El Estado fue creado por el hombre en el correr de su historia; le dio vida, forma y poco a poco lo convirtió, teóricamente, en el “gran” árbitro imparcial de la sociedad; pero además creó la ilusión de que iba a brindar tranquilidad, paz y bienestar a toda la sociedad.

El hombre fue definido por Aristóteles como un zoon politikon, o sea un animal que se diferencia abismalmente de los otros por su capacidad para crear y organizar sociedades, normas e instituciones por encima de los individuos, mediando entre individuos y grupos.

Pero la existencia de este “árbitro imparcial” es un espejismo; el Estado no es más que un aparato de dominio y control de la clase dominante sobre los débiles y desprotegidos; las instituciones defienden los intereses de los dueños del dinero, de los medios de producción, para mantener en la pobreza y la marginación a obreros, campesinos, amas de casa, maestros y estudiantes.

Por esta razón, las instituciones cuyo objetivo declarado es hacer “justicia plena, rápida y expedita” en manos de jueces y magistrados probos y justos, a lo largo del tiempo también se revelan como parte del aparato de control sobre la sociedad, en especial sobre los más débiles, pues sirven a quienes pueden pagar favores. Por ello, en México que exista imparcialidad absoluta en las instituciones del Estado.

En los últimos sexenios, sin embargo, el gobierno mexicano mantuvo un comportamiento moderado en relación con la imparcialidad de los órganos de impartición de justicia y un discurso respetuoso de la división de poderes. Pero en los primeros tres años de gobierno morenista, las cosas se han salido del cauce institucional y el poder público se concentra en los hechos en el Presidente quien desde Palacio Nacional a diario arremete contra organismos, instituciones y leyes.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha roto por completo con la imparcialidad a que lo obliga su investidura, como lo evidencian sus decisiones erráticas y sus diatribas contra opositores, instituciones del Estado como las cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Guardia Nacional o al mismo Instituto Nacional Electoral (INE), al que amenaza cotidianamente. La negativa del gobierno morenista, su sordera ante los señalamientos de amplias capas de la población afectadas por sus malas decisiones, no tienen otra explicación que el hecho de que el Presidente se debe a una clase social distinta de la mayoritaria.

AMLO no solo ha provocado la crisis económica, política y social que agobia al pueblo de México, además encabeza a un gobierno represor que ve enemigos en todos aquellos que lo critican y, para intentar someterlos, no duda en echar mano de todo el poder del Estado.

El objetivo más reciente de la persecución de AMLO es el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya; antes metió a la cárcel a Rosario Robles, quien se halla privada de su libertad sin ser sentenciada ni juzgada correctamente.

El abuso de poder en México se ha desbordado. Los organismos del Estado, lejos de estar por encima de intereses particulares, como reza el pacto social, exhiben hoy su naturaleza represiva, de persecución y castigo de “opositores”.

Ojalá que el pueblo mexicano descubra pronto que Morena y AMLO nunca representaron sus intereses, aunque digan lo contrario. Hay que dar verdadero poder al pueblo y a los ciudadanos. Para eso, hay que prepararnos y estar listos para que en las próximas elecciones pongamos a Morena y a AMLO en el basurero de la historia. Ésa es la tarea. Por el momento, querido lector, es todo.