Hasta el viernes seis de agosto, Oaxaca registraba 57 mil 330 contagios y cuatro mil 211 muertes por Covid-19 debido a que el cierre de 55 hospitales y clínicas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Salud (SS) local dejó de atender a por lo menos un millón de habitantes.

A principios de julio pasado, cuando la tercera ola del Covid-19 estaba en ascenso, 35 integrantes del personal médico del hospital número 25 del Insabi, en Juchitán, denunciaron su despido porque se había cumplido el periodo de un año para el que habían sido contratados, sin que importara a las autoridades sanitarias dejar sin atención médica a los pacientes.

Casi un mes después, el dos de agosto, otro grupo de trabajadores del Insabi tomó las oficinas administrativas del Hospital Civil de Oaxaca para denunciar un recorte en el personal médico de ese nosocomio. Esta misma actitud han asumido los gobiernos Federal y local en 45 municipios de la entidad, pese a la gravedad de la emergencia sanitaria.

El caso más dramático generado por el Covid-19 se registra en Tequisistlán, donde el 40 por ciento de la población está contagiada, hay casi una muerte por día, y su hospital –como ocurre con los de Salina Cruz, Ixtepec y Juchitán, los municipios más cercanos– está saturado.

En los dos periodos gubernamentales anteriores, el Hospital Civil de Tequisistlán fue pomposamente inaugurado por los exgobernadores Gabino Cué y Ulises Ruiz; pero el actual mandatario, Alejandro Murat, asegura que no está funcionando de manera adecuada porque faltan recursos financieros para completar su construcción.

En Oaxaca, una de las entidades del país con población más pobre y marginada, las políticas de salud, económica y social del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están mostrando sus peores resultados mediante el aumento en los índices de desatención sanitaria y pobreza.

En el tercer debate de la campaña presidencial de 2018, celebrado el 12 de junio, el entonces candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) criticó fuertemente al modelo económico neoliberal porque “si no hay crecimiento, no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad, es un fracaso la política económica”.

En esa ocasión, AMLO previó el fracaso rotundo de su futura gestión gubernamental; pues, en el cierre de 2019, la economía nacional tuvo una tasa de crecimiento económico de -0.1 por ciento y en 2020, con ayuda de la pandemia, la economía del país se contrajo más del 8.5 por ciento.

En ese mismo debate cuestionó el presupuesto de salud de 2018 y pronosticó que el de 2019, ya en su gobierno, tendría al menos 233 mil millones de pesos (mdp) cifra que, sin embargo, fue escamoteada para sus programas sociales: el Tren Maya, la refinaría Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, en los que aplica alrededor de 700 mil mdp.

De sus 25 proyectos prioritarios, según AMLO, el programa “Morena salud” garantizaría servicios y medicamentos gratuitos para toda la población, pues el sistema de salud pública a cargo del Insabi sería rehabilitado y ampliado con nuevas unidades médicas en todo el país.

Ese programa, según él, sería un objetivo prioritario que se financiaría con los ahorros generados por el combate a la corrupción; pero todo quedó en promesas luego de casi tres años de gobierno ya que, desde 2019, en todo el país se ha presentado desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer.

En noviembre de 2020, familiares de niños con cáncer y enfermedades hematológicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se manifestaron en el aeropuerto de la capital durante una visita que el Presidente realizó a la entidad para denunciar que sus hijos estaban en riesgo de muerte por la falta de medicinas.

En julio de 2021, varios nosocomios del estado, entre ellos el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital, revelaron la existencia de un desabasto del 90 por ciento de medicamentos y otros insumos médicos, situación que obligó a los pacientes y al personal a adquirirlos por sus propios medios.

Las carencias eran tan extremas, que incluso no contaban con alcohol ni cloro para desinfectar las áreas destinadas a la atención de pacientes de Covid-19; y el desabasto afectaba a todos los hospitales y unidades médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En 2020, esta oficina cerró con un pasivo de 13 mil 534 mdp, que incluía adeudos a proveedores y prestadores de servicios, la no entrega al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de retenciones fiscales de trabajadores y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Oaxaqueños en el limbo

Los problemas de atención sanitaria comenzaron con la suspensión del Seguro Popular el 1° de enero de 2020, dejando en el limbo a más de dos millones de oaxaqueños, pues el 66 por ciento de la población del estado estaba afiliada a esta institución. Esta decisión fue adoptada por AMLO, quien en el inicio de su gestión, declaró: “Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular, lo sostengo. Vamos a mejorar el sistema de salud pública”.

Pero el Insabi, que supuestamente sustituyó al Seguro Popular, no brinda los servicios de salud que esta institución ofrecía hasta finales de 2018: atención de primer, segundo y tercer nivel sin costo alguno, así como medicamentos, atención a personas con VIH, quimioterapias o radioterapias y trasplantes de órganos.

El Insabi solo da atención médica gratuita de primer y segundo nivel; y, para brindar la atención de tercer nivel, solicita cuotas de recuperación en servicios como quimioterapias, radioterapias o hemodiálisis.

En su informe de medición de la pobreza del cinco de agosto de 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que cinco de cada 10 mexicanos no acceden a los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, entre ellos los de salud, de los que carece el 12 por ciento de la población mexicana.

Este aumento en la falta de servicios sanitarios se dio entre finales de 2018 y 2020 y afectó a 15 millones de personas, ya que el Seguro Popular cubría al 42 por ciento de la población total de México y, actualmente, el Insabi solo brinda servicios al 26 por ciento de los mexicanos.

Ángel Navarro, habitante de San Lorenzo Cacaotepec, informó a buzos que, a casi 20 meses de que el Gobierno Federal suspendió el Seguro Popular, recibe atención médica en los hospitales de la zona metropolitana de Oaxaca, entre ellos el Hospital Regional de Alta Especialidad, los de San Bartolo Coyotepec, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

En mayo de este año, el Insabi suspendió 149 de los 327 centros de salud públicos que están inconclusos en 19 entidades de la República, de los cuales el 37 por ciento se ubican en Oaxaca. Son 55 clínicas y hospitales repartidos en 45 municipios de las ocho regiones del estado que tienen alrededor de un millón de habitantes.

De las 149 obras suspendidas, 42 son hospitales y 107 son clínicas. En el caso de Oaxaca, seis son hospitales comunitarios o generales, 36 son Centros de Salud y el resto son unidades básicas y Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) o Centros de Medicina Tradicional. Cinco se hallan en la región de la Cañada, 10 en la Costa, cuatro en la Cuenca del Papaloapan, 11 en el Istmo de Tehuantepec, seis en la Mixteca, siete en la Sierra Norte, cuatro en la Sierra Sur y siete en los Valles Centrales.

En julio de 2019, cuando visitó Oaxaca, el Presidente ofreció terminar de construir estas unidades médicas: “Tenemos el compromiso de mejorar los servicios. Es un asunto muy importante por el humanismo que encierra esta acción; ya está contemplado en el Artículo 4° de la Constitución”, reconoció.

Varios de los centros de salud cerrados estaban casi totalmente construidos, como el caso del Cessa de San Juan Mixtepec, que tenía un avance del 93 por ciento, y para terminarlo solo se requerían 16 mdp. Los centros de Santa Cruz Yagavila, Cheguigo Sur y Santa María Guienagati superaban también el 90 por ciento de avance.

Un reportaje publicado por el periódico El Imparcial de Oaxaca, que incluía información técnica fidedigna, reveló que para concluir los 61 centros sanitarios suspendidos o cerrados se requería un presupuesto estimado en 719 millones 584 mil 845 pesos.

Uno de ellos, el Hospital General de Reyes Etla, municipio ubicado en la región de los Valles Centrales, inconcluso desde 2009, pero que supuestamente iba a brindar servicios sanitarios a más de 70 mil habitantes de esta población y municipios aledaños, hoy se encuentra rodeado e invadido por la maleza.

“Hace ya varios años que la obra se detuvo, al principio prometieron que sería un hospital de 30 camas… Lo que más me enoja es que se hayan metido a robar todo lo que ya se había instalado; se llevaron cables, tubos, polines. Lo peor de todo es que los que viven sobre la calle del hospital tuvimos que dar una parte de nuestros terrenos para que el hospital tuviera más espacio cuando entraran o salieran las ambulancias. Ahora no hay nada”, narra decepcionada María J. Aguilar, quien vive a solo una cuadra de lo que sería un hospital.

A 20.5 kilómetros de Reyes Etla, en el municipio de Santa Lucía del Camino, hay otro Cessa cuya obra se inició en 2008. El Presidente ofreció reactivar su construcción en 2019, pero hasta la fecha no ha cumplido su palabra y los pobladores aún esperan.

A la población de Santa Lucía le preocupa que el presidente electo, Juan Carlos García Márquez, militante de Morena, durante su campaña electoral no haya formulado ninguna propuesta para rescatar del abandono a este centro de salud, a diferencia de los candidatos de Nueva Alianza, Nallely Ortiz y de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lety Cruz.

Del total de hospitales abandonados, 19 se terminaron con recursos estatales, privados o municipales, pero no del Gobierno Federal; pues si bien el presupuesto de la SS tuvo un aumento de 42 mil mdp en 2020, el de este año registró un recorte del 17.1 por ciento, es decir, a pesar de la pandemia recibió 29.1 mil mdp.

Esta disminución presupuestal se evidenció en el Hospital Especializado Materno Infantil, de Juchitán de Zaragoza, obra que se hallaba suspendida desde 2017 y que pudo concluirse el 10 de septiembre de 2019 gracias a los 11 millones 110 mil 86 pesos aportados por empresas particulares, no por el Gobierno Federal.

Por todo lo anterior, el ofrecimiento de AMLO de que en México habría un sistema de salud como el de los países de “primer mundo” no se ha realizado en Oaxaca, donde la tercera ola de Covid-19, en solo unos días, ha saturado los 18 hospitales habilitados para atender la pandemia y golpea con extrema agresividad a los habitantes de las regiones de Tuxtepec, Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.