El coronavirus (Covid-19) trajo al estado de Veracruz otra pandemia, además de la sanitaria: una creciente violencia doméstica que solo en marzo provocó 70 agresiones físicas contra mujeres, de las cuales nueve fueron feminicidios, para sumar 25 delitos en lo que va de 2020.

Durante el primer bimestre de 2020, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hubo 105 mil 356 denuncias por violencia familiar, de los cuales 164 fueron feminicidios, 16 de éstos ocurrieron en Veracruz y el número de actos lesivos intrafamiliares ascendió a cinco mil 942; es decir en enero-febrero, el feminicidio se incrementó 4.3 por ciento y la violencia de pareja 1.39 por ciento.

 En marzo, según el corte más reciente, en el ámbito nacional hubo 76 feminicidios, de los que nueve se registraron en Veracruz, con lo que, en el primer trimestre del año, esta entidad acumuló ya 25 de estos delitos; cuatro se registraron en enero, 12 en febrero y nueve en marzo.

En un solo mes hubo 949 delitos contra la familia en Veracruz, hasta alcanzar tres mil 106 en el primer trimestre. Su desglose en los 31 días de marzo fue: 673 delitos de violencia familiar, 93 de violencia de género en todas sus modalidades; 92 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y otros 91 delitos contra la familia.

Los municipios con más feminicidios, violaciones, abuso sexual y otros delitos contra la familia en el primer trimestre fueron Santiago Tuxtla, San Rafael, Zongolica, Xalapa, Córdoba, Veracruz y Tuxpan.

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, indicó que las 176 agresiones contra mujeres contabilizadas por su oficina durante el primer trimestre del año (70 en marzo) integraron un número “por demás superior al de los contagios generados por el coronavirus, en el mismo periodo”.

La secretaria de Igualdad de Género del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Mónica Claudio Casados, quien destacó que el gobierno estatal de Cuitláhuac García está hoy más preocupado por detener a exfuncionarios del DIF-Estatal Veracruz, que por frenar las muertes de mujeres ante el aumento de la violencia en la entidad.

“Lamentamos que la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, siendo mujer, no comprenda la gravedad de la situación que viven mujeres y niñas veracruzanas expuestas diariamente a la violencia; pues aseguró, de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020, en Veracruz se registraron 16 feminicidios en el primer bimestre del año y en el primer trimestre se contabilizaron 176 agresiones contra mujeres a nivel nacional. En nuestro país cada día son asesinadas 10 mujeres y cada cuatro horas al menos una es víctima de violación sexual”, agregó.

Casados anunció que la dirección nacional del PRD propondrá en breve la homologación del delito de feminicidio en todo el país; y que dicha iniciativa se haya hoy en manos de sus gobernadores estatales y legisladores locales para que promuevan las modificaciones legales necesarias y se concrete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Los colectivos feministas

La titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Estado, Mónica Mendoza Madrigal; Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Xalapa; Belem Palmeros Exome, activista y defensora de derechos humanos y Ana María Fonseca Cortés, abogada feminista, formularon un conjunto de recomendaciones para sobrellevar las relaciones intrafamiliares durante la cuarentena decretada a raíz de la pandemia del Covid-19.

Entre sus propuestas destacan dos: realizar un reparto equitativo de las tareas en el hogar y las de cuidados de quienes integran la familia para no distribuir cargas desproporcionadas de trabajo entre los componentes de ésta y, asimismo, generar acuerdos en la distribución de espacios físicos para que la convivencia familiar fluya.

Las activistas señalaron que, a pesar de que la violencia de género era ya un fenómeno de atención prioritaria, no se previó que la pandemia tuviera efectos colaterales que la estimularan considerablemente; por ello, en este momento, las herramientas para atender los casos de violencia resultan insuficientes y es indispensable crear nuevos mecanismos para atender ese problema social.

Una de las acciones más inmediatas consiste en difundir a una escala mayor y de manera permanente la existencia de las oficinas gubernamentales y grupos sociales dedicados a auxiliar a las mujeres que enfrentan actos violentos, como los casos del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), los 212 Institutos Municipales de las Mujeres (MM), las Fiscalías Especializadas y el Centro de Justicia para las Mujeres; la aplicación digital Mujer Alerta; el 911 para emergencias; la línea 075; el número 8009068537 del IVM; el 2281350220 del Centro de Justicia para las Mujeres, o bien el 8000002018 que es la línea violeta del IMM de Xalapa.

Asimismo, las activistas coincidieron, en que los casos en los que el Ministerio Público (MP) otorga medidas de protección a niñas, niños y adolescentes, es necesario que el Poder Judicial habilite más personal de guardia en los juzgados familiares para que se atiendan con celeridad las demandas de intervención judicial generadas por el confinamiento familiar.

También hicieron un llamado a todas las asociaciones, redes, colectivos de mujeres y defensoras de derechos humanos, así como a la población en general, para que asuman la responsabilidad social y ciudadana ante este problema y se informen de los recursos institucionales existentes para brindar auxilio a las mujeres en situación de violencia.

Las feministas proponen la difusión pública detallada de cuáles y cómo son las acciones de violencia de género para que las niñas, jóvenes y mujeres puedan identificarlas con claridad, se hagan conscientes de las situaciones de riesgo, rompan el círculo que las rodea y denuncien a sus victimarios.

Plantearon la necesidad de que haya claves de alerta para que las mujeres en situación de vulnerabilidad pidan ayuda y denuncien a sus agresores sin que éstos lo adviertan y que se busquen las formas más adecuadas para que tal servicio llegue en particular a mujeres indígenas y con discapacidad.

Sugirieron conformar una organización solidaria de rondines ciudadanos cuando los vecinos escuchen gritos o golpes mientras la policía no interviene; que las autoridades utilicen el perifoneo y la radio para difundir mensajes preventivos contra la violencia de género, ya que la mayor parte de la sociedad no tiene acceso a la tecnología digital.

Trabajo legislativo contra la violencia

Anilú Ingram Vallines, diputada federal, anunció que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) insistirá en que el Gobierno Federal incluya políticas públicas con perspectiva de género durante esta contingencia para que las jefas de familia, jóvenes y niñas no vivan en un entorno familiar hostil y riesgoso, además del sanitario y económico, pues muchas familias enfrentan carencias y hambre.

El encierro habitacional propiciado por la pandemia del Covid-19 –dijo– expone a muchas mujeres al riesgo de sufrir violencia física, psicológica y sexual proveniente de sus parejas, padres, padrastros, hermanos y primos, como se ha documentado en las denuncias judiciales.

“Aunado a lo anterior, las repercusiones económicas que provoca el aislamiento aumentan la tensión en el hogar y la dependencia económica. No podemos dejar de lado otro tipo de violencia a la cual están expuestas las mujeres durante el confinamiento sanitario. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denunció que el coronavirus ha afectado severamente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las autoridades no han podido hacerle frente. Un ejemplo muy sencillo es el de las mujeres a punto de dar a luz y la inseguridad que representa para ellas acudir a una clínica para su parto o, meses antes, para la revisión del desarrollo de su embarazo”, agregó.

Por su parte, la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui sugirió que todas las dependencias gubernamentales vinculadas a proteger a las mujeres, estén atentas para intervenir con rapidez y eficiencia ante cualquier llamado porque “muchas mujeres están en estado de vulnerabilidad, porque el confinamiento desata situaciones de violencia”.

La legisladora advirtió que los 16 feminicidios reportados en el primer bimestre de 2020 son en extremo alarmantes y exigen la mayor atención de los tres niveles de gobierno y la propia sociedad. En ese mismo periodo, comentó, el número de emergencia 911 recibió 928 llamadas de auxilio por violencia de pareja, 84 por acoso, 16 por violación y 21 por abusos sexuales. Es urgente que el problema sea atendido, enfatizó.