Casi en los mismos días en que policías de Estados Unidos (EE. UU.) y Jalisco asesinaron a dos hombres, un joven sufrió el mismo tipo de abuso policial en el cuartel de San José, Veracruz; este hecho provocó protestas y actos vandálicos, que se desencadenaron en Xalapa sin que las autoridades lograran controlar la situación.

El movimiento social que provocó en Jalisco el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por quitarse el cubreboca en la vía pública para comerse una torta, destapó la frecuente incidencia de este tipo de abusos en gran parte de la República. Veracruz no fue la excepción: el pasado ocho de junio, en la capital del estado, se registró una serie de disturbios para exigir el esclarecimiento de la sospechosa muerte de Carlos Andrés Navarro Landa en el cuartel de San José.

Los familiares del hoy occiso, quien tenía 33 años, era serigrafista y padre de cinco niños, fue detenido el dos de mayo por causar desorden en el fraccionamiento Los Cántaros. Tras su detención, alcanzó a pedir auxilio por celular, pues creyó que estaba siendo secuestrado, aunque en realidad era conducido al cuartel policial de San José, un inmueble de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en pleno corazón de Xalapa, que igual sirve de separos, gimnasio, oficina, comedor y reuniones protocolarias de esta corporación.

Cuando su familia fue a buscarlo, las autoridades les informaron que había muerto por un infarto, el mismo argumento que dieron a los familiares del joven albañil de Jalisco. El cuatro de mayo, la SSP emitió un escueto comunicado: “Con relación al sensible fallecimiento de un joven en el Cuartel Heriberto Jara Corona, esta dependencia estatal pone a disposición de la autoridad competente los reportes policiales e informes correspondientes para las investigaciones y trámites de ley”.

Por ello, casi un mes después, sus seres queridos y amigos salieron a las calles a exigir justicia. Se apostaron frente al Palacio de Gobierno para exigir explicaciones. Su hipótesis, formulada en consignas dichas a gritos o escritas en cartulinas y pancartas, es que los policías lo golpearon hasta causarle la muerte.

Su madre, María del Carmen Landa, no confía en la versión oficial de que su hijo murió de un infarto porque cuando acudió a la oficina de Servicios Periciales a reconocer el cadáver éste exhibía hematomas en diversas partes del cuerpo y en el rostro, cuya nariz estaba desviada. Además, Alitzel Cuevas, su viuda, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no había realizado ningún avance en las investigaciones sobre la causa real del deceso, seguía así hasta la tercera semana de junio.

Casi a la par de esa marcha pacífica, hubo otra en la que jóvenes vestidos de negro y cubiertos con pasamontañas causaron todo tipo de destrozos a su paso, desde el Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo, y “pintarrajearon” edificios públicos y templos religiosos. “Basta de agresiones”, “quienes nos deben cuidar nos matan” y “policías asesinos”, son algunas de las frases que escribieron. Cuando se detuvieron frente a las instalaciones de la SSP, la supuesta responsable del hecho, quebraron cristales y realizaron pintas sin que los elementos policiales pudieran contenerlos.

Se trató de dos protestas en un solo día. Las pérdidas materiales fueron calculadas en al menos 10 millones de pesos. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ofreció una rueda sin la presencia del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado. El caso fue muy similar al de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y también del ocurrido en Minneapolis, Estados Unidos, donde la víctima fuera George Floyd.

Desde que les estalló esta nueva situación, ni el titular de la SSP, ni su oficina de prensa han emitido un solo comunicado respecto al asunto, ni siquiera un tuit. Lo único relacionado con ese lamentable crimen consistió en retuitear el video donde el mandatario estatal habló en conferencia de prensa.

Las recomendaciones de la CEDH

En lo que va de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 115 recomendaciones. Más del 50 por ciento de éstas ha sido para la SSP de Veracruz, la segunda con más denuncias por violaciones a las garantías individuales a nivel nacional. Una de las recomendaciones (22/2020), por ejemplo, denuncia que tres motociclistas de la SSP detuvieron ilegalmente a una persona el 13 de febrero de 2019, en un municipio cercano a Xalapa:

“(…) En lo que me ahorcaba, le volví a decir que estaba violentando mis derechos humanos recibiendo solo agresiones verbales, sintiendo que me iba a desmayar porque me estaba ahorcando, me sentí como desguanzado, solo alcance a decirle que ya me iba a bajar del tubo de la patrulla, y que me sentaría, y cuando me siento en el piso de la batea me empieza a apretar la esposa de la mano derecha y me encajó el brazo derecho entre el tubo de la batea de la camioneta y la lámina, en lo que me golpeaba la cabeza con la mano, dándome de zapes y presionando mi cuerpo hacia abajo, es decir hacia el piso, pidiéndole que me soltara porque me estaba lastimando el brazo que tenía prensado en el tubo, a lo cual, solo recibí agresiones verbales, consistente en palabras altisonantes, hasta que me aflojó la presión que ejercía sobre mi cuerpo, logrando sacar mi brazo, y cuando lo solté, de manera inmediata me someten al piso de la batea y me empiezan a dar pisotones en la zona baja de la espalda, ya en ese momento no dije nada y opté por relajarme y dejar mi cuerpo extendido, todo esto sucedió en el trayecto del lugar donde me detuvieron hasta llegar al Cuartel de San José (…)”, narró la víctima.

Otro caso fue el registrado en la recomendación 26/2020, pero ocurrido el 18 de diciembre de 2018, en el municipio de Atoyac, donde un hombre denunció a elementos de la policía por robo, abuso de autoridad y agresiones:

“Me encontraba solo en mi domicilio, a punto de bañarme, cuando escuché ladrar a mis perros, cuando de repente entraron tres elementos de la policía estatal, con el rostro cubierto y fuertemente armados, me sacaron con lujo de violencia de mi baño, desnudo; me percato que había más policías estatales en el interior de mi vivienda, los cuales se encontraban registrando todo mi domicilio, volteando colchones, rompiendo cerraduras de clósets y demás lugares de mi vivienda, me dieron de golpes en el costado, de patadas en piernas y me acomodaban zapes en la cabeza, al poco tiempo y casi de manera inmediata, de repente uno de ellos dice éste no es, vámonos; me dicen que estaban buscando armas, pero que ése no era el lugar, por lo que molesto les exijo una explicación y uno de ellos me apunta con su arma y me dice cálmate o aquí te carga la madre. Se llevaron mi celular con información confidencial”.

En ambos casos, la CEDH recomendó a la SSP que capacite mejor a los servidores públicos involucrados en materia de respeto a los derechos humanos para que no violenten a los ciudadanos. El Sistema Estatal de Indicadores de Violaciones a Derechos Humanos en Veracruz, revela que, en el primer trimestre de este año, ha habido 26 quejas contra la SSP: cuatro en Papantla, tres en Coatzacoalcos, dos en Nogales y dos en Sayula de Alemán, así como una en Playa Vicente, Emiliano Zapata, Agua Dulce, Tecolutla, Martínez de la Torre, Tecolutla, Cazones de Herrera, Poza Rica, La Antigua, Jalacingo, Naolinco, Jilotepec, Veracruz Puerto, Jalcomulco y Acayucan.

Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), aseveró que los desmanes reportados en el país durante las últimas semanas son expresión del hartazgo y el descontento ciudadanos, producto de las enormes deficiencias en capacitación profesional de las corporaciones policiacas.

Los disturbios y destrozos no cesan ni pueden ser contenidos –explicó el especialista en temas de seguridad– y se debe a la falta de capacidad de reacción y mando de los cuerpos policiales, así como por la nula, escasa, ambigua o imprecisa existencia de protocolos para actuar en operativos complejos, incluso simples.

“En México los policías, y también los delincuentes, hacen lo que quieren sin mayores consecuencias. Pareciera que vivimos en un país sin ley… los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que al menos 26 mil 700 policías en México no aprobaron los exámenes de control y confianza, pero solo fueron dados de baja alrededor del 1.4 por ciento. Estos datos nos llevan a preguntar ¿en manos de quién está nuestra seguridad?”, expresó Desfassiax.

El experto considera que México requiere un plan transexenal para construir un sistema de seguridad pública profesional y eficiente que supere la activación de estrategias o programas que, en la mayoría de los casos, no se consolidan porque son sustituidos por otros nuevos que igualmente se quedan incompletos.

Pese a las recomendaciones de los expertos y de la propia CEDH, los 12 mil elementos de la SSP de Veracruz no han recibido ningún curso de derechos humanos en los pasados 18 meses, por lo que es previsible que sigan actuando con la misma arbitrariedad, abuso y violencia física.