Disuadir al periodismo de difundir la verdad es una práctica ilegítima que recurre a modalidades criminales como el asesinato, el arresto, el secuestro, el acoso físico-psicológico o el despido de trabajadores. También incluye acoso financiero, fiscal y judicial, escarnio, asalto a instalaciones y veto a la circulación. Coartar así el derecho a la información de las personas viola el requisito sine qua non de la democracia, que garantiza el debate e intercambio de ideas en una sociedad libre.

Tergiversar la realidad para crear sociedades ignorantes e inmóviles ante el saqueo de sus recursos y preservar el dominio de unos cuantos sobre las mayorías, ha sido posible por el uso de estrategias de distorsión y silencio informativo. Esa tendencia ya es inconsistente en un mundo multipolar y de avanzada biotecnológica que requiere medios y fuentes periodísticas que transmitan conocimiento veraz y visibilicen lo oculto.

Hasta el poderoso Pentágono –el Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.)– entiende el importante rol del periodismo. Así lo hizo en 1997, cuando publicó, en la revista militar Parameters, el artículo Conflicto constante, del coronel Ralph Peters, quien determinó: “La información es a la vez nuestro producto básico y el factor más desestabilizador de nuestro tiempo”.

Y así es. La visión multidisciplinaria del periodismo no es ajena a la política, de ahí que la información no sea un lujo, sino un derecho de doble vía: a la necesidad de emitir información se une la necesidad de acceder a investigaciones y datos que resguardan con celo los gobiernos y las corporaciones, apunta Vincent Sizaire.

Al poner a disposición ese saber de interés público ante los ciudadanos, el periodismo cumple con la premisa del derecho a la información, asegura el experto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Constantino Rojas Burgos.

No obstante, proteger los secretos de los asuntos públicos ha sido la tentación del capitalismo trasnacional y sus personeros políticos. Para mantener su control, los medios corporativos modelan contenidos que someten al gran público.

“Las masas del mundo son devastadas por información que no pueden manejar o interpretar con eficacia. La guerra de la información es parte central de la guerra perpetua entre sociedad y élites”, apunta con tino Raúl Zibechi.

Las modalidades de este atentado contra la verdad son varias y se resumen aquí:

EE. UU., adiós a la libertad de prensa

Odio, acoso y difamación plasman la erosión de la libertad de prensa en EE. UU. Aunque Joseph Biden ofreció mejorar su relación con la prensa, “persisten amenazas a la libertad de prensa, desde la desaparición de redacciones locales hasta la desconfianza generalizada hacia los principales medios de comunicación”, denuncia Reporteros sin Fronteras (RSF).

Donald J. Trump demandó por difamación a la CNN y en su gestión hubo más de 600 agresiones a la prensa (130 detenciones por ser “enemigos del pueblo”), según el Centro de Rastreo de la Libertad de Prensa.

Además, la organización Proyecto Censurado advierte que el control de medios evitó publicar información sustantiva, como la propuesta de un impuesto de salud para confrontar la pandemia y la iniciativa de un nuevo marco legal contra la desigualdad en el sistema de justicia.

También se suspendió la información en torno al aumento de superbacterias por abuso de antibióticos, de los beneficiarios del mercado internacional de plasma sanguíneo y sobre el incremento del suicidio en indígenas canadienses al interior de las reservas.

Por otra parte, la obsesión de la Casa Blanca contra Irán causó el cierre de 36 medios digitales vinculados al Estado persa el 22 de junio. Según la Oficina Federal de Investigación (FBI), los canales Press TV, Al-Alam y la página de hutíes yemeníes Al-Masirah “difunden supuesta” desinformación.

Para la agencia IRNA, la medida es otro ejemplo de violación a la libertad de prensa: “si a Washington no le gusta lo que dices, incauta el dominio”. Esa acción del FBI coincidió con la fase final de diálogo sobre el acuerdo nuclear y la reducción de sistemas antimisiles de EE. UU. en Medio Oriente.

La mordaza británica

El 10 de marzo se acusó de censura política a Ofcom, órgano británico que regula redes sociales por prohibir y multar al canal China Global Televisión Network (CGTN). Beijing repudió que se quitara la licencia a esa emisora y calificó el hecho como represión política.

Indignados, cineastas y artistas denunciaron el ataque a la libertad en una carta abierta, publicada por Morning Star y la campaña No a la Guerra Fría: “China está cada vez más conectada con el resto del mundo, incluido el Reino Unido, en una interacción constante y ese acto de censura no se alinea con los intereses de Gran Bretaña y su pueblo”, escribieron.

Para ellos es selectiva la justificación de Ofcom, porque ningún titular de licencias de radiodifusión debe estar controlado por organismos públicos. Afirman que múltiples emisoras privadas y públicas “poseen agenda política o de claro control, como BBC, cuyo personal está sujeto a veto por parte de M15 y Ofcom no les revoca la licencia”, argumentan.

CGTN afirma que está comprometida a ofrecer noticias e información precisas, oportunas y objetivas, con puntos de vista diversos y proporcionados, como lo confirmó su cobertura de las protestas en Hong Kong.

La tentación autoritaria es antigua. En 2001, el premier Anthony Blair limitó la expansión digital de la cadena pública BBC para abrir espacios a empresas privadas. En 2011, el premier David Cameron anunció que prohibiría el uso de redes sociales al sospechar que se usaban para “actividades criminales” en los disturbios de Londres.

En 2013, el gobierno de Cameron obligó a The Guardian a destruir materiales que le filtró Edward Snowden. Tal acción dio “un giro siniestro a la libertad de prensa” y reveló “la hipocresía del gobierno inglés cuando defiende la libertad de expresión en otros países”, denunció el gremio. Aún así, en 2014, The Guardian y The Washington Post ganaron el premio Pulitzer.

Francia: criminalizar el discurso

Por décadas persistió en Francia el delito de blasfemia. Incluso se usó en Alsacia-Mosela para sancionar a “quien causara escándalo blasfemando públicamente contra Dios con palabras ultrajantes”. Hasta 2017 se derogó esa ley y muchos preguntaron: ¿por qué tardó casi un siglo en desaparecer? El analista Vincent Sizaire respondió: porque los gobernantes de Francia son propensos a reprimir ideas que perciben incómodas, tendencia al alza en tiempos actuales”.

En ese país se instituyó el delito de terrorismo en 1986; fue fortalecido por la ley del 13 de noviembre de 2014 y sigue vigente, denuncia Vincent Sizaire. Este año, el presidente Emmanuel Macron restringió la libertad de expresión al criminalizar la publicación de imágenes de policías en servicio.

Canadá: el doble discurso

Entre 2006 y 2015, el primer ministro conservador Stephen Harper marcó años de censura a la prensa, al grado que RSF afirmó que Canadá vivía en la “Edad oscura”. Sin embargo, el gobierno “liberal” de Justin Trudeau espió y presionó a periodistas para conocer sus fuentes, tras descubrirse que la policía de Quebec y Montreal había filtrado información.

En 2017, Trudeau afirmó que siempre defendería la libertad de expresión, “pero ésta tiene límites y no debe herir de forma arbitraria e inútil a ciertas comunidades”. Ese año se amagó con prisión a un reportero que cubrió la protesta contra un proyecto hidroeléctrico en Labrador; y un juez autorizó que la policía obligara a un reportero a entregar su material de una investigación sobre terrorismo.

Este 2021, tras el macabro hallazgo de casi mil 300 tumbas clandestinas de menores indígenas en la escuela-residencia para pueblos originarios Marieval, en Saskatchewan, pocos medios dieron voz a los indígenas. Solo The Indian Country Today y The Globe and Mail observaron a los pueblos Tj’emlúps te Sexw’wpemc, que piden a expertos usar sondas en el subsuelo para hallar restos de otros menores.

Latinoamérica sin verdad

En América Latina, la libertad de expresión está en crisis y el escenario es sombrío, denuncia el Centro de Investigación Periodística (CIP). El periodismo no es confiable y las noticias son falsas o están tergiversadas, consideró el 65.8 por ciento de los encuestados en torno a un estudio de opinión de la Universidad de San Isidro.

La encuesta concluye que la mayoría de argentinos piensa que las empresas mediáticas, propiedad de las élites, no respetan su derecho a la información. Abundan portadas engañosas o falsas, fuentes anónimas, insultos, líneas editoriales monocordes, además de que las empresas periodísticas no respetan la independencia de los trabajadores.

En contraste, el Foro de Periodismo Argentino (FPA), que lideran directivos de medios, considera que el ejercicio pleno de esta profesión aún representa una deuda importante del presidente Alberto Fernández. Sostienen que la publicidad oficial es la principal herramienta de censura indirecta y que se agravó este año.

En Argentina, el nefasto balance del derechista Mauricio Macri con la prensa se retrata así: a junio de 2019 hubo cuatro mil 500 periodistas despedidos, 55 heridos por represión, denuncia Walter Medina. Macri acalló toda información alternativa para responder al interés de magnates como el grupo Clarín, para el que el periodismo es un negocio.

En Bolivia, el golpe de 2019 instauró un “triángulo de intimidación, acoso y represión” para controlar qué decir y escribir, so pena de cierres violentos, campañas públicas de descrédito, vigilancia de redes sociales y ataques físicos a periodistas, denuncian trabajadores de medios.

Los golpistas decretaron que “cualquiera que publique información falsa en redes, sufrirá pena de prisión por 10 años. Será obligado a curar a pacientes con Covid-19”. En ese clima de detenciones arbitrarias, leyes restrictivas y control estatal sobre la prensa, se acusó a Mauricio Jara de desinformar, propagar el odio e instigar y atacar a la salud pública.

El periodismo en Chile oscila entre revelaciones de espionaje del ejército, presiones del gobierno al canal La Red para que cambiara su línea editorial y el atentado contra el equipo de TVN. En Uruguay el Servicio de Comunicación Audiovisual (SCA) anunció que aplicará “las mismas pautas editoriales de la BBC” (británica), es decir, que un coordinador censará los contenidos antes de ser difundidos.

El periodismo en Paraguay está marcado por la censura y el retroceso en derechos laborales. Crecen el monopolio de medios, la falta de recursos a medios públicos y las presiones económicas del sector privado, denuncia el Sindicato de Periodistas.

Haití: sin prensa

El gobierno, los grupos de interés y la delincuencia no tienen interés en que exista una prensa libre y objetiva en Haití, menos ahora que prevalece la ingobernabilidad. En 2020 incendiaron las instalaciones de Radio TV Caribe en el marco de choques entre policías, descontentos laborales y el Ejército.

En 2021 escalaron los ataques contra periodistas que cubrían protestas: Davidson Smith, de Press Info, fue herido con bala, así como Méus Jeanril, de Télé Pam; Alvarès Destiné, de Actualités Locales TV y un fotógrafo de la agencia Associated Press (AP).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a las autoridades y los actores políticos a respetar la libertad de prensa y el derecho a la información. Pero el asesinato del presidente Moïsse Jovenal profundizó la crisis de derechos humanos; y en julio, el gobierno vetó la libertad de prensa.

El Ministerio de Cultura y Comunicación, advirtió: “en Estado de sitio, hay información que la prensa no puede divulgar”. Días después fue asesinado el periodista Diego Charles, por lo que el líder de Reagrupación por la Educación, William Thelusmond, afirmó que no hay garantías para la libre expresión.

Colombia: sin derecho a nada

En Colombia avanza la iniciativa 600 del Artículo 47° de la Ley de Prensa para censurar a medios e Internet en nombre de la protección de menores. Esta decisión se suma a la escalada de demandas judiciales que limitan el derecho a la información, señalaron Relatores para la Libertad de Expresión (ELE) de la ONU.

Solo este año se documentaron más de 122 agresiones contra medios y sus trabajadores en el contexto de manifestaciones contra la reforma fiscal y la creciente conflictividad social. “El trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información por medios alternativos, ha sido restringida”, denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLP).

Brasil cierra la boca

Por falta de seguridad, el 25 de mayo de 2020, los principales medios brasileños anunciaron que suspenderían su cobertura en la residencia presidencial; entre ellos se encuentran las televisoras Globo y Banteirante, los diarios Folha de São Paulo y el portal Metrópoles.

Alegaron que continúa hostilidad de partidarios de Jair Bolsonaro y falta de protección a periodistas por las fuerzas del orden. La periodista de Folha de São Paulo, Patricia Mello, denunció que ha sido víctima de ataques directos de Bolsonaro y sus hijos. Ya ganó dos demandas contra ellos.

Perú: apología del terror

Tras la muerte del líder de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el Ministerio de Justicia advirtió que toda publicación que respalde o enaltezca a una “organización terrorista” o rinda homenaje a líderes, constituye delito de apología del terrorismo. El fiscal antiterrorismo, Milko A. Ruiz, señaló que su infracción implica prisión de 15 años.

Entretanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó al presidente Pedro Castillo “más transparencia y mejor comunicación con el gremio” para beneficio de la democracia peruana. El llamado responde a agresiones que vulneran las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, que garantizan la libertad de expresión.

Libia: periodismo imposible

La crisis de libertad de prensa en Libia alcanza niveles sin precedentes a 10 años del asesinato del líder libio Muammar el-Khadafi. El conflicto entre dos fuerzas políticas rivales hizo del periodismo una profesión impracticable en el país norafricano debido a la creciente violencia e impunidad contra periodistas, pues no menos del 80 por ciento se exilió.

Sigue vigente la Ley 37 de 2012, que sanciona el “enaltecimiento” de Khadafi, su régimen, ideas o a sus hijos, pues considera que esta información es propaganda sensacionalista que menoscaba la moral de la ciudadanía y prevé cadena perpetua en caso de insistencia. Hay cierre masivo de medios, como el del canal Annabaa, que ya no trasmitió desde marzo de 2017, cuando milicias incendiaron su sede.

Irak: penas draconianas

Las autoridades imponen el Proyecto de Ley de Delitos Cibernéticos, que viola la libertad de expresión, pues sus disposiciones son poco precisas y establece penas draconianas contra medios. Además, es un intento de reprimir el disenso pacífico, pues criminaliza actos legítimos, como compartir información y establecer contactos, denunció Human Rights Watch (HRW).

Esta legislación faculta a las autoridades para reprimir a medios de oposición por Internet, medio al que periodistas recurren con frecuencia en busca de información y debate. También establece multas por usar una computadora y redes que, a juicio del censor, minen los “intereses supremos económicos, políticos, militares y de seguridad” del país.

África: prisión como censura

El periodismo en ese continente refleja la vulnerable democracia en los Estados, herencia de un capitalismo salvaje agravado por la pandemia. El acoso al derecho de información se traduce en bloqueos a Internet, cierre de medios críticos, arresto a directivos y reporteros.

En Tanzania, Guinea y Etiopía, la prisión es usual para medios opositores, igual destino sufrió en Madagascar Arphine Helisoa, del diario Ny Valosoa, por denunciar el pésimo control de la pandemia. En Sudáfrica, la policía “encapsula” a periodistas que cubren protestas para disuadir a los simpatizantes de opositores.

Asia: virus y desinformación

Vietnam endureció el control en redes sociales y lanzó una ola de detenciones a periodistas independientes. Malasia y Singapur impusieron decretos que penalizan a medios que critican a los gobiernos, pues los ejecutivos pueden corregir contenidos que estimen falsos y enjuiciar a los autores.

Tailandia, Filipinas, Indonesia y Camboya aprobaron altas penas de prisión para periodistas; y en Pakistán se usa al servicio de inteligencia para vigilar a reporteros y blogueros. En India, la censura se aplica “con virtuosismo”, señala RSF, pues denosta a periodistas críticos con calificativos como “pro-terroristas”.