el movimiento, ha declarado lo siguiente.

 

 

“Juntos vamos a trabajar para lograr que la policía de Campeche se vuelva una institución modelo… ése es mi sueño y, en lo que le resta a mi gestión, no se escatimará ni un peso para los uniformados, debido a que mi objetivo es hacer que, a nivel nacional, la institución sea la más honesta”.

En respuesta a estas maquinaciones de Layda Sansores, los policías inconformes anunciaron una megamarcha para el 13 de abril; y advirtieron que, si se materializa la amenaza de suspender el pago de los policías, interpondrán demandas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Y la gobernadora, en vez sentarse seriamente a negociar, se reúne todavía con los que no están en paro; y en días pasados anunció “el nacimiento de una nueva policía estatal” sin considerar que entre los paristas hay muchos policías con más de dos décadas de antigüedad en la corporación de la SPSC, cuyos derechos quiere borrar de un plumazo.


Escrito por Javier Martínez

colaborador


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