Con el inicio de las sesiones legislativas en el Congreso de la Unión, el 1° de febrero volvió a surgir la discusión sobre los cambios en la regulación de las empresas outsourcing. De acuerdo con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina del 12 de noviembre de 2020, esta ley tiene dos propósitos: en primer lugar, evitar la defraudación fiscal porque la subcontratación está altamente relacionada con las empresas evasoras de impuestos y las cuotas patronales a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y, en segundo, resguardar los derechos laborales que violenta la subcontratación tales como la estabilidad en el empleo, la falta de aportación de cuotas y el incumplimiento de reparto de utilidades.

La propuesta del Presidente contiene tres medidas regulatorias del outsourcing: una prohíbe que estas empresas contraten a trabajadores que laboren para beneficio de otras; las obras y los servicios especializados únicamente se permitirán con el cumplimiento previo de ciertos requisitos y la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y las agencias de colocación podrán intervenir en la contratación, pero no como contratantes.

La iniciativa de ley ha recibido opiniones encontradas. Quienes están a favor, sostienen que regular el outsourcing significa un paso hacia la erradicación de la precariedad laboral; los que están en contra ven un peligro en ella, porque la aprobación, desde su punto de vista, provocaría una caída drástica de la inversión, el cierre de algunas empresas y la pérdida de empleos. Esta discusión se centra en resolver en favor de los trabajadores o de los empresarios; como si ambos agentes económicos tuvieran la misma posibilidad y magnitud de beneficios en caso de resolverse a favor de unos u otros. Sin embargo, acercando la lupa a las medidas ya mencionadas, podemos encontrar que los trabajadores tienen una posibilidad muy marginal de beneficiarse con la regulación.

Esta reforma hace ilegal el outsourcing, pero de ninguna manera crea medidas para que el trabajador obtenga mayores beneficios. La ley no tiene un mecanismo garante de que se emplee formalmente a los empleados que hoy laboran en las empresas de subcontratación. Dado que no hubo diálogo previo entre el Estado, las empresas y los trabajadores, imponer la ley de tajo podría generar el despido de los trabajadores que ahora laboran en las outsourcing. Pero suponiendo que los trabajadores subcontratados fueran empleados formalmente, eso no les garantiza que su nuevo puesto no será precario. Hasta ahora, el trabajador ha sido un ente pasivo en las discusiones sobre sus derechos laborales, y esto se ha resuelto así porque el mismo sistema económico y la política mexicana lo han decidido. La existencia de una gran masa de trabajadores que no ha encontrado empleo en el sistema y ha tenido que buscar refugio en el empleo informal, o que simplemente no tiene trabajo, ha tenido que aceptar empleos con cualquier condición laboral impuesta por los patrones. En este marco, el outsourcing vino a perfeccionar y aun superar los métodos tradicionales de explotación laboral.

Agréguese a esto que es mínimo el impacto esperado de esta reforma en la población ocupada en empleos precarios. Los trabajadores empleados en outsourcing, de acuerdo con datos del Censo Económico 2019, son 4.68 millones, esto es el 17.1 por ciento de la Población Ocupada (PO). Si el gobierno estuviera realmente preocupado en combatir la precariedad laboral, buscaría las raíces de este problema para combatirlo con éxito. Hasta la fecha, el sector informal sigue absorbiendo a más del 50 por ciento de la PO y este tipo de ocupación no es más que la salida que los trabajadores mexicanos hallan ante la escasez de plazas de trabajo. Esta reforma no resolverá el problema de precariedad laboral de los mexicanos.