Está por terminar el primer cuatrimestre de 2026 y tanto en el Gobierno Federal como en los estados se evade atender la seguridad de los ciudadanos. Dos hechos ocurridos recientemente no pueden ni deben ser ignorados: el primero fue el lunes 20 de abril, cuando Julio César Jasso Ramírez ingresó a la zona arqueológica de Teotihuacán, subió a la Pirámide de la Luna y, tras algunas amenazas, comenzó a disparar a los turistas donde perdió la vida una visitante canadiense, hubo más de cinco heridos y finalmente él “se quitó” la vida.

Más allá de las hipótesis difundidas: que fue un fanático; si había sido “elegido” o no por los dioses; o de relacionar el hecho con lo encontrado en su casa (carteles y fotografías sobre la saga de superhéroes, referencias a Hitler en sus redes sociales o de las menciones a la masacre escolar de Columbine, Estados Unidos, etc.), resulta curioso ver cómo los “investigadores” del gobierno toman esos elementos para continuar la narrativa y orientarla como cierre del episodio y que se vuelva un hecho más sin referirse, al menos en parte, a la responsabilidad de las autoridades estatales o federales debido a la escasa seguridad de los centros arqueológicos y culturales en el país.

El segundo hecho está relacionado con el anuncio de posibles movimientos políticos en una no bien planeada reconfiguración interna en Morena, con lo que se separaría de su cargo a Andrés Manuel López Beltrán (Andy), quien dejaría la Secretaría de Organización del partido; esto se anunció mientras circulaban versiones sobre la posible salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena; quienes podrían sustituirlos son Estela Damián Peralta, en el primer caso, y la actual consejera jurídica de la Presidencia, Ariadna Montiel, como una opción para asumir el liderazgo del morenismo.

El cambio de piezas “en el ajedrez político” de Morena y en la antesala electoral del 2027, como sucede en cualquier otra elección, son comunes; pero resulta destacable cuando se filtra información sobre problemas de unidad y falta de acuerdos para nombrar a sus candidatos de cara a los puestos de elección popular y, desde luego, la poca certeza dominante en cada organismo político para lograr el triunfo en las urnas, como es el caso de Morena.

Tanto el atentado ocurrido en Teotihuacán, como el anuncio de movimientos en la dirigencia morenista, indican que las cosas no están bien; y existe seria preocupación sobre lo que pueda pasar en 2027 cuando se elijan 17 gubernaturas, congresos locales y más de dos mil ayuntamientos; además de 500 diputados federales que conformarán la nueva Cámara; y si le sumamos la intención de realizar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta, la situación se torna compleja.

El partido oficial es la primera fuerza política de México, pero prácticamente desde 2018, es decir, durante ocho años ya, se ha movido entre decenas de crisis, sobre todo por los actos de corrupción de sus principales militantes y por sus vínculos con el narcotráfico. Y sumemos a esto la crisis de inseguridad registrada diariamente en entidades gobernadas por Morena, como Oaxaca, Puebla o Veracruz.

“El juego” democrático no siempre es limpio, más bien al contrario; y los partidos políticos opositores han recurrido a la guerra sucia contra los partidos oficiales con tal de apropiarse del poder a como dé lugar; así lo hicieron el extinto Partido de la Revolución Democrática, Morena o Acción Nacional cuando el Revolucionario Institucional era partido oficial; hoy, la historia se repite; y entre los pasillos del poder se asegura que ya empiezan a “poner más piedrasen el camino” a Morena; así se explicaría, en parte, el incremento de actos como lo ocurrido en Teotihuacán o los constantes asesinatos en Oaxaca y otras entidades del país. Por el momento, querido lector, es todo.