La denuncia de la magistrada Concepción Flores Saviaga de que la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero, contrató con sueldos exorbitantes a personal foráneo sin experiencia jurídica, reveló que la denunciante gana más de 400 mil pesos mensuales y que la “reingenieríaˮ de esta institución generó un déficit de 500 millones de pesos (mdp).

La escandalosa apertura de esta cloaca derivó ya en la demanda generalizada de que Romero renuncie a la presidencia del órgano judicial y que Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador estatal, baluarte de la “austeridad republicana” y la lucha contra la corrupción en la entidad, recomendara a los magistrados beligerantes que “ya le tienen que parar”.

El pasado 12 de julio, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que prevé una reducción entre el 20 y el 30 por ciento a los salarios de su personal de más alto nivel; la homologación de bonos; la cancelación de fondos revolventes, vales y bonos extraordinarios, entre ellos los de gasolina.

También exhorta al personal administrativo y al de confianza –no incluye al de la base sindicalizada– a aplicar las mismas medidas porque las finanzas del Consejo de la Judicatura “deben estar apegadas a un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal; de manera que, para cada año, el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos, sea igual o inferior a los ingresos previstos”.

El documento destaca, asimismo, que uno de los causantes de la actual crisis del TSJ es el alto costo en la construcción de las “ciudades judiciales” que se inició en 2018, cuando lo presidía el magistrado Edel Álvarez Peña, cuyas unidades siguen inaugurándose; y de acuerdo a algunas previsiones, terminarán de pagarse hasta 2047.

A los adeudos que esa infraestructura generó, se suman otros 18 créditos-impagos que fueron contratados en 2018, cuyos montos oscilan entre 50 y 155 mdp, y en conjunto ascienden a mil 155 mdp. Por si fuera poco, el presupuesto actual del TSJ, que es de mil 614 millones 280 mil 299 pesos, es 280 mdp menor al de 2020 –cuando recibió mil 895 millones 400 mil 86– reducción presupuestal que su magistrada-presidenta aceptó sin chistar.

Por ello, y por los altos sueldos de los magistrados y el costo de sus servicios personales –cuyo monto representa mil 188 mdp– el presupuesto anual de 2021 se agotó a principios de julio, y ahora el TSJ se halla insolvente. Cada uno de los magistrados gana, en promedio, 400 mil pesos mensuales más compensaciones. La información de sueldos y prestaciones de los magistrados, y otros empleados de alto nivel, no está disponible en la página de transparencia del Poder Judicial, pero sí la de los funcionarios anteriores a la era gubernamental del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque se informa de la instalación de 158 personas, cuya contratación fue calificada como “normal” por el gobernador García Jiménez.

Las ciudades judiciales bajo la lupa

En sus observaciones a la cuenta pública 2018 del gobierno estatal de entonces, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) revela que el monto total de las obligaciones implicadas en los 12 contratos con empresas públicas y privadas ascendió a cinco mil 100 mdp, más IVA, con los cuales se cubrieron trabajos de planeación y ejecución de obras de construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento en otros tantos Centros de Impartición de Justicia (Ciudades Judiciales).

Las Ciudades Judiciales del TSJ se construyeron en 2018, en los municipios Ignacio de la Llave, Orizaba, Martínez de la Torre, Tuxpan, Medellín, Papantla, Naolinco, Minatitlán, Las Choapas, Pueblo Viejo, Isla Tantoyuca y Huayacocotla.

“Resulta incongruente lo afirmado por el Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, en representación del Ente Auditado, a través de la respuesta otorgada mediante su oficio DGA/0408/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, referido en el inciso b) anterior, en el sentido de que el pago por concepto de los servicios prestados por la persona moral denominada RINAVI S.C. ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES, al Poder Judicial, se hubieren realizado por parte del Concursante Ganador, según su dicho… como fuera convenido con los prestadores de los servicios y establecido en las bases de licitación… pues de acuerdo con la revisión efectuada por esta autoridad fiscalizadora a las Bases de Licitación, éstas fueron elaboradas con fecha siete de marzo de 2018; es decir, casi ocho meses después de que el Ente Auditado, presentara la solicitud de autorización para la realización del proyecto en comento, ante el Congreso del Estado”, explica una de las muchas inconsistencias detectadas en la gestión de Edel Álvarez Peña.

Sin embargo, las inconsistencias en el TSJ no proceden únicamente de la administración anterior. En la gestión actual se han advertido varias que fueron detectadas en la “reingeniería de juzgados” ordenada a partir del 1° de octubre para abrir 11 juzgados laborales orales y actualizar en Veracruz las reformas judicial y laboral.

Al respecto, la diputada federal priista Anilú Ingram Vallines recordó que, hace siete años, se abocó a gestionar ante los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, la creación de juzgados especializados en materia familiar, que ya estaban previstos en la legislación; pero que por razones diversas –fundamentalmente de orden presupuestal– no se habían podido instaurar.

“Se trataba –explicó– de un asunto prioritario, dado que 50 de cada 100 casos que llegan al Poder Judicial sin de índole familiar; es decir, derecho de convivencia, divorcios, adopciones, pensiones alimenticias, tutelas, guarda y custodia, patria potestad y reconocimiento de paternidad. Así se logró poner en marcha los primeros cuatro juzgados familiares: dos en Xalapa y dos en el puerto de Veracruz, pues son los distritos que registran más casos de esa naturaleza.

“En 2013, su carga de trabajo fue de más de nueve mil 500. En ese año, en el Distrito Federal –hoy Ciudad de México– existían 42 juzgados de lo familiar, por lo que crearlos en Veracruz fue un desahogo para el resto de los juzgados y ayudó a resolver los problemas legales de miles de personas. Por eso es que, hoy, que se desaparezcan de un plumazo es negarle el acceso a la justicia pronta y expedita a cientos de miles de veracruzanos. Suena bonito y pomposo ese término de la reingeniería, pero lo cierto es que es un retroceso que, dicho sea de paso, echa a la calle a muchos trabajadores, como jueces y personal de confianza”, criticó la legisladora.

Pero para la presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero, la reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial era “necesaria y dolorosa… no es momento de repartir culpas sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano; y su patrimonio debe cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace hoy”, aseveró.

Sin embargo, en los hechos, tanto en las administraciones estatales precedentes como en la actual, los magistrados siempre se han nombrado mediante la afinidad política o personal con el gobernador en turno. En la administración vigente, una de las primeras acciones de García Jiménez fue enviar al Congreso Local su propuesta para ocupar las magistraturas vacantes en el TSJ, con la que llegaron 13 nuevos integrantes: Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Sofía Martínez Huerta, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, María del Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Cándido Nicanor Rivera y Sergio Jiménez Maraboto.

Apenas en marzo pasado, de nueva cuenta, la LXV Legislatura nombró a Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos y Américo Amadeo Fabbri Carranco, ninguno con la trayectoria judicial suficiente para ocupar dicho cargo.

En el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares se hizo lo mismo con el nombramiento de Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez, como magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Este último fungía como secretario particular de Yunes antes de ser designado como magistrado.

La senadora Indira Rosales San Román anunció que presentará, ante la Cámara de Senadores, una solicitud para iniciar un procedimiento de remoción del magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, porque se “coludió” con el mandatario estatal para desechar, de forma ilegal e injustificada, la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal del puerto de Veracruz; y denunció que el pasado 31 de marzo, García Jiménez “regaló” una magistratura a Claudia Ocampo García, esposa de Sigala, a cambio de que votara contra la candidatura del panista.

El aún diputado local –y próximo presidente municipal de Coatepec– Raymundo Andrade Rivera, propuso que cuando la vacancia definitiva surja de la hipótesis de retiro forzoso contemplada por Artículo 59° de la Constitución Política del Estado, el titular del Poder Ejecutivo estatal pueda proponer a alguien al Congreso, desde un mes antes de la fecha del retiro por edad (70 años) o después de 10 años en el cargo, para que, a su vez, el Poder Legislativo lo verifique, a través de la Junta de Coordinación Política, para que reúna los requisitos necesarios y ocupe el cargo previa comparecencia del aspirante.

Según la normativa actual, cuando falta de manera definitiva un magistrado del Poder Judicial, el presidente del TSJ debe anunciar este hecho al Ejecutivo del Estado para que éste haga una propuesta de nuevo magistrado al Congreso y lo designe de acuerdo al procedimiento conducente.

Dos presidentas, en dos años

La carrera judicial de Sofía Martínez Huerta fue meteórica: con solo dos meses como magistrada, fue nombrada presidenta del TSJ de Veracruz. Fue la primera mujer en ocupar dicho cargo, aunque nunca había sido jueza. En octubre del mismo año fue destituida, con seis votos a favor, del Pleno de la Judicatura del Estado de Veracruz, e Isabel Romero Cruz rindió protesta como presidenta interina del Poder Judicial.

Votaron los magistrados Concepción Flores Saviaga, Esteban Martínez Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto, Claudia Reséndiz Aguilar, Isabel Romero Cruz, Roberto y Armando Martínez Sánchez, quienes argumentaron incumplimiento del deber legal de la funcionaria depuesta, pues no pudo aclarar la supuesta sustracción de más de 15 mil mdp del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia; y tampoco otras presuntas irregularidades cometidas en el interior del TSJ.

“En esta nueva etapa del Poder Judicial del Estado de Veracruz no se solapará ningún actuar contrario a la ley o desvío de la misma”, señaló Romero Cruz, ya con la responsabilidad de dicho poder. En marzo pasado, la asamblea en pleno de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados de Veracruz, en sesión extraordinaria, realizada con carácter de privado, aprobó con 35 votos a favor, el dictamen por el cual se determinó que Martínez Huerta dejara la presidencia del TSJ porque “afectó los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho”.

El presidente de la Comisión Permanente Instructora, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, argumentó que el dictamen fue resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla quien, en noviembre del año pasado, había sido removido del juzgado a su cargo por la magistrada, pese a que esta decisión debería ser exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de un magistrado en particular, con lo que incurrió en usurpación de funciones.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 27° al 32° de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y siguiendo la secuela procesal, explicó, podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento. Si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública; si está en funciones, se aplica la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de uno hasta 10 años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.

Hasta el momento, sin embargo, se desconoce cuál es la situación legal de la exmagistrada-presidenta, razón por la que políticos, abogados y personas conocedoras de las ciencias consideran que el Poder Judicial “sigue convertido en una cloaca”. Entre ellos se halla Vicente Aguilar Aguilar, comisionado político estatal del Partido del Trabajo (PT), quien lamentó el uso de los recursos públicos en el interior del TSJ.

“Retoman la posición de ‘dignos’ funcionarios y merecedores de trato especial para seguir ganando más de 10 mil pesos diarios. Representan la vergüenza del pueblo veracruzano, son la escoria que encabeza un poder con nula calidad moral. Mientras el pueblo sufre más de lo normal con la pandemia, ellos disfrutan de emolumentos inmerecidos”, sentenció.

El líder partidista pidió a Isabel Inés Romero que aclare lo que está ocurriendo en el TSJ. En específico, por qué no se apegaron al presupuesto asignado, por qué hay ingresos muy altos y por qué no se han presentado las denuncias correspondientes contra quienes se beneficiaron, entre ellos los recomendados, luego de la denuncia de que en esa institución hay empleados impuestos por ella y por otro expresidente del TSJ.

“Falta mucho por aclarar en cuanto a salarios, prestaciones e investigaciones pendientes por el desvío de recursos. No desmienten el contenido de las acusaciones. Aunque a medias, se ha aclarado la posición de la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien manifestó la inexistencia de confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”, insistió. En su reciente visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la crisis en el Poder Judicial en la entidad y en su respuesta incluyó el anuncio de que habrá una reforma a dicho poder para regular los salarios de sus integrantes.

“Vamos de nuevo a presentar otra reforma, otra iniciativa de reforma al Congreso, porque de manera, la verdad, leguleya se ampararon para seguir cobrando muchísimo dinero. Si un abogado no está conforme con ganar 100 mil pesos al mes, si le parece poco, pues puede ganar el doble o el triple en un despacho; pero el servicio público no es para ganar dinero, el servicio público es para servir. Entonces, eso debe de entenderse. Era y sigue siendo, lamentablemente por esos amparos”, declaró.

Unas horas después, el gobernador García Jiménez difundió en redes sociales que la mayoría de los magistrados veracruzanos habían aceptado una reducción salarial: “En referencia al Poder Judicial del Estado, informo que 21 magistrados de 33 aceptaron bajarse el sueldo y disminuir sus ingresos (bonos) dentro del Plan de Austeridad impulsado por el Consejo de la Judicatura y la Presidenta Magistrada Isabel Romero. ¡Felicidades!”. Sin embargo, el gobernador de Veracruz no especificó montos ni informó quiénes son los 12 magistrados que se negaron a bajar sus sueldos, y la crisis judicial continúa en el interior de esa institución.