La cancelación de la planta cervecera del corporativo estadounidense Constellation Brands (CB), para cuya construcción en Mexicali, Baja California, se habían invertido ya 900 de mil 400 millones de dólares (70 por ciento), ha derivado en un conflicto binacional que en breve se sumará a otros problemas económicos del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los días 21 y 22 de marzo de 2020 se efectuó, en la capital de Baja California, una más de las consultas públicas para preguntar a los mexicalenses si debía suspenderse la construcción de la planta de la CB. La respuesta del 76 por ciento de los participantes fue “sí” y el presidente López Obrador (AMLO) ordenó de inmediato parar las obras de construcción.

La decisión presidencial, sin embargo, fue objeto de críticas de toda índole, entre las que destacó la legal, porque la consulta no fue organizada ni supervisada por ninguna dependencia del Estado relacionada con votaciones y en ella solo participó el 3.51 por ciento de los 796 mil 447 habitantes enlistados en el padrón del municipio bajacaliforniano.

En un análisis sobre la suspensión de la planta, Carlos Serrano, economista en jefe del Grupo Financiero BBVA, declaró que fue un acto similar a la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), cuyos costos para el gobierno ascendieron a más de 100 mil millones de pesos (mdp) en reparación de daños a los inversionistas.

Pero además del monto que se pagó en el caso del NAIM, hay otro aún mayor, explicó Serrano: aumentará la desconfianza de los inversionistas en momentos que el país las necesita más. “La decisión de cancelar la planta cervecera de Constellation Brands es igual o más grave que la decisión del aeropuerto, es lamentable, sugiere que esas decisiones no representan hechos aislados, sino son parte central del proceso de toma de decisiones del actual gobierno (…)”

“Será un daño permanente a la credibilidad del país, donde no se respeta el Estado de Derecho, ya que una empresa que tenía todos los permisos, incluyendo el de agua, ha invertido dos terceras partes de los recursos, muchas menos empresas van a querer invertir, habrá incertidumbre”, sostuvo el analista económico.

AMLO informó, el 1° de abril, que los dueños de la CB se reunieron con él y que aceptaron conciliar con su gobierno. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había establecido ningún acuerdo formal sobre la manera en que se reparará la inversión de 900 millones de dólares (mdd) que ya había hecho la CB, el conflicto se mantiene latente.

De acuerdo con especialistas, en cualquier momento, la corporación podría llevar el caso al panel de arbitraje sobre comercio internacional, donde generalmente las firmas salen ganando, porque los gobiernos involucrados no pueden apelar a sus leyes, especialmente cuando hay tratados comerciales firmados como en el caso de México, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá.

Se tiene conocimiento de que los representantes de la empresa aceptaron iniciar conversaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob) para negociar un eventual acuerdo, pero CB tiene la posibilidad de solicitar la intervención del panel de solución de controversias, opción prevista en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, y en el capítulo 14 de su versión reciente, el T-MEC, donde incluso las firmas tienen mayores garantías.

“Totalmente… es un conflicto latente que puede estallar, y que puede ser nocivo, por este procedimiento de las controversias internacionales”, advirtió a este semanario Adán Rivera García, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

El especialista señaló que en Baja California hay conocimiento público de que en la administración del panista Francisco Vega de la Madrid (2013-2019) hubo enorme corrupción y se expidieron permisos y licencias en favor del corporativo. Sin embargo, –indicó Rivera– si el gobierno de AMLO insiste en que hubo corrupción en la expedición de los permisos y licencias, tendrá que probarlo: “Ellos (CB) tienen todas las de ganar ahorita, por eso sería conveniente que se llegara a un acuerdo, está muy complicada la situación”.

El panel de arbitraje internacional es un medio para solucionar controversias entre corporaciones y los gobiernos firmantes de los acuerdos comerciales. Cuando éstos se firman, los miembros aceptan que sus sistemas judiciales no serán la vía para solucionar sus conflictos, sino un panel, es decir, una especie de despacho independiente de conciliación supranacional constituido por abogados corporativos.

En los apartados relacionados con la solución de controversias de las dos versiones de los acuerdos de libre comercio (TLCAN y T-MEC), los gobiernos están impedidos para nacionalizar o expropiar propiedades de firmas de cualquiera de los tres países, ya sea en forma directa o indirecta, y los paneles de arbitraje están también encargados de determinar si una corporación resulta afectada y de imponer sanciones.

Cuando esto ocurre, las sanciones impuestas a los infractores son generalmente multimillonarias, ya que incluyen la reposición de las inversiones hechas, el pago de daños y perjuicios a la corporación afectada, los gastos del arbitraje y el pago de los beneficios que obtendrían, según su plan de negocios.

El 23 de marzo, después de que se difundiera la noticia de la cancelación de la planta en Mexicali, las acciones bursátiles de la firma CB se desplomaron 11.75 por ciento al establecerse en 105.64 dólares por acción, su valor más bajo en los últimos cinco años, según reportó la agencia informativa especializada Bloomberg.

El analista político y abogado José Luis Espinosa Piña explicó a este semanario que el T-MEC establece reglas para las inversiones de las compañías de los tres países. “Se ofrecen garantías para la inversión extranjera y lo que aquí se percibe es que hay una violación a ese convenio y, por lo tanto, se va al panel de controversias. Como esto ya está inserto en un acuerdo comercial internacional, se va al panel de controversias. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de meterse en conflicto, en un momento en donde recién se aprobó el TMEC? Lo más grave es la desconfianza de los inversionistas.

“Pero lo que nos dice la lógica elemental, es que aquí hay consecuencias ya en el marco del T-MEC, porque es una inversión formal que viene de afuera, y que tiene que contar con garantías mínimas para invertir una cantidad de tantos millones de dólares. No se puede invertir eso si un país no ofrece garantías jurídicas y condiciones óptimas normativas para poder garantizar la aplicación de esa inversión”, agregó Espinosa.

Sin acuerdo formal con CB

AMLO aseguró que los propietarios de CB están de acuerdo en conciliar con su gobierno y en no llevar el caso a la instancia internacional, aunque hasta el momento no se conoce ningún acuerdo formal con la corporación sobre la suspensión de la planta cervecera en Mexicali.

Sobre la consulta pública que concluyó con un “no” a la planta el 25 de marzo, AMLO expresó desconocer si la cancelación pudiera obligar a su gobierno a pagar algún tipo de indemnización y, como para justificar aquélla, indicó que CB había incurrido en actos de “corrupción en la obtención de los permisos”. Además, anticipó que en una de sus “mañaneras” revelaría cómo esta corporación consiguió los permisos para instalar la planta.

“Claro que sí, influyentismo. Nada más es de pensar, de sentido común, que es el menos común de los sentidos ¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua? Y, además, que es producir, elaborar cervezas con agua que vamos a exportar ¿Y cuántos empleos? Sí, estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas”, declaró AMLO.

El Presidente propuso a los directivos de CB buscar otro sitio donde construir su planta y les sugirió su estado natal, Tabasco, donde no hay problemas con el agua porque hay mucha en la entidad. “Todos los permisos que quieran en el Sureste, donde hay agua; aquí sí”, anunció.

El 24 de marzo, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, ofreció dar todas las facilidades a CB para poner su planta ahí. “Aquí tenemos el 33 por ciento de los recursos hídricos del país, por ello estas inversiones tienen viabilidad para establecerse en Tabasco”.

Tras la controversia que desató el anuncio de una consulta pública sobre el futuro de la cervecera el 21 y 22 de marzo, AMLO reveló presiones ejercidas por el gobierno y la embajada de EE. UU. para proteger los intereses de la empresa estadounidense. En su mañanera del 22 afirmó que la consulta no la había decidido él, sino que acataba una resolución de la Secretaría del Medio Ambiente expedida el 25 de febrero.

En esa conferencia de prensa precisó: “Nos mandan a decir hasta de la embajada de EE. UU., y lo digo porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, y no hay nada qué ocultar, que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país. No, si ya fue una decisión de una autoridad se lleva a cabo la consulta”.

“¿Y qué le digo a la gente de Baja California, donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos en la zona y que se les tenga confianza a los ciudadanos, y que ellos sean los que decidan. Estoy seguro que no va a pasar nada, ni en un sentido ni en otro”.

La consulta se realizó y la construcción de la planta fue suspendida frente a críticas al por mayor entre analistas políticos y de economía. Sin embargo, para el dos de abril, la situación aparentemente había cambiado, y AMLO aseguró que le embajada estadounidense encabezada por Christopher Landau –la misma que un mes antes había ejercido presiones sobre su gobierno– se había convertido en mediadora del conflicto y que tanto la cervecera como el gobierno de EE. UU. habían aceptado sus condiciones.

“El gobierno de EE. UU. y la embajada han hecho un trabajo respetuoso de conciliación para mantener relaciones amistosas (…) y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali; eso ya está aceptado, se respeta la voluntad de los ciudadanos y que van a buscar alternativas, pero no se va a usar agua de Mexicali para producir cerveza y exportarla”.

En esa misma mañanera del dos de abril AMLO advirtió: “Cuando la gente decide que la cervecera no se instale en Mexicali, algunos pensaron que eso nos iba a dañar, no quiso la mayoría de la gente que se instalara esta planta. Sin embargo, por la confianza que hay en el gobierno de México, se acercaron los directivos de la planta a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo”.

Pero a la vista pública, la posición estadounidense en el conflicto no ha sido aterciopelada. El tres de marzo, el director de CB en México, Daniel Baima, envió una carta a AMLO donde destaca la existencia de una oposición al proyecto de la planta que carece de fundamentos legales, porque CB cumple en tiempo y forma con todos los requerimientos legales.

El 23 de marzo de 2020, Ana López Mestre, directora general de la American Chamber of Commerce of México (ACCM), que aglutina a mil 400 empresas estadounidenses asentadas en México, afirmó que las decisiones tomadas por el gobierno mexicano en el caso de la planta de CB se convertiría en un factor negativo para la atracción de las inversiones requeridas por el país. Destacó, además, que para superar los estragos del crítico momento por el cual está pasando México, serán indispensables las inversiones, las cuales deberían cuidarse.

Una lectura similar a la suspensión de la planta de CB hubo entre varios grupos empresariales, coincidiendo la mayoría en que su mayor consecuencia negativa impactará en la confianza de los inversionistas extranjeros. Tal fue el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En un posicionamiento por escrito, el IMEF indicó: “Es especialmente grave cuando la economía mexicana mostró un crecimiento negativo el año pasado. Asimismo, deberá enfrentar el impacto de condiciones recesivas profundas en la economía internacional que requerirán de medidas contundentes de protección del empleo y de coordinación entre sectores”.

Conflicto por el agua

El conflicto de los activistas sociales con la cervecera se inició en 2017. El nueve de agosto de ese año, una veintena de ejidatarios buscó ampararse sin lograr detener la obra. La organización civil Mexicali Resiste fue la principal denunciante de las presuntas facilidades irregulares otorgadas por el gobierno estatal panista, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, quien tuvo qué ver de 2013 a 2019 y por la omisión del Gobierno Federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.

Los activistas propusieron una consulta ciudadana sobre la planta cervecera que se aplicara el dos de junio de 2019, el mismo día y en forma simultánea a las votaciones para elegir gobernador, cinco alcaldes y 25 diputaciones locales. El cuatro de marzo de 2019, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) declaró la propuesta improcedente desde el punto de vista legal.

El argumento de los activistas sociales contra la planta de la CB se sustenta en que usaría al menos 20 millones de metros cúbicos de agua, los cuales tomaría del río Colorado en perjuicio de los productores del campo y las comunidades que viven en la región, además de que el destino final de la misma sería convertirla en cerveza de exportación a EE. UU.

En respuesta a esta posición, los directivos de la firma CB aseguraron tener estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef) que avalan la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto, porque la planta no pondría en riesgo la disponibilidad del agua en la región.