Cada vez son más delgadas las líneas que separan la insatisfacción político-económica, el malestar social y los brotes de violencia con la gobernabilidad en los Estados de América Latina y el Caribe. En la realidad tan heterogénea de la región, es aún más clara la división ideológica que existe entre los gobiernos neoliberales y los que proponen alternativas progresistas. En este contexto, la región mira con gran expectativa hacia México para enfrentar esos focos desestabilizadores e instituir con urgencia la necesaria cooperación e integración hacia el desarrollo.

Los añejos y los emergentes desafíos de nuestra región apuntan hacia escenarios de mayor conflicto y desestabilización en el corto plazo. La pandemia de Covid-19 agudizó las contradicciones y las debilidades estructurales del capitalismo con la caída en los precios de las materias primas y las políticas de redistribución e inclusión social.

De ahí que se piense que detrás de los levantamientos sociales en Chile en octubre de 2019, el resultado electoral en Ecuador y las protestas en Colombia y Brasil haya una reanimación de las experiencias alternativas, como propone el politólogo de la Universidad de Toulouse, Frank Gaudichaud.

Sin embargo, los poderes fácticos y las multinacionales permanecen al frente de las instituciones y aún definen las reglas del juego político-económico de estas naciones. Históricamente, la presión de los centros financieros ha sido siempre más capaz que las oligarquías y élites criollas, beneficiarias del modelo neoliberal.

De ahí que impugnar al neoliberalismo con nuevos frentes desestabilizadores y explorar nuevas versiones alternativas sea la gran tarea de las izquierdas que hoy están contra la pared, estiman Ariel Pennisi y Salvador Schavelzon.

Frentes activos

Las dinámicas particulares anticipan que la región enfrentará más polarización y violencia, en un clima político dominado por las elecciones impugnadas y las violentas protestas que denuncian fraude, como es el caso de Honduras y Nicaragua, según la Evaluación Anual de Amenazas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), en abril pasado.

Este informe prevé un aumento en la frustración pública por la profunda recesión económica y que en Colombia, Perú y Guatemala se agudicen las preocupaciones sociales sobre el crimen y la generalizada corrupción oficial.

El caso más grave de inestabilidad regional es Venezuela, que podría empeorar en los meses próximos. Agobiado por su situación político-económica, este país escenificaría el derrumbe de los ingresos reales y el aumento del desempleo, anticipa el presidente de la organización Crisis Group, Robert Malley.

La vida de millones de venezolanos se ha deteriorado como resultado de la campaña de “máxima presión” ordenada por el expresidente estadounidense Donald Trump, que prolonga el actual mandatario Joe Biden y que incluye sanciones, aislamiento internacional, amagos de invasión militar y un posible golpe, como el que falló recientemente.

El gobierno de Caracas, hoy con menor capacidad financiera, enfrentaría dificultades para pagar a las fuerzas de seguridad y los apoyos sociales de los que depende un amplio sector de la población. Sin embargo, pese al apoyo de EE. UU. y sus aliados, la oposición no genera confianza en las mayorías de Venezuela ni logra cambios. Ante tal fracaso, Biden replantea la estrategia y ya dio a Juan Guaidó plazo hasta diciembre para que busque un acuerdo con el Estado bolivariano.

Sudamérica para EE. UU.

Es una subregión endeudada, como ocurre en Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández intenta una estrategia distinta a la entrega de la economía a la banca internacional, como hizo Mauricio Macri.

El 25 de mayo con el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, dos mil políticos, sindicalistas, juristas, defensores de derechos humanos, religiosos, científicos, académicos, periodistas y artistas pidieron suspender pagos.

Rechazan el colapso del sistema sanitario por falta de recursos para enfrentar a la pandemia, que condena a morir en terapia intensiva a casi el 70 por ciento de los contagiados del Covid-19. Días antes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) defendió las sobretasas que cobra a ese país, porque se trata de un crédito alto y de largo plazo.

En los países andinos, la elección del 11 de abril mostró el descontento ciudadano con los políticos. Por un lado, el mensaje antielitista del profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, que podría llevarlo a la presidencia de Perú. Sin embargo su partido sería la primera minoría en un Congreso muy fragmentado.

Ecuador no está exento de problemas de cambio en el rumbo que protagoniza el banquero Guillermo Lasso, quien dirige un país en plena ebullición político-social, devastado por la pandemia y que en la gestión de Lenín Moreno la pobreza pasó de afectar al 7.6 por ciento, al 12.8 por ciento de la población.

 Hoy, cuatro de cada 10 ecuatorianos enfrentan dificultades para comer y siete de cada 10 carecen de empleo seguro, denuncia el analista Daniel Lozano. Para remontar esta situación, Lasso pactó con el movimiento indígena Pachakutik y la Izquierda democrática.

Las nuevas izquierdas ganaron en Chile la elección para redactar la nueva Constitución. Atrás quedaron los partidos tradicionales, de derecha y centro, que apenas sumaron el 54 por ciento y triunfaron los independientes, como la Lista del Pueblo.

El Chile insumiso que superó todas las expectativas reorganiza el mapa político. Redactará el acta de defunción de la carta pinochetista y sus nuevos actores asumirán tareas de gobierno en el nivel local, dice Noam Titelman.

Brasil es sorpresa política y a la vez un desafío estratégico. El país más grande de América Latina tiene al 60 por ciento de su población en inseguridad alimentaria y 460 mil decesos por la pandemia debido a la pésima gestión del gobierno de Jair Bolsonaro.

De ahí las protestas masivas del 29 de mayo de 2021, lideradas por el Partido de los Trabajadores (PT), que pidieron juicio político contra el presidente. Lo acusan de un lento proceso de vacunación y de no brindar ayuda económica suficiente.

Días antes, los expresidentes e históricos rivales políticos, Luiz Inacio Lula da Silva y Henrique Cardoso, se mostraron en Sao Paulo haciendo frente común contra Bolsonaro, cuyo mensaje fue que el fundador del PT se perfila como favorito en la elección de 2022.

La reunión Lula-Cardoso es también una señal que aísla al delfín de Bolsonaro, Ciro Gomes. Entretanto, el Tribunal Supremo Federal (TSF) ordenó al gobierno proteger a las etnias Yanomami y Mudurucus de ataques con armas y bombas de mineros ilegales en los estados de Roraima, Amazonas, Pará y Mato Grosso.

Bolivia sigue en riesgo. Apenas el 13 de abril se cerró el ciclo electoral más complejo de su historia, que se inició con el golpe de 2019. Al triunfo de Luis Arce, que marcó el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS), siguió su derrota en los comicios locales de cuatro departamentos.

El expresidente Evo Morales admitió este fracaso, que dio amplios espacios a las oligarquías bolivianas, que a su vez lo explicaron como el “rechazo a la corrupción y persecución” y lo utilizaron para hacer un llamado para fortalecerse aun más.

Colombia sacudió al mundo con la represión brutal de las protestas que ordenó el gobierno de Iván Duque. La paz se extravió y los centros del capital no esperaban esta ebullición social que se originó por el descuido de las sucesivas crisis, la voracidad de multinacionales mineras y agroindustriales y el auge de las bandas criminales.

 La tensa calma que siguió al Acuerdo de Paz fue rota con el asesinato de líderes sociales e indígenas; con la agresión policial y militar que masacró a jóvenes en el Valle del Cauca y con la represión implacable a los ciudadanos de Cali, acciones aplaudidas por la oligarquía colombiana. Hoy, solo Washington respalda a Duque.

Es una realidad la desestabilización en Centroamérica. Al deterioro político-social se suman la competencia por recursos y la imparable ola de violencia; juntos abonan el ciclo de inseguridad y miseria que expulsa a miles de sus habitantes hacia México y EE. UU.

La contención de este tránsito humano a partir del rediseño de la estrategia de control migratorio desde el “triángulo norte” y México es el objetivo del representante de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, quien en abril visitó Guatemala y El Salvador.

Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, los gobiernos de estos países convinieron en aumentar la presencia militar y policiaca sobre sus fronteras, y México convino en movilizar a 10 mil efectivos militares hacia su frontera con Guatemala. De ahí la próxima visita de Kamala Harris a México.

Nueva era en Cuba

La dimisión de Raúl Castro Ruz como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) dio paso a una nueva guardia más joven. Ésta enfrentará el genocida bloqueo extraterritorial que mantiene Joseph Biden y fortalecerá los nexos con los actores emergentes internacionales, cuyo peso estratégico aumenta.

El 16 de abril fue el corolario de la vida pública de Raúl, entregada a crear una sociedad socialista en la isla. Guerrillero contra Fulgencio Batista, creó el ejército popular que enfrentó a los invasores de Playa Girón, luchó en Angola y es capaz de movilizar a más de dos millones de cubanos.

Raúl fue excelente gestor de crisis. Sus reformas económicas sortean la crisis económica que redujo considerablemente el poder adquisitivo entre cubanos que reciben remesas de sus familias en el exterior y que subsisten con apenas los pesos de su salario, cita Marc Vandepitte.

Pese al desastre sanitario y económico, sobre todo por el freno al turismo que causó la pandemia, Cuba tiene 38 veces menos muertos que España; y a finales de año habrá producido 100 millones de vacunas.

Tras el retiro de Raúl, el ente Cuba Study Group propuso la normalización diplomática y comercial de la isla con EE. UU. Imitando la política de acercamiento de Barack Obama, Washington mantiene operaciones encubiertas para crear una oposición al gobierno con el pretexto de “empoderar y apoyar” al pueblo cubano.

Esta estrategia tiene tres objetivos: legitimar a Biden dentro y fuera de su país; manipular la reconciliación entre cubanos del exilio y los de la isla y aprovechar la voluntad de diálogo del gobierno revolucionario.