El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, administrado por la Secretaría de Marina (Semar) el control del Aeropuerto Internacional General Servando Canales de Matamoros ubicado en el Km 9 Carretera a Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el Aeropuerto Internacional de Loreto ubicado en Km 7 de la carretera Transpeninsular polo, en Baja California Sur.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, ambos aeropuertos fueron entregados a la Semar porque así lo estableció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El supuesto propósito es dotar a Tamaulipas y Baja California Sur de infraestructura aeroportuaria sostenible y competitiva, desarrollando las aerovías y servicios a la navegación aérea para la aviación civil nacional e internacional.
Ahora bien, los terrenos donde se encuentran los aeropuertos sólo podrán ser utilizados por la Marina en el tiempo que corresponda la asignación, no así los servicios comerciales, que podrán ser prestados directamente por el grupo aeroportuario o por terceros que sean contratados mediante el arrendamiento de áreas, trabajando en conjunto con los concesionarios, asignatarios o permisionarios de aeródromos civiles, ajustándose a las políticas y programas establecidos para el desarrollo del Sistema Aeroportuario Nacional.
Cabe señalar que la Marina ya es responsable de “Grupo Aeroportuario”, “Servicios Aeroportuarios” y “Aeropuerto Internacional” todos ellos de la Ciudad de México, algo que preocupa a los especialistas, quienes ven en la confianza del presidente a las fuerzas armadas, un error a mediano plazo.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
Las condiciones climáticas suponen riesgos para el suministro de gas natural en el norte del país.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
La evaluación será en línea y con uso de Inteligencia Artificial para verificar procesos y evitar fraudes.
En las etiquetas de los envíos se concentra información sensible.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
Este sistema provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos intensos y condiciones adversas en varias regiones.
La percepción de inseguridad a nivel nacional es de 63.8 por ciento.
Se eliminará la leyenda “alerta presidencial” y en su lugar se utilizará un mensaje estandarizado de emergencia.
Los trabajos continúan sin obras de mitigación. No existen cruces peatonales seguros ni infraestructura vial básica.
Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
El repunte fue impulsado por bebidas, tabaco y alimentos preparados fuera del hogar.
Estos cambios fueron oficializados a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece modificaciones en cuestión de características, materiales y diseños de ambas denominaciones.
Carlos Torres, esposo y ex funcionario, presuntamente formaría parte de una red dedicada a actividades como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante diciembre se registraron 11 secuestros a 69 migrantes; además, documentaron seis secuestros masivos que dejaron un saldo de 40 víctimas en diversas entidades.
Escrito por Fernando Landeros
Periodista